Prometieron 7 mil kilómetros de rutas y
a 5 años se caen todos los contratos



Redacción Suma Política


Al sistema de Participación Público Privada (PPP) lo trajo a la Argentina en 2017 el gobierno de Cambiemos con la promesa de revolucionar la red vial nacional, atrasada y deficiente desde hace décadas. En una primera etapa, las PPP iban a motorizar obras en seis grandes corredores viales. La inversión nunca llegó, las obras no se hicieron y ya hubo dos contratos, por los corredores A y B, que fueron rescindidos: el primero por unos 700 kilómetros de rutas seguras y autopistas en el área sur oeste de la provincia de Buenos Aires (1.002 millones de dólares), y el segundo por 540 kilómetros de la ruta 5 que une Buenos Aires con La Pampa (800 millones).  

El próximo 30 de noviembre vence el plazo para los corredores C, ruta 7 de Buenos Aires a Mendoza y ruta 33 entre Rufino y General Villegas; el corredor E, de Campana a Santa Fe, 390 kilómetros que incluían un tercer carril sobre la ruta 9 entre Rosario y San Nicolás, y transformar en autopista toda la traza de la AO12, la segunda circunvalación de Rosario, de Pueblo Esther a San Lorenzo. 

También quedará sin concretarse el corredor F, que incluye la tan esperada autopista 33 de Rufino a Rosario. Aunque en este caso, el presupuesto nacional 2021 —ya no con aportes privados— que se tramita en el Congreso en estos días, incluye el financiamiento del tramo Rufino a San Eduardo (Venado Tuerto) y deja planteada la obra de Venado a Rosario para los años subsiguientes. Finalmente, el corredor Sur (rutas 3 hasta Las Flores y 205 a Roque Pérez) también quedará sin concretarse, al menos con inversión privada. 

Los Contratos PPP para los Corredores Viales que licitó el gobierno anterior resultaron un engaño. Los últimos cuatro corredores vencen el próximo 30 de noviembre. El gobierno busca barajar y dar de nuevo, renegociar, si fuera posible. De lo contrario, será la revitalizada Vialidad Nacional la que se encargue de las obras necesarias y pendientes. Claro que será a un ritmo más lento. El gobierno de Alberto Fernández puso el eje presupuestario en los servicios básicos para la población, como agua potable y cloacas: los faraónicos proyectos de miles de kilómetros de autopistas construidas en pocos años no están en el centro de gravedad del Frente de Todos. 


Santa Fe Ciudad

La idea que vendió el gobierno de Cambiemos, en su momento, pareció muy seductora: construir más de 2.000 kilómetros de autopistas en cinco años y con inversión privada. 7.200 kilómetros en total incluyendo las llamadas rutas seguras. No sucedió.  



El esquema de Participación Público Privada consiste —en su versión “ideal”—, en un sistema por el cual el Estado licita y contrata una obra pública y su operación futura, y el sector privado se compromete a realizar la obra, con capital propio o tomando créditos en el mercado financiero. Y luego opera —a través de una concesión a mediano/largo plazo— el servicio derivado (peaje). La empresa privada cobra una tarifa y mediante esos ingresos cubre el costo operativo, el de la construcción de la obra, el del financiamiento a mediano-largo plazo y, por supuesto, una rentabilidad razonable. De esta manera, el Estado no se endeudaría y es el sector privado el que asume el riesgo del negocio, siendo los usuarios-consumidores de ese servicio público los que afrontan finalmente el costo de la expansión y mejora. 

Pero en los Corredores Viales PPP argentinos se previó que las obras se afronten con recursos provenientes del impuesto a los combustibles, a través del Fondo SISVIAL, que son afectados a un Fideicomiso en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para atender exclusivamente estas obligaciones. Claramente un endeudamiento del Estado nacional que se intentó disfrazar bajo la figura de un esquema PPP.  

Si hasta el propio FMI lo consideró de esta manera, y obligó a que el acuerdo firmado con el gobierno anterior incluyera expresamente una limitación para avanzar con esta operatoria.  

En cualquier caso, un proyecto de ampliar y mejorar carreteras existentes nunca resultaría viable para el sistema PPP, aún con inversión privada genuina. Resulta impensable pretender que los usuarios de una ruta solventen a través del peaje todos los costos involucrados en la construcción, su financiamiento, más la operación y conservación de la misma. El nivel tarifario, aún en un proyecto que prevea un plazo extenso, resultaría altísimo, impagable. 

El Plan de Obras, explosivo por lo ambicioso, se planteó invertir 10 mil millones de dólares, de los cuáles el 60 por ciento constituia el costo “puro” de las obras y unos cuatro mil millones de dólares de costo financiero. El punto de partida del esquema ideado fue, primero, el negocio financiero. Comisiones por intermediación, costos de la estructuración de contratos complejos, altos intereses producto del riesgo argentino en un momento de tasas de interés muy bajas en el mercado internacional, rentabilidad especial para los bancos por el otorgamiento de garantías muy caras. Tras cartón, el empeoramiento de las condiciones para que la Argentina pudiera acceder al mercado internacional de capitales; todo condujo al fracaso. 

Puede celebrarse, de todos modos, que no se concretó el endeudamiento previsto, tampoco las jugosas comisiones involucradas, ni las ganancias exorbitantes para los financistas, con tasas de interés abusivas que se hubieran cobrado a las empresas contratistas, y, al cabo, del Estado nacional a cargo del costo de las obras y su financiamiento. 



Nada es casual 


La autoridad regulatoria —creada por el gobierno anterior— de los contratos PPP, con rango de Secretaría, se alojó en el ámbito del entonces Ministerio de Finanzas. Revela la orientación económica e intereses de la Casa Rosada en ese momento. Con el agravante de firmar contratos en dólares para la construcción de obras viales, con insumos de origen nacional en una proporción mayoritaria: asfalto, gasoil, mano de obra, movimientos de tierras.  

Se trató de una pésima política de administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central. Luego de casi dos años de vigencia los contratos PPP fueron imposibles de cumplir. Sólo tuvieron una ejecución física del Plan de Obras Principales que no supera el dos por ciento.  

Las empresas contratistas han incumplido el incremento de Garantías Financieras operado el 1° de mayo de 2020, no están cumpliendo con el avance de obras previsto en la Adenda al Contrato PPP de Julio 2019 y tampoco han cumplido con el incremento del Capital Social de las UTE. Así se llegó al actual estado de situación: la imposibilidad total de cumplir con los objetivos de acuerdo a lo pautado en los contratos. 


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