El turbulento origen de la ley que tensa la relación entre la Justicia y la política



Por Hipólito Ruiz


La ley que hoy enfrenta a un sector de la Justicia con la Legislatura santafesina se empezó a cocinar en noviembre de 2017, al calor de investigaciones y graves acusaciones cruzadas entre fiscales y dirigentes políticos. Casi tres años después, por lo que se vio en los últimos días, la situación aún no está resuelta. Los fiscales recurren a la Justicia para invalidar los procesos que se les inician en las cámaras, como en el caso de Adrián Spelta, de Rosario, que impulsó la declaración de inconstitucionalidad de la norma que hoy está en el centro de la disputa, lo que a su vez cosechó este jueves el rechazo sin grietas de diputados y senadores de todas las fuerzas políticas.

Los legisladores hicieron fila para criticar el fallo de los jueces Lucía Aseff, Adriana Mana y Fernando Marchionatti, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, que rechazaron la suspensión de 90 días impuesta por la Comisión Bicameral de Acuerdos al fiscal Spelta por acordar la prisión domiciliaria de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval —que terminó acribillado en octubre del año pasado en una casona de La Florida—. Las fuertes críticas en los discursos y la unanimidad con que se produjo el rechazo son un claro mensaje político de la Legislatura hacia el resto de los poderes del Estado santafesino. Por un lado se argumentó mucho sobre la legalidad de la norma cuestionada por los jueces rosarinos. Por otro, se dejó en claro que los legisladores no piensan renunciar a la potestad que esa ley les confiere para controlar a los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El presidente del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, advirtió por otro lado a Suma Política que el fallo alcanza exclusivamente al proceso que la Legislatura sigue contra Spelta. «Los otros procesos, como el de Mauro Blanco y Gustavo Ponce Asahad, siguen como hasta ahora y la comisión va a seguir con las acusaciones hasta tanto no haya otro fallo similar». Farías admitió de este modo que el caso Spelta podría terminar abriendo una puerta al resto de los fiscales que están siendo investigados en la Legislatura, para escapar a posibles sanciones, aunque advirtió que “no todos los casos son iguales, ni todos los jueces van a tener la misma mirada”.

Sobre el mismo punto el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, coincidió en que el camino seguido por Spelta es una invitación a hacer lo mismo para el resto de fiscales con procesos disciplinarios abiertos y hasta se animó a darles un consejo a los legisladores: “una actitud prudente sería suspender todos los procedimientos hasta tanto la Corte se expida”.

Farías no está de acuerdo con esa valoración pero coincide en que “es imprescindible que la Corte resuelva (el caso) lo antes posible». Mientras tanto los legisladores aclararon que acatarán el fallo para evitar un conflicto de poderes y a la espera de que el Ejecutivo provincial apele el fallo adverso a través de Fiscalía de Estado.


Tres años atrás


En la última sesión ordinaria de 2017 la Legislatura sancionó a libro cerrado una ley que le daba la potestad de juzgar a los fiscales de grado y los adjuntos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Fue el jueves 30 de noviembre cuando el expediente pasó por Senadores y Diputados, dentro de un paquete que contenía cerca de 30 leyes. En los recintos nadie tomó la palabra pero todos levantaron la mano.

El segundo semestre de ese año venía con muchos roces. En Rosario los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja avanzaban con investigaciones sobre senadores y ex senadores provinciales por presuntos desvíos de fondos. Desde la Cámara Alta se contraatacaba acusándolos de coacción, por supuestamente exigirle a un detenido la imputación de un personal policial a cambio de beneficios en su situación procesal.

En la ciudad de Santa Fe dos fiscales, Roberto Apullán y María Martí, pidieron la intervención de una serie de teléfonos entre los que estaba el del entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sin aclararle al juez Nicolás Falkenberg que se trataba del celular de un ministro. El magistrado, sin pedir tantas explicaciones, aprobó el pedido y el contenido de esas escuchas llegó a los medios de comunicación.

Prácticamente al mismo tiempo Apullán también investigaba el supuesto desvío de fondos de la Municipalidad de Santa Fe hacia cooperativas de trabajo que supuestamente estaban vinculadas con el entonces intendente, José Corral.

Todas esas investigaciones, que tenían una gran visibilidad en los medios, se sucedían además en medio de un proceso electoral. Esos avances de los fiscales, en algunos casos con total prolijidad y en otros con muy poca, hicieron que la política moviera sus fichas, sobre todo en la Legislatura.

Por un lado, en las unidades fiscales de Santa Fe y Rosario hubo reorganizaciones internas que terminaron corriendo a algunos fiscales a trabajar en otras causas. En Santa Fe eso terminó siendo un escándalo público porque había fiscales que convocaban a audiencias imputativas que luego eran suspendidas por el fiscal Regional, Carlos Arietti, porque esos funcionarios ya no estaban a cargo de las causas. Todo un dislate.

El movimiento político fue de fondo. Hasta ese momento, los legisladores tenían la potestad de juzgar el accionar de los fiscales y defensores regionales, y del fiscal general y del defensor general. Mientras que la Auditoría del MPA, que debía controlar a los fiscales de grado, recién empezaba a funcionar con Cecilia Vranicich, cuyo pliego había sido aprobado en abril de ese año.

Los legisladores cortaron por lo sano y en un acuerdo de amplio consenso político aprobaron por unanimidad en el último minuto y en absoluto silencio la ley 13.695. Esa ley obligaba a la auditora del MPA a remitir a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura todas las denuncias que se hicieran contra cualquier fiscal y por cualquier motivo. A los pocos meses los Legisladores recibieron todos los expedientes y comenzaron a ver que muchas de las acusaciones se debían a faltas leves o moderadas.

Por ese motivo tuvieron que redactar una nueva ley, la 13.807 que es la que hoy la Sala II de la Cámara Laboral de Rosario declaró inconstitucional. Con esa norma se dejó en manos de Vranicich los expedientes que no contenían faltas de peso. Mientras que todas las acusaciones que podían derivar en una suspensión o en una destitución, sí quedaban en manos de diputados y senadores.

Pasaron casi tres años y el nuevo sistema penal parece requerir aún más tiempo y más diálogo entre los poderes para terminar de acomodarse.

La Legislatura el jueves pasado dio un sonoro mensaje al resto de los actores. Utilizó la misma receta que en 2017 y consiguió nuevamente un amplio consenso político para cerrar filas y votar por unanimidad, esta vez por el rechazo del fallo judicial que intenta sacarle de las manos la potestad de juzgar a los fiscales. 


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