Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suma Politica

Caso del juego ilegal: “Enfrentarse al Pipi Traferri es lo peor que podés hacer”

Caso del juego ilegal: “Enfrentarse al Pipi Traferri es lo peor que podés hacer”



Osvaldo Aguirre


La foto del momento en que se paga la coima o en que la organización delibera sobre sus negocios en torno al juego clandestino no va a estar. Pero la banda de sonido de las reuniones suena con claridad en los audios de conversaciones telefónicas y por redes sociales que recolectaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, y donde todavía hay mucho por escuchar.

Durante la audiencia para imputar a Patricio Serjal como organizador de la asociación ilícita y a Nelson Ugolini como integrante del grupo, los fiscales pusieron así a consideración de la jueza Eleonora Verón un audio enviado por Ugolini a través de Telegram a la fiscal de San Lorenzo Melisa Serena donde el nombre del senador Armando Traferri suena con todas las letras.

El jueves 17, la mayoría de los senadores provinciales escuchó sin perturbarse las evidencias que presentaron los fiscales para lograr el desafuero de Traferri, sospechado de ser el garante de la impunidad de Leonardo Peiti para la explotación del juego clandestino y de concertar para tal fin los esfuerzos de Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Un mismo conjunto de elementos —los audios, en particular— eran elementos de prueba para unos y referencias sin valor para otros, o en todo caso prueba de una conspiración. Pero ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere oír.

El audio de Ugolini es significativo no solo por lo que dice sino por el tono y el énfasis de sus palabras. El tema parece ser una denuncia sobre el funcionamiento de un garito en San Lorenzo y la queja de un policía rosarino que pretendió practicar un allanamiento y se encontró con que le cerraron la puerta en la cara.

La referencia a la falta de escrúpulos del ministro Marcelo Sain se entiende en el sentido de que no respeta el armado, “y ese es el peligro más grande”. Ugolini dice además que Traferri está fuera del alcance de los fiscales rosarinos, protegido por Ponce Asahad y Serjal. No obstante, se muestra un poco inquieto: si bien supone que el fiscal Aquiles Balbis no hará nada “porque siendo de San Lorenzo, enfrentarse al Pipi Traferri es lo peor que podés hacer”, le preocupa el antecedente de que el fiscal Edery haya allanado la Jefatura de la Unidad Regional XVII; le recomienda a la fiscal Melisa Serena que lo consulte para saber si el garito “se toca o no se toca” y para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con el fiscal Merlo y su intención de investigar el juego clandestino.

La comunicación se produjo el 6 de febrero de este año. El 10 de enero, Ugolini informó a Peiti sobre la situación de dos soldados de Maximiliano “Cachete” Díaz, a pedido del integrante de Los Monos; el 18 de febrero le transmitió un informe sobre las causas por juego clandestino y por extorsión que afrontaba, una bola de nieve que empezaba a rodar; el 8 de marzo agregó detalles sobre lugares que iban a ser allanados por juego clandestino.

Ugolini se enoja ante la iniciativa de Merlo, que en diciembre de 2019 “salió a tumbar juego clandestino y puerto seco”. El 20 de ese mismo mes, en la Legislatura, el senador Traferri dijo que “cualquier vecino (de San Lorenzo) sabe quién vende droga y quién maneja los puertos secos de los cereales robados”, pero no ofreció mayores precisiones.

Como cualquier elemento en una investigación, los audios requieren una argumentación que los vuelva inteligibles como pruebas. Los fiscales demostraron que avanzan también en ese sentido, aunque la plantilla completa de la presunta organización todavía no salió a la luz, de acuerdo a la declaración de Ponce Asahad, que describió a la red de Peiti como “un emporio” y advirtió sobre un pelotón de “mano de obra desocupada” de la policía como parte de los enjuagues en torno al juego clandestino.

Pero lo que surge a la superficie ya no puede ocultarse, aunque el principal sospechoso esté a cubierto de la investigación por sus fueros como legislador y por el apoyo mayoritario de la Cámara de Senadores:

—El nombre de Traferri en relación a Peiti y su lobby por el capitalista ya habían surgido en la causa por el juego clandestino en Melincué;

—El ex ministro de Justicia Ricardo Silberstein y el fiscal general de la provincia Jorge Baclini podrían dar cuenta del eventual lobby, ya que según una de las escuchas Traferri los entrevistó por ese motivo;

—El senador del departamento San Lorenzo habría tenido dos momentos de furia: en diciembre de 2019 cuando “casi lo ahorca” a Ponce Asahad por los procedimientos del fiscal de Melicué y por lo que Ponce quedó en capilla como miembro de la organización; en julio pasado, cuando Serjal subió el precio de la cobertura y le pidió 100 mil dólares a Peiti.

—La protección a Peiti no comenzó en diciembre de 2019, como declaró el capitalista, sino que se remontaría a abril de 2017, cuando fueron allanados distintos garitos en Villa Constitución, Cañada de Gómez y Hughes

La audiencia continuará mañana, mientras el abogado José Luis Vázquez, en representación de Traferri, pidió el apartamiento de los fiscales, a quienes acusa de “falta de imparcialidad”, según la hipótesis del senador que adjudica la causa a una maniobra del ministro Sain y, por elevación, a los enemigos del peronismo, según su último discurso en el Senado.



Un pingo en Reconquista


El nombre de Traferri surgió en la investigación en torno a la protección del juego clandestino con el llamado del ex diputado provincial Darío Scataglini a Leonardo Peiti, grabado en el teléfono de su secretaria, Brenda Lomella.

A los fiscales les llamó la atención que Scataglini, asesor de la Legislatura provincial hasta la difusión pública de la comunicación, llamara a Peiti, conocido ya como el capitalista máximo del juego clandestino, y que además invocara el nombre de Traferri. Por entonces, Peiti ya estaba acusado por controlar entre 20 y 30 garitos en siete localidades de la provincia, según la investigación del fiscal Matías Merlo, de Melincué, y como socio de Los Monos en una serie de extorsiones.

Traferri dice que mandó a llamar a Peiti por el proyecto del capitalista para explotar, además del juego ilegal, el legal. En su declaración testimonial, Scataglini dio cuenta de una reunión en la oficina del senador, en San Lorenzo, con la asistencia del senador, el capitalista y uno de sus abogados, José Fernández Chemes.

El estudio de Fernández Chemes —compartido con el de la contadora de Peiti, en Corrientes 842 en la ciudad de Rosario— fue allanado con otros diez domicilios en los últimos operativos de la causa por juego clandestino, cuatro días antes de la declaración de Gustavo Ponce Asahad que expuso vínculos entre política y delincuencia. En ese intervalo se produjeron las amenazas contra Schiappa Pietra y Edery, un indicio de que las investigaciones tocaron un punto importante.

El ex fiscal Ponce Asahad declaró que en abril de 2017 Traferri y el ex fiscal regional Patricio Serjal trataron un pedido de Peiti respecto de causas que lo jaqueaban “en extraña jurisdicción”. Se refería a las acusaciones contra el padre del capitalista, Roberto Peiti, y su hermano, Esteban Peiti, en Villa Constitución y Cañada de Gómez.

“En 2017 hubo dos cuestiones particulares que explican esta causa —explicó el fiscal Edery—. En primer lugar, el juego clandestino comienza a ser delito; antes era una falta. Por eso Peiti y Traferri se empiezan a reunir, y son encuentros que tenemos acreditados por antena; y es el momento en que Peiti comienza a armar su red”.

También en abril de 2017, el presidente comunal de Hughes denunció el funcionamiento de un casino legal en ese pueblo del departamento General López. La fiscalía de Melincué allanó el lugar y secuestró el teléfono de la encargada, donde apareció el nombre de Peiti, como administrador de ese garito y de otros en Casilda, Reconquista, Avellaneda, Rosario, Wheelwright y Cañada de Gómez.

La intercepción de los teléfonos de Peiti permitió detectar, entre muchas otras, sus comunicaciones con el ex secretario legislativo del Senado, Ricardo Paulichenco, a quien visita en la ciudad de Santa Fe el 15 de agosto de 2017.

La voz de Peiti es reconocible por su tono ceceoso y el uso de muletillas como “entre pitos y flautas”. En la ocasión sorprende a Paulichenco de entrecasa.

El 20 de agosto de 2017, Peiti y Paulichenco, fallecido en diciembre del año pasado, hablan sobre “el fiscal que nos rompe los huevos”, en relación al fiscal de Reconquista Aldo Gerosa, mientras “los demás están todos tranquilos”. Peiti cuenta entonces que se dirige a una entrevista con un juez que le pidió reserva del nombre, a lo que Paulichenco responde pidiendo más detalles “para que no te manoteen plata”, en alusión al pago de coimas.

Al término de la reunión Peiti identifica al juez como Basualdo, en presunta referencia al juez Gonzalo Basualdo, de Reconquista. Peiti y Paulichenco festejan el resultado de la conversación con términos como “pingazo” e “hiper pingo” en relación al magistrado, quien sin embargo no fue alcanzado por la investigación de la fiscalía de Melincué. “De primera el tipo. Quedamos en hablar para arreglar y trabajar tranquilos”, dice Peiti; “Es un demonio de Tasmania”, coincide el ex secretario legislativo del Senado; “Terrible calavera”, agrega el capitalista, todavía satisfecho con el contacto.

Tres días después se registran llamadas clave entre los mismos interlocutores. En la primera, Peiti está de camino a Cañada de Gómez, donde tiene negocios.

La siguiente comunicación del mismo día apuntaría al lobby de Traferri para los intereses del juego clandestino, ya que da cuenta de la expectativa que tienen en la reunión del senador con el fiscal general Jorge Baclini y con el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, “por el tema que me pasaste, el 301”, según dice Paulichenco en referencia al artículo del Código Penal que reprime el juego. Los sobreentendidos son sugestivos: “traeme plata”, pide el ex secretario; “no hablés más que vamos a terminar en Cincinatti”, dice Peiti, en probable alusión a Sing-Sing, un presidio que figura en el vocabulario del hampa.

El nombre de Armando Traferri, entonces, ya había surgido en la investigación que se desarrollaba en Melincué, casi tres años antes de que los fiscales Schiappa Pietra y Edery lo señalaran como organizador de la asociación ilícita.

“Lo que Traferri hace es construir ese amparo judicial que necesitaba esta organización para funcionar como lo estaba haciendo —dijo Schiappa Pietra a Suma Política—. Ese amparo institucional del Ministerio Público dejando de investigar causas y construyendo impunidad para el juego clandestino lo tenemos acreditado no solamente por lo que dice Ponce Asahad sino por lo que dice el propio Peiti”.

Peiti, sin embargo, no mencionó al legislador. “Nunca dejó entrever que podían estar involucrados funcionarios de otro estamento de poder, fuera de los fiscales Serjal y Ponce Asahad, pero tampoco lo negó”, agregó Schiappa Pietra.

El 8 de septiembre de 2017, Peiti habla con uno de sus allegados, Carlos Garat, y aporta un detalle que provoca suspicacias: antes de encontrarse con Traferri, compró dólares.

El 21 de septiembre, Peiti le cuenta a su esposa que volvió a reunirse con Traferri.

Traferri explicó sus contactos por el proyecto que dos años después presentó Peiti para lograr un convenio entre la lotería de la provincia de Misiones —donde explota juegos legales— y la de Santa Fe. Es la misma versión a la que recurrió Peiti cuando accedió a declarar como arrepentido: sus problemas con la ley habrían sido responsabilidad de su padre y su hermano y él se habría visto obligado a pagar coimas para no perder sus negocios legales.

El avance de las investigaciones en Rosario y en Melincué desbarató la versión inicial de Peiti. “Para que lo incorporen como arrepentido un juez tendrá que evaluar lo que dijo —aclaró el fiscal Edery—. Y si el juez considera que él mintió no lo va a aceptar como arrepentido y se le va a caer la posibilidad de transcurrir el proceso en libertad. Los abogados dicen que él no mintió, que se guardó información. Bueno, ahora va a tener que dar explicaciones”.

La sospecha de los fiscales es que el proyecto para el juego legal era en realidad una pantalla para sellar la impunidad alrededor del juego ilegal. “Es como si se quisiera legalizar la droga y se confiara su explotación a Los Monos”, ejemplificaron en el Ministerio Público de la Acusación.

Los fiscales insistieron una y otra vez con que las acusaciones no se sostienen exclusivamente en la declaración de Ponce Asahad, aunque el relato del ex fiscal permitió atar cabos sueltos.

Uno de los encuentros entre Peiti y Ponce Asahad en el club Sirio Libanés fue precedido de una comunicación telefónica y de una foto que el capitalista se saca en el volante de su auto con un fajo de dólares. La fotografía fue enviada a la secretaria, Brenda Lomello; habrían sido diez mil dólares.

Siete minutos después de tomar la foto, Peiti llama a su secretaria y ella le responde a continuación.

Pero los problemas no se resolvieron.


Mensaje desde el Senado


Después que se conoció el rechazo al pedido de desafuero, el senador Traferri hizo una declaración con advertencias y mensajes dirigidos a la política, la justicia y el periodismo. En su versión, Marcelo Sain sería un monje negro del gobernador Omar Perotti, alguien venido de afuera, un extraño al peronismo que llega a perturbar el pacífico statu quo de la política santafesina.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery también quedaron en su mira —y en la mira de la mayoría del Senado, al parecer— por atreverse a investigar a un legislador. El senador no se olvidó de la “prensa amiga”, culpable de difundir los detalles de una investigación que, por otra parte, recibió respaldos de otros sectores de la política y la justicia.

“La relación que tenía el senador de años con Peiti, la forma en que se hablaban por teléfono, las reuniones que tenían, incluso el contexto de esas reuniones, cuando Peiti ya había sido imputado por hechos ilícitos gravísimos, dan cuenta de un entramado complejo”, plantearon los fiscales. Aunque uno de los sospechosos resulte intocable, la investigación continúa.

El abogado Aníbal Porri podría ser acusado por cohecho y el ex jefe de la policía de San Lorenzo, Gonzalo Paz, aparece comprometido en una ramificación de la causa. Y ahora Patricio Serjal, Nelson Ugolini y Leonardo Peiti serán reimputados el lunes como parte de la organización ilícita que explotó el juego ilegal en Santa Fe con garantías inéditas de impunidad.



Nota relacionada



Facebook comentarios
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

También te puede interesar

Suma Política. Todos los derechos reservados. 2020