Villas o barrios populares, los nombres y
las medidas de la desigualdad en Argentina


Fotografía: Alan Monzón

Por Laura Hintze

Los barrios populares de Rosario tuvieron su mayor crecimiento en el último cuarto de siglo del que existen estadísticas: de los 112 censados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), 49 se crearon entre 1990 y 2016. El incremento es similar a nivel nacional y provincial, aunque en cada caso el pico se da en distintos momentos políticos, económicos y sociales del país. Mientras que en la provincia el salto se dio en los 90, en el todo el territorio argentino el mayor crecimiento ocurrió en los 2000. Rosario, por el contrario, tuvo su pico en la década del 80, cuando se crearon 31 villas y asentamientos. Salvo por este Registro, llevado adelante en 2017 en todo el país, no existen instrumentos de medición que permitan trazar la historia y los recorridos de un fenómeno que, con sus picos y mesetas, no para de crecer.

El Renabap sacó a la luz un número que nadie se había detenido a buscar: en 2017, el único momento registrado, había en el país 4.416 barrios populares, entre asentamientos y villas, que ocupaban 444 kilómetros cuadrados y donde vivían unos cuatro millones de personas. Esto es dos veces y media la superficie de Rosario y cuatro veces su población para la misma época. No hay datos que demuestren que la situación haya cambiado para mejor.

Quedate en casa es la premisa que rige la vida desde marzo y la pregunta no tardó en aparecer: ¿en qué casa? Algunos pudieron notar que sus departamentos son demasiado chicos. Otros que el rayito de sol es un bien indispensable. Estuvieron quienes necesitaron espacio y quienes celebraron vivir donde viven. También saltaron a la luz las realidades que siempre están y que en las crisis explotan. Esto es, que no toda la ciudadanía tiene ciertos privilegios: acceso formal al agua potable, conexión de gas natural, la posibilidad de mantener la distancia con los vecinos, no tomar el transporte público, trabajar desde su casa.

En Argentina se pueden conocer los índices de pobreza y en qué condiciones viven las personas, pero no hay un seguimiento de un problema crítico como es el crecimiento y transformación de villas y asentamientos que se sostenga en el tiempo. No se puede trazar una línea histórica, no se puede confirmar lo que se ve siempre y preocupa cada tanto. Las investigaciones al respecto lo advierten y recomiendan al Estado: es fundamental tener información y generar datos para pensar políticas públicas.

“La producción de información pública es necesaria para elaborar un diagnóstico certero y adecuado y para tener claros la orientación o la dirección que queremos otorgar a los programas y las acciones públicas”, explica Florencia Brizuela, licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Estudios Urbanos. Brizuela formó parte de la investigación que derivó en el libro Progresos y Desafíos de los Derechos en la provincia de Santa Fe, un trabajo llevado adelante por la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Rosario en el período de 2018 a junio de 2019 inclusive. El proyecto contempla el monitoreo, a escala provincial, de cinco derechos fundamentales. Florencia estuvo a cargo de investigar el derecho a la vivienda adecuada y a los servicios públicos básicos y se encontró con “una multiplicidad de inconvenientes, porque las fuentes de información son escasas, son casi nulas”.

El mismo libro lo destaca y advierte: en la dimensión de producción de información, se encontró que no existen sistemas estadísticos dedicados exclusivamente a medir el acceso y efectivo goce del derecho mencionado. Según detalla la especialista, a nivel provincial no existen fuentes de información, porque el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) se nutre de las estadísticas o los mecanismos de recolección de información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Existen, sí, a través del Indec, el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que se realiza cada diez años (una temporalidad bastante larga) y la Encuesta Permanente de Hogares Urbanos, que no releva la totalidad de los hogares, sino que se limita a los grandes aglomerados urbanos. En el caso de la provincia de Santa Fe, el aglomerado Gran Rosario y el aglomerado Gran Santa Fe y solo las viviendas alojadas en centros urbanos. El Indec también emplea otro instrumento: la Encuesta Anual de Hogares Urbanos, de la cual los datos que se encuentran llegan al 2013. 

La falta de datos públicos no es una pavada: impidió observar la progresividad, es decir, “hacer un estudio a largo plazo que pueda de algún modo valorar la actuación del Estado en materia de ampliar la cobertura y de garantizar derechos”, explica Brizuela. También, más allá de una investigación puntual, impide trazar políticas públicas con proyección e información de primera mano. En ese sentido, destaca la creación del Renabap, aunque no deja de ser para ella un corte en un momento puntual. Lo que hay: una foto.


Poner en lápiz y papel


El Renabap fue impulsado por organizaciones sociales y se llevó adelante en 2017, yendo casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad, creando una estadística nacional que al momento no existía. “Fue poner en lápiz y papel que estos barrios existen, una forma de que la sociedad sepa que está el barrio El Humito, el Cañaveral, El Sol, y que en ese barrio no hay luz, no hay cloacas, que abrís la canilla y no tenés agua, que tenés un piso de tierra, que no hay cerca ni un dispensario ni una plaza. Era dar a conocer eso”, dice Nelson Mansilla, que en 2017 recorrió las villas, los terrenos ocupados de la ciudad, los asentamientos irregulares para construir de esa forma una primera estadística al respecto.

Un barrio popular es, según este registro, un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a al menos dos servicios básicos (agua corriente, red cloacal y/o energía eléctrica con medidor domiciliario). Estos barrios pueden ser villas o asentamientos. La diferencia está en la densidad poblacional y la traza urbana. Según explicaron a Suma Política desde el Renabap, en las villas la traza es irregular y los barrios tienden a crecer hacia arriba, generando pasillos angostos y varios pisos de viviendas, es decir, más personas viviendo por metro cuadrado. En los asentamientos hay una traza urbana más regular, con calles y manzanas «normales».

El Renabap relevó 4.416 barrios en todo el país. El 16,2 por ciento de ese total son villas. Del total de esos barrios, 341 pertenecen a la provincia de Santa Fe y 112 a Rosario. Haber sido registrado le significa a cada ciudadano y ciudadana la posibilidad de acceder a un certificado de vivienda familiar que acredita su domicilio ante cualquier autoridad. El decreto 358/2017 que crea el Renabap también solicita a los entes reguladores de servicios públicos que adecuen su normativa para reconocer al Certificado de Vivienda Familiar como documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar su respectiva conexión.



Para coordinar las encuestas, las organizaciones sociales de cada localidad de más de 10 mil habitantes tomaron censos o registros institucionales con las que contaban las municipalidades o, en el caso de Rosario, también los distritos. “Hay que recalcar que el Estado mucho conocimiento de los barrios no tenía, o se hacían los pelotudos”, se sincera Mansilla. También dice que en el propio andar fueron apareciendo los asentamientos, las villas, los terrenos ocupados, que nadie tenía en cuenta. “Es muy dinámico el territorio y había muchos barrios que no estaban registrados. Y eso fue lo que hicimos nosotros”, remarca, orgulloso. 

Nelson usa una palabra: catastrófica. Dice que así es la vida en los barrios populares, que eso significa “no tener la infraestructura adecuada” y que lo importante de censar cada una de estas casas fue darlo a conocer, sobre todo porque ahí viven personas. No fue sencillo. “En los barrios están cansados de que lleguen a hacer las promesas de siempre y por lo más básico: tener luz, agua y que no se prendan fuego los ranchos cuando hay un viento y se cortan los cables”. Para Nelson es fundamental destacar que fueron las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas de cada territorio quienes llevaron adelante este registro, que no fue una iniciativa “de traje y escritorio”.

En Rosario, y según el Renabap, en 2017 eran 35.061 las familias que vivían en las villas y asentamientos donde fueron encuestadas 75.167 personas. Se calcula que viven 3,46 personas y 1,09 familias por vivienda, lo que significa que la mayoría de las rosarinas y rosarinos que viven en estos barrios lo hacen en condiciones de hacinamiento. El acceso formal a servicios básicos es casi nulo. Los resultados del registro señalan que el 98,21 por ciento no tiene acceso formal a la red de agua corriente; el 97,32 no tiene acceso formal a la red cloacal; el 95,54 no tiene acceso formal a la red eléctrica; y el 99,11 no tiene acceso formal a la red de gas natural.



Entre las preguntas que se le hizo a cada persona encuestada estuvo el año de origen del barrio, y se apeló así a un factor que no existe en los instrumentos de medición del Estado: la memoria de la gente, lo único que en definitiva permite ahora trazar una línea de tiempo de más de un siglo. Así, si bien el Renabap no es un método de medición porque no se sostuvo en el tiempo, es una foto fiel de las historias de quienes habitan en esos territorios que cada tanto son noticia, generan alarma y después vuelven a quedar relegados, en la incomodidad que generen al gobierno de turno.

De ahí surge que el mayor crecimiento de barrios populares en Rosario se dio en la década del 80, cuando se crearon 31 de los 112 barrios que existen. En los 90 se formaron 24; en los 2000, 18; y entre 2010 y 2016 se habían registrado siete barrios nuevos.

En todo el territorio provincial, sin embargo, el salto de creación de barrios populares se dio en la década del 90. De los 341 registrados, 75 corresponden a estos diez años. Y a nivel nacional el mayor crecimiento fue en los 2000, cuando nacieron 1157 barrios populares de los 4416 registrados.

“Saber cuándo se crearon los barrios es muy importante”, explican desde el Renabap. “Por un lado, por la cuestión jurídica, ya que hay leyes que toman este dato como relevante para la adquisición de derechos sobre los inmuebles. Por otro lado, para poder evaluar el fenómeno más allá de las gestiones de los diferentes gobiernos”. Para quienes planificaron esta encuesta, tan importante como la historia de cada barrio es “entender que el problema de la falta de acceso a la vivienda por parte de los sectores populares no tiene que ver con un gobierno particular, sino que es una cuestión que lleva décadas en nuestro país y requiere una planificación por parte del Estado que trascienda los colores políticos. Hasta la existencia de este Registro, el Estado no sabía cuántos barrios populares había ni mucho menos dónde se ubicaban ni cuánta gente allí vivía, y entendimos que para elaborar una política pública de Estado, primero había que tener una dimensión de la problemática”.



El escenario local


En 2010 se publicó el informe Evolución de los asentamientos irregulares en Rosario. Análisis de una problemática compleja de revertir en el ámbito local, realizado por Alicia Castagna, Isabel Raposo y María Woelflin y que abarca la década de 1996-2005. Ya desde el comienzo, en sus aspectos metodológicos, el documento destaca y advierte “la ausencia de información actual y sistematizada”. Para trabajar, las investigadoras contaron con información existente por un estudio realizado por la Fundación del Banco Municipal de Rosario publicado en marzo de 1996 y que actualizaba un relevamiento anterior de la misma institución, publicado en 1992.

El informe da cuenta en forma amplia y detallada de las condiciones de vida en los más de noventa asentamientos irregulares que existían en Rosario en 2005, cuando ocupaban algo más de 3.500.000 metros cuadrados, con unas 30 mil viviendas y alrededor de 150 mil personas. Estos datos representaban entonces el 2 por ciento de la superficie de la ciudad y el 15 por ciento de sus habitantes.

En términos comparativos, observa que durante la década 1996-2005 “todas estas variables presentaron un notable crecimiento superior al 20 % en el caso de la superficie y al 30 % respecto a viviendas y personas”. Los datos recogidos, aclara, “revelan un crecimiento neto, ya que no se consideraron 13 asentamientos que fueron regularizados en el período bajo estudio” mientras al mismo tiempo “surgían nuevas villas y crecían otras, en población y/o en superficie”. Y concluye que “si bien no se cuenta con datos concretos se sabe que el crecimiento continúa, en gran parte con población proveniente de otras provincias. Paralelamente hay otros 11 asentamientos que cuentan con planes de regularización”.


Hacinamiento y precariedad


La información más sistematizada sobre el tema es la que proporciona el Indec, a través de la Encuesta Permanente de Hogares, que caracteriza globalmente a la población en términos de su inserción socioeconómica en 31 aglomerados urbanos del país. En su informe sobre indicadores de condiciones de vida correspondiente al segundo semestre de 2019 se presentan datos relevados en 9.356.278 hogares, con 28.021.639 personas, que incluyen el Gran Rosario y Gran Santa Fe.

Según esa encuesta, en el 2,5 % de los hogares argentinos se vive en condiciones de hacinamiento crítico, es decir, más de tres personas por cuarto. Además, en el 6,8 % de las viviendas la calidad de los materiales es “insuficiente”, el 10 % no tiene agua corriente, el 29 % no accede a la red cloacal y el 30 % a la de gas (no se detalla el acceso a la red eléctrica). En los tres años de comparación que permite la publicación las cifras oscilan en los mismos números, y el primer semestre de 2017 es el que muestra los peores indicadores.


Brecha en expansión


Juan Ignacio Bonfiglio es investigador: elabora y analiza datos, y después publica informes en función de esos análisis. Bonfiglio trabaja en la Encuesta de la Deuda Social Argentina, que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina realiza desde 2004. “Es una muestra probabilística y un instrumento muy amplio que toma datos de la situación de los hogares, las situaciones de empleo y hasta cuestiones que pasan por el cuidado, por la salud, por aspectos psicológicos”, explica.

La serie histórica de estadísticas generadas por el Observatorio abarcan del año 2004 al 2009 y se le suma el período 2010-2015 de la Encuesta de la Deuda Social Serie Bicentenario, a partir de la cual se amplía la muestra de hogares de todo el país, de 2.130 (período 2004-2009) a 5.712 (período 2010-2015).

Según los datos arrojados por la UCA, en 2010 el 12,6 por ciento de los hogares encuestados tenía necesidades básicas insatisfechas, esto es, presentaba al menos una de las siguientes situaciones: más de tres personas por cuarto habitable; habitar una vivienda de tipo inconveniente (pieza en inquilinato, vivienda precaria); hogares sin ningún tipo de retrete; hogares con algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe o jefa tuviera como máximo hasta la escuela primaria completa. La cifra descendió a 11,4 por ciento en 2015.

La Encuesta de la Deuda Social incluye un desagregado interesante: el estrato económico. Así, del total de hogares con necesidades básicas insatisfechas en 2010, el 26,7 por ciento pertenecía a sectores muy bajos, mientras que el 3,7 a sectores medios-altos. En 2015 la brecha se había ensanchado: el 28,2% representaba a sectores muy bajos, mientras que el 1,3 a los medios-altos.

Bonfiglio explica que el análisis de la brecha socieconómica es uno de los aspectos que está siempre en los informes del Observatorio. De esa forma, no sólo se refleja un problema en términos de ciertos umbrales de condiciones de vida, sino también en los niveles de desigualdad, que, asegura el investigador, en los últimos 30 a 40 años tiene una tendencia muy clara de aumento.



¿Cómo medir el deterioro? 


El investigador de la UCA asegura que el aspecto central del deterioro de la calidad de vida en el país es la pobreza. “A principios de los 70 en la Argentina no era un problema o era un problema muy menor. Y hoy día la pobreza es un problema social importante, con niveles de pobreza estructural también relevantes”, profundiza.

Los números no pueden leerse solos, las estadísticas no vienen al voleo y dicen cosas. Si se observan los índices de los 70 a la fecha, se puede ver que hay cada vez menos hogares con necesidades básicas insatisfechas. Esas necesidades y parámetros, sin embargo, fueron cambiando con el contexto. Y no hay mejor manera de verlo que en medio de la crisis que genera una pandemia. ¿Cabe pensar de la misma forma los niveles de hacinamiento hace 50 años y ahora? ¿La conexión a la luz eléctrica no debería ser un derecho básico? ¿Y la conexión a Internet o el acceso a un celular con datos? ¿Cómo se sostiene, si no, el teletrabajo o la educación remota?

“En el contexto actual se ven las dificultades que nos pone esta pobreza estructural y que muchas veces no vamos a ver si miramos la pobreza solamente por los ingresos de los hogares”, explica Bonfiglio. “Hay cuestiones a tener en cuenta para no perder de vista un montón de cosas. Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, sucedió este amontonamiento en las colas de los cajeros. No se entendía por qué pasaba eso, y a la vez nadie se preguntaba la importancia del efectivo en la vida cotidiana de las personas que viven en condiciones donde no hay posibilidad de pagar con tarjeta de débito y tampoco tienen un cajero cerca de la casa. Estas situaciones muchas veces no son consideradas y tienen que ver con la pobreza, con la exclusión, con el déficit en términos de servicios”. 

En ese sentido cabe también pensar a los barrios. ¿Qué es lo que hace a un barrio vulnerable? La mayoría de las veces, y a simple vista e ilustración de tapas de diarios o informes de televisión, se reconoce o define la vulnerabilidad urbana a partir de la informalidad o la situación precaria en términos de la propiedad de la vivienda, el terreno, en la dotación de servicios públicos o las características de las viviendas en términos de su construcción. Para Bonfiglio son todos elementos observables, visibles, pero que no hacen en sí a la vulnerabilidad.

“Esto tiene que ver con toda una serie de aspectos que están asociados a la pobreza, la estructura social y a las relaciones. Nosotros apuntamos a mostrar que esto tiene que ver con una dinámica mucho más general”, detalla el especialista. Y profundiza: “¿Cómo se conforman esos barrios? No se trata solamente de los servicios, porque de hecho se pueden urbanizar, cosa que es muy importante y que no es menor. Pero si no pensamos esto a nivel multidimensional, pensando, por ejemplo, que la integración no puede estar al margen de qué es lo que pasa con el mercado de trabajo o la educación, entonces estaríamos me parece en otro registro”.


Fotografía: Alan Monzón

Una pregunta y un mirador


Una vivienda puede ser precaria o no. Puede ser una casa y también un hogar. También puede ser una pregunta. “¿Cómo nos integramos? ¿Qué patrones o definiciones elaboramos a la hora de establecer quién merece o no acceder a un derecho?”, propone Florencia Brizuela. También define: una vivienda es un mirador a partir del cual se etiquetan poblaciones y se establecen modos en que el Estado debería actuar para resolver esos problemas que se diagnostican. Para ella cabe mirar en términos históricos. “La historia nos permite reconocer que lo que hoy aparece como evidente y natural no lo fue en otros momentos”, remarca. Y ejemplifica: “pensar la vivienda de principios de siglo es interpelar cuestiones morales, como las relaciones en los conventillos, la prostitución, la promiscuidad. O relacionar el hogar, la casa, con la necesidad de arraigar, de construir para arraigar al territorio a la población rural deambulante”.

Si las viviendas tuvieran que hablar de este momento histórico, del neoliberalismo de cada día, señalarían, dice Brizuela, “que quienes no logran acceder a una vivienda no han hecho el suficiente sacrificio para lograrlo. Fracasaron a la hora de construirse como empresarios de sí mismos. Pero el acceso desigual a la vivienda da cuenta también de un sistema capitalista que, en todo caso, cada vez más mercantiliza hasta las esferas más íntimas de nuestra vida. Entonces, me parece que la vivienda expresa también este proyecto civilizatorio que, aunque avanza cada vez con más ímpetu, también tiene sus resistencias locales”.


Una casa, un hogar


Nelsón Mansilla tiene 37 años y vive en bulevar Seguí y Provincias Unidas, el barrio La Lagunita de Rosario. Su familia vino desde Chaco, en las migraciones de los 80. Dice que el barrio está “en cierto sentido urbanizado”, pero que cuando llegó eran calles de barro, pasillos y senderos infinitos e imposibles de transitar. Su familia, como la gran mayoría de los vecinos y vecinas, se dedicaba al cirujeo.

Para hablar de su casa y su barrio Mansilla marca un antes y un después: el programa Rosario Hábitat, que se anunció con el desalojo de unas casi 80 familias. “Tengo el recuerdo latente”, dice ahora. “Eso significó mucho miedo, no saber a dónde ir. Fue la primera vez que vi organización de los vecinos, gente que por ahí tenía algún desencuentro o que no había afinidad, pero que se pudieron encontrar”. Nelson describe: se acuerda de las balas de goma, las máquinas para desalojarlos sonando todas las mañanas, las ollas populares, los cortes de calle. Él era más chico y con sus amigos habían encontrado una forma de llamar a sus vecinos: los quilomberos. “Pero eran vecinos que se estaban organizando para que no los desalojen, para que no pierdan sus casas”, explica ahora. También cuenta el final: que no pudieron desalojarlos, que llegó el programa Rosario Hábitat y con eso se logró un reordenamiento de todas las casas. “Hoy en día vivimos en un barrio y no pisamos más el barro, hay cloacas, hay agua. Vivimos de una forma digna que antes veíamos muy pero muy alejada”.

Nelson Mansilla milita en el Movimiento Evita y en su casa funciona un centro cultural. Empezó con un taller de boxeo, ahora tiene un cronograma recargado de actividades. Para él, pensar en una casa digna es pensar en lo fundamental para poder vivir. Y también en un modelo de urbanización integral: tener agua, tener luz, tener cloacas, que pasen los colectivos y el recolector de residuos, y tener una biblioteca, un dispensario y un potrero cerca.

Una casa no es sólo techo y cuatro paredes. A veces una casa puede no ser un hogar, sino una simple vivienda. Sin dudas, en esta parte del mundo se la piensa y arma como ese lugar propio para pasar la noche pero también para compartir con los afectos. Sea rancho o departamento, de chapas o de material, la casa en Argentina es una propiedad que no se cierra a los otros, por el contrario. “Es un espacio que necesitamos para poder pensar la vida y compartirla”, destaca Brizuela. Y concluye: “En Argentina se liga mucho a la idea de un proyecto, a la idea de futuro, a la idea de construir un espacio que es privado pero que se puede ofrecer, que contiene, que nos refugia y a su vez posibilita la seguridad de poder pensarse y poder proyectarse”.


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1 Comment

  • Un muy buen trabajo de análisis de Barrios Populares en Rosario… muy buenas las intervenciones de Nelson Mansilla…sobre todo la necesidad de encarar una nueva forma del buen vivir de todos …y es no sólo construir una vivienda..sino acompañarla con Servicios básicos urbanos..centros de salud..educación..campos de deporte..oficina de trabajo en el barrio..talleres de oficios..espacios culturales…etc..etc

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