Con las manos vacías. Leonardo Peiti no pudo concretar el sueño de explotar el juego en la provincia de Santa Fe, pese a las coimas que pagó a diestra y siniestra y a sus presuntos aportes para la campaña electoral del Frente de Todos en las elecciones de 2019, perdió las licencias que tenía en Paraguay, Formosa y Mar del Plata y acaba de recibir una condena de prisión que por el momento cumple “encerrado en un loquero”, según sus palabras. De nuevo, como hizo al involucrar a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, no tuvo más remedio que declarar ante la Justicia y en su calidad de imputado colaborador describió la trama de protección en torno a sus negocios y en particular el lobby que atribuyó al senador Armando Traferri.
Los datos surgen de la declaración que Peiti realizó el 13 de setiembre ante fiscales de Rosario, Melincué y Rafaela y ante la jueza Eleonora Verón en el marco de un acuerdo para un juicio abreviado que el juez Rafael Coria homologó esta semana. El ex zar del juego en la provincia fue condenado a tres años de prisión efectiva más el pago de una multa millonaria y el decomiso de diecinueve lotes en Funes.
La declaración de Peiti contiene muchos datos que exigen investigaciones: entre otros, la voracidad policial en busca de sobornos y “ayudas”, en lo que destacó el rol de los comisarios José Luis Amaya y Daniel Corbellini y también mencionó al secretario de Apropol, Alberto Martínez; el hecho de que los inconvenientes para el juego clandestino en el departamento General López se resolvieron después del supuesto envío de 40 mil dólares destinados al senador Lisandro Enrico (aunque no le consta que los haya recibido) y de que la investigación resurgió como una vendetta de Corbellini cuando Peiti interrumpió el pago periódico de coimas; las contribuciones de David Perona, el capitalista de Rafaela, al senador Alcides Calvo para la campaña electoral de 2019, y las presuntas intervenciones en su favor del juez Gonzalo Basualdo, de Reconquista.
Peiti argumentó que sus intenciones eran lograr un convenio entre la Lotería de Misiones —la única jurisdicción donde ahora conserva licencias, aunque “no sé hasta cuando las voy a tener”— y la Lotería de Santa Fe para desarrollar el juego on line. “Empecé en forma normal a querer obtenerlo y era imposible”, dijo, respecto a lo que en realidad eran requerimientos legales.
Su primer contacto fue el entonces secretario legislativo del Senado, Ricardo Paulichenco, al que conoció entre 2015 y 2016 en el tradicional Club del Orden de la ciudad de Santa Fe, “donde había unos señores que tenían los arreglos correspondientes y yo abastecía de unas máquinas que se usaban en ese momento”.
Peiti comenzó a pagar “un promedio de 4 ó 5 mil dólares por mes” a Paulichenco; a cambio, el secretario del Senado “se encargaba supuestamente de tocar algunos actores y de generar algunas reuniones” para interceder “con los representantes de cada zona” para favorecer sus negocios.
No obstante, según su relato los arreglos exigieron pagos adicionales. El senador Hugo Rassetto, del departamento Iriondo, se había pronunciado enérgicamente contra el juego clandestino en declaraciones periodísticas, pero según Peiti llegaron a un entendimiento después de una reunión personal: “estábamos hablando de algo de 40 ó 50 mil dólares que le di a Rassetto, y él dijo está bien, pueden jugar”.
En el departamento General López también había persecuciones contra el juego clandestino. Según Peiti, el senador Rassetto y Paolichenco se comprometieron a interceder ante Lisandro Enrico, para lo que desembolsó otros 40 mil dólares. “Se terminaron los problemas y se terminó el hostigamiento y se pudo seguir con la actividad”, dijo.
Al mismo tiempo, pagaba sobornos a la policía. “Los grandes manejadores del tema eran Corbellini y Amaya”, dijo. “Y era toda una lucha, una pelea: si vos le dabas cinco ellos querían quince o veinte”, agregó.
Según la investigación, la cúpula policial de la provincia recibía coimas literalmente a cuatro manos. Amaya fue jefe de la policía provincial entre abril de 2016 y febrero de 2018, cuando anunció que se retiraba “totalmente tranquilo” porque no tenía nada que ocultar; el subjefe que lo acompañó hasta octubre de 2017, José Jorge Alberto Pérez, fue acusado por recibir sobornos de David Perona, el capitalista de juego clandestino de Rafaela. El juego clandestino no se le escapaba a esta policía que se enorgullecía “de haber mucho en pos de la sociedad”, según su titular.
La trama del lobby
El contacto con Traferri, según Peiti, surgió de los oficios de Paulichenco “y de ahí empezamos a tener a través de los años infinidad de encuentros”. En particular, para los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery resultan en principio significativos los encuentros que probaron el 29 de abril y el 19 de mayo de 2017.
Cinco días antes de aquel primer encuentro, el senador Traferri y el entonces fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, se reunieron en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario de Montevideo 1968. Según Ponce Asahad el motivo fue un pedido de Peiti a raíz de la causa que había iniciado la fiscalía de Melincué.
La causa que investigó el fiscal de Melincué, Matías Merlo, comenzó formalmente con la denuncia del presidente comunal de Hughes sobre la existencia de un garito clandestino en esa localidad y el nombre de “Cacho Peiti” que surgió como administrador después del primer allanamiento. Pero según el capitalista se trató de una represalia de Corbellini, y de hecho resulta llamativo que no existan policías involucrados en esa causa, a diferencia de lo que ocurrió en Rosario, Rafaela y Reconquista.
“Siempre me manejé con Corbellini y con Amaya —dijo Peiti—. Ellos manejaban las cosas y después los distintos actores de distintos lugares que explotaban el juego arreglaban con la policía local de cada ciudad”. Una referencia que resalta la ausencia de policías investigados en General López.
El problema para Peiti era que el juego clandestino, a partir de diciembre de 2016, había dejado de ser una infracción al Código de Faltas para convertirse en un delito castigado por el Código Penal. “Antes esto era una contravención, lo cual generaba una cierta tranquilidad en mi actividad”, recordó en la declaración ante el pleno de fiscales. La protección policial ya no le resultaba útil y tuvo una discusión con Corbellini: “el tipo hizo una investigación y se la facilita a Merlo, entonces viene con una serie de allanamientos”. En ese contexto fue, según dijo, que recurrió nuevamente a Traferri y que el senador del departamento de San Lorenzo puso el tema en manos de Serjal y Ponce Asahad.
El problema para Peiti era que el juego clandestino, a partir de diciembre de 2016, había dejado de ser una infracción al Código de Faltas para convertirse en un delito castigado por el Código Penal
“Pipi le pide (a Serjal) que me cuide y que no deje que me hagan ninguna camita, que no me ensucien porque para llegar a acceder a lo que nosotros buscábamos necesitábamos tener libre antecedentes (sic)”, declaró Peiti, que pareció tener un recuerdo más amistoso de Nelson Ugolini, el empleado de Ponce Asahad, por los datos que le pasaba y con los cuales trataba de manejarse en otro frente de tormenta: las extorsiones de Maximiliano “Cachete” Díaz y Los Monos.
Ugolini, detalló Peiti, “me empieza a pasar información para poder chapear con estos negros que me extorsionaban y conseguir que los tipos pensaran que yo tenía poder”. Los Monos partieron de una exigencia de 400 mil dólares. “¿De donde iba a sacar yo esa plata? —se preguntó— Después de 45 días de peleas y de arreglos, y que me tiran tiros arreglé que le iba pagar 15.000 dólares en la primera entrega, y después 5.000 dólares por mes. Y por las conexiones y el chamuyo que yo les iba diciendo me bajaron a 2.500 la cuota”.
El final menos pensado
Peiti se describió como un empresario honesto, impulsado por el supuesto deseo de beneficiar a la sociedad, que no ambicionaba enriquecerse sino “darle las herramientas a la gente, y tener en la provincia una herramienta para poder recaudar” y por ejemplo financiar “un plan de seguridad integral”. Pero reconoció la magnitud del negocio y le puso cifras: “Yo tenía una proyección hecha. Una máquina generaba 125 ó 150 mil pesos mensuales como ganancia y calculaba que se podían poner 10.000 mil máquinas en la provincia, porque hay 2.500 agencias. O sea que en bruto (se recaudarían) 1.200 millones de pesos mensuales”.
Ante la pregunta sobre los pormenores del arreglo, Peiti dijo que “habíamos hablado como se maneja esa clase de negocios”, lo que denota una práctica corrupta establecida: “un 20 o un 30 por ciento podía destinarse para la política, así la política decide qué hacer con ese dinero, y a buen entendedor pocas palabras”.
Después del rechazo del gobernador Miguel Lifschitz a una gestión que intentó Oscar Larrauri y de la Lotería de Santa Fe al proyecto que presentó en junio de 2017, “empecé a hacer gestiones con el senador Armando Traferri, para ver si él podía sacar algo a través de la Legislatura”, dijo Peiti. Precisamente el 15 de agosto el capitalista viajó a Santa Fe para encontrarse con Paulichenco.
Ese mismo mes Peiti se reunió con el juez Gonzalo Basualdo de Reconquista “para poder trabajar tranquilos” ya que también había investigaciones contra el juego en la zona y, en una conversación con Paulichenco del 23 de agosto, alude a conversaciones de Traferri con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y el ministro de Justicia Ricardo Silberstein “por el tema del 301”, en alusión al artículo del Código Penal que castiga el juego clandestino. “Traeme plata”, lo apremia entonces el secretario del Senado.
El pago de sobornos aparecía naturalizado a través de eufemismos. Las coimas a la policía habrían sido así “un plus” y tres pagos de mil dólares cada uno al juez Basualdo constituyeron “regalos” con el criterio de que “favor con favor se paga”. En particular, “quiero dejar en claro que él nunca me pidió una moneda (…) nunca me dijo tenés que dar tanto, yo lo fui ayudando”, dijo Peiti de Traferri. No obstante, “yo le daba la plata y él se la iba llevando, así de clarito. Después si ganaba Perotti, íbamos a concretar el convenio e íbamos a tener todos supuestamente un final feliz”.
En ese escenario, el entonces diputado Darío Scataglini también habría asomado como un gestor de influencias decisivas. “Un hombre fuerte en la política que manejaba la Cámara de Diputados y el Pipi que manejaba la cámara de Senadores, entonces políticamente íbamos por el camino correcto”, rememoró Peiti.
El llamado de Scataglini al teléfono pinchado de Peiti, el 10 de julio de 2020, la punta del hilo en la investigación del lobby, obedeció a una reunión que se concretó en Santa Fe y donde los negocios parecían cerca de aquel final feliz con el que se ilusionaban. “Ya tenemos todo cocinado, ya tenemos todo cerrado”, le habría dicho su interlocutor.
Las ilusiones se mantuvieron hasta último momento e incluyeron al menos una reunión en el estudio de Carlos Carranza, “que puso el lugar de forma amable para tener privacidad”, y en la que Peiti pidió explicaciones después de recordar sus aportes para la campaña electoral: “Yo quería respuesta porque había contribuido durante años, tenía la promesa de que el arreglo iba a salir y salió todo al revés y quedé en una situación contraria”. A fines de ese mes fue detenido “y comenzó la debacle”.
La declaración del imputado colaborador también revela que los capitalistas del juego clandestino apostaron por el Frente de Todos en las elecciones provinciales de 2019, ya que Perona habría hecho aportes para la campaña y Peiti los efectuó como una inversión a cuenta de las ganancias que proyectaba: “Él (Traferri) dijo que tenía todo armado con Perotti, para que gane Perotti, y entonces supuestamente yo lo fui ayudando, colaborando y habré puesto para la campaña algo más de 200.000 dólares, en varias entregas”.
Peiti dejó deslizar cierto rencor hacia sus antiguos contactos en la política: “me corrieron a un costado”, dijo respecto de la concesión del juego on line al grupo Boldt. “Si yo colaboré para la campaña de Perotti lo hice pensando en que iba a conseguir el mejor negocio de mi vida”, agregó.
En la clínica de salud mental donde permanece detenido, Peiti siente que es el único perjudicado y hace pronósticos sombríos sobre el futuro. “El pato de la boda soy yo. El negocio va a estar toda la vida, solo va cambiando de dueños”, dice, y nadie puede negar que habla de lo que sabe.
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