El senador, el capitalista y el fiscal: un juego de estrategia con final abierto



Osvaldo Aguirre


Leonardo Peiti dijo que quería contar la verdad y por eso se convirtió en arrepentido. Pero a la luz de las declaraciones de Gustavo Ponce Asahad parece evidente que no reveló todo lo que sabía sobre el funcionamiento del juego clandestino en Santa Fe. Incluso que contó apenas una parte muy pequeña de la verdad. Tan pequeña que ahora se vislumbra un enorme iceberg que permanecía sumergido y que involucra a la política santafesina y las fuerzas de seguridad.

El anticipo de Ponce Asahad respecto de la estrategia de Armando Traferri se confirmó con el escrito que recibieron los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. El senador afirma que conoció a Peiti por el proyecto que el capitalista presentó para explotar juegos de azar en locales de la lotería de Santa Fe y que le pidió al ex diputado provincial Darío Scataglini que se encargara de atenderlo, para explicar un llamado telefónico que invocó su nombre el 10 de julio.

Fue lo que declaró Peiti, en agosto. “Es verdad que ese hombre [Scataglini] me ha llamado, porque estuve hablando con varios senadores, mi abogado conoce a varios senadores y la idea era lograr ese acuerdo”, dijo con relación al convenio que perseguía entre la lotería de Misiones —donde explota varios juegos legales— y la de Santa Fe. Un negocio para el que estimaba ganancias mensuales de mil millones de pesos, casualmente el mismo monto que reporta el juego clandestino según estimaciones del Ministerio Público de la Acusación.

El juego legal era la cobertura del ilegal. Peiti adjudicaba sus problemas con la ley a actividades de su padre y de su hermano, y algo de cierto hubo, según la declaración de Ponce Asahad: la reunión de Armando Traferri con el ex fiscal regional Patricio Serjal, el 24 de abril de 2017, “tenía que ver con el padre y el hermano de Peiti y era en extraña jurisdicción, y versaba sobre la restitución de efectos de gran valor”.


Santa Fe Ciudad

“Yo todos los meses le cumplía a Gustavo”, dijo Peiti. Pero Ponce Asahad dice que generalmente el dinero pasaba primero por las manos, o el bolsillo, de Serjal y sugiere que esa imputación es parte de la trampa en la que cayó. La cámara de seguridad de la cochera de Oroño y Jujuy no tiene sonido, por lo que parece difícil resolver la contradicción que se plantea entre las versiones del abogado Luis Rossini y el ex fiscal sobre lo que hablaron al encontrarse en el lugar, cuando el escándalo se veía venir.

Peiti dijo que Ponce Asahad fue quien lo puso al tanto de la investigación de juego clandestino en Melincué y presentó el trato como una negociación entablada con él: “Yo te pago todos los meses y vos me pasás información. Si me cubrís las espaldas para mí es de vital importancia”. Pero el ex fiscal afirma que había una relación preexistente con Serjal —que queda en un llamativo segundo plano, en la “confesión” del capitalista— y con Traferri, que por lo menos remite a abril de 2017, un año antes de que la causa por una red de garitos clandestinos empezara a ponerse difícil. Y que si llamó a Peiti, fue por orden del senador del Nuevo Espacio Santafesino.

Poco antes de que Traferri y Ponce Asahad agendaran sus teléfonos en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en Montevideo 1968 de Rosario, también en abril de 2017, el presidente comunal de Hughes denunció el funcionamiento de un garito clandestino en esa localidad del departamento General López. “Chequeamos la información con la Policía de Investigaciones e hicimos un allanamiento en el que secuestramos diez máquinas, computadoras y CPU con un sistema de juegos de azar y cinco tragamonedas, y encontramos a cinco personas en el lugar”, recuerda el fiscal de Melincué, Matías Merlo. Lo que parecía un procedimiento de poca monta cambió de aspecto con la apertura de teléfonos celulares: “tanto las empleadas como la dueña de la sala tenían conversaciones de rendición de cuentas con una persona a la que llamaban Cacho Peiti”.

La investigación siguió con la intervención del teléfono de un rosarino que trabajaba para Peiti y controlaba el funcionamiento de salas de juego tanto en el sur como en el norte de la provincia. “En la primera audiencia en Melincué —agrega el fiscal Merlo—, Peiti dijo que era un operador de juego legal y que lo acusaban por una cuestión de internas policiales. Le fue cambiando la cara a medida que supo de las escuchas, pero cuando entró en la Fiscalía se mostró como una persona con cierto poder. Parecía decir ‘a mí no me tocan’”.

Merlo acaba de formalizar la acusación contra Peiti como organizador de una asociación ilícita que montó “entre 20 y 30 casinos clandestinos” en siete localidades de la provincia de norte a sur. Podría corresponderle una pena de entre 5 y 10 años de prisión.



Balada para un loco


En su defensa, el senador Traferri sostiene que es víctima de una maniobra que atribuye a su enfrentamiento con Marcelo Sain y lo ejemplifica con declaraciones del ministro de Seguridad que lo denostan mientras por otro lado respalda la tarea de los fiscales Schiappa Pietra y Edery. La declaración de Ponce Asahad habría sido una farsa para resolver una disputa política a través de la Justicia.

“Este diagnóstico se confirma de modo lapidario cuando el declarante se refiere a Alejandra Rodenas”, dice el senador. Ponce Asahad se muestra resentido con la vicegobernadora por la rapidez con que la Asamblea Legislativa lo destituyó como fiscal el 22 de octubre. “Fíjense las manitos que se levantan por la remoción de Ponce Asahad —dijo, hablando de sí en tercera persona, en relación al video que puede verse en la web de la Cámara de Diputados—. Muchas de esas manitos son la pata que falta acá”.

Traferri no ahorra calificativos contra la declaración de Ponce Asahad, a la que juzga un acto ridículo, la enormidad de un mentiroso, el relato de un loco. Pero ya se sabe qué piensa el saber popular de lo que cuentan los locos, y al mismo tiempo se ve obligado a responder: “Creo haber conocido a Ponce Asahad, me parece, pues no lo tengo claro, en el MPA de calle Montevideo”, dice. “No recuerdo en modo alguno para qué me entrevisté con Serjal, conjeturo que lo hice para preparar una reunión institucional y protocolar con todos los senadores” y no para hablar de la situación de Peiti, como se lo acusa. “Mi relación con él siempre fue institucional y protocolar y nunca el tema de conversación implicó otra cosa más que el funcionamiento del MPA”.

Un párrafo aparte le merece el anticipo de Ponce Asahad respecto de que el senador invocaría el proyecto para el juego legal para su defensa: “La malicia increíble, la mala fe señera, pasa por afirmar que se iba a usar el rol de Scataglini para encubrir y justificar. La carpeta existe y el proyecto de Peiti también”.

Traferri considera las acusaciones en su contra como “un folleto de baja estofa”, pero lo central en su escrito es la observación de que “la política de la provincia se muda de escenario y traslada el teatro de su realización, en un trasbordo institucionalmente peligroso, al ámbito del Poder Judicial y más precisamente, al ámbito del MPA”.

En ese sentido agrega al fiscal general Jorge Baclini a la nómina de los conspiradores y recuerda un episodio significativo: “Estuve con Baclini cuando Jorge Boasso denunció a varios senadores por la distribución de subsidios de la Cámara y le fui a solicitar sesenta días de plazo para acompañar toda la documentación, lo que fue acordado. Recuerdo que aproximadamente a los cuarenta y cinco días los fiscales Mac Cormack y Narvaja hicieron trascender a la prensa que no se había acompañado esa documentación”.

Traferri fue denunciado en esa causa, en 2017, y la reacción de la política ante el Poder Judicial pudo verificarse no solo en el rápido archivo de la investigación por enriquecimiento ilícito y la designación de Patricio Serjal sino en la modificación de la ley 13.013, el 30 de noviembre de 2017, por la cual los diputados y senadores provinciales se atribuyeron la facultad de constituirse en agentes de control y tribunal de disciplina de los fiscales.

El pedido de desafuero del senador es ahora un nuevo intento de romper el círculo que protege a la clase política de investigaciones molestas, para retomar la figura que usó Boasso. La semana próxima se pondrá a prueba otro anticipo de Ponce Asahad: “La política se va a abroquelar y no va a soltarle la mano a Traferri”.



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