Puerto San Martín y Timbúes: dos oasis en el desierto de la obra pública provincial



Por Juan Chiummiento


Transcurren las últimas jornadas de agosto. Día número mil de la pandemia. Las autoridades santafesinas definen nuevas restricciones tras detectar un aumento de casos de coronavirus en las principales ciudades de la bota. El intendente rosarino Pablo Javkin firma un decreto para reasignar a Salud 550 millones de pesos, originalmente destinados a obras del Presupuesto Participativo. Al mismo tiempo, a escasos kilómetros de distancia, un presidente comunal anuncia la llegada de un hotel de la cadena Howard Johnson y otro abre los sobres para techar un microestadio que albergará 5.000 personas. Parecen dos mundos distintos, pero todo sucede en la misma provincia.

Puerto General San Martín y Timbúes bien podrían disputarse el título de la ciudad más rica de Santa Fe. Con menos de 20.000 habitantes, alojan más de una decena de terminales portuarias desde donde sale buena parte de las agroexportaciones que sostienen la economía argentina. Para llegar hasta su destino final, cada camión debe abonar al gobierno local una tasa de 500 pesos.

Se calcula que durante la actual campaña circularán por ambas ciudades un millón y medio de vehículos de carga. Si los pronósticos se cumplen, recaudarán por ese tributo 7.500 millones de pesos a lo largo del año. Alrededor de 30.000 pesos mensuales por habitante, una diferencia sideral con el impacto que tiene Ingresos Brutos para toda Santa Fe, que es de 4 pesos por habitante, y el Drei para Rosario: 583 pesos por habitante, según las previsiones del Presupuesto 2020.

A los 7.500 millones debe agregarse lo que cada administración cobra a las terminales portuarias a través de sendos regímenes especiales de Derecho de Registro e Inspección. Si bien son números marginales al lado de la tasa de camiones, vale la pena consignarlos. En Puerto General San Martín cada empresa debe abonar un fijo mensual de 3.632.404 pesos, en tanto que Timbúes exige el pago de entre 1.788.255 y 7.567.560, dependiendo de la capacidad de procesamiento.

Esa enorme masa de recursos permite a Carlos De Grandis —intendente de Puerto General San Martín— y a Amaro “Fito” González —presidente comunal de Timbúes— ejecutar con fondos propios obras que generan envidia a cualquiera de sus colegas. Kilómetros y kilómetros de pavimento, por supuesto, pero también escuelas, paseos costeros, un teatro y hasta un hospital con helipuerto. El bienestar no solo se mide en metros cuadrados de cemento. Los empleados municipales, por caso, ya obtuvieron hace meses la recomposición salarial que Omar Perotti sigue negociando para los trabajadores estatales.

No importa que se atraviese la peor crisis económica mundial que la actual generación recuerde. Estamos en el corazón del polo industrial sojero más importante del mundo.


La inauguración del moderno hospital en Timbúes, con presencia de Perotti.

Equilibrio justo


Los fuertes tributos que cobran estas administraciones compensan en parte las molestias de tener la logística que demanda la actividad agroindustrial, con camiones dando vueltas en todo momento. Gracias a ese flujo de fondos (que no se interrumpió con la cuarentena), Timbúes pudo darse el lujo de inaugurar, en medio de una pandemia, un moderno hospital con 16 camas de internación y helipuerto. El acto, realizado a finales de mayo, contó con la participación del propio Perotti, quien concretó allí uno de los cortes de cintas en lo que va de su gestión. El nosocomio demandó una inversión de 25 millones de pesos y 58 días de construcción. “Esto había sido una promesa de campaña el año pasado, pero cuando vimos lo que se venía con el coronavirus, decidimos meterle pata. Arrancamos el 30 de marzo con este sueño, que hoy ya es una realidad”, dijo González en aquella oportunidad.

“No es fácil vivir en una localidad industrial, con camiones y trenes que atraviesan toda la ciudad”, indica De Grandis, quien confiesa que —a diferencia de sus pares— no sabe a ciencia cierta cuándo le ingresa el dinero por coparticipación. A renglón seguido, saca pecho porque, protocolo mediante, “nunca” suspendió la ejecución de la obra pública. Uno de los proyectos más relevantes es la construcción de un polo educativo con filiales del Politécnico, el Superior de Comercio y la Agrotécnica, algo que fue posible tras la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Su vecino González utiliza una figura religiosa para hablar sobre el tema: “Tenemos la bendición de contar con aguas profundas y con los puertos. Es una cuestión de estricta justicia que tributen fondos que usamos responsablemente para mejorar la calidad de vida de todos los timbuenses”.

“Con paciencia, las obras llegan —continúa González—. Llevamos pavimentadas, en poco más de seis años de gestión, más de 160 cuadras, algo histórico”. Su colega De Grandis le saca algunos cuerpos de ventaja: lleva en el cargo casi dos décadas. Como sabe que en algún momento su tiempo terminará, asegura que se enfoca antes que nada en formar buenos equipos. “Me siento como Gallardo”, bromea.


Carlos De Grandis y Amaro González, autoridades de Puerto San Martín y Timbúes, respectivamente.

A pura marcha


Ambos territorios son de dominio exclusivo del justicialismo. Nunca tan bien usado el adjetivo: todos los cargos electivos en Puerto General San Martín (el intendente y los seis concejales) y Timbúes (los cinco miembros de la comisión comunal) son ocupados por hombres y mujeres de ese movimiento.

De Grandis y González integran una misma tribu política, el Nuevo Espacio Santafesino (NES), en el que no dudan en señalar como jefe al senador departamental Armando Traferri. Antes de impulsar a Alejandra Rodenas como vicegobernadora, este grupo había apoyado la candidatura a gobernador del presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez. No se mueven con peces pequeños.

Más allá de algunos cortocircuitos, lo cierto es que “la unidad en la diversidad” le permitió al PJ regresar a la provincia tras 12 años del Frente Progresista en el poder. “Los peronistas debemos estar todos de acuerdo”, dice De Grandis en diálogo con Suma Política, mientras busca bajarle el tono a las disputas internas: “Tuvimos tres gestiones en las que a Puerto no le dieron nada. Hay que priorizar al peronismo, dejar las mezquindades en pos de hacer que el partido vuelva a ser lo que fue”.

En esa misma línea se mueve González. Una muestra de esa lealtad se marca en los sucesivos mensajes que graba en el canal de Facebook de la comuna, desde donde se alinea semana a semana con las disposiciones sanitarias que redacta la Casa Gris. A pesar de vivir una situación controlada, “Fito” explica que seguirá acompañando al gobierno provincial en cada medida que se tome para preservar la salud pública. “Nos faltan algunas cosas, es cierto, pero estamos sanos”, reflexiona. En una muestra de su independencia económica, cuando se conocieron las últimas restricciones, Timbúes anunció un subsidio de 10.000 pesos a los vecinos que dependieran exclusivamente de actividades no habilitadas.

Los dirigentes tampoco sacan los pies del plato cuando se los consulta por Herme “Vino Caliente” Juárez, el polémico empresario y sindicalista que monopolizó la comandancia política del cordón industrial hasta agosto de 2019, cuando agentes de la Justicia Federal lo detuvieron acusado de lavado de activos (entre otros cargos). A las pocas horas de esa acción —que se vio en directo por varios canales de televisión—, gestionaron un comunicado conjunto en el que apoyaron a Juárez, justo en sus peores horas.

“Esa fue una medida política contra la cooperativa” (de servicios portuarios que dirigía Juárez y monopolizaba el negocio de la estiba en el cordón), dice González, en coincidencia con De Grandis, quien agrega que “independientemente de ser respetuosos de lo que dicte la Justicia, lo único que ha sucedido es que la cooperativa perdió muchísimo trabajo y los que perdieron fueron los portuarios”.

A un año de aquellos acontecimientos, parte de lo que dicen los dirigentes es cierto. La tarifa que pagan las terminales agroexportadores ya no está en dólares, lo que genera una mejor ecuación económica para las empresas y una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores. El mayor responsable de habilitar ese cambio fue Juan José Schaer, el interventor puesto por el gobierno nacional de entonces, quien comparte negocios con el último secretario de Trabajo del macrismo Lucas Fernández Aparicio (son socios en la consultora Octopus).



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