¿Por qué mataron a Trasante?
La pista del Pabellón 9 de Piñero



Por Osvaldo Aguirre

Desde la tarde del martes 14 de julio, cuando dos hombres ingresaron al domicilio de San Nicolás 3638 y asesinaron a Eduardo Trasante la pregunta más repetida en el caso es quién mató al pastor del Ministerio Vida para tu Vida y ex concejal de Ciudad Futura. Las pistas llegan hasta el Pabellón 9 de la cárcel de Piñero, ese laboratorio del delito organizado que funciona en las narices del Servicio Penitenciario de la Provincia. Pero el enigma es todavía más insondable alrededor de otro interrogante, el que tiene que ver con el móvil del asesinato.

No había recibido amenazas. No se sabe que afectara directamente los intereses de algún narcotraficante. No hay registro de incidentes en sus visitas a las cárceles provinciales. Había perdonado a los asesinos de su hijo Jeremías. Seguía ligado a la actividad política, pero parecía más dedicado al trabajo pastoral. ¿Por qué mataron a Trasante?

“No había nada distinto. Al revés, estaba más tranquilo”, dice Gabriela Durruty, abogada de la familia Trasante.

La cartelería de Ciudad Futura para la demanda de esclarecimiento adopta la portada de ¿Quién mató a Rosendo?, la investigación de Rodolfo Walsh sobre el asesinato del sindicalista Rosendo García. “Este crimen es un mensaje para la clase política de quienes más se benefician de la industria del delito y sobre todo del narcotráfico —agrega Durruty—. Puede ser un peldaño más en la escalada en el nivel de la violencia que venimos sufriendo: matar personas como mensaje”.



El rompecabezas


El plan para matar a Trasante se presenta hasta el momento como una cadena donde cada eslabón está en contacto con el siguiente pero desconoce el armado de la operación. Un pasamanos que se oscurece en su comienzo y en su final, para ocultar la identidad de los que encargaron el crimen y de los que lo ejecutaron. “No es sencillo identificar al organizador porque ellos tienen una red de tráfico de información que dificulta llegar a ese punto”, dice el fiscal Matías Edery.

Los sicarios actuaron con premeditación: uno se encargó de reducir a Carolina Leones, la esposa de Trasante, y el otro de atacar al pastor, primero con un disparo en la mano y después con otro en la cabeza. Tenían información: le dijeron a la mujer cuando salió a la puerta de calle, que iban en nombre de una de las hijas del pastor. “Hacen alusión a un patrón de conducta habitual en la familia —dice la abogada Durruty—. Por eso a Carolina no le llama la atención”.

El celular de Carolina Leones se extravió en la casa, aunque su secuestro quedó asentado en un acta de procedimiento. Para la justicia el aparato no fue incautado y el registro fue un error, una especie de daño colateral de la intervención policial, que a veces se mueve en la escena de los crímenes como un elefante en el bazar.

Según la investigación judicial, Isaías Zenón, soldadito de Los Monos, ordenó la compra de un auto desde el Pabellón 9 de Piñero, donde se supone que está bajo el control del Servicio Penitenciario. Brian Nahuel Álvarez y Maximiliano Aníbal Galván concretaron el negocio con Ariel Hernán Sosa, a quien le pagaron 20 mil pesos por un Peugeot 308 robado el 10 de julio.

A partir de un audio rescatado en el celular de Isaías Zenón, la sospecha es que al encargar un auto Isaías Zenón obedeció a un pedido del capo narco Julio Andrés Rodríguez Granthon, ciudadano peruano, detenido en la cárcel de Piñero desde mayo de 2019.



El Peugeot fue registrado por cámaras de seguridad el 14 de julio, a las 14.40, cuando pasó frente a la casa de Trasante, redujo la marcha como para que sus ocupantes observaran el panorama y reapareció siete minutos después, cuando los sicarios llamaron a la puerta. El vehículo fue encontrado al día siguiente a medio desguazar, en Uriburu y Barcalá.

Sosa declaró que en medio de la transacción, realizada durante la noche del 11 de julio en un baldío de Garzón y Demestris, le ofrecieron 500 mil pesos por “un trabajo más grande” y que rechazó la propuesta. Se supone que era el contrato por el crimen.

El 24 de julio un joven de 22 años se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación y dijo que Álvarez, con quien trabajaba en una verdulería, era el asesino de Trasante; parecía que la versión cerraba, pero el 12 de agosto, en una segunda declaración, empezó a contradecirse y terminó por confesar que la historia era un invento. “Mintió porque estaba amenazado y habían amenazado también a su madre —cuenta Durruty—. No sabemos quién lo mandó ni cómo fue que lo amenazaron, porque no lo dijo. Pedimos que se investigue el entorno”.



Un apostolado en la cárcel


El 27 de diciembre de 2018 Ciudad Futura informó que Trasante había renunciado a su banca de concejal “para participar voluntariamente del protocolo preventivo de violencias de género” que funciona en el partido. La decisión surgió “ante una reciente denuncia de un hecho de acoso, agravado en este caso por el lugar de poder y de representación”.

“La idea es que cuando se trata de un delito se hace la denuncia y en este caso, cuando no hay delito pero sí una conducta reñida con las normas de género que se propone el partido, se aplica el protocolo que fundamentalmente tiene que ver con evitar el linchamiento de la persona y por el contrario pensar en una deconstrucción y en una decisión colectiva, donde participa también Eduardo”, recuerda Gabriela Durruty. Trasante “siguió como militante de base hasta último momento y desde que volvió al territorio tenía más consultas que nunca”. Con el modelo habitual de las iglesias pentecostales, predicaba en pareja con su esposa; él se presentaba como apóstol y ella como profeta, y su última publicación en Facebook fue cinco horas antes del crimen.



Una parte importante del trabajo pastoral tenía lugar en cárceles provinciales. Trasante visitaba a presos de la Unidad 3 desde hacía veinte años, y también viajaba a la Unidad 1 de Coronda. El 11 de noviembre de 2019 fue a la cárcel de Piñero y se reunió con Sergio Rodríguez, el Quemado, autor intelectual del triple crimen de Villa Moreno, donde fue asesinado su hijo Jeremías. Lo había perdonado, con la convicción de que “si el individuo cambia su manera de pensar, modifica su forma de vivir”.

Tres días antes, un conjunto de procedimientos dirigido por la fiscal federal Adriana Saccone en Rosario y Funes puso al descubierto a una banda a la que se le secuestraron de 15 kilos de cocaína, cinco millones de pesos y cien mil dólares. El organizador del grupo y dueño de esa pequeña fortuna era Julio Andrés Rodríguez Granthon, cuyo teléfono es ahora objeto de pericias en la investigación del crimen del pastor. El operativo se llamó “Coronas blancas”, por el sello que el narco pone en sus cargamentos y con el que presume de la calidad de sus envíos.

Rodríguez Granthon “es un filo Mono”, dice el fiscal Matías Edery. Según las sospechas tiene una franquicia de la banda narcocriminal “y mueve mucha cantidad de droga”. Destruyó su celular antes de que le allanaran la celda, pero los investigadores esperan que se repita el caso del teléfono de Maximiliano “Cachete” Díaz, hallado con roturas deliberadas, pero cuyo contenido pudo ser recuperado por los técnicos en la causa de los fiscales Serjal y Ponce Asahad.


El poder del delito


No es la primera vez que una investigación judicial llega al Pabellón 9 de Piñero. En septiembre de 2018 se descubrió que de ese lugar salían directivas para la guerra de bandas en el barrio Copello, de Capitán Bermúdez, una zona liberada para la delincuencia. En enero de 2019, la Policía Federal descubrió que un interno coordinaba un corredor de narcotráfico entre Rosario y San Nicolás. Las operaciones de Rodríguez Granthon no quedaron interrumpidas por el operativo “Coronas blancas”. Más que recuperar a los presos como ciudadanos, la cárcel parece facilitar la reinserción social en el crimen.

El circuito, en realidad, no se interrumpe con la prisión. “Las personas que tienen el poder real del delito, en la calle, están detenidas”, dice el fiscal Edery.

Los detenidos en la causa son de Bella Vista, el mismo barrio en que vivía Trasante y al que pertenecen algunos detenidos en el Pabellón 9. “Quisimos indagar si tuvo problemas con alguien o ayudó a alguien a salir de la droga. Los familiares no nos dicen que no: nos dicen que no saben”, agrega Edery.

En medio de la incertidumbre, la hipótesis de que el crimen fue concebido y planeado en la cárcel de Piñero no excluye para los investigadores la posibilidad de que el plan haya sido encargado por alguien que está fuera de la prisión.

Además del teléfono de Rodríguez Granthon, las pericias en curso tienen por objeto los celulares de Brian Álvarez, Isaías Zenón y otro preso con cartel del Pabellón 9: Brian González, el Gordo, mencionado en el atentado contra Antonio Bonfatti de 2013, condenado por el asesinato de la promotora Analía Rivero en Capitán Bermúdez en 2014 y parte de una familia que disputó a sangre y fuego el control del barrio Copello. Si las paredes de la cárcel hablaran, probablemente el crimen de Trasante estaría resuelto.


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