El Frente de Todos apura el aporte de las grandes fortunas y descree de rebeldías fiscales



Redacción Suma Política


El Frente de Todos (FdT) se prepara para terminar noviembre “haciendo lo que hay que hacer” en el Senado, explicó una de las piezas clave del poder en la Cámara alta. Los días hábiles que restan hasta el 30, sólo cinco, transcurrirán apretando el acelerador a fondo: en estas horas se evalúa la convocatoria a dos sesiones en la misma semana, o bien una misma sesión dividida en dos partes. Los temas son muchos y no es razonable una maratón interminable. A la cabeza de las prioridades figura completar la sanción —viene con la aprobación de Diputados— del Aporte Solidario por única vez a unas 9.300 personas que poseen más de 200 millones de pesos, las más ricas del país. Casi en igual jerarquía, el bloque que conduce el formoseño José Mayans se aplicará a darle media sanción a la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. 

Luego de perder la votación en Diputados 133 a 115 —como era previsible—, y descontando que la situación numérica del oficialismo en el Senado es holgada, la oposición buscará continuar la batalla política en el plano judicial, a la vez que se ilusiona con un último recurso, poco probable: que Alberto Fernández vete parcialmente la norma, quitando la imposición a quienes inviertan en determinados proyectos productivos. La aspiración opositora de quebrar el vínculo político entre el kirchnerismo y Alberto Fernández, algo que no se verifica en la realidad, continúa como narrativa principal de Juntos por el Cambio, desde el mismo momento en que se constituyó el frente gobernante en 2019. 

Respecto del panorama judicial que se vendrá luego de que el aporte extraordinario sea ley reglamentada, en el oficialismo no descartan que prospere una medida cautelar promovida por algún juez —ignoto o no— que disfrute ver su nombre escrito y celebrado en los grandes medios de comunicación opositores. Las fuentes consultadas por Suma Política, a propósito del sistema judicial argentino, caótico y disperso en varios sentidos, dijeron: “Sabemos que una cautelar no se le niega a nadie, es como un vaso de agua”. Sin embargo, creen que de ahí a que la cautelar prospere en instancias superiores es otro cantar.  

“El mundo político y empresario que se opone al Aporte dice que habría doble imposición y otros problemas jurídicos, pero saben que no tienen chances legales de pararlo. La ley es técnicamente sólida, asociada a un hecho dramático y extraordinario (pandemia), y no podrán voltearla. También dicen que nadie va a pagar y la verdad es que, si tenés registrados en la Afip determinados bienes, más temprano o más tarde tenés que pagar la ley”, agregan esas mismas fuentes.


Santa Fe Ciudad


Los que pagan y los que reciben en Santa Fe


El gobierno estima que la recaudación del Aporte Solidario le permitirá recaudar unos 307 mil millones de pesos. De ese monto, un ocho por ciento entrará a las arcas de la provincia de Santa Fe para que sean destinados a la compra y elaboración de material médico para hacer frente a la pandemia; subsidios a la micro, pequeñas y medianas empresas para sostener el empleo; al programa integral de becas Progresar y al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), que propugna la mejora de la situación sanitaria y de las condiciones habitacionales de los barrios populares.

Lo que hasta el momento no se ha podido saber es cuántos santafesinos están comprendidos dentro de este aporte. Afip no ha brindado ningún tipo de información en cuanto nombres propios ni tampoco a distribución geográfica de esas 9.300 personas. Por lo pronto, como dato ilustrativo, es un hecho que deberán pagar este aporte al menos los 53 santafesinos que aparecieron en el censo agropecuario de 2018 como propietarios de más de 20 mil hectáreas.



Dictamen para el Procurador general


El dictamen del Consejo asesor de juristas creado por el presidente hace tres meses, y que justo a tiempo entregó un trabajo de casi mil páginas el pasado día 20, sugiere ponerle un límite temporal al mandato del jefe de los fiscales, el Procurador general, que propone el presidente y votan los senadores. Y a la vez, indica la conveniencia de morigerar la mayoría agravada para su nominación: de dos tercios de los presentes a mayoría absoluta (la mitad más uno).

Pocas horas después de conocerse ese pronunciamiento, El FdT aceleró a fondo en el Senado: logró dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales para que la designación del Procurador se haga con mayoría absoluta y no en año electoral, o sea, en estas semanas que quedan hasta el 31 de diciembre. Para su desplazamiento serán necesarios los dos tercios de los votos. En la práctica significa que el oficialismo requerirá de 37 voluntades para nombrar un nuevo procurador, y ya no 48 —o alguno menos en el caso de ausencias—, como rige actualmente.

En este esquema, y con la decisión política del gobierno, es probable que en las próximas semanas Daniel Rafecas sea elegido como nuevo Procurador general.

Si bien es cierto que la aprobación del Aporte Solidario tiene un impacto mayor, el pronunciamiento del consejo asesor sobre el Procurador y el dictamen en el Senado es una noticia con mucho sustento político para el oficialismo: le permite avanzar con la designación y a la vez diluye potenciales diferencias internas.

Entre otros aspectos, el consejo asesor también propone aumentar el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 16, aunque no se manifiesta sobre la conveniencia de modificar o no la cantidad de miembros de la Corte Suprema de la Nación, punto sensible de la arquitectura jurídica argentina. Con todo, los juristas plantearon que el Congreso debería sancionar una ley orgánica que regule a la Corte y defina desde la designación de sus miembros, la integración con paridad de género, pluralidad ideológica y representación federal. Y a la vez, la obligatoriedad de audiencias públicas para determinados temas. Y, entre otras, que los supremos tengan plazos para tomar las definiciones. Ya no indefinidos como en la actualidad. 

Las sesiones ordinarias, que culminan en noviembre a toda velocidad, tendrán un continuado desde diciembre cuando el presidente decrete el llamado a extraordinarias. Nadie imagina un verano a la “antigua”, cuando el Congreso cerraba a fines de noviembre y se volvía a abrir en marzo. “Eso es de los tiempos de las carretas, cuando los legisladores se iban a sus provincias y tenían 15 días de viaje”, suele ironizar Sergio Massa, presidente en Diputados. Y uno de los interesados en mostrarse activo. Con todo, no habría que remontarse al siglo XIX: en el último período de la gestión anterior, 2019, el Senado tuvo ocho sesiones en todo el año. 

Para el verano, en el Congreso, que tal vez se permita un par de semanas de corte durante enero, se esperan grandes discusiones: la legalización del aborto y, entre otras, la tan mentada reforma tributaria “profunda” que muchos piden pero que, llegado el momento, se verá qué significa “profundidad” para cada cual. Todo sucederá de manera contemporánea, se espera, a que millones de argentinos y argentinas presten sus brazos al pinchazo de la vacuna salvadora. Y de ahí, se ilusionan desde el oficialismo, empezará otra historia, con un 2021 —con elecciones— muy distinto al pésimo año actual, que entrará en la historia como el de la pandemia. 



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