En febrero de 2018 el ex gobernador Miguel Lifschitz presentó un ambicioso proyecto, a realizarse en etapas a lo largo de tres años, “para la transformación urbana de la Ciudad Universitaria de Rosario y su entorno, en el que se invertirán mil millones de pesos; permitirá el ordenamiento de la zona, la construcción de más de 300 viviendas y el desarrollo de la nueva Avenida de la Universidad”. Cambios de gestiones en la provincia, el municipio y la UNR, con una pandemia que paralizó el mundo y una economía nacional en crisis como telón de fondo, contribuyeron a que el objetivo no se cumpliera: se duplicó el tiempo estimado para la intervención, se inauguraron menos de la mitad de las viviendas y la nueva calzada de doble mano no está habilitada.
Ahora se prevé que durante el mes de julio comience a ocuparse el flamante complejo de 69 departamentos de La Paz al 200 bis (el primero ya está habitado y el tercero en construcción, ambos en manzanas contiguas); y que se defina si la Municipalidad asume con recursos propios la conclusión de la avenida por un monto que ronda los dos mil millones de pesos.
Lucas Crivelli fue director de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) de Santa Fe entre 2015 y 2019, cuando nació y comenzó a ejecutarse la idea de reconvertir el área comprendida entre la calle Esmeralda, los bulevares Pellegrini y 27 de febrero y el río. Allí se alza sobre terrenos otrora ferroviarios la ciudad universitaria a la que el estudiantado bautizó La Siberia, a pesar de que no está ubicada en un páramo sino en jurisdicción del Distrito Centro, en un punto estratégico frente al Paraná. En los alrededores, según las estimaciones oficiales que propiciaron la intervención, y confirman referentes del centenario barrio República de la Sexta, “unos 1.500 vecinos viven en situación irregular, tanto en condiciones edilicias como de propiedad del suelo”.
Con la asunción de Maximiliano Pullaro, Crivelli volvió como director de la DPVyU. En diálogo con Suma Política, actualizó detalles del complejo y moroso proceso que registra un bloque de 114 departamentos adjudicados en 2022 y otro de 69 a punto de entregarse, para lo cual el Servicio Público de la Vivienda (SPV) de Rosario trabaja desde hace meses en la reubicación de población instalada sobre la traza de la futura avenida, desde Cerrito al norte. El tercer condominio, finalizado en un 90 por ciento, aportará otras 43 unidades. Como los edificios se erigen desde cero, fue necesario garantizar también la infraestructura de servicios, desde la red de energía eléctrica, agua potable, desagües cloacales y pluviales, al alumbrado público, veredas peatonales y arbolado.
Las viviendas
Crivelli reseña que en 2018 “se hizo un acuerdo con la universidad para el traslado de familias que ocupaban terrenos suyos y para transformar Berutti en avenida de doble mano, conectándola con Pellegrini al norte y 27 de febrero al sur. Esto revitaliza la zona y la hace más accesible, sobre todo para el transporte público. Se trata de un proyecto de impacto urbanístico y social, mientras que la UNR recupera superficie para avanzar en su masterplan”. Entonces era rector Héctor Floriani e intendenta de la ciudad Mónica Fein.
Las soluciones habitacionales fueron planificadas sobre tres lotes que donó la UNR entre Esmeralda, Berutti, Ituzaingo y Viamonte, de acuerdo a la composición de los grupos beneficiarios. Los datos surgieron de un censo que elaboró la Municipalidad, el tercer actor fundamental de la intervención. En los inicios se habló de construir 321 viviendas repartidas en tiras de tres pisos y financiadas por la provincia, aunque ya en la gestión de Omar Perotti el proyecto quedó circunscripto a 226 (así lo manifestó la exministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, en una recorrida por el sector en 2021). El principal motivo es la imposibilidad de liberar todo el espacio, ocupado informalmente.
El complejo más grande, en Esmeralda entre Ituzaingo y Cerrito, es por el momento el único habitado. Según Crivelli, estaba listo a fines de 2019 pero las familias pudieron instalarse recién en 2022. Mientras, es decir durante tres años, los 114 departamentos permanecieron cerrados, subraya. “La demora produjo muchos inconvenientes y el principal fue el desasosiego de los vecinos, ya que lo material se arregla”, admite. El orden de lo material abarca desde filtraciones de humedad y cuestiones de mantenimiento a la vandalización de los condominios que estaban en construcción (se habían llevado puertas, sanitarios y cables, confirman en la Sexta).
Residentes del histórico barrio que habitan en condiciones precarias, quedaron —y siguen— a la espera de la llave; muchos pensaron que la relocalización se había truncado y planificaron su vida en función de esa perspectiva. En lo que va del año, equipos del SPV recorren el barrio y dialogan con ellos para definir el traslado al segundo edificio a estrenar, un asunto delicado pues desde la fecha del censo la integración de los grupos familiares ha cambiado. “A partir del mes de julio las familias deberían estar mudándose (al segundo módulo)”, evalúa Crivelli, y admite que por el tiempo transcurrido se produjo una “disociación” que obligó a hacer “un replanteo”. Las unidades tienen uno, dos y tres dormitorios. En enero pasado el ministro de Obras Públicas, Lisando Enrico, y el rector de la universidad, Franco Bartolacci, visitaron la zona junto a representantes de la constructora y del SPV como un gesto simbólico de una renovada voluntad de que las obras avancen a un ritmo más ágil.
La avenida
En el acto de lanzamiento del plan de reconversión, la ex intendenta Fein aseveró que la avenida estaría lista en 2019. ¿Qué pasó desde entonces?
“En 2020 la provincia le transfirió el contrato de la avenida a la Municipalidad con el compromiso de conseguirle un financiamiento nacional a través del programa Argentina Hace”, sigue Crivelli. “El financiamiento no llegó y la obra quedó paralizada hasta hoy. Faltaba el corrimiento del tendido eléctrico (ya están hechas las subestaciones) y la liberación de algunas casas. Una parte de la calle tiene dos manos pero todavía hay una sola dirección, hacia el sur. Lo importante es que ya está ancha (en algunos tramos) y cuando la EPE haga el corrimiento se ensanchará más, se va a continuar con la doble traza”, afirma el funcionario. Y calcula el remanente de la obra, adjudicada por contrato a una empresa privada, en “no menos de 2.000 millones de pesos”.
“En principio la Municipalidad va a continuarla con recursos propios, este mes se va a definir”, concluye.
Con ojo crítico
“Una inversión millonaria que no logró impactar en términos positivos ni en el barrio ni en la ciudad”, interpreta la megaobra la arquitecta Claudia Rosenstein, magister en Hábitat y Vivienda y especialista en pobreza urbana. Fue representante de la universidad en el convenio tripartito con la provincia y el municipio pero, además, por su labor profesional y docente, por los vínculos que entabló con vecinos y organizaciones de la Sexta, conoce bien la zona que desde hace 60 años fueron poblando familias en asentamientos informales. De hecho, la Facultad de Arquitectura funciona en el CUR.
Rosenstein —que trabajó en el barrio desde la Secretaría de Política Edilicia de la UNR— cuestiona la manera en que se hizo el relevamiento de los grupos familiares, un proceso signado por “falta de información, incertidumbre y desconfianza (basada en años de promesas estatales incumplidas), sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un proyecto impuesto y no consensuado con la gente”. Eso generó preocupación, temor, malestar, enfrentamientos entre vecinos y con las autoridades. Hubo quienes estaban a favor, otros aceptaban con reparos y otros se oponían categóricamente. Las organizaciones sociales en general dieron el visto bueno con cautela, recuerda.
Rosenstein rescata la ordenanza municipal 9.880, de julio de 2018, pues en su factura y tratamiento se incluyó el diálogo con los actores involucrados. “Contempla cuestiones importantes que preservan el área de posibles emprendimientos inmobiliarios privados, establece que toda obra y equipamiento que ejecute la universidad en el predio establecido como ‘Mayor Área’ sería abierto al barrio y a la ciudad, y establece el compromiso de la UNR de realizar gestiones para la regulación dominial de las familias asentadas en sus terrenos. Al mismo tiempo establece las condiciones para la apertura de la avenida a ejecutarse sobre Berutti”.
Sobre la nueva arteria, la especialista sostiene que “requirió una inversión millonaria, la demolición de parte de los edificios universitarios para la ampliación de la traza y la tala de numerosos árboles añejos. Una operación que no ofreció ninguna mejora para el barrio ni beneficio digno de destacar. Por el contrario, no es más que una calle ancha interna, que no contribuye a conectar la ciudad en el sentido norte-sur y lo único que logra es hacer más fluido el ingreso al área del CUR. Una avenida que separa más que integra a la universidad con el barrio, agravando las barreras tanto físicas como simbólicas existentes desde siempre entre dos sectores en un mismo espacio”.
“La Universidad nos quiere sacar todo, hasta el nombre del barrio. (…) ¿Por qué no le pusieron Avenida de la Sexta o Avenida Berutti?”, se pregunta una vecina entrevistada por la investigadora del Conicet Paula Vera, con quien Rosenstein ha trabajado en conjunto y a quien cita en su artículo inédito “Proyecto de transformación urbana en la República de la Sexta. El territorio en disputa”. Por ahora, ni la disputa material y simbólica han terminado y la reconversión urbanística del barrio sigue siendo una asignatura pendiente.
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