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La vida después de Sain: el mayor costo político de su caída sería que se frustre el proyecto de reforma policial

La vida después de Sain: el mayor costo político de su caída sería que se frustre el proyecto de reforma policial



Osvaldo Aguirre


Desde fines del año pasado, cuando el senador provincial Armando Traferri fue acusado de proteger al juego clandestino, la política santafesina quedó envuelta en un clima de sospecha. El carpetazo, como se llama a la revelación de un registro distorsionado de archivo direccionado a perjudicar a su protagonista, pareció subyacer a la discusión. Las acusaciones apuntaron contra el ministerio de Seguridad. Paradójicamente, la única operación política comprobada fue la que le costó el cargo a Marcelo Sain: la difusión del audio con sus opiniones descarnadas sobre la policía y la burocracia de la provincia.

Sain dijo lo que se escucha en el registro durante una comunicación privada. Pero la excusa es inútil para las reglas del juego de la política. Abstraído de ese marco, en el contexto de la violencia que azota sin pausa a la provincia y de los avances opositores por distintos frentes, resultó ofensivo y discriminador y tuvo el efecto que probablemente buscaron quienes lo hicieron circular en las redes: dar el empujón que faltaba para hacer caer a un ministro enredado en la confrontación y sin posibilidad de respuesta inmediata a la inseguridad.

Entre las chicanas cruzadas de un lado y del otro se desempolvó la oposición entre porteños y santafesinos. Sain fue visto como una especie de agente externo, que venía a perturbar los modos de la gestión política y que formulaba sus acusaciones con desconocimiento de la provincia. Sin embargo, como señalaron incluso sus opositores, no era un recién llegado cuando el gobernador Omar Perotti lo incluyó en su gabinete. Hacía tres años que estaba en Santa Fe, antes de esa fecha ya había provocado una polémica en torno al financiamiento del boom inmobiliario rosarino y como director del Organismo de Investigaciones había observado el maridaje de política, fuerzas de seguridad, actores económicos y grupos narcos que conforma el crimen organizado.

Con esa experiencia pensó su intervención de seguridad y también con la distancia con que podía observar el escenario desde su condición de extraterritorial. Sain pudo interpelar con su estilo a la política y a la sociedad santafesina porque estaba al margen de los acuerdos tácitos y de los modos corrientes en el debate público. Atacó al provincianismo, pero el mal genio que lo caracteriza terminó por ser un flanco débil, aquello de lo que se sirvieron sus detractores para construir la imagen de un funcionario soberbio que no toleraba la crítica.

Sain se propuso poner a la policía bajo la conducción del ministerio. Su primera acción consistió en neutralizar lo que percibió como un intento de imponer un jefe de policía provincial desde el departamento San Lorenzo, donde se había enquistado uno de los tantos nichos de corrupción instalados en la fuerza. El eje de su plan fue la reforma de la policía, un proyecto cuya elaboración pareció demorarse pero que finalmente ingresó para su tratamiento en la legislatura provincial.

En ese momento Sain decía que su permanencia en el cargo dependía de la reforma policial. Sin embargo, cuando finalmente el pliego de leyes ingresó a la legislatura, profundizó la confrontación. No fue su exclusiva responsabilidad, porque un sector de la oposición atribuyó la persecución judicial del juego clandestino a su designio. También porque no se escucharon demasiadas voces que lo respaldaran y porque la campaña en torno a la necesidad de la reforma se desplegó como una cruzada personal, hasta que él mismo pareció abandonar la batalla para enfrascarse en la discusión con lo que llamó “el bloque tradicional de poder en Santa Fe”, donde asoció a sectores del peronismo con otros del Frente Progresista.


Fotografía: Alan Monzón

Parece un chiste que algunas de sus declaraciones pudieran ser tomadas como apretadas en Twitter, donde la violencia es moneda corriente. Pero también es revelador de una gestión sin alianzas y de un ánimo provocativo que lo llevó a sostener incidentes que pudo haberse ahorrado y lo desgastaron sin ningún provecho. Los significados de los mensajes en las redes sociales —en Twitter, sobre todo— son determinados por los receptores y los tuits de Sain fueron interpretados inevitablemente en el marco de la disputa política y también desde una imagen negativa que sus críticos terminaron por instalar.

La identificación con Sain parece ahora una lápida para la reforma. La falta de acompañamiento en la difusión del proyecto y su excesivo protagonismo personal —no hubo otros funcionarios del área de seguridad que se expusieran públicamente— fueron otros factores de su caída. En el mes de febrero hubo concentraciones espontáneas de vecinos en barrios de Rosario y Santa Fe con reclamos por mayor seguridad, y el nombre con el que identificaron esos problemas fue el del ex ministro.

El mayor costo político de la renuncia de Sain sería que con su salida se perdiera aquello que impulsó: la reforma policial, la decisión de controlar a la policía en vez de concederle márgenes de autonomía según la práctica histórica de la política provincial y la creación de dispositivos de registro y seguimiento del delito. Estos dispositivos no son “comentarios de la actualidad”, como los descalifica parte de la oposición, sino que apuntan a establecer la política de seguridad sobre la base de datos y de observaciones empíricas y no de los prejuicios y los lugares comunes que habitualmente sustentan la mano dura y que son una causa principal de los problemas que aquejan a la provincia.

No es una casualidad que la salida de Sain sea celebrada por personajes que operan sobre la policía provincial con supuestas reivindicaciones gremiales. El estado crónico de desmoralización de la fuerza hace que esas voces tengan algún tipo de repercusión. Vale la pena recordar el reciente proceso en que la Justicia Federal condenó a un ex jefe policial como partícipe en el narcotráfico porque la renuncia de Sain ahora parece dar argumentos a los partidarios del punitivismo y la mano dura. No se trató solamente de policías que cometían delitos ocasionales sino de policías que utilizaron la función pública para organizar el narcotráfico que supuestamente combatían bajo la fachada de funcionarios incorruptibles, una mascarada que entusiasmó sin grieta a la clase política santafesina.

La policía de Santa Fe no tiene resultados para mostrar a la sociedad. Todavía se hacen partes de prensa sobre efectivos que ayudan a embarazadas a dar a luz en la vía pública. Si la tendencia se profundiza, en poco tiempo será noticia que ayuden a personas para cruzar la calle. La decisión de condecorar a un agente que disparó sobre dos ladrones en moto prácticamente a quemarropa puso de relieve el fenómeno. El video no incluye el audio, pero es improbable que les haya dado como dijo la voz de alto, ya que el episodio transcurrió “en cuestión de nanosegundos” según la definición de Adrián Forni, el jefe de la policía de Rosario.

Las fuerzas de seguridad tienen memorias institucionales y modelos donde resguardan el sentido de su misión y un espíritu de cuerpo que reivindica condiciones virtuosas. La policía de Santa Fe no solo carece de esas referencias sino que desde la ley orgánica en vigencia desde 1975 ha consagrado y protegido en su interior prácticas asociadas al gatillo fácil, las torturas, la desaparición de personas y la corrupción, hasta llegar a un estado que parece terminal. Esa policía a la que Sain denostó en el último audio fue también uno de los factores principales de su caída.


Fotografía: Alan Monzón

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