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Opiniones

¿La Constitución tiene la “culpa”?

“He leído y releído no sé cuántas veces nuestra Constitución (y tantas otras); pero nunca logré desentrañar en esas fórmulas el secreto del buen gobierno” (“La Constitución no tiene la culpa”). Norberto Bobbio.

A raíz del caso del senador Armando Traferri en Santa Fe se han puesto en discusión por lo menos dos temas: por un lado las inmunidades parlamentarias y por el otro, se ha adjudicado a la Constitución santafesina ser la responsable de los problemas institucionales que vive la Provincia.

Las inmunidades parlamentarias nacieron para asegurar el principio de la separación de los poderes: como búsqueda de independencia del poder legislativo frente a los otros poderes. No fueron creadas para refugio corporativo de los legisladores sino como garantía funcional de independencia frente a los poderes institucionales (Ejecutivo, Judicial) y también fácticos. Su fundamento se encuentra en el origen popular de los cuerpos legislativos.

Los constituyentes santafesinos de 1962 además de incorporar la inmunidad de opinión y arresto como previó la Constitución 1853/60, le agregaron una garantía más: la inmunidad de proceso. Esto es, el impedimento de que un legislador pueda ser sometido a proceso penal durante su mandato.

Sin embargo, ese “privilegio” nacido de la Constitución cede a través de otro instituto constitucional: el “desafuero”, que es el acto exclusivo de cada Cámara que tiene por objeto remover la inmunidad procesal que impide que el legislador sea juzgado.

En el caso del senador Traferri una mayoría parlamentaria agravada del cuerpo (⅔ de los votos de los presentes) impidió el desafuero. La pregunta que surge: ¿es la Constitución de Santa Fe el principal “problema” institucional o hay esencialmente un conflicto político de fondo?

Propongo algunos temas para el debate:

  • 1) Desde lo personal, prefiero el diseño constitucional de inmunidades previsto en la Constitución Nacional. Creo que los legisladores debieran poder ser sometidos a proceso judicial. Pero mi preferencia, como la de cualquiera, es materialmente irrelevante. La Constitución no se cambia ni se la incumple por gustos o preferencias de cada ciudadano. Existe una peligrosa tendencia: consagrar el derecho constitucional de “autor” que consiste en amoldar la Constitución según el nombre de la persona acusada.
  • 2) ¿Es inconstitucional nuestra Constitución?. El juez de Cámara José L. Mascali entendió que sí y en su resolución declara la inconstitucionalidad del 2do párrafo del art. 51 de la Constitución Provincial por vulnerar, sostiene, el principio de igualdad (entre iguales) permitiendo inmunidades que no se verifican para los legisladores nacionales en la Constitución Federal.

Discrepo con esta postura que fija un peligroso antecedente: el de quebrantar el derecho público provincial: específicamente lesionando el régimen federal previsto en la Constitución Nacional.

La forma en que cada una de las provincias establece, organiza sus poderes y se da sus instituciones locales es una facultad propia no delegada de éstas a la Nación. (art. 121 y 122 de la C.N.), siempre, claro que no se vulnere el sistema representativo y republicano o los principios, declaraciones y garantías (arts. 1  y 5 de la C.N.).

No toda discordancia o no coincidencia con la Constitución Nacional vuelve inconstitucional una norma provincial. Ya lo dijo la Corte Suprema Nacional en el caso Reutemann” en 1994 (“Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe s/ Acción Declarativa) cuando el ex Gobernador intentó por vía judicial declarar inconstitucional el art. 64 de nuestra Constitución que impide la reelección del Gobernador. La Corte aclara: “la necesidad de resguardar el sistema representativo republicano debe conducir a que las constituciones de provincia sean, en lo esencial de gobierno, semejantes a la Nacional…. Pero no exige, ni puede exigir que sean idénticas, una copia literal o mecánica, ni una reproducción más o menos exacta e igual a aquella”.

Surge claro: una reelección nacional no vuelve inconstitucional el impedimento de reelección de cualquier cargo provincial, incluida la del Gobernador. Como dijera el voto luminoso del Dr. Carlos Fayt: “la reeligibilidad en los cargos electivos no participa de los derechos fundamentales y la restricción materializada por medio de normas que la vedan, no degradan las sustancia de los derechos políticos”, porque una cosa son los derechos humanos y otra la organización del poder.

Por lo tanto, no es cierto que se vulnere el principio de igualdad permitiendo inmunidades que no se verifican para los legisladores nacionales en la Constitución Nacional. No hay “igualdad” entre un senador nacional y otro provincial. Sus roles, sus competencia, el sistema de representación es distinto. Y menos se puede aplicar, como sostiene el Juez Mascali, la Ley Nacional de Fueros Nro. 25.320 a los legisladores provinciales. El equivocado criterio “igualitario” del magistrado puede llevar a aniquilar la Constitución de Santa Fe: cualquier discordancia local será inconstitucional y por tanto, todo senador provincial podría reclamar la inconstitucionalidad del art. 38 de nuestra Carta Magna porque aquí el mandato dura 4 años y en la Constitución Nacional  dura 6 (art. 56); o cuestionar por inconstitucional el art. 36 de la Constitución local porque establece un sistema uninominal (1 por cada departamento, sin representación de las minorías) y en la Nación  le corresponden dos bancas a la mayoría y una a la minoría (art. 54).

  • 3) En consecuencia, en el caso Traferri, ¿estamos en presencia de un conflicto de naturaleza constitucional o esencialmente político? O dicho de otro modo: ¿por medio de la Constitución, aún en contra de ella, se quiere resolver un problema político?

La Constitución, como dijimos, prevé el desafuero. Es decir, nuestra norma fundamental contiene el “remedio” para impedir privilegios: excluir la inmunidad de un legislador para que sea sometido a proceso. Fue la mayoría del Senado la que impidió la “pérdida” de los fueros del senador Traferri, no la Constitución Provincial. Si queremos modificar la inmunidad de procedimiento (que comparto) hay que reformar la Constitución por los mecanismos previstos en ella: a través de una convención constituyente (como lo propusimos desde los gobiernos del Frente Progresista) y no mediante sentencias judiciales o el dictado de leyes inferiores que la contradigan.

Si el desacuerdo, por el contrario, fue en realidad con la decisión del Senado, entonces el problema es con la democracia o con las circunstanciales mayorías parlamentarias, no con la Constitución Provincial. Aún si modificásemos la Constitución pero seguimos votando lo mismo, quizá el resultado fuese idéntico: continuaremos echándole la culpa a la Constitución. Y una cosa es la Constitución y otra “el buen gobierno”.

Para bien y lamentablemente, a veces para mal, la democracia es la que hacemos”, diría el Profesor Hugo Quiroga: “La verdad se encuentra en la Constitución, y si no es así, será conveniente reformarla”, pero aquí y ahora, convengamos que sigue vigente la máxima del maestro Norberto Bobbio: “La Constitución no tiene la culpa”.


Oscar Blando es doctor en Derecho, profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR y ex director de Reforma política y Constitucional de Santa Fe.

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Autor

  • Doctor en Derecho. Profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR. Ex Director de Reforma política y Constitucional de Santa Fe.

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