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Política

¿Quién controla a los fiscales? A la espera de un inminente y crucial fallo de la Corte

La puja entre el Senado y los fiscales encontraría algo de luz o una nueva complicación en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que va a definir si es inconstitucional o no la ley que delegó en la Legislatura la potestad disciplinaria de los fiscales y defensores de la provincia.

La decisión del máximo tribunal de Justicia santafesino es inminente, aunque no se produciría esta próxima semana. La definición judicial será crucial, porque podría implicar la derogación de esa norma o su modificación. Esto podría ordenar las discusiones entre poderes que vienen escalando y que tuvieron su pico máximo con la creación de una Comisión de seis senadores para intervenir sobre el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Calificada de ilegal y obscena, finalmente esa comisión no se integró y quedó en suspenso.

No es que la Corte se meterá en esta disputa, sino que resolverá sobre un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario que hizo lugar a un planteo del fiscal Adrián Spelta y consideró inconstitucional la ley 13.807 (la que delega en la Legislatura la potestad de sanciones). Esa sentencia generó un cimbronazo político porque dejó en suspenso todos los procesos de investigación iniciados en el marco de la comisión de Acuerdos de la Legislatura.

Ahora podría pasar lo mismo si la Corte dictamina la inconstitucionalidad de la ley, aunque parece que el fallo no llegaría a tanto y se inclinaría por una resolución intermedia que hasta podría mantener la ley pero definiendo claramente cuál es la interpretación de su alcance para que sea constitucional.

Cuando el fiscal Spelta fue a la Corte, el Gobierno de la provincia apeló la resolución por considerar que los magistrados se inmiscuyen en las facultades y potestades propias de la Legislatura. Por su parte, la Cámara fundamentó su fallo en que había una intromisión de poderes.

La polémica ley diseñaba un sistema de enjuiciamiento para el Ministerio Público de la Acusación, que rige la actividad de los fiscales y es uno de los pilares esenciales del nuevo sistema procesal penal santafesino. Y fue aprobada por todo el arco político.

Su creación se fundamentó en la existencia de una “laguna” y en que no existía ninguna previsión legal sobre cómo enjuiciar y destituir a un fiscal si se excede en sus facultades. La justificación de su creación fue que la Auditoría General, el órgano interno creado con facultades disciplinarias que no alcanzan a la destitución, implicaba que era el propio MPA el que enjuiciaba a sus integrantes.


Una crítica a los juicios abreviados


Una crítica que se escuchó por esos días fue que el 95 por ciento de las sentencias emitidas desde que el MPA está en funcionamiento se produjeron a partir de juicios abreviados, que implican acuerdos entre fiscales y defensores, mientras que sólo 500 juicios públicos fueron terminados. También se mencionó repetidamente la intención de indagar cómo son esos acuerdos de juicios abreviados.

La idea de los especialistas es consensuar un mecanismo nuevo de control o implementar una especie de jury de enjuiciamiento similar al que tiene la Corte. Según trascendió, el fallo de la Corte podría incluir alguna mención con estas sugerencias.

También es posible que la Corte de Santa Fe tenga que dirimir otro problema que se generó en esta disputa institucional: la controvertida inmunidad de proceso que tienen los legisladores santafesinos. Esta protección está prevista en la Constitución provincial de 1962 y es la que impidió a los fiscales imputar al senador Armando Traferri en una causa de juego ilegal en la provincia. El Senado votó rechazar el pedido de desafuero que podría haber eludido ese requisito.

Como ahora los fiscales anticipan que van a seguir escalando con esa cuestión, es probable que el planteo termine siendo dirimido por el Tribunal Supremo de la provincia, que tendrá que resolver si la inmunidad es válida o no.



Historia de una ley


¿Cómo llega a la Corte el primer caso que después se convierte en abstracto? Una cámara laboral le había hecho lugar a un amparo del fiscal Sebastián Narvaja y había declarado la inconstitucionalidad de la ley que establece las potestades sancionatorias en manos de la Legislatura. La respuesta fue una sesión especial con fuertes críticas a los jueces que intervinieron en esa resolución.

La primera ley por la cual la Legislatura se adjudica una potestad disciplinaria sobre los fiscales tuvo consenso político: fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras y promulgada por el Ejecutivo. Antes, existía una especie de jury de enjuiciamiento similar al que tiene la Corte para los magistrados.

Esa ley fue cuestionada por el fiscal Adrián Spelta, cuando iba a ser sancionado después que se lo acusara de cometer una falta grave por otorgarle a Ema Pimpi Sandoval la prisión en un domicilio particular, donde terminó asesinado.

Por eso llega el planteo al supremo tribunal. Pero cuando está por ser resuelta por la Corte la validez constitucional de esa ley, la Legislatura le introduce una modificación, resignando algo de sus facultades en cuanto a las faltas menores de los fiscales. Con ese cambio, la Corte considera al asunto “abstracto”, porque la ley que estaba considerando ya había cambiado y resuelve no pronunciarse sobre el tema. Después Spelta también pide la inconstitucionalidad de esa segunda ley, que es el planteo que ahora está por resolver la Corte.

Un antecedente para sondear el sentido de los votos de la Corte podría buscarse cuando se planteó la inconstitucionalidad de las leyes de reforma penal. En ese momento, la Corte santafesina se pronunció 4 a 2 por la validez de la reforma.

Los votos de la mayoría señalaron que si bien hay normas de la Constitución Provincial que determinan que el Ministerio Público dependa de la Corte y del Poder Judicial, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 adhiere al sistema acusatorio que tiene como condición un cuerpo de fiscales con plena autonomía funcional y operativa. Y advierte que una forma de violentar la autonomía de los fiscales sería que otro poder asuma la potestad disciplinaria.

Los dos votos de minoría que se pronunciaron a favor de la inconstitucional de la reforma (Rafael Gutiérrez y Eduardo Supler) señalaron que de acuerdo a la Constitución Provincial de 1962 los fiscales dependen de la Corte y la facultad disciplinaria le corresponde a ese máximo tribunal, por lo que no parece factible que la cedan ahora ante una ley de la Legislatura. Aunque cerca de la Corte confían que sus fallos “nunca son matemáticos”.

Así como se reprocha que el organismo interno de control del MPA no funcionó como debiera, se señala que la Legislatura tampoco dio un buen ejemplo a la hora de atribuirse la potestad disciplinaria. En este punto se menciona el caso del fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco que apareció vinculado al narcotráfico con escuchas del juzgado federal, y ni siquiera fue suspendido hasta que estalló el escándalo con otros dos fiscales: Patricio Serjal y Ponce Asahad.


Mauro Blanco, Patricio Serjal y Ponce Asahad

Cómo monitorear al MPA


El sistema de enjuiciamiento que tiene la Corte podría servir de modelo para la discusión que se viene. El juicio político al juez Hernán Postma fue resuelto por cinco miembros del tribunal de enjuiciamiento, que incluye a los colegios de abogados. Ese tribunal tiene diez integrantes: los seis ministros de la Corte, un diputado, un senador y dos representantes de los colegios de abogados. 

La ley originaria del MPA tenía un tribunal de enjuiciamiento que integraban dos fiscales regionales, un senador, un diputado y el fiscal general. Para salir del trabado en el que el tema se encuentra ahora quienes siguen de cerca esta puja proponen consensuar un tribunal donde sea más difícil armar un poder completo. “Si la potestad la tiene un solo poder, internamente el propio MPA, o una cámara legislativa, no existe el necesario contrapeso de poderes”, reflexionan.

Un abogado de muchos años esboza una idea: “Cómo controlar el MPA debiera formar parte de algo más amplio: cómo conducir política y estratégicamente este proceso de reforma penal. Hace seis años que el sistema acusatorio se puso en práctica en la provincia, pero no funciona solo, hay que controlarlo. Debería ser objeto de una discusión entre los poderes, crear una comisión institucional para el seguimiento de la consolidación de la reforma. Una conducción estratégica, seria y responsable. Y dentro de ese esquema más amplio debería estar la discusión en torno al MPA y a su control y monitoreo. Porque si cada uno va a hacer lo que quiere, el deterioro es grande”.

“La ley es un texto, no puede dejar de relacionarse. El MPA es un organismo que tiene mucho poder. Es un organismo que necesita mucho control de gestión, mucho monitoreo, hay mucha gente trabajando. Si antes había que desconfiar del juez de instrucción, ahora hay que desconfiar del fiscal que es el que tiene el poder de pedir detenciones. Para evitar que cada uno haga lo que quiera, porque hay un principio de unidad de actuación; para evitar casos de mala praxis y para evitar casos de corrupción”.

Los estudiosos del tema reconocen que para ese monitoreo que requieren esas estructuras nuevas, hay ríos de tinta y experiencias comparadas. Pero alertan que “no lo puede hacer cualquiera. La primera condición es saber, es conocer del tema, cómo funciona. Un abogado por el solo hecho de ser abogado no está en condiciones de hacerlo, mucho menos un legislador. Con qué criterio monitorea un legislador, un juez civil, no tiene la menor idea. Tiene una forma de trabajar distinta, una estructura judicial distinta, es abogado y juez pero no sirve para controlar al MPA”.

“Deberíamos tener un monitoreo y un control externo, articulando todas las instituciones, una ONG independiente que trace un esquema de control con indicadores —agregan—. Hay controles a cargo de la Auditoría del MPA, que se implementó tardíamente y con recursos limitados. Y tiene que ejercer algún tipo de control el fiscal general, que en la ley está supeditado a los regionales”.

Con todo reconocen que “estos son los lindos riesgos de este tipo de sistemas que de arranque suman transparencia y visibilidad. Un lío de estos antes caía en un juez de instrucción que estaba encerrado en una habitación y no se enteraba nadie. Acá está todo más expuesto, también los errores de los fiscales y los del sistema”.


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