En Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, como en todas las jurisdicciones provinciales y la capital federal, no gobiernan partidarios del presidente Javier Milei. Sin embargo, hay siempre matices respecto de las distancias entre los oficialismos de cada provincia y el que manda en el país. El radicalismo de origen progresista de Maximiliano Pullaro que tiene como socios principales a socialistas desde 2007 y ha sumado a Juntos por Cambio en una alianza que le ha dado cómodas mayorías legislativas; el peronismo que nunca fue kirchnerista en la Córdoba que lideran el ex candidato a presidente Juan Schiaretti y desde 2023 también el gobernador Martín Llaryora; y Rogelio Frigerio, una figura nacional del PRO, de Entre Ríos pero con una tonada que delata sus años en CABA y que valida su amplia llegada a los medios y a la política en Buenos Aires.
Para Pullaro debe haber sido extraño dejar en espera, por más de media hora, a los asistentes al acto que presidió como gobernador anfitrión de la Región Centro, junto a sus pares de Entre Ríos y Córdoba, para reclamarle a la Nación que pague lo que debe. La demora valió la pena: junto a Frigerio esperaron algunos minutos a Llaryora en su despacho y luego ingresaron los tres al Salón Blanco. Produjeron un hecho político de frente al poder en Buenos Aires que, aunque cada provincia mantenga su propia estrategia de diálogo o confrontación, las ata en el reclamo.
La situación que mostraron los tres es la siguiente: impuestos y aportes de santafesinos, entrerrianos y cordobeses contribuyen a financiar el déficit del sistema previsional de la Nación, pero el gobierno nacional liberal-libertario incumple la ley de armonización y en seis meses les ha girado cero pesos. Y admite que continuará sin cumplir con la legislación vigente.
Hasta ahora las administraciones anteriores cometieron atrasos, cayeron en dilaciones injustificadas y hasta pagaron sin tener en cuenta la devaluación constante de la moneda, lo que generaba quejas y gestiones (e incluso juicios) pero nunca antes había sucedido que un gobierno nacional reivindicara el incumplimiento de una ley. Y mucho menos que lo dejara sentado en un decreto, el 280, que ni siquiera presupuestó las transferencias automáticas. Mientras las tres provincias hacen gestos para evitarse un choque en la Justicia, la Nación procede bajo el signo del atropello a la ley. Y todo sucede en la misma jornada en la que con votos de radicales, macristas y peronistas no kirchneristas se sanciona la primera ley pedida por la Casa Rosada.
Un hecho político
Aunque ya lo había hecho, Santa Fe sale ahora públicamente a reclamar junto a Entre Ríos y Córdoba lo que le corresponde, justamente cuando los gremios que cuestionan la idea de una reforma previsional de la Casa Gris le reclaman al Ejecutivo provincial más firmeza para exigir el pago de las acreencias de la Caja que se han acumulado en el último año (la Nación le debe a Santa Fe casi 800 mil millones). Hoy esa suma acumulada es casi tanto como el déficit anual proyectado por el pago de jubilaciones y pensiones.
La protesta santafesina parte de la ventaja de demostrar que está haciendo los deberes y que ya tiene encaminada la discusión en la Legislatura, con el objetivo de completar en 2024 la sanción de una ley que haga menos caro su sistema previsional al que aportan todos los santafesinos, beneficiarios futuros o no, al cubrir su desequilibrio.
Los gobernadores unificaron el reclamo ante la Casa Rosada, lo que tanto sirve como muestra de poder como de excusa para diferir lo que la oposición reclama: ir a un juicio.
Así como las tres tienen matices respecto de su proximidad o distancia con el gobierno nacional, también presentan activos y pasivos en el reclamo. Córdoba ya judicializó lo que el país le debe por su Caja, pero su demanda llega a julio de 2023, deviene de cuando el ex gobernador Schiaretti llevó a los tribunales al gobierno de Alberto Fernández e incluso en el debate presidencial se lo refregó a Sergio Massa. En cambio, Entre Ríos y Santa Fe, que estaban más cerca de la gestión anterior en la Nación, en los mandatos de Bordet y Perotti, todavía tienen bastante camino que recorrer. Aquí ya se agotó la vía administrativa, lo que se resume en una suerte de “hasta aquí llegamos”, porque ya no hay más vías que recorrer con gestos y diálogo.
Acaso la Región Centro sea la última oportunidad para que Santa Fe no acuda a la Corte. Unas semanas atrás como el Lobo a Caperucita había proclamado: “Ya tengo todo listo para que los abogados se ocupen!”, pero la niña de rojo piensa que el lobo no está. O piensa en terrores mayores de la macroeconomía.
A todo esto, en la otra orilla del Paraná, en cambio, esas acciones anteriores a la judicialización siguen pendientes. En síntesis, Córdoba adelanta a Santa Fe, y ésta a Entre Ríos. Y también son distintos los montos involucrados, al igual que los déficits de cada organismo previsional provincial. Solo Santa Fe paga a sus pasivos el 82 % de lo que cobran sus activos, pero es la que genera mes a mes el rojo más intenso. Y resulta en todos los números la acreedora mayor de la Nación en la Región Centro.
En conclusión, por razones de peso, y porque es Santa Fe la que tiene derechos legales sobre la parte del León, a Pullaro le toca el papel del temible lobo… o el temible papel del lobo. Como se prefiera.
La suerte quiso que por simple orden de rotación hoy presida la Junta de Gobernadores de la Región Centro, y que sea el anfitrión de esa entidad, pero por números, peso político y por los recursos que se disputan, también debe liderar el reclamo de las tres.
Diplomacia de cabotaje
La Región Centro era en tiempos en los que el país tenía políticas de infraestructura o al menos aspiraciones a contar con obras públicas nacionales, un ámbito propicio para impulsar proyectos por sobre los límites provinciales. Hoy no logra ser más que una instancia institucional, una tribuna de prestigio, para exigir lo que la ley ya manda. Ni en la agenda de los tres gobernadores ni de sus ministros hay proyectos para la región subnacional, como ocurría en otros contextos nacionales, más allá de las frustraciones respecto de las realizaciones. (Empresarios y funcionarios hablaron a los postres de la jornada del proyecto de puente entre las capitales provinciales de Entre Ríos y Santa Fe, paralelo al Túnel Subfluvial pero todo se hizo bajo la idea de que hoy es apenas un sueño).
Cuando se trata de dar ante las autoridades nacionales una muestra de vigor político (y también ante las demandas dentro de cada provincia) es bueno recordar que la Región Centro nació de espaldas a las decisiones tomadas desde un escritorio en la Nación. Fue en 1998, cuando en Santa Fe el gobernador era el peronista Jorge Obeid, que ejercía su primer mandato bajo la sombra de Carlos Reutemann y en Córdoba enfrentaba al menemismo el radical Ramón Mestre, que aparecía como el principal mandatario provincial opositor. Por eso ambos tomaron un camino que se ganó las tapas de los diarios de tirada nacional. Una provincia en manos del PJ y otra de la UCR le decían “no” al esquema que había imaginado la Casa Rosada durante la presidencia de Carlos Menem. Una vez sucedido ese gesto federal de Obeid y Mestre se sumó el también peronista de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti.
Los tres, a su turno, rechazaron un mapa que había armado el menemismo en el que los entrerrianos quedaban en la misma región que correntinos y misioneros, los santafesinos en sociedad con chaqueños y formoseños; y los cordobeses unidos a santiagueños y riojanos.
En aquellos años se insistía desde Buenos Aires con el discurso de la “inviabilidad” de algunas provincias chicas. Y se buscaba a largo plazo sacar esos clavos para el Presupuesto nacional hacia arriba, con regiones. ¿Cuánto faltará para que se repitan esas recetas porteñas tan de los 90? Hoy el resto del país poca atención le presta a ciertos fenómenos, pero ya ha comenzado a suceder que el Estado riojano paga otra vez una parte de los salarios con bonos provinciales. Lo hace con una cuasimoneda llamada “Chacho” que tiene como primeros depositarios a los haberes del gobernador, sus ministros y funcionarios de segundo y tercer rango, hasta los directores. Fue en la misma semana en la que el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, aseguró fondos públicos nacionales para la familia Menem en la restauración de la Rosadita en Anillaco, con pretendidos fines turísticos o históricos. Ciertamente, puede ser un paseo aleccionador.
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