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“Aquella protesta fue mucho más pesada, se levantaron todas las unidades de la provincia”

“Aquella protesta fue mucho más pesada, se levantaron todas las unidades de la provincia”



Redacción Suma Política


El levantamiento de la policía provincial en diciembre de 2013 fue uno de los momentos más álgidos que debió atravesar el gobierno de Antonio Bonfatti.

El 6 de diciembre, cerca de las 22, unas 200 personas, entre policías en actividad, retirados y familiares se autoconvocaron frente a la Jefatura de Policía e impidieron la salida de los patrulleros. A través de Apropol dejaron constancia del reclamo: un aumento salarial que llevara el básico a 13.000 pesos. En ese momento cobraban $ 5.653.

En su perfil de Facebook, Apropol dio su versión sobre la implementación de la protesta: “El tercio nocturno salió normalmente a tomar servicio a las 22 y quienes nos autoconvocamos somos personal saliente del turno tarde, los que están franco y retirados junto a sus familiares”. La realidad demostró que no era así.

La medida se enmarcó en una protesta de la fuerza a nivel nacional nacional, que se reprodujo en varias provincias. Las escenas más dramáticas se vivieron en Córdoba, donde la violencia se apoderó de las  calles y hubo saqueos de comercios.

Varios de los funcionarios de Bonfatti de ese momento hablaron sobre sobre esas horas tensas, aunque lo hicieron en estricto off “por respeto a las autoridades actuales”. 

“Aquello fue mucho más pesado, duró varios días. Llegaron las fuerzas federales, hicimos monitoreo con helicópteros que traía Gendarmería, la frecuencia policial fue interceptada casi en su totalidad y bloqueado el 911. Se levantaron todas las unidades de la provincia”, recuerda uno de los protagonistas. “En la provincia fue complicado, en particular Rosario, porque se cerró prácticamente la ciudad”. 



Un ejemplo sirve para graficar el momento. Los custodios de uno de los funcionarios clave no tuvieron movilidad durante esos días porque los patrulleros en los que se movían quedaron dentro de la Jefatura y no les permitieron sacarlos. Hicieron su trabajo caminando.  

Pese a los riesgos latentes, en las calles no hubo disturbios. “Hubo un aporte importante de muchos cuadros de la policía, en particular en la ciudad de Santa Fe, que se sumaron al control de la ciudad para evitar los saqueos. Cuadros intermedios pero también mandos superiores, y ese no fue un detalle menor para conservar el orden”, relata uno de los involucrados en las negociaciones. “Es cierto que hubo momentos violentos, con exhibición de armas, pero fueron sectores muy marginales de la fuerza”. Los imágenes más recordadas sucedieron en el marco de una movilización hacia la Casa Gris.

De manera paralela a la respuesta favorable dentro de la propia fuerza, el gobierno recibió un fuerte apoyo institucional de los partidos políticos y de las entidades representativas de la comunidad. “De hecho, muchos de los diálogos fueron en el arzobispado, con monseñor (José María) Arancedo presente”.

La solución llegó al cuarto día cuando Bonfatti, sin esperar el resultado de las negociaciones, firmó un decreto con un incremento salarial que llevó el básico a 8.100 pesos. La suba sobre el salario básico fue del  41%. “Ahí se apaciguó el tema; la gente que estaba en la protesta estrictamente por una cuestión salarial volvió a trabajar. Primero lo hicieron las unidades del interior de la provincia y, al final de todos, Rosario”.

Los protagonistas de aquel momento coinciden en que los aumentos no remunerativos son muy perjudiciales para la fuerza. “En nuestra gestión se terminaron de pagar los últimos 250 pesos no remunerativos. Fue el fin de una larga historia y por primera vez la policía cobraba todo en blanco”.

Y explican: “El pago en negro incide en los adicionales, pero además en la jubilación. El policía, como se jubila a los 50 años, está muy pendiente de su paso a retiro. Vive pendiente porque es una actividad complicada, de riesgo. Los aumentos en negro para ellos es un retroceso”.

Visto con la perspectiva de los años transcurridos, uno de los funcionarios reconoce que “es cierto que Apropol agitó la protesta, que empezó a tomar forma en una reunión nacional en Neuquén. En el país lo movieron otros sectores similares a Apropol, pero independientemente de lo que puede hacer un sindicato muchas veces la realidad es la que determina. El aumento otorgado en ese momento, donde incluso la inflación era baja, fue importante”.

En la mesa de diálogo que tuvo lugar en el arzobispado, se sentaron las bases para lo que vendría. “Desde los sectores involucrados se planteó el no castigo por estos hechos y el gobierno puso un límite: excepto faltas graves y delitos”.

En julio de 2018, el fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, pidió la elevación a juicio de la causa por el alzamiento policial. Están imputados el líder de Apropol, Alberto Martínez, y los sargentos Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani. A Martínez se le atribuye ser el instigador del levantamiento policial. Ya se cerró la etapa de instrucción e investigación y en este momento la causa está en el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, que tiene que fijar la fecha para el juicio.

La causa se inició el 10 de diciembre de 2013, con la denuncia presentada en ese momento por el fiscal general de la provincia Gustavo Saccone.


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