Un aumento injusto y contradictorio en colegios privados



Por Claudia Balagué

La lista de medidas dispuestas para enfrentar la pandemia empieza en la mayoría de los casos con el término postergar: los vencimientos, los encuentros en casa, los abrazos, los viajes, el regreso a las aulas, las mesas paritarias, los aumentos de impuestos y servicios. Pero esta semana, el Ministerio de Educación de Santa Fe alteró la serie y autorizó un aumento de hasta 8 por ciento en las cuotas de los colegios privados en la provincia. Una medida, a todas luces, a contramano del esfuerzo que estamos haciendo entre todos para atravesar la crisis.

Una vez más, recaen en las familias las responsabilidades de un gobierno jaqueado por la crisis, claro, pero también desorientado por su ya evidente falta de planificación. Desde la llegada del virus que todo trastocó, la educación ocurre en casa, a cargo de maestros y profesores que hacen lo mejor que pueden, con sus propios recursos; y, del otro de la pantalla —donde las hay—, de las familias que asisten también con sus propios recursos: los dispositivos, la conectividad, el tiempo y espacio para acompañar a niños y jóvenes en el aprendizaje. Familias que, en muchas situaciones, quedaron sin trabajo o vieron disminuidos sus ingresos; que han recibido en algunos casos asistencia económica o de facilidades de pago para enfrentar las deudas, se sorprenden ante el aumento de las cuotas de colegios privados.

¿Es justo? Sin dudas, no. Menos aún cuando recordamos que la mayoría de los establecimientos privados recibe subsidios del Estado para costear gastos que no se están produciendo desde hace seis meses.

¿Es oportuno? Por supuesto que no. Es más: abre un nuevo capítulo en el libro de los desaciertos del gobierno provincial en materia educativa, que despliega ya un largo índice entre retrasos, errores, falta de diálogo.

¿Es legal? Para responder, es preciso conocer solo una cosa: la grilla de cuotas máximas que pueden cobrar los establecimientos se organiza en función del porcentaje de subsidios que reciben del Estado, y aumenta, de acuerdo con la disposición 18/2003, cada vez que se incrementa el salario docente, en un porcentaje relacionado. El salario docente en la provincia de Santa Fe aumentó por última vez en diciembre pasado, con la última aplicación de cláusula gatillo con la que el gobierno anterior cumplió hasta el último punto del acuerdo paritario salarial. ¿Entonces por qué aumentan ahora, en septiembre? ¿Cómo lo justifican? Y aquí viene la única pregunta cuya respuesta es un contundente sí.

¿Es contradictorio con las definiciones de gobierno? Claro, porque en el Ministerio de Educación dicen que el bono de 3000 pesos por única vez, no bonificable y no remunerativo, pagado en agosto a los docentes, es un aumento salarial, mientras que el propio gobernador Perotti dijo que es una “ayuda especial”. Como toda contradicción, no se entiende.

En los 12 años del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, la gestión de Educación no fue simple, pero marcamos un camino para avanzar con coherencia y diálogo. Para las 880 unidades educativas privadas santafesinas, que reciben al 30 por ciento del total de estudiantes en la provincia, llevamos adelante la misma política educativa, la misma formación docente, con la intención de igualar, de cerrar brechas. En el mismo sentido, para las escuelas privadas únicas en su localidad, dispusimos garantizar los gastos de funcionamiento, así como inversiones en infraestructura, equipamiento y servicio alimentario escolar, en particular en las escuelas pertenecientes a pequeñas congregaciones, institutos y asociaciones civiles, y asistimos especialmente a todas las que cumplen un rol fundamental en barrios muy vulnerables.

No todo es igual. Un gobierno debe poder comprender cada situación particular en una provincia tan amplia y diversa para no tomar medidas injustas, inoportunas o incoherentes. Pero para eso, primero es necesario escuchar con sensibilidad y dialogar honestamente. Algo que parece haberse colado en la lista de lo que para el Ministerio de Educación hay que postergar.


La autora es diputada provincial por el Partido Socialista y ex ministra de Educación de Santa Fe


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