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Sociedad

Saber qué comemos: acuerdo para una ley que obligue a advertir sobre alimentos con excesos de sustancias nocivas

Nueve meses les tomó a los diputados dejar listo para votar en el recinto el proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. El texto sorteó la “grieta” y contó con el acompañamiento de miembros de diferentes bancadas. Pero además, y como pocas veces sucede, dividió las aguas en el propio oficialismo. Uno de los diputados de la bancada del Frente de Todos presentó un dictamen de minoría, que llamativamente recibió mayor acompañamiento de Juntos por el Cambio que de su bancada. El azúcar todo lo puede.

Un embarazo. Eso tardó la Cámara que lidera Sergio Massa en avanzar con la iniciativa que desde diferentes bloques consideraron una “deuda pendiente” para con la sociedad. Se trata del proyecto de ley impulsado por la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti que busca advertir al público sobre alimentos con excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Para ello, entre otros ítems, el proyecto establece la inclusión de octógonos negros en la parte frontal de los envases con la inscripción “Exceso en” o “Alto contenido de”.

La parálisis que el texto sufrió en la Cámara baja no fue ajena a las diferencias que la iniciativa despertó dentro del bloque que lidera Máximo Kirchner. Más bien, todo lo contrario. A lo largo de los nueve meses en los que el proyecto dio vueltas en las comisiones, fueron varios los diputados que, en off, anticipaban que “se dictamina la semana que viene” pero el asunto después no se plasmaba en la agenda. “Siguen sin ponerse de acuerdo en el oficialismo”, explicaban desde la oposición.

Estas diferencias intestinas ayer quedaron en evidencia pese a que el propio Kirchner, según pudo saber Suma Política, bajó la orden de que más allá de había “algunos esquivos”, el texto debía salir “sin modificaciones”. De lo contrario, debía volver al Senado.

Y así fue. Ayer, tras un extenso debate que por la cantidad de participantes y oradores se vivió como una sesión, el texto quedó listo para ser convertido en ley en una próxima sesión. Pero hubo sorpresas.

Un proyecto transversal

Las diferencias en torno al proyecto del lado de Juntos por el Cambio ya se conocían. Es más, en el Senado, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) fue una de las pocas que rechazó la iniciativa. El resto levantó la mano y acompañó el proyecto.

En Diputados, la negativa por parte de algunos miembros de JxC fue más amplia y activa. Por caso, la diputada Carmen Polledo presentó su propio dictamen, que cosechó 12 firmas. La porteña propuso un modelo diferente al de los octógonos negros: impulsó la Guía Diaria de Alimentación (GDA) que utiliza categorías y asigna colores. Se trata del modelo que usa el Reino Unido y que había sido recomendado por el Ministerio de Producción durante la gestión de Cambiemos en 2018.

A ese dictamen de minoría impulsado por la diputada del PRO se le sumó otro que directamente rechaza la ley. Apenas sumó dos firmas: la de Alejandro García (su autor) y la de la cordobesa Soher El Sukaria.

El cuarto dictamen fue el que reflejó la interna dentro de la bancada oficialista. Y fue impulsado nada menos que por el tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud y una de las caras más visibles en la Cámara baja desde que el Covid-19 puso un pie en la Argentina. Sin ir más lejos, en la última sesión fue quien justificó la negativa del FdT a tratar el proyecto de JxC que buscaba modificar la Ley de Vacunas. Horas más tarde, se conocía que por DNU el Ejecutivo modificaría esa ley.

A menos de 24 horas del inicio del plenario, Yedlin confirmó en Diputados TV que presentaría su propio dictamen de minoría. Y lo primero que hizo fue aclarar que su postura nada tenía que ver con provenir de una provincia azucarera. Es más, reconoció que el sector debe reinventarse y abocarse a la industria energética.

Ya en el plenario, expresó su “total acuerdo con la necesidad de un etiquetado frontal de advertencia en la Argentina y con el enorme problema que constituye el sobrepeso y la obesidad en el país, sobre todo entre niños y adolescentes”. Pero consideró que el texto proveniente del Senado “tiene algunos errores que, a mi manera de ver, no podrán ser salvados por la reglamentación y propongo enmendar con el dictamen de minoría”.

Por caso, el tucumano planteó que la etiqueta de advertencia se use solo en productos procesados y ultraprocesados; que los límites que definen las etiquetas no deberían ajustarse al perfil de nutrientes de la OPS; que los plazos para que se le dan a la industria para cumplir con la nueva norma deberían ser más amplios y que se deje en manos del Poder Ejecutivo la adecuación de “lo establecido en esta ley para armonizar con el Mercosur las normas del etiquetado frontal en cumplimiento con los tratados vigentes”.

Mientras Yedlin se ausentaba de la comisión para participar de un acto de su gobernador Juan Manzur, su dictamen recibía más apoyos ajenos que propios. Además de la firma de la jujeña del Frente de Todos Carolina Moisés, su propuesta sumó a dos adeptos radicales: los tucumanos José Cano y Lidia Ascárate. Todos provenientes de provincias azucareras. Tal como ocurrió con el nuevo marco legal para los biocombustibles hace pocos días, el azúcar desdibujó las diferencias partidarias.

Esta misma transversalidad que se vio entre los detractores de la medida se reflejó en los discursos a favor del dictamen mayoritario. No solo los diputados del Frente de Todos acompañaron el texto camporista y militaron en las redes para acelerar su tratamiento, sino que integrantes de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, la izquierda y Los Ramones pidieron hacer uso de la palabra para expresar su acompañamiento, además de sumarse a la militancia virtual. Muchos de ellos (los que integran alguna de las cuatro comisiones que trataron el texto) firmaron el dictamen de mayoría.

Largo camino

Apenas aterrizó en Diputados se supo que el proyecto que había tenido amplio consenso y un ágil tratamiento en el Senado no correría la misma suerte. La primera señal la envió el presidente de la Cámara baja cuando giró el proyecto a cuatro comisiones (en principio se hablaba de que serían seis). Cuando un texto es girado a numerosas comisiones la primera lectura que se hace es que se busca demorarlo: implica redoblar los esfuerzos.

No serían dos como ocurrió en el Senado, sino cuatro las comisiones que debían conseguir quórum para su tratamiento, además de la enorme cantidad de firmas a cosechar para girar un texto al recinto. Un trámite más que engorroso que terminó involucrando a más de cien diputados. Más de un tercio de la Cámara.

También llamó la atención que la comisión cabecera (es decir, la primera que debe tratar el texto y por tanto la que marca los tiempos) haya sido Legislación General, que preside la massista Cecilia Moreau, y no Salud, encabezada por el tucumano Pablo Yedlin, tal como ocurrió en el Senado. Esta decisión corre por cuenta de la Presidencia de Diputados.

“Me encanta que salga este tema para que después no digan que yo la trabo”, dicen que dijo Sergio Massa en la última reunión que mantuvo con los jefes de bloque, cuando se habló del tratamiento de la ley en una próxima sesión.

Cuando trascendió que el texto finalmente saldría del letargo, los representantes de la industria alimenticia –que en algunos casos se jactaban de ser los lobistas que trababan la ley– alzaron su voz en rechazo de la medida.

Por caso, desde AmCham Argentina alertaron que, más que una advertencia para los consumidores de alimentos, la ley constituye “un castigo para sus comercializadores”. Además, consideraron que las etiquetas negras “demonizan alimentos”.

Desde Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) también hablaron de la demonización de productos; alertaron que la normativa implicaría un daño en los consumidores al brindarles información incorrecta, además pronosticar que la etiqueta negra implicará traba para una industria a la hora de exportar.

El Centro de la Industria Lechera (CIL), también alzó la voz y señaló que, de sancionarse el proyecto, se producirán asimetrías, problemas legales, productivos y logísticos en el Mercosur.

Más allá del lobby, las diferencias y las demoras, el proyecto ayer recibió luz verde y está a un paso de convertirse en ley. Resta saber, ahora, si se lo trata en la próxima sesión. Y, de ser así, cuándo será esa próxima sesión. Es que, en la recta final al cierre de listas, el Congreso está a punto de pasar a modo campaña y, cuando eso sucede, la actividad parlamentaria se frena.

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