Leyes para criminalizar a más personas, provisión de armamento especial para la Policía de la provincia, mayor presencia de fuerzas federales: la política de la mano dura ante el delito prevalece en las propuestas que exponen los precandidatos santafesinos para las próximas elecciones. La seguridad pública es una de las preocupaciones principales de la población y el modelo punitivista surge otra vez como respuesta inmediata ante el clamor de los ciudadanos y lo que se percibe de manera reiterada como ausencia del Estado y falta de presencia policial en la calle.
Las políticas de mano dura no son una novedad, ya que se aplican en el país desde fines de los 90, cuando expresiones como “tolerancia cero” y “saturación policial” se convirtieron en parte del abecé de los funcionarios. Su fracaso a esta altura comprobado en la contención del delito y del crimen organizado no impide que se reciclen y adquieran nueva proyección en el presente, en convergencia con el auge de los discursos de odio y “la batalla cultural” que sectores políticos se proponen librar contra las demandas del feminismo y las minorías sexuales y cuya más reciente expresión es la colecta pública en favor de Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un ladrón que corría desarmado y que ahora es erigido en un modelo digno de imitación.
El signo de la mano dura surge con nitidez en iniciativas que podrían convertirse en nuevas figuras del Código Penal. Mario Barletta y Carolina Losada quieren incorporar la corrupción de menores con fines delictivos al Código Penal. La propuesta tiene un barniz progresista: “algunos sostienen que la alternativa para resolver el problema de la delincuencia juvenil es bajar la edad de imputabilidad”, dicen los precandidatos de Juntos por el Cambio; de hecho Mauricio Macri presentó un proyecto con ese fin durante su presidencia. “Pero la culpa no la tiene un niño que se hace delincuente, sino los adultos que se aprovechan de la infancia. Es a ellos a quienes hay que caerle con todo el peso de la ley”, argumentan.
El encarcelamiento no parece sin embargo un déficit de la administración de justicia en Santa Fe. El último Reporte sobre personas privadas de libertad del Ministerio de Seguridad mostró el incremento sostenido de la población carcelaria desde 2015 y puntualizó problemas que se agravan: el 52,3 % de los presos no tienen condena firme y la sobrepoblación llega al 40,6 % en la Unidad 11 de Piñero, convertida en un centro de optimización del crimen organizado.
Por otra parte, la reincidencia en el delito implica a la cuarta parte de los presos con condena, según el mismo registro. Pero estas cuestiones no aparecen en las propuestas electorales. Tampoco se debate sobre violencia de género, pese al incremento de casos a partir de la pandemia: en lo que va del año Santa Fe registra doce femicidios y es la tercera provincia con mayor número de casos en el país, según el registro del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”.
Las posturas de Amalia Granata, precandidata a senadora nacional, son conocidas por su desempeño en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputados provincial. El año pasado puso a consideración del gobierno provincial “diez puntos estratégicos en seguridad” que incluyeron contener “el abuso de la denuncia por gatillo fácil” y el “discurso antipolicía”, porque es “alentador para las bandas de criminales”. También propuso incorporar pistolas Táser y “armamento especial para las fuerzas especiales”, por ejemplo “ametralladoras con mira láser, cámaras infrarrojas, pertrechos acorde”, como si la Policía tuviera que equiparse para una guerra.
Agustín Rossi plantea “un acuerdo político por la seguridad en Santa Fe”. En una publicación de su web afirmó sin mayores detalles que “no vamos a resolver esta problemática sino es con una fuerte cooperación del gobierno provincial con el nacional, con presencia de efectivos federales”. Pero desde el 19 de octubre de 2020 un organismo del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad Ministerial Rosario, coordina el trabajo de fuerzas federales —efectivos de Prefectura Naval, Gendarmería y la Policía Federal— con la Policía provincial y con el Poder Judicial.
La promesa de “paz y orden” de la campaña de Omar Perotti es un recordatorio constante en la campaña opositora. En ese marco, Marcelo Sain reivindica su actuación en el Ministerio de Seguridad como una ruptura con un statu quo fundado en la tolerancia política y la complicidad policial con el delito. “Le pusimos nombre y apellido al crimen organizado”, declaró, en la antesala de la citación del senador Armando Traferri a una audiencia judicial como protector del juego clandestino.
Ante las críticas al gobierno provincial, el precandidato a senador Marcelo Lewandowski recuerda el freno que le puso la oposición al tratamiento de las leyes de seguridad pública. El problema para el oficialismo consiste en que la eventual discusión sobre el crimen organizado en Santa Fe quedó desplazada por la discusión sobre el desempeño de Sain: la explotación sostenida del juego clandestino en al menos cinco departamentos de la provincia, sus vinculaciones con el narcotráfico, la corrupción policial, judicial y política asociada con esas actividades y el lavado de dinero en financieras céntricas pasaron a segundo plano y no forman parte del debate electoral.
La campaña de la mayoría de los legisladores provinciales contra Sain se reactivó a partir del cierre de las listas para las Paso, pero la situación quedó planteada paradójicamente después de “La crisis institucional en Santa Fe”, una solicitada de respaldo al ex ministro. “Turco, ¿me parece a mí o estamos solos?”, escribió el 19 de julio en Twitter el secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro. La pregunta quedó sin respuesta, quizá porque resultaba una obviedad.
Aprobado en seguridad
Las ideas de Roy López Molina, hoy precandidato a diputado, se encuentran en el “plan integral de seguridad” que presentó en su campaña para la intendencia de Rosario. Además de incrementar la cantidad de efectivos de fuerzas federales y de sumar nuevos juzgados, propone medidas para la recuperación y el control del espacio público y mecanismos de prevención del lavado de dinero. El concejal de Juntos por el Cambio dijo quisiera “profesionalizar” a la extinta Guardia Urbana Municipal “para intervenir en situaciones de conflicto”; se presenta en su web como impulsor de “la lucha contra las mafias desde el freno al boliche Esperanto”.
Maximiliano Pullaro disputa ese título. El dirigente radical no solo parece conforme con su gestión como ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz sino que la expone como argumento electoral. La capacidad para “poner un límite al kirchnerismo”, objetivo central en su campaña para el Senado de la Nación, estaría acreditada por su experiencia como funcionario: “Enfrentamos mafias que parecían intocables y los pusimos en la cárcel. Pero dimos un paso más: les sacamos los bienes y los rematamos poniendo lo recaudado al servicio de las víctimas”, escribió en un hilo reciente de Twitter.
Pullaro tiene una mirada crítica sobre la actual política de seguridad, que supone otro reconocimiento para su propia gestión: “las fuerzas de seguridad hoy están autogobernadas” y “en el último año y medio no se desarticuló ninguna organización criminal en la provincia de Santa Fe”, declaró en una entrevista por televisión en la que también denunció el incremento generalizado de los delitos.
La afirmación de que las administraciones del Frente Progresista condujeron a la Policía provincial, sin embargo, fue controvertida durante el mismo período en que se desempeñó Pullaro. Al cabo de una investigación plasmada en el informe “Sobrecriminalizados y desprotegidos”, la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR concluyó en 2017 que “el rol de la Policía en diversas redes de ilegalidad de los barrios, la existencia de determinadas —y no otras— estructuras criminales es resultado de las propias políticas de seguridad y de las prácticas de las instituciones del sistema penal”; las prácticas policiales y las políticas de seguridad examinadas entre 2014 y 2016 no contuvieron los ilícitos sino que, al revés, generaron “estructuras de oportunidades delictivas específicas”.
Un spot se propone reforzar la imagen de Pullaro a través de titulares periodísticos que lo contraponen a los jueces “garantistas” (concepto clave en la retórica punitivista: “garantismo” sería una deformación del Derecho, el abuso en el reconocimiento de los derechos de las personas) y a Carlos Ascaíni, detenido por el ex comisario Alejandro Druetta en mayo de 2012 y condenado por narcotráfico. El antecedente es, por lo menos, problemático.
Un policía ejemplar
Los fundamentos de la condena contra Alejandro Druetta, Ignacio Actis Caporale y otros involucrados en una red de narcotráfico que operó con amparo policial en la provincia contienen la posibilidad de nuevas investigaciones. La causa no se agota en el interés histórico —los hechos ocurrieron entre 2007 y 2012— sino que se proyecta en el presente, ya que el ex comisario Druetta fue precisamente un ejemplo de policía de mano dura.
Druetta fue condenado a diez años de prisión como coautor de tráfico de estupefacientes. Otro ex policía de Drogas, Juan Ángel Delmastro, ya condenado en el juicio contra Los Monos de 2015, recibió una condena de siete años de prisión en la misma causa. Según el testimonio de Actis Caporale y Leandro Cano, imputados colaboradores, los actos ilícitos de estos policías pretendidamente ejemplares no fueron una excepción sino lo que eran procedimientos en regla en la entonces Dirección de Drogas Peligrosas.
Bajo la máscara del combate contra el crimen organizado, la estructura completa de Drogas Peligrosas estaba corrompida y se dedicaba a explotar el negocio del narcotráfico. Los policías, dijo Actis Caporale, se disputaban “a los vendedores que vendían más y los que vendían menos y entre ellos se querían pisar los talones o venderle por atrás a esa persona ofreciéndoles una protección extra”. Los “afiliados” o “abonados” al sistema pagaban una mensualidad y tenían que entregar “positivos”, como llamaban los policías a los procedimientos truchos en que caían consumidores y pequeños vendedores, a fin de preservar al mismo tiempo el simulacro de la estadística y el negocio del narcotráfico
—¿Qué significa ser abonado a Drogas Peligrosas? —preguntó el fiscal, durante el juicio.
—Tener impunidad para la venta de drogas —respondió Actis Caporale.
—¿Sabe entre quiénes y quiénes era la disputa?
—La disputa era (entre calle) Dorrego y calle La Paz. Dorrego era la Brigada Operativa y calle La Paz, Inteligencia y entonces ellos disputaban quien tenían más afiliados.
El juicio también estableció que entre 2009 y 2011 hubo una investigación de Asuntos Internos sobre los policías de Drogas, que quedó bajo la alfombra, y que un parte reservado identificó a otros policías de las comisarías 18, 20 y de las Tropas de Operaciones Especiales involucrados en la protección de “la cooperativa”, como llamó Actis Caporale a su grupo, entre ellos “Mauricio Rodolfo Farina, alias Colo o Gringo, David Luciano Arellano, Jorge Enrique Quiroz y Roberto Nicolás Benítez”.
La práctica de plantar droga —embagayar, en la jerga de la policía— era habitual, y Actis Caporale la resumió en una frase: “cuando necesitan plata, ellos te crean el problema y te venden la solución”
El tribunal corroboró “un marco de protección por parte de Alejandro Druetta y Juan Ángel Delmastro, a cambio del aporte de datos o informaciones sobre personas que se encontraban ya vinculadas al tráfico o al consumo de sustancias estupefacientes”. La práctica de plantar droga —embagayar, en la jerga de la policía— era habitual, y Actis Caporale la resumió en una frase: “cuando necesitan plata, ellos te crean el problema y te venden la solución”.
Además de contribuir al ascenso en la carrera policial —y al reconocimiento público, como el que tuvo Druetta cuando fue denunciado en 2012 por el fiscal Eduardo Lago—, y de los beneficios económicos, “uno de los objetivos, fue el de poder deshacerse de la competencia dedicada al tráfico de aquellas sustancias, para ganar exclusividad a través de otras personas protegidas, que tenían la misma actividad vinculada al tráfico de esas sustancias”, dijeron los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y Ricardo Vásquez.
Druetta fue especialmente cuidadoso con la construcción de su imagen y con la cobertura periodística de sus procedimientos. Su desembarco en Villa Constitución y después en Venado Tuerto fue preparado con procedimientos espectaculares —entre ellos el de la detención de Ascaíni— que sirvieron tanto para instalar su figura como para desalojar a los competidores.
A partir del juicio, la causa contra Druetta se mezcló en la disputa política en la provincia. Después que Marcelo Saín lo acusara de proteger al narcopolicía, el senador Lisandro Enrico divulgó la transcripción completa de una conversación telefónica. El asunto quedó aparentemente aclarado, pero en realidad lo más importante quedó fuera de discusión: la ficción de un policía que en realidad fue un cómplice fundamental para el desarrollo del narcotráfico y los límites de la mano dura como solución mágica para el delito.
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