Por qué cuesta tanto avanzar en la
lucha contra los femicidios



Por Gabriela Navarra


La mañana del 11 de mayo de 2015 Marcela Ojeda (@marcelitaojeda), una de las movileras más conocidas del país, sintió que no aguantaba más. Chiara Páez, de 14 años, embarazada de dos meses, había sido asesinada a golpes por su novio en Rufino, al sur de Santa Fe. Entonces, sobrepasada, Ojeda tuiteó: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah, ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO”.

La conmoción, la impotencia, la indignación hicieron que el mensaje no tardara en viralizarse. Y apenas 20 días después, el 3 de junio, una manifestación que se llamó “Ni una menos” movilizó a todo el país. El movimiento de mujeres se había puesto de pie y estaba en marcha, una marcha que no se detuvo desde entonces.

Uno de los primeros reclamos de la marcha inicial que logró respuesta fue la creación de un Registro Nacional de Femicidios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elena Highton de Nolasco lo concretó enseguida, cuando se le venía reclamando ese instrumento al Estado Nacional desde la sanción de Ley de 2009 (Ley 26485), de Protección Integral a las Mujeres.

Pero ese Registro, si bien el oficial de la República Argentina, no es el único. “Hay varios: el del Ministerio de Seguridad, el del Defensor del Pueblo de la Nación, el de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y los de las distintas provincias. Y eso es un problema —dice Ada Rico, al frente de La Casa del Encuentro, la primera asociación civil que, desde 2008, cuenta los femicidios y lleva estadísticas sobre el tema—. Los Registros de la sociedad civil, el nuestro y otros, recopilamos información de los medios. En 2008 eran 43, hoy, son 103 medios. Pero a nivel oficial los Registros se deben nutrir de expedientes. No existe unidad metodológica en la búsqueda. La información a menudo está mal recolectada. Y si no se conoce la realidad no se pueden generar políticas públicas ni recursos suficientes. Generalmente a nivel oficial los femicidios registrados son menos: todo depende de la carátula que le ponga el juez. Y eso es una lotería”.

“En muchos femicidios se omite hablar de violencia de género y eso cuenta a la hora de registrarlo en el padrón de la Corte Suprema —agrega Claudia Acuña, periodista, fundadora de la Cooperativa MU La Vaca, que lleva adelante el Observatorio de Femicidios Lucía Pérez—. Eso hace que algunas provincias no tengan femicidios, cuando desde luego eso no es real. En el caso de los travesticidios, las carátulas no lo dicen: el único caso en que se reconoció un travesticidio fue el de Diana Sacayán, asesinada en octubre de 2015”.



Un delito silenciado


Sofía Duarte, licenciada en Ciencias Políticas especializada en género y políticas públicas, explica que la ley de 2009 creó el Consejo Nacional de las Mujeres, el primer dispositivo del Estado en trabajar cuestiones de género a nivel centralizado, que evolucionó después hacia el Instituto Nacional de las Mujeres y, recientemente, al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. “Pero 2015, con Ni una Menos, fue un punto de inflexión, que puso en funcionamiento muchos dispositivos del Estado o de la Justicia para dar respuesta a los femicidios y generar políticas de género.”

Duarte resalta que, sin embargo, en nuestro país el Código Penal no tipifica al femicidio como delito bajo ese nombre, aunque le corresponde prisión perpetua. “La primera vez que se lo menciona en términos jurídicos y legales es en la ley 26791 de 2012, donde se incorporan al artículo 80 del Código Penal agravantes por homicidio en relaciones vinculares, homicidio por odio de género y homicidio en contexto de violencia de género. Pero no se dice ‘femicidio’: es un homicidio y se investiga en la misma línea que éste; no está reconocido o tipificado como delito a nivel penal pero sí sus agravantes. Hay quienes creen que tipificarlo sería negativo porque algunos jueces podrían entorpecer la causa, o ponerlo como excusa para no aplicarlo. Sí, claro, detrás de no decir explícitamente femicidio está la misoginia”.

“Antes de esta ley, cuando asesinaban a una mujer tenía que tener un vínculo legal con el presunto homicida para que se lo considerara un agravante; si era novio o ex pareja era homicidio simple. Por eso el agravante por violencia de género fue un adelanto”, añade Ada Rico.

El Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, que registra femicidios, travesticidios, desapariciones y muertas por aborto clandestino, incorpora además otro elemento: las marchas —91 este año, hasta el 18 de setiembre— para reclamar por las chicas asesinadas. 

“Es un dato que nos permite mirar la respuesta de la comunidad. Muchos de estos femicidios no son los de un novio celoso sino crímenes donde se incluye al Estado. Por eso la gente no sale a linchar asesinos sino a quemar comisarías. Hay ‘machitos’ protegidos por la red de impunidad territorial del barrio, que es la trama que tan bien describe Rita Segato cuando analiza los femicidios de las maquiladoras de Ciudad Juárez, en México. ¿Cómo vas a pedir justicia o que investigue la policía si tanto la justicia como la policía son parte del problema?”, dice Claudia Acuña.


Norma López y Diana Maffia.

Femicidios en pandemia


Norma López, concejala del Frente de Todos en Rosario, que lleva desde hace una década un Mapa de Femicidios en todo el país, no contabilizó más crímenes contra las mujeres en pandemia, aunque sí más violencia y delitos sexuales.

Ada Rico, de La Casa del Encuentro, indica en cambio que a fines de julio esa institución había registrado un 15 por ciento más de femicidios con relación al año anterior. “Y en una semana, en septiembre, asesinaron ocho mujeres”, dice.

Diana Maffía, doctora en Filosofía y feminista, al frente del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, también afirma que durante la pandemia recrudecieron las violencias, el abuso infantil y los femicidios.

“Es que las recomendaciones las hicieron funcionarios que conocen únicamente su realidad —afirma—. Un enfoque de salud biomédico que mandó a lavarse las manos a gente que no tenía agua, a conservar distancia social a gente que vive hacinada y a quedarse en la casa a mujeres que viven con un abusador o un golpeador: en el 65 por ciento de los casos las mujeres mueren en sus casas a manos de sus parejas. Cuando crecieron las denuncias y vieron que había más femicidios cambiaron las normas y autorizaron a las mujeres a salir a hacer denuncias. Hasta ese momento no sólo no habían tomado algunas denuncias en las comisarías, sino que les habían labrado actas a las mujeres por infringir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.



SOS Peligro


¿De qué manera pide ayuda una mujer golpeada o abusada antes de que la maten? Todo depende del lugar donde sea, pero en el país existen números telefónicos de llamada gratuita (el 144, de orientación y el 911 de asistencia policial presencial en el lugar) difundidos por la TV, las redes sociales y la vía pública, y lugares adonde concurrir personalmente: comisarías (algunas, especializadas en la atención de la mujer) y reparticiones de la Justicia (fiscalías) donde es posible realizar denuncias. Durante la pandemia, además, se habilitaron números de WhatsApp en caso de no que no se pueda pedir ayuda verbalmente.

“Hay comisarías que no quieren tomar la denuncia, aunque las de la Mujer están preparadas para dar respuestas en estos casos —explica Sofía Duarte—. La Justicia es otro universo: según la provincia habrá más bocas de recepción de denuncias. Se tiende a buscar respuestas interdisciplinarias. No hay una sola respuesta que pueda abordar todas las necesidades”.

“Un gran problema es que no toda la Justicia tiene perspectiva de género —afirma Ada Rico—. Hay fiscalías especializadas en Buenos Aires y en varias provincias, pero los femicidios no pasan automáticamente a esas fiscalías”.

Norma López añade que realizar las denuncias en las comisarías no siempre es fácil para las mujeres porque “un porcentaje de los femicidas son policías, activos o retirados. Desde el 20 de marzo en adelante, por ejemplo, hubo cinco femicidios cuyos autores eran policías. Y es común que antes de ser exonerados prefieran suicidarse.”

“La Policía no siempre recibe la denuncia: si no está entrenada, hasta la desalientan —dice Diana Maffia—. Desde el 2018, con la Ley Micaela, hay 20 horas de capacitación para todos los empleados públicos de todos los poderes del Estado. Hay voluntad, pero siempre se encuentran obstáculos”.

En la provincia de Santa Fe “el ministerio de Seguridad generó un espacio de toma de denuncias que son los Centros Territoriales en toda la provincia”, afirma Augusto Montero, director de Política Criminal de Santa Fe. Atienden de 8 a 20, y ahí mismo hay médicos y médicas que hacen las constataciones de las lesiones. También funcionan Comisarías de la Mujer con personal especializado las 24 horas y hay fiscales, también las 24 horas.”

Suma Política intentó ponerse en contacto con Natacha Guala, subsecretaria del Ministerio de Seguridad, para saber más sobre los Centros Territoriales de Denuncia. También con Alejandra del Río, fiscal referente de género de la ciudad de Santa Fe, y con Emilce Chimenti, jefa de la Policía. En ninguno de los tres casos hubo respuestas a la requisitoria periodística.


Ada Rico y Claudia Acuña.

La dependencia económica


Los dispositivos, dice Ada Rico, son siempre insuficientes. “En casos de riesgo extremo las mujeres son derivadas a refugios con sus hijos, siempre y cuando los varones no tengan más de 14 años. Pero los refugios no deben ser un depósito de víctimas.”

Recientemente, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad puso en marcha el Programa “Acompañar”, que prevé por seis meses una ayuda equivalente a un salario mínimo, vital y móvil de 16.874 pesos. “Para que la mujer pueda iniciar un nuevo proyecto de vida tendría que tener un seguro de al menos tres años, y no un magro salario mínimo. Y capacitación para insertarse laboralmente, a cargo del Estado.”

La ley Brisa supone una reparación económica para hijos, hijas y víctimas colaterales de femicidio. “Muchos la cobran, pero pedimos un informe de los seiscientos y pico de expedientes que se sumaron con la pandemia y no tuvimos respuesta”, dice Rico.

“La reglamentación de la ley Brisa se hizo tan mal que para cobrarla hay que iniciar una causa: no es un trámite, hace falta un abogado y pagarle, y si no se dispone de dinero esperar un año o más que te toque el abogado de oficio, para cobrar finalmente 8.000 pesos”, agrega Claudia Acuña, de MU.

Acuña dice que existe un problema de fondo y es la burocracia de género. “Para acceder a cualquier tipo de subsidio hay que aguantarse toda esa burocracia —afirma—. Por cada mujer golpeada, ‘comen’ cinco o seis personas: las psicólogas, las asistentes sociales, las que capacitan. En realidad, las mujeres agredidas le están salvando la vida a los burócratas”.

Lo razonable, coinciden las especialistas, sería que el agresor fuera quien se retire de la vivienda familiar y el Estado quien le provea de alimentos a la mujer y a sus hijos. Uno de los aspectos más fuertes que conspiran contra la mujer es su dependencia económica, que la ata a un hogar adonde es maltratada. “Y la idea es que el precio de los alimentos de sus hijos no sea el golpe que ella recibe”, se lamenta Diana Maffia.

Cuando la Justicia considera que la vida de la mujer está en riesgo, se aplican medidas cautelares: inmediatamente se excluye al agresor de la casa, se le pone una pulsera electrónica para saber si se acerca, o se le da un botón de pánico a la mujer. Pero el problema es que nadie se ocupa de ver si estas medidas se cumplen o no, agrega Diana Maffía. “No podemos poner un policía de guardia a cada mujer golpeada”, dice que debaten el ejecutivo y la Justicia.

“En la provincia de Santa Fe hay 30 mil denuncias anuales por violencia de género —indica Augusto Montero—. Establecer esquemas de protección para todos los casos tiene su complejidad”.

Diana Maffia cuestiona el papel de la Justicia. “Los fiscales están saturados y no preguntan, el sistema no está informatizado. Una mujer denuncia en un Juzgado y después denuncia en otro pero como el sistema no está digitalizado no aparece el expediente anterior y el historial de violencia. Así no se puede evaluar el riesgo —explica—. Además, el fiscal no está obligado a preguntar por situaciones anteriores, o indagar más: ‘¿te amenazó? ¿es la primera vez? ¿te revisa el Facebook o el teléfono? ¿te controla la plata? ¿te insulta? ¿te hace sentir que sos una inútil, que sin él no podés vivir?’ Antes de la violencia física se produjeron todas éstas, que la ataron simbólicamente cada vez más a ese hombre. Eso no siempre se indaga”.

“Tenemos una justicia arcaica que se maneja con papeles —dice Ada Rico—. Es un problema grave. Las mujeres van juntando denuncias. Corina Fernández tenía 82 denuncias de amenazas en juzgados distintos hasta que el tipo fue a la escuela disfrazado de abuelito y la baleó”.

Las especialistas coinciden en que no todas las mujeres se animan a denunciar y que, cuando lo hacen, a menudo no cuentan todo. Por eso hay que preguntarles, darles tiempo. Pero eso no siempre pasa.


Augusto Montero y Sofía Duarte.

El sistema en Santa Fe


Santa Fe, en ese sentido, tiene un sistema acusatorio que rige en la provincia desde 2014 y que le da al fiscal otro protagonismo: deja de ser el juez el único que investiga. Y, además, existen fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, si bien toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada en principio como femicidio, no se ocupa del caso un fiscal especializado en crímenes de género sino un fiscal de homicidios. Las fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual se reservan para investigar todo tipo de agresiones contra las mujeres y disidencias sexuales y los intentos, pero no cuando hubo una muerte.

Carla Cerliani, de la fiscalía especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual de Rosario, añade que en Santa Fe la Justicia sí está digitalizada y “que por el cambio de sistema acusatorio la denuncia viene a la fiscalía, no va a un juzgado. Las denuncias las reciben los fiscales y las acumula el mismo fiscal, no va a un juez ni a un turno de jueces”.

Sin embargo, no se derivan directamente a un fiscal con orientación de género, que sí los hay en la provincia. “Podría ser una decisión que los crímenes de mujeres fueran investigados por una fiscalía con orientación de género. Pero todos y todas las que trabajamos en el sistema de Justicia debemos tener una formación en género en nuestro trabajo. Recién este año salió la ley Micaela”, agrega Cerliani.

Augusto Montero añade que sólo denuncia el 16 por ciento de las mujeres agredidas. “El resto tiene agresiones previas pero no denunciadas. En parte, porque muchas son vulnerables. El 40 por ciento tiene menos de 25 años, bajo nivel de escolaridad, una situación económica muy precaria, hijos chicos”.

Si aun con un sistema digitalizado y denuncias radicadas en una misma fiscalía —lo que permitiría, en teoría, hacer un seguimiento del caso—, en Santa Fe oficialmente durante el periodo 2014-2018 se produjeron 228 femicidios, ¿no es un fracaso de la Justicia? “Pensar que la Justicia tiene que asumir la responsabilidad de un problema como las violencias contra las mujeres es un error —asegura Montero—. La acción tiene que ser efectiva pero hay una serie de procesos institucionales, políticos y culturales sobre los que hay que actuar en conjunto. Sí es un fracaso de sistemas que generan un complejo de vulnerabilidades para las mujeres que va mucho más allá de lo que la Justicia puede hacer”.



La reacción patriarcal


¿Por qué con todos los recursos que parecen existir para evitarlos no disminuyen los femicidios? “Porque vivimos en un mundo con inequidades basado en el patriarcado que atraviesa todo. Y sostiene el privilegio de varones sobre mujeres. En los últimos años hubo un avance en cambio de paradigmas y derechos de género para las mujeres y los colectivos LGTBQ+. El movimiento de mujeres volvió al feminismo un fenómeno popular, que ya no está limitado a clase media y media alta, y el patriarcado necesita combatir todos estos avances para poder sostenerse”, dice Norma López.

“Lo primero es comprender que la violencia de género no es de la vida privada, es una cuestión pública —agrega López—. Falta un fortalecimiento del Estado, a través de los distintos gobiernos, locales y provinciales, para garantizar derechos. Y no siempre tienen que ver con lo presupuestario sino con habilitar la palabra, el pensamiento, la construcción cotidiana, el cambio en la Justicia, en la visión de las fuerzas de seguridad”.

Ada Rico se lamenta: “En los últimos 12 años hemos registrado más de 3.000 femicidios y miles de bebés, niñas, niños y adolescentes que se quedaron sin madre. Lamentablemente, tenemos patriarcado para rato”.

La reacción patriarcal a los avances en derechos y visibilización como una de las causas que mantienen los femicidios también es una hipótesis para Sofía Duarte. “Es una reacción machista a perder privilegios. Son muy pocos los varones a quienes no les hace algún ‘ruido’ el empoderamiento de la mujer y la equidad con el varón. Algunos hombres no tienen otra forma de demostrar que siguen teniendo control sobre la mujer que la violencia, que puede terminar en la muerte. Otro problema es que no se trabaja en instituciones libres de machismo, recién es algo que se está empezando a debatir en sindicatos, clubes de fútbol, administración pública: construir masculinidades no violentas. En mucho hace falta voluntad política y los cambios no serán de un día al otro”.

Duarte, además, hace hincapié en los microejercicios del poder, más allá de las leyes y reglamentaciones. “El policía que te atiende cuando vas a hacer la denuncia, la persona que te recibió en la mesa de entradas del juzgado, la enfermera que te atendió cuando llegaste cagada a palos al hospital… si ese que primero te atiende tiene perspectiva de género y entiende por la situación que estás pasando, tu circulación por las instituciones será muy distinta que si el primero que te atiende es machista.”

Para Claudia Acuña, lo primero que tiene que reconocer el Estado es la transversalidad de la violencia, que también lo incluye, al igual que a todos los poderes. “El Estado debe escuchar a las familias, a los vecinos, debe atender a las tramas territoriales: la política no es ajena ni a los femicidios ni a la violencia —afirma—. No puede haber un senador acusado de violación que se haya tomado una licencia (N. de la R. se refiere al senador por el Frente de Todos de Tucumán José Alperovich). Nunca se cacareó tanto en nombre del feminismo como en este gobierno. Por mucho tiempo tendremos que dejar de usar la palabra si sigue maltratándose así”.


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