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Política

Entre el apuro de los fiscales y un difícil desafuero, crece el escándalo político

Entre el apuro de los fiscales y un difícil desafuero, crece el escándalo político



Daniel Abba


Hay que rastrear en 40 años de historia santafesina para encontrar escenas semejantes a las que están pasando en la política provincial con la causa del juego ilegal. Dos fiscales tratando de imputar a un senador en funciones, pidiéndole que se despoje de sus fueros para seguir con una investigación por corrupción que también promete involucrar a otros miembros del Estado. Un legislador denunciando el armado de una causa en su contra, poniendo en duda las reales intenciones de la Justicia y acusando a un ministro de su propio partido de “guionar” toda la maniobra.

Ya pasó otras veces, pero este contrapunto tiene condimentos que lo hacen más grave, y ahora queda envuelto en “cuestiones procedimentales”. Mientras los fiscales que llevan adelante la investigación querían apurar los trámites, el desafuero del senador Armando Traferri podría complicarse y las prometidas pruebas para justificar ese pedido podrían necesitar cierto tiempo, el que se necesite para leer y procesar las más de tres mil páginas contenidas en dos discos donde se guardan las evidencias de la causa. En el medio podría haber otras citaciones.

—¿Va a ampliar su declaración escrita?

—¿No me van a hacer preguntas?

—Sí, después de poder imputarlo si renuncia a sus fueros.

—No me corresponde. Eso lo decide el Senado.

El diálogo del senador Armando Traferri y los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery fue tenso. El legislador había llamado a los fiscales “delfines” de Sain, y se fue del Centro de Justicia Penal con la idea de que querían “meterlo preso”. Incluso con una propuesta inédita: ofrecieron concurrir al Senado a explicar los motivos por los que tratarán de imputar a uno de sus miembros.


Antonio Andrés Vanrell y Carlos Aurelio Martínez, dos vices condenados

La historia de dos vices


Los casos más resonantes que complicaron a referentes de la política santafesina con la Justicia tuvieron como protagonistas a dos vicegobernadores y a un presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Reyes (electo entre el 83 y el 87), que fue condenado por enriquecimiento ilícito, pero cuando ya había cesado en esa función.

Antonio Andrés Vanrell probablemente haya protagonizado el suceso más recordado de malversación de fondos desde el Estado, que incluyó una famosa compra de juguetes. Su antecesor en el cargo, Carlos Aurelio Martínez fue condenado por peculado, pero por su gestión anterior como intendente de Santa Fe. “Regresaré como el Gato Félix” y “No soy especialista en ese tipo de delitos” fueron dos de sus frases más hilarantes en el recinto.

No se sabe aún cómo va a terminar la investigación que por estos días tiene al senador Armando Traferri en el centro o al frente de una supuesta organización que se dedicaba a proteger a quienes manejaban el juego clandestino en la provincia. Pero el impacto por su aparición en las declaraciones del arrepentido ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, y su inmediata citación por los fiscales, conmueve a la política santafesina, a pesar de que lo dicho hasta ahora no parece suficiente para probar semejante incriminación. Tampoco complica inicialmente a otros referentes del Estado, que también aparecen nombrados pero “sin carga incriminante”, como reconocen los propios fiscales.



Las imágenes del video con las más de tres horas de declaración ampliada del ex fiscal Ponce Asahad fueron un primer indicio de las acusaciones que pesan sobre el legislador de San Lorenzo. Para confirmar la gravedad del cuadro, los fiscales que recibieron a Traferri aseguraron que el escrito que presentó es “inconsistente” en relación con las evidencias que la Justicia tiene sobre los mismos temas.

“Hay cuestiones que no coinciden con la evidencia dura y objetiva. Queremos ir a contar esto al Senado. Tenemos las pruebas y no las podemos esconder”, dijeron los fiscales para rechazar que detrás de esta movida esté el ministro de Seguridad Marcelo Sain. “Es nuestra función investigar y nos sentimos respaldados”, aclararon.

En su presentación el legislador reconoce algunos de los encuentros que menciona el ex fiscal, e incluso confirma varios de los datos brindados en su relato, pero sostiene que siempre se trató de “cuestiones institucionales”. Los fiscales revelan ahora tener evidencias de que en algunos de esos lugares, y con esos mismos actores, se produjeron hechos de corrupción de juego que ya están probados. Esa puede ser una de las pruebas reservadas que todavía no vieron la luz. En su declaración, Ponce Asahad pide que no se hable más del Centro Cultural Árabe de Dorrego al 1200, del que tenía las llaves. “No es sólo por una cuestión de sentimiento de colectividad”, afirman cerca de los investigadores.


¿Qué hará la Legislatura?


En la audiencia con Traferri, los fiscales le pidieron que renuncie a sus fueros para poder imputarlo, pero el senador sostiene que no puede hacer eso, que tiene que ser el Senado en pleno (con la mayoría de los dos tercios presentes) quien lo haga. “Tenemos elementos para imputar al senador en un hecho delictivo”, aseguraron.

Ante esta situación, ¿qué hará el Senado?, teniendo en cuenta que el propio gobernador prometió “ir hasta el hueso” con esta investigación, “le toque a quien le toque”.

“No les va a quedar otra”, sería la opinión vulgar. Aunque las primeras reacciones en el Senado no coinciden tanto en eso. “Hay que ver las pruebas que tienen”, dicen cautelosos. Y dudan que se pueda aprobar así como así el desafuero de uno de sus pares.

 “No creo, no se acostumbra”, suelen citar cuando se les pregunta sobre este tema a algunos legisladores. Esa frase es la que más repiten y se la conoce como la teoría Pichetto, quien la usó varias veces para esquivar encrucijadas complicadas como ésta apelando a la tradición parlamentaria.

De hecho, en la Legislatura santafesina ya hubo, aunque no muchos, otros pedidos de desafuero que fueron rechazados. En ese caso la investigación puede seguir pero sin imputar al legislador. “Como pasó con Cristina —dicen cerca de Traferri—, que si fuera por los fiscales ya estaría sin fueros y presa”.

En la Legislatura provincial el último antecedente en esta materia se dio en 2006 cuando se rechazó un pedido de desafuero del senador provincial y titular del radicalismo Felipe Michlig. Era un requerimiento de un juez de San Cristóbal que pretendía indagarlo en una causa que investigaba supuestas irregularidades en la comuna de Ambrosetti, que gobernó varios años.



Contando las pérdidas


Mientras, en el peronismo ya están contando a los heridos por esta batalla político-judicial. “Mientras Miguel Lifschitz hace actos en memoria de los 35 años de la sentencia a las juntas militares, el peronismo se encuentra enfrascado en discutir otra vez un supuesto hecho de corrupción”, resumen.

Aunque no son pocos los que aseguran que el hilo de esta investigación no va a afectar sólo al partido que hoy gobierna la provincia. “Que no estén tan tranquilos”, aconsejan. En la misma grabación donde se lo menciona a Traferri también aparece el ex gobernador socialista, su ex ministro Maximiliano Pullaro y su ex jefe de Investigaciones Daniel Corbellini, aunque con menos carga viral.

En la interna del gobierno las cosas parecen estar claras. El mismo día que Traferri concurría a la Justicia, se anunciaba que se van a vetar las dos leyes que aprobó en tiempo récord la Legislatura en contra del ministro Sain. Más respaldo no se consigue.

Para los otros sectores internos del justicialismo esto es “un tiro en las patas”, porque imaginan que en la opinión pública se va a comentar que “otra vez el peronismo está defendiendo a las mafias”. Y se reprochan que nadie se acuerda que el pliego de Ponce Asahad, detenido y confeso de recibir coimas, lo mandó a la Legislatura el gobernador Miguel Lifschitz. Y para los que conocen los pasillos de Tribunales se trata de “un berreta que no podía pasar ningún examen. ¿Tan bajo cayó la Justicia?”, se preguntan tardíamente.

Pensando en modo electoral, reconocen que “los socialistas mientras tanto están jugando al póker”, y mandan un mensaje para el gobernador: “Cuando cayó Vanrell, el que no podía caminar por la calle era Reviglio”. Como si Omar Perotti pudiera evitar una investigación que promete tener evidencias y ramificaciones para todos.


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