De las normas a las lógicas que
sostienen las desigualdades de género

Por Florencia Rovetto

Si por distintas motivaciones, alguna persona con cierta sensibilidad se detenía hace unas tres décadas a observar la presencia activa de sujetos en distintas instituciones de la sociedad argentina, la evidencia daba como resultado la exclusiva participación de varones, heterosexuales, cis-género, blancos y con una edad promedio de 50 años. Los clubes sociales y deportivos son ejemplos paradigmáticos de esta configuración.

La ausencia de mujeres y otres sujetos marcados por el significante femenino o sin adscripción a la masculinidad hegemónica en las comisiones directivas de dichas entidades son la resultante más acabada de la división dicotómica y binaria de la distribución del poder basado en las características biologizadas y naturalizadas de la sexualidad. Esta configuración se ha dado históricamente en todas las asociaciones civiles y deportivas, pero sigue imperturbable en algunos clubes fundados a principios del siglo XX por la burguesía local prefigurando su imagen identitaria como grupo dominante.

Los estatutos de estos clubes, que en el presente prohíben explícitamente la participación de las mujeres en calidad de socias, parecen una ridícula caricatura de la revista Caras y Caretas. Sin embargo, esta imperturbable norma explícita funciona de modos más sutiles e implícitos en muchas otras instituciones en pleno siglo XXI, donde aún persisten lógicas de funcionamiento y formas históricas de discriminación de género implícitas.

Las instituciones universitarias representan en la actualidad otro ejemplo de estas lógicas. Fraguadas con patrones culturales y reglas de juego implícitas también reproducen, en la actualidad, una apropiación diferencial por parte de los varones de las funciones con mayor valor agregado.

Podemos constatar de qué modo estas construcciones perduran en el sistema universitario al observar que, en el período 2019-2020, los rectorados están ocupados en un 87% por varones y un 13% por mujeres, y constatar que estas cifras se han mantenido estables —o la brecha ha sido más pronunciada aún— en las últimas décadas (SPU, 2020).



El fenómeno de la escasa representación de las mujeres y otras personas con identidades no hetero-normadas en los altos cargos de poder y puestos de responsabilidad en los distintos ámbitos laborales ha sido definida como “techo de cristal” (traducción del término anglosajón glass ceiling), utilizado para designar una barrera invisible, pero con efectos reales que dificulta o impide la promoción de las mujeres a lo largo del tiempo, aumentando la brecha salarial, independientemente que las calificaciones que éstas tengan.

Si bien este fenómeno, también llamado de segregación vertical, no es privativo de nuestro país ni de las Universidades, expresa de forma clara los desafíos que aún tenemos para remover de raíz los modos en que las desigualdades de género operan en nuestras instituciones limitando o impidiendo alcanzar la equidad de género en espacios de gestión política universitaria.

Por otra parte, desde hace décadas se observa que la participación de las mujeres en la formación superior universitaria es mayor que la de los varones. Este proceso se inicia a partir de los cambios socioeconómicos y culturales producidos a lo largo del siglo XX en Argentina, que influyeron en el marcado crecimiento en la participación de mujeres en la educación universitaria desde mediados de los sesenta. En ese período el porcentaje de mujeres tituladas pasó de constituir el 30% al 50%, igualando el porcentaje masculino. Cinco décadas más tarde, el porcentaje de mujeres que cursan estudios universitarios es superior al de varones. Para 2018, la tasa de participación de las mujeres en carreras de grado representa el 58% de los ingresos y el 61,1% de egresos.

Estas cifras ponen en evidencia que una mayoría constante de mujeres puede ser solo un “espejismo” de la equidad, si no cambian las lógicas de trabajo, las prácticas cotidianas, las relaciones de poder y las formas en que se hace y se da sentido a la política en la Universidad.

Al respecto, recientemente, algunas Universidades han iniciado procesos de reforma de sus estatutos de funcionamiento o han aprobado normativas específicas que promueven la paridad en las listas electivas y en la distribución de cargos de representación política en los órganos de cogobierno. Por otra parte, se han iniciado procesos de inclusión de personas del colectivo travesti-trans a través de la aprobación de medidas que garanticen cupos anuales de ingreso laboral para esta población.

Todas estas medidas procuran proyectar al interior de las instituciones universitarias públicas los cambios culturales operados en la trama intersubjetiva y social más amplia, que han dejado indicado el estatuto innegablemente político de las diferencias sexo-genéricas y su impacto en los procesos de reconfiguración de un orden social de género. Estos cambios al interior de las Universidades son parte, también, de las transformaciones normativas en materia de derechos y ejercicio democrático que, nuestro país, cuenta con el empuje de los movimientos de mujeres, feministas y de la disidencia sexual.

En este sentido, resulta relevante evocar el concepto y la estrategia de despatriarcalización, que aporta la boliviana Pilar Uriona para afrontar el ejercicio de “reorganización horizontal de los pactos relacionales y desarticulación del poder en tanto esquema relacional opresivo basado en la desvalorización de las diferencias y en el tratamiento estratificado, jerárquico e injusto de las mismas”. Esta interpelación feminista a los modos patriarcales de hacer política y ejercer el poder, nos permiten visibilizar los enormes desafíos que tenemos por delante en el proceso de sentar bases más sólidas para la equidad de género.

Se vuelve necesario interpelar los estereotipos y roles de género en base a los que se producen y reproducen asimetrías en todos los ámbitos. Pues no se trata solo de que lo que “falta” para que las mujeres lleguen, sino de problematizar los espacios de poder, sus modos y sus formas, diseñados a imagen y semejanza de los sujetos —masculinos, blancos, cis-género y heterosexuales— que generalmente los monopolizan.

Para avanzar en mayores grados de igualdad real en la participación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos es necesario explicitar las lógicas implícitas. Perturbar las normas visibles e invisibles implica también que los varones modifiquen las formas de acceder y sostener los espacios de poder, cuestionar y erradicar sus privilegios, micromachismos y las violencias allí ejercidas, y, fundamentalmente, cederlos para que otres lleguen y participen plenamente.


La autora es secretaria de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario.
Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación e investigadora del Conicet.

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