Causas por lavado, punta de un iceberg
que se hunde en la economía local



Por Osvaldo Aguirre


La esquina de Corrientes y Córdoba indica un sitio de interés histórico en la ciudad de Rosario. Los edificios de La Agrícola, la Bolsa de Comercio, la Inmobiliaria y el ex Palace Hotel son “emblemas y monumentos” susceptibles de desarrollar un “potencial turístico”, como expuso Patricio Carey en un artículo de opinión publicado por el diario La Capital. A pasos de ese cruce, en Corrientes 832 segundo piso oficina 24, el joven empresario instaló uno de sus emprendimientos, Cofyrco, una financiera que se presenta como innovadora, ágil y eficiente y ofrece servicios “para todo tipo de situaciones”.

En el artículo, publicado el 17 de agosto de 2019, Carey se mostró preocupado por el descuido de los rosarinos por su historia y señaló que el tránsito constante de peatones, vehículos y colectivos genera “una contaminación sonora y tóxica que le quita romanticismo a esa esquina”. Quizá también resulta perjudicial para la tranquilidad y la reserva que exige un ámbito de negocios como el de financiera. En particular cuando la clientela incluye a personajes como Marcelo “Coto” Medrano, el ex barrabrava y jefe narco asesinado el 10 de septiembre en la YPF de Eva Perón y Pueyrredón, en Granadero Baigorria.

Cofyrco cerró sus puertas temporalmente después de la muerte de Medrano. No fue una señal de duelo: el teléfono celular del narco marcó la hoja de ruta que llevó a la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos a las oficinas de la financiera. Los fiscales que encabezaron el procedimiento ya sabían algo: ese mismo día Medrano había comprado en el lugar 17.600 dólares al precio del blue, el mercado ilegal. Al llegar se encontraron con una sorpresa: una bolsa con 175 documentos de identidad; la mayoría —una casualidad repetida— denunciados como perdidos o robados en la confitería de la Estación Fluvial.

Asociado a disputas sangrientas en la barra brava de Newell’s y por la venta de drogas en la zona norte de Rosario y Granadero Baigorria, Medrano pertenecía a un elenco de personajes que las crónicas volvieron de conocimiento público. Su muerte, sin embargo, sugiere que esos personajes, incluso algunos con mayor renombre, no son más que la punta de un iceberg profundamente sumergido en las aguas de la economía de Rosario. “El asesinato de Medrano, por sus ramificaciones, permite ver todo el circuito narco —dicen en la Agencia de Criminalidad Organizada—. El lavado que hacía el Coto es secundario. Lo importante es ver de qué manera Cofyrco hacía el lavado y qué circuito seguía el dinero. Porque si no nos quedamos en la superficie del problema”.


Santa Fe Ciudad



Plata limpia, negocios sucios


La importancia de la causa en torno al crimen de Medrano es similar a la que tiene la investigación por lavado de activos que llevó a prisión a Andrés “Pillín” Bracamonte. La Justicia, en este caso, avanzó sobre una empresa delictiva que parecía consolidada después de décadas de explotación sostenida y puso al descubierto una red de sociedades de cartón que según la imputación sirvieron para lavar al menos 38 millones de pesos y que expoliaron a destajo las arcas de Rosario Central, pese a que Bracamonte, en un video con muchas visitas en la web, afirma que la marca de su gestión como líder de la barra brava es “no robarle nada al club”.



El lavado de dinero es todavía el aspecto menos visible del narcotráfico de Rosario y uno de los más importantes, porque realimenta la cadena de venta y fortalece a los grupos en disputa. Según explica un investigador, los beneficios “vuelven a la calle en capacidad logística, en poder de fuego, en mayor violencia”. La plata se lava, pero necesita volver a impregnarse de sangre para asegurar los beneficios.

No son sólo los investigadores los que notan el fenómeno. En la película Triple crimen, el documental de Rubén Plataneo sobre el triple crimen de Villa Moreno, el abogado Carlos Varela resume la historia reciente de Rosario en un par de diálogos: los que antes eran custodios de negocios sucios, dice, descubrieron el poder que tenían en sus manos y tomaron el control; la combinación de “personas violentas capaces de cualquier cosa”, el armamento disponible y el flujo permanente de dinero conforma el poder real en la calle. “Si no cortás el flujo de dinero no hay chances de victoria”, agrega Varela, que entre tantas causas de alta exposición defiende hoy a Cofyrco y a Bracamonte.

En esta línea, el protagonista no es Ariel Máximo Cantero sino Mariano Ruiz, el sindicado lavador de Los Monos en causas de la justicia provincial y federal de 2018 y 2019. Y el punto cerrado no es tampoco el de un crimen como el del agente de turismo Hugo Oldani, el 11 de febrero en Santa Fe, sino el hallazgo de dinero de procedencia desconocida que se esfumó en el aire y las sospechosas negligencias de la Policía y la Justicia que sirvieron para bloquear las indagaciones al respecto.

Otras investigaciones, en la Justicia Federal, avanzaron sobre un extremo notable del iceberg. La compra de inmuebles, la debilidad por los autos de alta gama, la administración de flotas de taxis y camiones, entre otros emprendimientos, delataron el lavado de ganancias de Los Monos en manos de testaferros pero no pudieron penetrar en su secreto financiero: de qué actividades criminales proviene específicamente el dinero y —sobre todo— hacia qué otras actividades se deriva una vez que ingresó a la economía formal y está legitimado por prestanombres y empresas legales y ficticias.


A la izquierda, el “Pajaro” Cantero, acompañado por Mariano Ruiz

El artículo 303 del Código Penal establece que el lavado de activos es un delito contra el orden económico. “Es decir que su persecución es de relevancia para la economía argentina y para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”, planteó Pedro Biscay en una Jornada sobre Delito Complejo y Políticas de Seguridad en la Pospandemia, organizada el 17 de septiembre por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los institutos de formación de las fuerzas de seguridad.

“La pregunta de por dónde se lava el dinero en la Argentina es la pregunta por el 40 por ciento de la economía que funciona en términos informales”, dijo Biscay, abogado y ex director del Banco Central de la República Argentina. “Hay que pensar en la intersección de tres esferas de actividades —agregó, en otro pasaje—. Las actividades legales; las irregulares, aquella zona intermedia donde la actividad lícita decide no declarar cierto tipo de resultados operativos, por ejemplo con la evasión fiscal, y las criminales. La criminalidad organizada tiene como particularidad central, desde el punto de vista de los flujos financieros, el hecho de combinar actividades legales e ilegales para encubrir la dinámica de una actividad criminal”.

Biscay enumeró “los distintos jugadores” que son clave para pensar el problema. “Los prestamistas de dinero usurario que están en los barrios populares, los receptores de pagos como las empresas que hacen intercambio de pagos de factura, las agencias de viaje y de turismo, las casas de cambio, las cooperativas, las empresas de Factory, las transportadoras de caudales, las sociedades de bolsas, los bancos y los fondos de inversión conforman el sistema financiero. Cuando lo miramos desde un punto de vista legal, el sistema solo atrapa a una pequeña sección de estos actores; los que están por afuera son aquellos que tienen relevancia para cumplir la primera etapa en un ciclo de lavado de dinero, que es la colocación de fondos en el mercado informal”.

La idea común sobre el crimen organizado describe estructuras de conformación más o menos estable sujetas a una organización jerárquica. “Hoy las organizaciones criminales operan en red —dijo Biscay—. Desde el punto de vista de los mercados criminales, la cuestión es ver cómo se conforman los nodos fuertes de esa red y cuáles son los lugares donde se toman las decisiones para poner en circulación los activos originados ilícitamente”. También se trataría de seguir la relación entre esas organizaciones y otras prácticas delictivas: “Una red dedicada al tráfico de drogas es a su vez una organización criminal de la que se desprenden pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de armas, o que toman relaciones comerciales con el contrabando de divisas, el tráfico de personas, de documentos, el contrabando de autos, el lavado de dinero. Pensar una organización criminal que opera en red desconectada de otras actividades ilícitas es un error. Hay que articular actores relevantes y formas delictivas”.


La cosecha gruesa del narcotráfico


La venta de cereal en negro es una de esas formas delictivas en la región, como también expuso el asesinato de Medrano. En la persecución de Daniel Godoy —señalado como su competidor en el narcotráfico— los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada llegaron a un predio en la zona rural de Ricardone, sobre la ruta provincial 10, que funcionaba como puerto seco y donde secuestraron una carga no especificada de soja, 70 mil litros de gasoil y fertilizantes almacenados en tanques de 25 mil litros cuyo origen no pudo ser acreditado y vehículos sin documentación que ahora se encuentran en poder de Aprad, la Agencia Provincial de Registro de Bienes secuestrados en investigaciones penales, para la subasta pública.

El predio aloja en alquiler galpones e instalaciones donde se mezclan emprendimientos legalmente constituidos y otros que, como se dice, están muy flojos de papeles. Nadie se presentó a reclamar el cereal, ni el combustible, ni el fertilizante, que se encontraban en uno de los galpones y que según se sospecha se relaciona con lavado de dinero de la venta de drogas por parte de Daniel Godoy, que tiene dos hermanos policías: Diego y Gabriel. El segundo fue acusado y absuelto en el juicio por el caso de Paula Perassi, como parte de la “estructura desaparecedora” —según la frase del testigo Juan Nóbile, del Equipo Argentino de Antropología Forense— que debió funcionar en el área de San Lorenzo para que la mujer no haya sido encontrada hasta hoy.



La propiedad del predio de Ricardone fue adjudicada a Carlos Alberto Ávalos, jefe de Unidades Especiales de la Unidad Regional XVII hasta 2011. Ávalos declaró en el juicio por la desaparición de Perassi, donde defendió a uno de los acusados y se presentó como “un referente” de la Policía de San Lorenzo, aunque la querella exhumó denuncias por apremios ilegales que aparentemente frenaron su carrera. A la luz de los hechos recientes, lo más significativo de su testimonio son los detalles sobre el estrecho contacto entre jefes policiales y directivos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, refrendados incluso por empresarios, en los procedimientos conocidos como Operativo Cosecha Gruesa.

Pese a los operativos —destinados a detectar el cereal no declarado— el acopio ilegal de granos y combustible no parece una práctica ocasional en el departamento San Lorenzo. Es notable que se le haya pasado por alto a un ex policía que se reivindica como referente y también por sus dotes de investigador, como dijo en el juicio por Perassi, sobre todo cuando se ejercía en un predio de su propiedad y tenía trato con empresarios. El cereal en negro requiere una cadena de actividades que son igualmente delictivas —el transporte de la carga, el almacenamiento, la venta— pero que parecen naturalizadas por la costumbre y por la impunidad con que se realizan; y como queda claro después de la muerte de Medrano, también tiene vínculos con el narcotráfico.

“Cualquier vecino (del departamento San Lorenzo) sabe quién vende drogas y quiénes manejan los puertos secos de los cereales robados y los puertos húmedos del robo de combustibles y de agroquímicos”, afirmó el senador Armando Traferri en un discurso pronunciado en la Legislatura que sorprendió a propios y extraños, y en el que también dio cuenta de amenazas y amedrentamientos contra su familia. Era el 20 de diciembre de 2019, cuando el ministro de Seguridad Marcelo Sain entraba en funciones con el descabezamiento de la Unidad Regional XVII, alcanzada por el enésimo escándalo de protección policial al narcotráfico. La denuncia del senador del Nuevo Espacio Santafesino no explicitó esos datos que serían de conocimiento público.


Medrano, asesinado el 10 de septiembre en la YPF de Eva Perón y Pueyrredón, en Granadero Baigorria

Últimas imágenes de la víctima


Medrano llegó a la YPF minutos después de las 23 del 10 de septiembre. Tenía que encontrarse con un mecánico al que le llevaba 60 mil pesos como pago por el arreglo de un camión. Ya en marzo de 2017, cuando la Policía Federal lo detuvo por narcotráfico, su pantalla para el lavado de dinero era un taller de restauración de vehículos.

El crimen quedó registrado desde distintos ángulos por tres cámaras de seguridad. Medrano ingresó al multishop y en eso llegó un Ford Eco Sport conducido por el policía Gabriel Godoy, reconocido por la mujer de Medrano, testigo de los hechos. Bajaron dos hombres, o quizá tres, ya que la imagen no es clara en ese punto: uno encañonó a la mujer para que no interviniera y el otro empezó a correr a Medrano.

Los testigos escucharon el grito “alto, policía”, claro y cortante esa fría noche de septiembre. El que lo profirió iba de civil y tenía un arma de grueso calibre. “Dar ese tipo de voz es una modalidad muy común cuando grupos de sicarios van a matar a alguien, porque inmoviliza a las víctimas y aleja a los curiosos —explica un investigador—. Muchas veces entran a las casas diciendo que se trata de un allanamiento y cuando la persona a la que buscan se tira al piso la rematan”. Los videos muestran que el sicario corre a Medrano sin dejar de disparar; no parece un tira tiros ni alguien que abre fuego sobre cualquier cosa que se mueve sino una persona con destreza para actuar en la circunstancia y manejar con pericia un arma, “como si tuviera entrenamiento”. Las posibilidades de interpretación están abiertas.

Medrano corrió hacia la calle Eva Perón y después hasta el sector de carga de gas, donde cayó herido. El mecánico con el que iba a encontrarse había llegado un momento antes a la estación, y al ver el cuadro prefirió irse. Antes escuchó que el sicario le preguntaba a Medrano dónde estaba la plata.

Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores. Dónde están los 35 mil dólares que Medrano compró en una serie de operaciones en Cofyrco y otra financiera céntrica que fue vaciada por sus dueños antes de que la allanara la Justicia. Dónde fueron a parar los 60 mil pesos que llevaba al mecánico la noche en que lo mataron. Dónde va la plata que el narcotráfico lava en las cuevas del centro de Rosario.

Pero el móvil del crimen no fue el dinero sino la sostenida rivalidad entre Marcelo Medrano y Daniel Godoy por el control de la venta de drogas, una de esas “disputas por el territorio”, como se dice, que exhibe la pérdida de poder de la Policía sobre lo que sucede en la calle y, en casos como el que se trata, la acción policial al servicio del narcotráfico.

—Hay una cosa que no entiendo —dijo el juez Nicolás Foppiani, en la audiencia de imputación a Gabriel Godoy—. Usted y su hermano Diego son policías en el mismo lugar en que su otro hermano vende drogas.

Gabriel Godoy, aparentemente, no vio la contradicción. Dijo que como policía había investigado a Medrano, lo que en los hechos fue perjudicar a la competencia de su hermano en el mercado ilegal. Y negó haber participado en el crimen que sucedió ante sus ojos.


Gabriel Godoy fue reconocido por la pareja de Medrano como quien conducía el vehículo en el que llegaron los sicarios que lo asesinaron a balazos

El enfrentamiento se remonta a 2017. “Los hermanos Medrano, Marcelo y Matías, terminan presos por un tiroteo a familiares de los Godoy. Los mismos Godoy los investigaron, los sacaron del medio y se quedaron con el negocio de la droga”. La ejecución en la YPF siguió al tiroteo de la casa de Gabriel Godoy, el incendio de un camión de Daniel Godoy y —la gota que rebalsó el vaso, en la mañana del 10 de septiembre— un anónimo recibido por la madre de los Godoy con amenazas de muerte para toda la familia. El crimen de Ezequiel Arrúa —relacionado con Daniel Godoy— y Osvaldo Ibarra fue a la vez el coletazo de venganza por la ejecución de Medrano y el anuncio de enfrentamientos por venir.

Lejos de ese escenario, en el centro de Rosario, Medrano pudo lavar al menos 4,5 millones de pesos. Además de la bolsa con documentos de identidad, los fiscales secuestraron en Cofyrco datos de clientes, registros de cámaras de seguridad y un considerable cash conformado por dólares, euros, reales, libras y pesos. El legajo se desdobló y la oficina de delitos económicos analiza ahora esos registros. “La sospecha —dice un investigador— es que la financiera compraba dólares al valor oficial con los DNI robados; se los vendía a Medrano al precio del dólar blue y con esa plata hacían préstamos con un interés del 40 por ciento. Son todos delitos, y es fundamental despejar esa trama para comprender la violencia que tenemos en Rosario”. Claro que “depende de nosotros que esa historia sea bien contada”, como decía Patricio Carey en “Un salto de calidad”, su columna de opinión sobre la estratégica esquina de Corrientes y Córdoba.



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