Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suma Politica

Juicio a la justicia: los jueces, fiscales y secretarios que fueron cómplices del terrorismo de Estado

Juicio a la justicia: los jueces, fiscales y secretarios que fueron cómplices del terrorismo de Estado


Fotografía: Alan Monzón

Osvaldo Aguirre


Su papel fue el de oscuros burócratas que rara vez se exponían en público. No participaron en las cacerías que la policía de Rosario y el II Cuerpo de Ejército desplegaban en el área liberada que conformó la ciudad durante la dictadura. Tampoco estuvieron en los centros clandestinos de detención. Sin embargo, jueces, fiscales y secretarios cumplieron una tarea necesaria para el terrorismo de Estado: impedir las gestiones por las víctimas y garantizar la impunidad de los represores.

Las investigaciones en curso focalizan ese aspecto del terrorismo de Estado en el fuero federal de Rosario, como indican el procesamiento del ex juez  Guillermo Ernesto Tschopp y el pedido de indagatoria y prisión para su ex secretario, Horacio Claverie, y los ex fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez.

Tschopp estuvo a cargo del Juzgado Federal número 2 de Rosario entre el 17 de marzo de 1977 y el 27 de julio de 1983 y permaneció un año más en la Justicia como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones. El juez Marcelo Bailaque lo procesó en septiembre del año pasado como partícipe necesario en casos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad agravada por tormentos contra 63 víctimas del terrorismo de Estado.

El 28 de enero, Hijos Rosario pidió las indagatorias del ex secretario Claverie y de los ex fiscales Vázquez y Tiscornia, y exigió que Tschopp sea imputado también por asociación ilícita. “Estamos esperando que el juez Marcelo Bailaque nos dé intervención”, dice al respecto el fiscal Adolfo Villate, a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario.

Tschopp recibió como juez un centenar de recursos de hábeas corpus donde familiares de detenidos y desaparecidos pedían información sobre las víctimas y ofrecían datos sobre las fuerzas de seguridad involucradas en los secuestros. Todos tuvieron el mismo resultado: el rechazo de las presentaciones con el cargo de las costas a los demandantes, como un castigo adicional.

La acumulación de casos muestra un trámite de rutina. El juez Tschopp no hacía preguntas, no iniciaba investigaciones. Recibía el hábeas corpus y oficiaba pedidos de informes, pero no tenía en cuenta los datos que aportaban los familiares -con frecuencia, identificaban a la fuerza que había intervenido- y tampoco las respuestas que pudieran surgir más allá de la negativa de rigor, por ejemplo cuando la policía o el Ejército confirmaban los procedimientos.

Ese fue el caso, entre otros, de los integrantes de la comisión directiva de la Biblioteca Vigil, secuestrados entre el 10 y el 11 de mayo de 1977. El coronel Julián Gazzari Barroso informó que estaban detenidos a disposición del Ejército “en averiguación de actividades subversivas”; los denunciantes identificaron además a Raúl Guzmán Alfaro, jefe del Servicio de Informaciones de la policía, como parte del grupo de tareas. Tschopp no tomó ninguna medida ni requirió mayores precisiones.

No fueron errores, sino “un accionar sistemático destinado a garantizar la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas represivas”, dijo el juez Bailaque en su resolución. Tschopp “contribuyó a la clandestinidad en el operar de esas fuerzas”.

Entre abril y agosto de 1977, el juez federal rechazó entre otros los recursos por Aldo Patricio Ocampo, oficial ayudante del Comando Radioeléctrico y militante de la Juventud Universitaria Peronista en Ciencias Económicas, de 22 años, secuestrado de su casa en Teniente Agneta 1522 departamento A; Luis Alberto Pell, empleado en la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Rosario secuestrado en su casa de Pueyrredón 314; Olga Vaccarini, estudiante de Bioquímica, y Gustavo Adrián Rodríguez, empleado ferroviario; Gladys Nelly Pamies, estudiante de Arquitectura y Juan Carlos Gesualdo, militante de la Juventud Universitaria Peronista. Los seis continúan desaparecidos.

Tschopp también fue acusado como partícipe en los crímenes de los hermanos Rory y Mercedes Céspedes Chung, asesinados en diciembre de 1978 por el Servicio de Informaciones en Pellegrini 1685 para ocultar el homicidio de Conrado Galdame, y en la privación ilegítima de la libertad de Emilio Etelvino Vega -todavía desaparecido- y María Esther Ravelo, el matrimonio de ciegos secuestrado el 15 de septiembre de 1977 en Santiago 2815. En este episodio, el juez rechazó tres hábeas corpus.

En su presentación, Hijos Rosario pidió que la investigación se extienda por privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, tormento y homicidios contra los ex fiscales Tiscornia (58 casos) y Vázquez (6) y el ex secretario, Claverie (62 casos). El aporte de los funcionarios, según la demanda, “resultó determinante para que el ataque sistemático a la población haya podido ser llevado a cabo”.

En el caso de Vázquez, ahora abogado entre otros del senador Armado Traferri, Hijos pidió que se lo indague por delitos cometidos en perjuicio de Gustavo Piccolo, Eduardo Oscar López, Luis Alberto Cuello, Paula Riggio, Francisco Peña y Graciela Noemí González.

Riggio y Peña denunciaron torturas después de su secuestro, ante lo cual el entonces fiscal Vázquez dictaminó que debía intervenir el II Cuerpo de Ejército. “Una declaración de tales características, durante una etapa de gobierno de facto militar implica una claudicación total de las funciones de control que debe ejercer el poder judicial. Más allá de esa valoración así dictaminó Vázquez y así resolvió Tschopp declarando la incompetencia en favor de la justicia militar”, enfatiza el pedido de Hijos, presentado por su presidenta, Ingrid Maya Schegtel.

Tiscornia, Vázquez y Claverie habrían sido “cómplices necesarios” y partícipes de asociación ilícita, por lo que la agrupación pidió también su prisión preventiva. “Si lo decisivo del aporte del Poder Judicial al plan sistemático de represión fue la garantía de impunidad ofrecida, está claro que esta promesa al menos tácita de impunidad, es anterior a los hechos. Y es esta promesa, y no el aporte posterior, es lo que transforma al interviniente en cómplice en lugar de un mero encubridor”, destacó la presentación, patrocinada por los abogados Nadia Schujman, Natalia Lorena Moyano y Juan Pablo Menicchelli.



Imprescriptible


En febrero, la Sala IV de la Cámara de Casación Federal ratificó que la causa por el robo de la documentación de la Conadep en los Tribunales de Rosario es imprescriptible y debe seguir investigándose en la Justicia Federal. “La declaración es valiosa porque reconoce que hechos destinados a mantener la impunidad de los autores de delitos de lesa humanidad son conexos a esos delitos. El Estado nacional garantiza aun en relación con hechos posteriores a la dictadura la posibilidad de continuar con la investigación y el juzgamiento de este tipo de hechos”, comenta el fiscal Villate.

La causa tiene un solo imputado, Héctor Fructuoso Funes, jefe de inteligencia del II Cuerpo de Ejército al momento de ocurrir el robo, el 8 de octubre de 1984. El ex jefe del II Cuerpo de Ejército Víctor Pino Cano fue separado del proceso por enfermedad y el ex jefe del destacamento de inteligencia 121 de Rosario, Luis Américo Muñoz, también fue apartado por no comprender la criminalidad de los actos.

“La Unidad de Rosario no tuvo intervención ni pudo controlar las pericias que se hicieron a Muñoz”, destaca Villate. No obstante, la Cámara de Casación Federal confirmó el dictamen que lo pone a cubierto de la acción de la Justicia.

El robo a los Tribunales fue una operación diseñada por el II Cuerpo de Ejército después que la Conadep secuestrara documentación en tres domicilios de Rosario, en particular el de Eduardo Rebechi (Dorrego 1638), todavía prófugo y con ofrecimiento de recompensa, donde había un fichero con más de tres mil nombres de personas que habían sido objeto de seguimientos. La pista surgió de un reclamo del coronel Muñoz por un ascenso denegado por el ex presidente Raúl Alfonsín y concedido por su sucesor Carlos Menem en el que alegó su participación en dos operaciones especiales de inteligencia en 1983 y 1984, “con gran exposición y riesgo personal y familiar”, en alusión al secuestro de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, en el bar Magnum de Rosario, y el asalto a los Tribunales.

“La decisión de dar el ascenso a Muñoz fue sometida a una junta de calificaciones -señala el fiscal Villate-. Rastreamos las actas pero en un momento se deja constancia que se retiran los taquigrafistas que tomaban nota de la reunión porque se iban a tocar temas secretos. Ahí se tratan aparentemente las operaciones de inteligencia. Cuando se allanó el domicilio de Muñoz en San Luis, encontramos una carpeta con divisores que coincidían con su reclamo pero estaban vacíos. Creemos que hizo desaparecer la documentación”.

Los registros que preocupaban a los militares ante los allanamientos de la Conadep eran los secuestrados en los domicilios de los ex agentes de inteligencia del Ejército Jorge Walter Pérez Blanco, Eduardo Rebechi y Ana Cristeler. “Eso está perdido. Es muy poco probable que algún día lo encontremos”, se lamenta Villate.

El hecho dio origen al expediente 684/84 en el Juzgado de Instrucción número 13, a cargo de Ernesto Martín Navarro, quien incorporó como secretario a Jorge Martino, apodado el Cura en los pasillos de Tribunales por su ostentosa vinculación con la Iglesia y también con servicios de inteligencia, de lo que se jactaba. El fiscal interviniente fue Adolfo Claverie, hermano de Horacio, el que actuaba en la justicia Federal.

El encubrimiento y las torpezas de la investigación judicial fueron alevosas. Las pericias de rastros solo detectaron huellas de Francisco Martínez Fermoselle, el juez que había obtenido la documentación, y de un empleado. Los oficios del juzgado de Navarro y los allanamientos fueron encomendados a Alberto Gianola, denunciado como integrante de las patotas del Servicio de Informaciones. El expediente cobró volumen con testimonios de comerciantes de los alrededores del Tribunal que no estaban en el lugar al ocurrir el robo y de policías que tampoco habían estado de guardia ese día ni en los anteriores. Hojarasca pura.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos tiene además en curso una investigación sobre la Quinta de los Comandantes del II Cuerpo de Ejército, un predio en Ayacucho y avenida de Circunvalación para la que se pidió al Equipo Argentino de Antropología Forense una pericia a fines de detectar posibles sitios de enterramientos. “Hay personas que fueron mencionadas como víctimas en las causas Feced y Guerrieri y cuyos casos no fueron investigados. Hay distintas situaciones, por ejemplo de personas secuestradas durante pocos días o sin vinculación directa con la militancia pero que pasaron por centros clandestinos. Hay que darles una respuesta y estamos avanzando en la instrucción de otro expediente”, dice el fiscal Villate.


Tres ex represores de Rosario: Rebechi, Carlos Isach y Peralta

Archivos: que los hay, los hay


La supervivencia de archivos de la represión es un interrogante persistente para los organismos de derechos humanos. Una respuesta significativa se produjo en noviembre pasado, cuando la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia anunció el hallazgo de documentación de la policía de la provincia entre 1968 y 1996 en una casa de la ciudad de Santa Fe.

Los documentos tuvieron un primer ordenamiento en 500 bolsas, de las cuales 150 fueron devueltas al Ministerio de Seguridad ya que no comprenden el período de la dictadura. El material se encuentra en la sede del Archivo Provincial de la Memoria, en la ex comisaría 4 de Santa Fe, a fines de su clasificación.

Entre la documentación ya relevada se destaca un centenar de legajos que la policía formó a presos políticos que estaban bajo libertad vigilada del Poder Ejecutivo Nacional y que serán entregados a los sobrevivientes y familiares en el curso del mes. Los legajos contienen datos personales y familiares, fotografías y planillas de registro de firmas en las dependencias policiales donde comparecían los ex detenidos.

Otro dato que surge es la práctica de compartir información entre distintas fuerzas de seguridad. Las unidades regionales de la policía aparentemente tenían como costumbre distribuir copias de determinados procedimientos -por ejemplo, los llamados “operativos cerrojos”- entre diversas dependencias policiales y del Ejército.

“Hasta ahora no surge información sobre personas desaparecidas”, aclara Lucila Puyol, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad. La documentación pertenece a unidades regionales de toda la provincia y fue hallada en la terraza de una casa -la dirección se mantiene en secreto- que había sido desocupada: “El lugar había funcionado como depósito de documentación de distintas comisarías. En un momento estuvo Robos y Hurtos, en otro Identificaciones, pero no sabemos qué dependencia estaba en custodia de la documentación”.

El hallazgo ilumina un reverso complementario de los procedimientos del terrorismo de Estado. “En la dictadura hubo un estado represor en paralelo a un estado burocrático. La represión y la persecución podían ser clandestinas pero a la vez los militares y la policía tenían registro de sus acciones, en algunos casos más de una copia. La documentación existió, y este descubrimiento lo prueba”, destaca Puyol.


Walter Pagano, ex agente de Inteligencia, declara en los juicios por delitos de lesa humanidad, en 2009

Facebook comentarios
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

Suma Política. Todos los derechos reservados. 2020