El top ten de los colegios privados
que reciben subsidios del Estado provincial



Redacción Suma Política

El dinero que el Estado provincial le envía mensualmente a cada escuela privada es información casi tan reservada como un secreto de confesión. Así ha sido durante muchos años. Tan complejo resulta que algunos dirigentes gremiales recurren a una frase para definir la búsqueda de esos datos: “Bienvenidos al infierno”. En este informe se consignan los datos clave de diez colegios. Uno de ellos del centro de Rosario, con 297 estudiantes, recibe subsidios por cerca de tres millones de pesos al mes y puede sumar otro millón y medio por el cobro de cuotas. Y pese a que los colegios están cerrados, en plena pandemia, el Ministerio de Educación los autorizó a subir sus aranceles.

El aumento del 7,76 % en las cuotas de los colegios privados fue el único que otorgó el gobierno provincial desde el inicio de la pandemia, a contramano del congelamiento de tarifas dispuesto por el propio gobernador Omar Perotti. En un relevamiento hecho por Suma Política la mayoría de las escuelas dice que no lo aplicará. Las preguntas que surgen entonces son obvias: ¿por qué se decidió? ¿lo reclamó alguno de los sectores que integran la educación privada?

Este año los fondos asignados por el gobierno en concepto de subsidios al conjunto de colegios superan los 16 mil millones de pesos, casi el 20% del total asignado al Ministerio de Educación, pero más allá de los números lo que no se conoce es cómo se distribuyen esos fondos y con qué criterios. Un secreto bien guardado, desde siempre y con todos los gobiernos. Algo que no contribuye a aclararlo es que, de acuerdo a la ley vigente, el director provincial de Educación Privada debe trabajar con un Consejo de Asesores, pero en los hechos ese cuerpo no funciona hace años.

Lo que sí se sabe es que en cada gestión de gobierno se renueva una batalla silenciosa entre los actores del sistema privado por dos lugares: el de ministro de Educación y el de director provincial de Educación Privada.

Para saber a quiénes beneficia este aumento del 7,76 %, solo hace falta determinar qué escuelas podrían llegar a aplicarlo y cuáles no. “Muchas de nuestras escuelas lo van a aplicar y otras no; algunas desde agosto, otras en septiembre”, detalló Claudia Stern, coordinadora en Santa Fe de la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (Faera), que nuclea a los establecimientos que pertenecen a las congregaciones religiosas. En una carta que envió a la comunidad educativa, Faera consideró que el aumento “es justo” y dejó en libertad de acción a sus asociadas para aplicarlo o no. Sin embargo, Stern negó que ellos hayan impulsado la suba. “A nosotros nos sorprendió, como a todos”, dijo.

En cambio, la mayoría de las escuelas privadas que dependen del Arzobispado de Rosario no van a aplicar el aumento autorizado por Educación, anticipó el presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, Walter Van Meegroot. “Muy pocas lo van a poder aplicar —evaluó—. El alumnado de estas escuelas, la mayoría barriales y de localidades del interior, es en alta proporción de nivel socioeconómico medio a bajo”.

La misma resolución adoptaron los colegios privados no religiosos, nucleados en la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep). Para su titular, Osvaldo Gallardo, “es una posibilidad de la que se puede disponer pero entendemos que no es lo mejor. Estamos abocados a establecer estrategias y mecanismos para contener a los alumnos, y una suba no va en ese sentido”.



La presión de los colegios


Para tener una idea de la tensión que existe entre la presión de algunos colegios y las autoridades, valga un dato: el director provincial de Educación Privada dedica la mayor parte de su tiempo a atender a los representantes legales de los establecimientos. ¿Qué le piden? Un cargo más (eso representa unos 400 mil pesos al año) o el reconocimiento de más horas. Puede tratarse de un portero o una actividad extracurricular.

Esa es la batalla por los recursos. Aceptar o rechazar es la cuestión.

Ocurre que el Estado acepta una cantidad de horas, pero después los colegios incorporan nuevos contenidos y tienen que pagarlos con fondos propios hasta que el gobierno de turno se los reconoce y autoriza. La evaluación se hace permanentemente. Por eso la insistencia de las audiencias.

No es la misma realidad la de los 849 establecimientos (y 65 anexos) privados que hay en Santa Fe. Están los parroquiales, que prestan servicios de oferta única en barrios o para sectores vulnerables de la población. Esos, como muchos otros, reciben un 100% de subsidios, o sea el Estado les paga el sueldo del personal escolar autorizado (docentes, porteros y directivos), pero se las tienen que ingeniar para solventar el resto de los gastos, porque no siempre los padres pueden hacer sus aportes. Y deben afrontar gastos de limpieza, mantenimiento del edificio, ART y seguros del personal temporario.

En este caso no es lo que parece. A contramano de la opinión popular, el que tiene el ciento por ciento de aporte estatal no es el que “más ventaja saca”, sino el que no puede arreglárselas de otra manera.

Son el grupo de los denominados colegios “pobres privados” y se trata nada menos que de la mitad de los establecimientos privados de la provincia. Muchas veces son únicas opciones en los barrios, tienen cuotas muy por debajo de los topes, son asociaciones civiles, evangélicos y católicos parroquiales.

Otra realidad viven los que cobran cuotas de entre cuatro y cinco dígitos. Reciben menos fondos del Estado, porque ese es el requisito que les permite aumentar el aporte del alumnado para costear el resto de sus gastos, pagar otros servicios docentes que distinguen su oferta académica y sostenerse. Generalmente cobran en las dos ventanillas: del Estado y de los padres de los alumnos, y en el ambiente se las suele denominar “las empresas”.



Tienen un tope alto de cuota, que no siempre respetan, y podrían subsistir sin fondos oficiales. El San Bartolomé, por ejemplo, un año renunció al aporte del 40 % que tenía porque le convenía más eso, ya que así, sin intervención financiera del Estado, podía liberar el precio de la cuota. En este grupo están, además del San Bartolomé, San Patricio, Instituto Goethe (Alemán), Español, Marista, Mirasoles, Los Arroyos, Los Arrayanes.

En el medio de estos dos grupos, están los establecimientos que más pelean por el tope de cuota y cargos. Son los llamados “colegios de elite”, no por su economía, sino por su calidad educativa. Se los ubica en el sector cultural del centro de Rosario. En la mayoría de los casos reciben hasta el 80% de aporte estatal y el tope de sus aranceles está alrededor de 5.000 pesos.

En el cuadro que integra este informe se detallan algunos valores de diez colegios, el nivel de enseñanza y el porcentaje de subsidio que recibe: hay de 80, 40 y 60 %. Se apuntan la cantidad de estudiantes que tienen y los cargos docentes con la cantidad de horas, el monto de la cuota mensual (todas están por encima de los 5.000) y los ingresos por mes por ese concepto.



¿Está bien que el Estado disponga recursos públicos para mantener a los colegios privados que pueden financiarse por sí mismos? ¿Tendría una gestión política que seguir alentando el surgimiento de nuevos establecimientos? Esas y otras preguntas podrían entrar en el debate de una ley de Educación como la que no prosperó el año pasado. Mientras tanto en Santa Fe rige una Ley de Educación Privada sancionada en 1968, que si bien en varios aspectos fue considerada de avanzada también facilitó el secretismo en el manejo y distribución de fondos que aún perdura.


Los fondos de la educación privada


Del presupuesto provincial, un 30 % está afectado a Educación. Y de este, entre el 20 y el 23 % se destina a la educación de gestión privada.

Hay seis categorías de establecimientos, de acuerdo al porcentaje de aporte estatal recibido: del 40 al 100 %.

Las que reciben el 100 % son mayoría y están organizadas según sean católicas dependientes del arzobispado de Rosario (nucleadas en la Junta Arquidiocesana de Educación Católica); católicas de congregaciones religiosas; privadas de gestión pública (Fesaiep), y las escuelas técnicas y rurales.

Los establecimientos particulares que reciben el 100 % de aporte estatal no pueden recaudar aranceles por ningún concepto, y sólo pueden cobrar cuotas voluntarias de hasta un 5 % del sueldo nominal de un maestro de grado. El total percibido será voluntario y la falta de pago no afectará al alumno.

El tope establecido por el gobierno provincial para las escuelas que reciben el 100 % de subsidios es de 2.083 pesos. En cambio, los establecimientos con aportes estatal inferior al 100 % podrán percibir en concepto de arancel por la enseñanza oficial el porcentaje máximo que en cada caso se establece, calculado sobre el sueldo nominal de maestro de grado. Del total recaudado en concepto de arancel deberá destinarse no menos del 50% al pago de retribución al personal escolar.



Un lugar clave


La ministra Adriana Cantero fue hasta el 10 de diciembre del año pasado directora general del Centro Educativo Franciscano (CEF), que congrega a los ciclos primario y secundario del Colegio San Carlos de San Lorenzo. El actual Director Provincial de Educación Privada es Rodolfo Fabucci, quien antes de acceder a la función pública se desempeñaba como representante legal de ese mismo colegio.

El director Provincial de Educación Privada es clave en las negociaciones entre Estado y colegios. El valor estratégico de ese sillón lo refleja claramente una historia no tan lejana. En un momento de su gestión, el gobernador Lifschitz requirió el  apoyo en la Legislatura del senador Lisandro Enrico (UCR) para algunos de sus proyectos de gobierno. A cambio, Enrico pidió un cargo en la estructura del Ministerio de Educación para uno de sus hombres de mayor confianza. Ese cargo era el de Director Provincial de Educación Privada. Se pusieron de acuerdo. El mandatario logró su propósito y el senador también.



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