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Política

Tarifas de Aguas: lo vinculante es la temperatura de la audiencia

Podrá decirse que fue una audiencia pública veraniega, metida en medio de la tercera semana de enero y surfeando la tercera ola de contagios de Covid-19, pero la discusión sobre las tarifas de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima no fue un mero trámite. Y quien le pida a los que van a tomar la decisión de aceptar o morigerar el aumento pedido por Aguas que se tenga en cuenta “el resultado” de quienes han dado su opinión, no han terminado de entender cuál es el sentido de estos debates.

En los cuerpos legislativos, desde la más modesta comisión comunal o la Comisión Directiva de un club de barrio, hasta la Legislatura santafesina o el Congreso de la Nación, normalmente hay una votación tras un debate. En una audiencia pública no, en ninguna de las que se llevan adelante en la Argentina desde mediados de los 90.

Nadie en una audiencia pública lleva la cuenta de quiénes han apoyado o defenestrado el pedido de revisión tarifaria o cuántos se han expedido en uno u otro sentido, pero cada uno de los oradores dirá qué piensa de los valores tarifarios y del servicio (como si su posición pudiera torcer el rumbo de las cosas).

Es de manual que quien se oponga a un aumento de tarifas a discutir en una audiencia pública va a reclamar que el debate “sea vinculante”. Que llegue a lo que luego recomiende el regulador y finalmente disponga el Ejecutivo. 

Ocurre en las audiencias que ha forzado el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, desde marzo de 2010, a partir del gobierno de Hermes Binner que propuso a Alberto Muñoz como titular del ente. El dirigente de Rosario de organizaciones de consumidores y usuarios, que se opuso a las privatizaciones, años más tarde fue clave para sumar este instituto a los pasos requeridos para las actualizaciones tarifarias de ASSA. A nivel nacional había audiencias públicas mucho antes, pero los anteriores gobiernos del PJ en la provincia no las impulsaron. Más allá de que hoy parecen inamovibles, todavía Santa Fe no tiene una ley que las haga obligatorias para los servicios públicos. Se rigen por decretos y resoluciones. 

Para los aumentos de la EPE recién en 2016, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, se hizo la primera audiencia pública y como se verá más abajo, ese es un antecedente que conviene tener presente.

Una y otra vez se habla de respetar “el resultado” de las audiencias públicas, para que no queden en una formalidad o acaso apenas un ámbito para la catarsis de los usuarios y sus reclamos. Como si hablar no fuera parte del hacer… Hay una vieja confusión entre lo saludable de que los argentinos vayan por fin “a las cosas” y aquel viejo apotegma que denigra el debate, que pone en contradicción al decir del hacer, al prometer y el realizar.

A contrapelo de privatistas

La resolución del directorio del Enress que impuso las audiencias públicas —a contrapelo de un marco regulatorio que no fue hecho para la participación de los usuarios— dice sin medias tintas que “sus conclusiones no serán vinculantes”. Y esa definición se ha vivido como si fuera una derrota para las aspiraciones de la mayoría, como un defecto antidemocrático de origen. Como una dificultad más a vencer para garantizar el derecho humano de contar con agua potable que la ley santafesina reconoce.

La práctica ha demostrado que las audiencias públicas no son las asambleas barriales o de autoconvocados de la rebelión contra las autoridades políticas de la crisis de 2001 y su “que se vayan todos”. Tampoco son como las reuniones, también llamadas asambleas ciudadanas, del Presupuesto Participativo de la primera etapa de los gobiernos del Frente Progresista, y mucho menos las audiencias públicas son como las asambleas universitarias que son una institución imprescindible que funciona como una verdadera escuela para la formación de dirigentes políticos, donde se aprende a hablar y también a imponer, a debatir y a chicanear, a ganar asambleas con militancia y también a conocer el poder. Estos 15 años de audiencias públicas convocadas por el Enress demuestran que si se crean mecanismos para que sean efectivamente vinculantes, y que tengan un resultado, habrá mucho de lo peor de las prácticas que se comentan arriba. Y que se condicionaría al regulador. Que quien tenga más poder de movilización o cuente con más recursos sabrá como imponer un número mayor de asambleístas. Así de fácil. 

Un caso

Cuando en medio del gobierno de Miguel Lifschitz la Secretaría de Energía a cargo de Verónica Geese le impuso a la EPE la audiencia pública como condición para aumentar las tarifas (era ya intolerable que no la hubiera) fue muy alto el número de participantes de la propia empresa, algunos vinculados o promovidos por su conducción política y sus gerencias técnicas, y otros por las representaciones gremiales de los trabajadores, o por ambas.

Fue todo un ejercicio para ingenieros, técnicos y empleados de tradición lucifuercista enfrentar a los usuarios por primera vez, más allá de la ventanilla de atención al público, en un servicio que sigue sin tener un ente regulador.

En aquella audiencia inicial muy probablemente habrían ganado los partidarios del aumento y del orgulloso desempeño del servicio que manifestaron en su mayoría los oradores.

Zoom pandémico

Las audiencias convocadas por funcionarios del gobierno de Omar Perotti —no podía ser de otra manera— estuvieron marcadas por la pandemia, tanto para la de la EPE como para ASSA. Y en el caso del agua y las cloacas por la escasez —en un sentido muy amplio— de la primera por la bajante y su impacto en las canillas, en el sabor y en los costos de tener agua potable o de no tenerla, y por un clima en el debate que huele como las segundas respecto de la evaluación de los usuarios de los servicios sanitarios. 

De la audiencia pública del 19 de enero lo vinculante serán sus críticas a las prestaciones, a la falta de inversiones o a su atraso. A lo costoso de la conducción política de la empresa y a la presunción de sus gastos superfluos o a la evidencia de sus déficits y de su ineficiencia, graficada en las fugas de agua sobre las calles o en los cortes o la disminución del servicio vital.

Serán las quejas de los usuarios en primer lugar, de los vecinalistas en el mismo plano y de los representantes de los vecinos y de los ciudadanos en un segundo término, las que seguramente van a pesar.

Fue la calidad de la prestación lo que se cuestionó, más que el costo de las tarifas.

Micro y macro

El presidente de la vecinal Facundo Quiroga, Juan Carlos, del Barrio Transporte en el norte de la capital provincial, aprovechó la oportunidad para hablar de lo que le pasa en ese mundo de “vecinos progresistas” de 77 manzanas, a unos 7 mil habitantes. Detalló las obras de cloacas que se necesitan, recordó todas las veces que se las incluyó en diversos planes de expansión y advirtió del riesgo ambiental que implica que haya desde hace décadas unos 20 pozos negros excavados por cada manzana, más o menos uno por vivienda.

Dijo que la vecinal aceptaría con gusto el aumento, si tuviera servicios. Que faltan las cloacas y tiene que mejorar mucho la presión del agua potable, que la cañería se construyó hace solo 15 años y ya es insuficiente. Que con el calor el agua llega a los tanques recién al anochecer, desde la planta potabilizadora ubicada en la otra punta de la mancha urbana.

Con una visión más macro, provista de una estadística impactante que describe la pobreza en Rosario en detalle, Antonio Salinas, de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, se explayó antes sobre el drama del acceso al agua para consumo humano con sistemas alternativos o gracias a las redes formales de Aguas en “los barrios populares”, que no deben confundirse con las villas, ya que estos sí guardan la trama urbana de calles, veredas y manzanas que facilitaría el ingreso de los servicios. Dijo que se necesita la decisión política de tenderlos y que aunque se ha avanzado en las últimas décadas, falta mucho. Aseguró que se llame plan Abre o plan Incluir, el Estado no debe seguir excluyendo de las redes a casi un 15 por ciento de los rosarinos, un número apabullante.

Ambos fueron contundentes en lo que dijeron y lo que pidieron. Y en lo que propusieron. Pero al clima lo calentó definitivamente un habitual participante en las audiencias públicas, que siempre habla en condición de ciudadano además de usuario. Osvaldo Gauna tuvo problemas con su micrófono en la audiencia virtual pero cuando consiguió hacerlo funcionar se hizo oír. El quijote de causas perdidas que suele despotricar contra “los políticos” esta vez puso el dedo en la llaga, y acertó a señalar lo que otros ya comentaban en privado por WhatsApp: ¿por qué no participaron otros directores y gerentes de Aguas Santafesinas, además de los expositores, del zoom que reunió apenas a unos 30 interesados?

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