Sain denuncia que hay grupos que lo quieren sacar porque no pueden comprarlo



Por Osvaldo Aguirre


El proyecto de reforma de la Policía de Santa Fe está en una instancia decisiva. Las tres leyes elaboradas por el Ministerio de Seguridad de la provincia ingresarán en octubre a la Legislatura para su tratamiento, en el contexto problemático que plantean el incremento de la violencia criminal en Rosario y las objeciones que se avizoran desde sectores de la oposición política.

“La alternativa es la reforma o seguir con el statu quo”, advierte el ministro Marcelo Sain, cuyo estilo frontal suele desconcertar —y enardecer— a una clase política que, como la santafesina, está habituada a maneras que presumen de prudencia y expresiones bien pensantes que con frecuencia no tienen consecuencias prácticas, sobre todo en cuestiones de seguridad pública y en el manejo de la institución policial.

Los asesinatos de Sebastián Cejas, en un intento de robo, y de Ticiana Espósito, alcanzada por sicarios que se proponían atentar contra un vecino, pusieron al rojo vivo la demanda de seguridad. La llegada de la Fuerza de Respuesta Inmediata, de la Policía Federal, anunciada para el lunes 28 señala una urgencia: recuperar el control de la calle. Es la primera asistencia de fuerzas federales desde que Omar Perotti asumió la gobernación.

Sain enfrenta una especie de oposición transversal en la política santafesina. El incremento de la violencia suele ser un argumento contra su gestión y contra la oportunidad de la reforma. “Me lo endosan a mí, es muy ingrato”, dice, respecto del alza de homicidios en Rosario. “Pero una gestión no puede parar una reforma estructural de la sociedad como la que llevó adelante Cambiemos —agrega—. Sabemos muy bien que los niveles de violencia crecen cuando hay niveles de desigualdad acelerados. Por esto entre 2002 y 2008 hubo baja de delitos predatorios y a partir de 2009 empiezan a crecer. Ahora enfrentamos la fragmentación de las organizaciones narcos, con las primeras líneas en prisión y los soldaditos como gerentes”.

Los proyectos de ley del sistema policial, de seguridad pública y de control del sistema policial se presentan como los instrumentos para modificar a una Policía que terminó por ser funcional al crimen organizado, no ya por la presencia de algunos de sus miembros, como pudo pensarse durante al juicio a Los Monos, sino por la contribución sostenida de jefaturas regionales, provinciales y de Drogas Peligrosas. Y también para poner fin a un modo de relación entre la Policía y la política sostenido históricamente en compromisos tácitos y favores mutuos.



Una fuerza en reconstrucción


Después de sortear la protesta organizada por grupos marginales de ex policías, la gestión de Sain apuesta a reconstruir una institución a la que encontró en ruinas: con personal escaso y poco capacitado, sin equipamiento básico, en deficientes condiciones de trabajo y desmoralizado por un desprestigio crónico.

Los que resisten la reforma lo plantean como si se tratara una cuestión ociosa, mientras hay otros problemas más urgentes para tratar.

—Con ese criterio no se podría discutir ningún esquema institucional en Santa Fe desde 2010. Las cosas que están pasando son cosas que han ocurrido años anteriores, en algún momento en un nivel más abajo y en otros años con un nivel bastante más arriba. No hay nada extraordinario. Pero no es una responsabilidad del anterior gobierno ni del nuestro, tiene que ver con transformaciones del mundo criminal y con una matriz institucional.

Y ahora la situación se agrava por la pandemia y la contracción del mercado de la droga.

—¿Agravada respecto de qué?

—Por la contracción del mercado de la droga, la competencia que se activa por el narcomenudeo.

—Esa condición es nueva. Otra condición nueva es la caída del poder adquisitivo. Hay poca plata en la calle. El gramo de cocaína sale entre 3 y 4 mil pesos y hay una lucha en la que ningún grupo logra estabilizarse. No hay una instancia ordenadora de ese tipo de conflictos. Hay gerentes de muy poca monta, y hay también un grupo criminal que está jugando políticamente y que tiene un par de abogados que adelantaron a algunos periodistas que iban a inflamar la ciudad de muertos. Lo hicieron en enero y lo están haciendo ahora. Son Los Monos, claro. (El abogado) Carlos Varela es el lobista de ellos, es el vínculo entre Guillermo Cantero y el mundo de la política.

¿Operan a través de sectores de la política?

—Sí, claro. Hay un problema de configuración criminal del que algunos sectores sacan rédito y a la vez hay otros sectores más vinculados con el mundillo de los abogados. En realidad Los Monos siempre tendieron a autorizar la venta de droga. No manejaban más de 20 bunkers en el momento de mayor apogeo. Desde la muerte de Claudio Cantero, el Pájaro, hasta el encarcelamiento antes del juicio de 2015 el grupo se desarma, aunque queda activo “Guille Cantero y hay una reconfiguración. Los Bay, en San Lorenzo, son una franquicia, los que mataron a (Marcelo) Medrano, Emanuel Sandoval, “Ema Pimpi”, que era un histórico de Esteban Alvarado, empezó a jugar para Cantero, los Ortigala. Y en Piñero, el Peruano (Julio Rodríguez Granthon). Hay un grupo de gerentes, que son empresarios, dueños de concesionarias, abogados que se están moviendo.

¿El objetivo sería parar la reforma?

—Sacarme a mí. No pueden comprarme.

¿Cuáles serían los sectores políticos que están contra la reforma?

—Es lo que llamo el bloque de poder tradicional. Rubén Galassi está activando en las redes con sus periodistas históricos. Bonfatti es uno de los socios mayores de ese bloque. El otro es (Armando) Traferri y el bloque senatorial. (Rubén) Pirola. Hubo abogados que trataron de levantar a la Policía, sobre todo en Rosario. Evelyn Andriozzi (vocera de “la familia azul” en la última protesta policial) es hija de (el ex comisario Ernesto) Andriozzi, mano derecha de Traferri. Al gobernador se lo negó, pero todo el mundo sabe que es así. En 2015, cuando lo nombran jefe de la Unidad Regional XVII, Andriozzi refugia en San Lorenzo a la gente de Drogas Peligrosas de Rosario. (Cristian “Chamuyo”) Di Franco, (Gustavo) Spoletti, los policías detenidos en 2019 como parte de la asociación ilícita de Alvarado, se habían refugiado en esa estructura que armó Andriozzi. El socialismo respetó entonces lo que le respetaba a todos: cada senador armaba su estructura de mando policial. Pero se sabía que esos comisarios de Drogas Peligrosas fueron contra Los Monos porque eran parte de la banda de Alvarado. Pasó bastante desapercibido, hace quince días, el juicio abreviado contra Luis Quevertoque, el subjefe del grupo de (el ex comisario Cristian) “Carancho” Romero. Quevertoque reconoce que ya en 2016 estaban en la nómina de Alvarado. A ver: es el segundo de la brigada que persiguió a Los Monos y dice que en ese momento era parte de la banda de Alvarado. Y hay otro actor en el escenario que es Oscar Martínez, Cachi. También está operando a full, camina Buenos Aires planteando que él tiene que ser el ministro de Seguridad de la provincia. Bonfatti, Martínez y Traferri son desestabilizadores de la reforma.

En este marco, ¿el proyecto puede tener consenso político?

—Completo la respuesta sobre quiénes están en contra de la reforma: La Capital es la vocería de la oposición. Todo el mundo me dice que no haga lo que estoy haciendo, “con el periodismo no te tenés que meter”. Esas reglas que son reglas construidas por el propio periodismo. Hoy el periodismo es un factor de poder. Ahora, Lifschitz no está en esto, y a nosotros nos parece bien llamar a las Juntas de Seguridad, como propone el Frente Progresista. El gobernador ya tiene los tres proyectos desde ayer (el martes 22), bien armonizados, con los fundamentos formales. Los fundamentos críticos los dejamos para el debate. Además para mostrar a todo el mundo en qué estado nos encontramos. En Santa Fe no hubo un solo opositor, ni un solo periodista, que viera el estado de situación de la Policía. Tampoco hubo un comisario que se calentara y levantara la voz.

¿La renuncia de Sarnaglia tuvo repercusión dentro de la policía?

—No. No hizo daño. Sarnaglia estuvo en la Policía antes de 2008, con lo cual no tenía ningún compromiso con las bandas que se disputaban la cúpula. Cuando llegamos estaban los altos mandos que dirigían la Policía entonces y esperaban que negociáramos la sucesión con ellos. Creían que nosotros no podíamos controlar a la fuerza.

¿Es un buen momento para presentar el proyecto de la reforma?

—No va a haber en Rosario una coyuntura distinta, esté o no esté Sain. La Argentina vive de crisis en crisis. Argentina es Italia del sur.

Digo por las muertes de inocentes en estos días.

—Muertes inocentes son todas, sacando los casos de sicariato. Pero en ocasión de robo (el de Sebastián Cejas) fue el único caso, estruendoso, que hubo. Está la chiquita Ticiana, cuando fueron a matar al tipo que vive en la esquina de su casa.

Y lo que expuso el crimen de Medrano sobre el lavado de dinero en el centro de Rosario.

—Hace años lo dije: en Rosario se armó una estructura financiera paralela de la economía que es enorme. Por eso Santa Fe tiene un estado tan débil. Entre otras cosas, fiscalmente débil, donde la mayoría de las transacciones se hacen en negro. Esa estructura, con la soja a 600 dólares en Chicago, se armó para emprendimientos inmobiliarios. Cuando la soja bajó, entró la droga. Medrano, el día que lo matan, compra 17 mil dólares en una financiera que pertenece a (Patricio) Carey. Allanamos una oficina de Carey y no se mosqueó nadie. Secuestramos 170 DNI, pero no estamos hablando de una cueva de Los Monos. Estamos hablando de una empresa histórica de la city rosarina.



¿La reforma puede ayudar a desarmar esas estructuras?

—La reforma va a ayudar a tener un dispositivo policial adecuado, una redistribución de las estructuras de mando y los recursos necesarios para la gestión. Estamos en una coyuntura complicada, pero vamos adelante. El gobernador labura a destajo, te llama a las once de la noche. Y es muy buen tipo. Todo el mundo habla de la honestidad de los socialistas, nadie dice nada de la honestidad de Omar. Omar es un tipo honesto, Roberto Mirabella es un tipo honesto. Pueden mostrar dónde viven.

¿Al desarmar las regionales, como propone la reforma, se corta la relación espuria entre políticos departamentales y jefes policiales?

—Se corta por completo. Armás un esquema operacional totalmente distinto. Pero ya hoy saben que eso no funciona más. Muchos policías se empiezan a empoderar con nosotros. Emilce Chimenti dice “nosotros somos policías, no estamos para la política”. Necesitamos un poco de tiempo, nada más. El esquema institucional de la reforma es lo que los socialistas siempre han proclamado, era parte del modelo que querían. Es muy difícil que puedan decir que no al proyecto en lo conceptual, yo lo estoy llevando a un plano de reordenamiento de todo el sistema, tanto político como policial. ¿Van a decir que no al observatorio de violencia y delito? ¿No al capítulo sobre bienestar policial? Si lo quisieron hacer.

¿Cuándo presentan las leyes?

—Creo que la semana que viene, después de la reunión del consejo, van a entrar los proyectos a la Legislatura. Hasta ahora nadie planteó una sola crítica en contra de la reforma. Nunca, y he pasado por veinte foros. Hay tres alternativas: apoyar el proyecto, con modificaciones, presentar un proyecto alternativo o defender el statu quo; a esta altura proyecto alternativo no se va a presentar, por lo que la opción es apoyar a la reforma o permitir que todo siga como está.



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