“Nos preguntamos qué hacer”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari. Las versiones sobre la relación entre el juez Marcelo Bailaque y el contador Gabriel Mizzau, vinculado a su vez con Esteban Lindor Alvarado, impactan en la causa por lavado de activos por la que el jefe narco fue procesado esta semana junto con otras personas y podrían derivar en la recusación o el pedido de apartamiento del magistrado, que por otra parte afronta un sumario disciplinario ante el Consejo de la Magistratura.
El juez Bailaque procesó a Alvarado junto con Patricio César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamir Clavero por lavado de activos y asociación ilícita, y embargó a cada uno por 100 millones de pesos. Además procesó a otras cuatro personas por lavado y concedió su excarcelación bajo el pago de 15 millones de pesos y dictó la falta de mérito para otros tres acusados.
Los fiscales Reynares Solari y Matías Scilabra, del Área de Investigación y Litigación de casos complejos de la Justicia Federal, y Juan Argibay Molina, coadyuvante de la delegación Rosario de la Procelac, apelarán parte del fallo, pero la situación de los encausados es por el momento secundaria: el quid de la cuestión es si recusarán a Bailaque, le pedirán que se excuse por una cuestión de decoro o bien no se pronunciarán al respecto, porque podría entenderse que suscriben sospechas de complicidad entre el juez y el narco que el diputado provincial Carlos del Frade planteó de manera cruda en la sesión legislativa del jueves.
“El juez está procesando a Alvarado y según las versiones periodísticas se encuentra vinculado con un contador de Alvarado. Participa siendo juez de garantías de una investigación que no es por cualquier delito sino por lavado de dinero. Por más que el contador no aparezca en la investigación, habría por lo menos una cuestión de decoro”, resume Reynares Solari.
El periodista Germán de los Santos reveló el mismo día de los procesamientos la amistad entre Bailaque y Mizzau y los servicios profesionales que el contador habría prestado a empresas de cartón que Alvarado montó para disimular maniobras de lavado, y puntualmente de estratificación de bienes según los conceptos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Mizzau firmó los estados contables de Logística Santino SRL entre el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017. Esta empresa se constituyó en septiembre 2014 y sus mascarones de proa fueron César Brion —cuñado de Jorge Benegas, hombre de confianza de Alvarado— y Rosa Natalí Capuano —ex pareja del jefe narco—, quienes aparecieron como socios.
El contador también gestionó la habilitación municipal de la empresa Sagrado Corazón de María SRL, en la que Alvarado apareció inscripto como empleado. En los papeles, según se reveló durante el juicio de 2022, los gerentes de la empresa eran Verónica María Carino y Daniel Martín, quien a su vez apareció como donante de la quinta Los Muchachos, en Piñero, a los hijos de Alvarado.
“El juez Marcelo Bailaque ha sido cómplice de uno de los peores asesinos que recuerda la provincia de Santa Fe”, dijo el diputado Del Frade en la Legislatura, donde presentó una declaración de repudio y “un pedido de explicaciones oficiales a la Justicia Federal” ante lo que definió como un hecho de corrupción. El escándalo incluye el dato de que Sebastián Mizzau, hijo del contador, trabajó desde 2017 y hasta el mes pasado bajo las órdenes de Bailaque en el Juzgado Federal número 4 de Rosario, aparentemente sin otro requisito que la amistad que une a ambas familias.
Del Frade recordó que el 20 de marzo de 2020, en un bar de la ciudad de Rosario, el mecánico Carlos Argüelles le presentó una lista de cincuenta personas, de las cuales las primeras veinticinco “habían sido asesinadas por Alvarado”. Argüelles aparecía con el número 36 —y de hecho fue asesinado el 7 de septiembre de 2021— y a continuación el propio diputado del Frente Amplio por la Soberanía. Con esos antecedentes, “el contador que le hacía todos los trámites a Alvarado para el lavado se llama Gabriel Mizzau”.
De cal y de arena
El juez Bailaque suele ser recordado por ciertos fallos, en el doble sentido de la palabra. En 2020 consideró que la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León el 11 de julio de 1977 no podía considerarse como un crimen de lesa humanidad, pero en febrero de 2023 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le dio la razón a la fiscalía y anuló la sentencia de 1978 en la que se presentó el hecho como un accidente de tránsito. Otra controversia se produjo en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que Bailaque dispuso la falta de mérito del ex intendente de San Nicolás Ismael José Passaglia, de sus hijos Ismael Santiago —diputado de la provincia de Buenos Aires— y Manuel —actual jefe comunal— y de otras cuatro personas, una resolución apelada por los fiscales Matías Di Lello y Carlos Martín Amad.
Pero el frente de tormenta avanza desde el Consejo de la Magistratura y tiene su origen en agosto de 2022, con el desenlace del juicio contra Alvarado y parte de su tropa por el crimen del prestamista informal Lucio Maldonado. Los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron entonces que se investigara a Bailaque por su actuación —o más bien inacción— ante una causa que involucraba a Alvarado.
La causa remite a una denuncia anónima presentada el 9 de abril de 2013 en la Fiscalía Federal número 1, donde Luis Medina fue apuntado como “el más importante de los narcos de Rosario” en conexión con un sector de la policía local. El escrito identificó a trece policías, entre ellos jefes de inteligencia de Drogas, de la Agrupación de Unidades de Orden Público y un inspector de zona, en la protección del narcomenudeo en Rosario, Alvear y Villa Gobernador Gálvez; y entre los integrantes de la red fue mencionado Gustavo Armando Cárdenas, luego preso entre 2014 y 2021 y ahora procesado por lavado de activos aunque sin integrar la asociación ilícita que habría dirigido Alvarado desde la cárcel de Ezeiza.
Bailaque recibió la denuncia anónima y delegó la investigación en el fiscal subrogante Marcelo Degiovanni, quien a su vez la puso en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Degiovanni dejó una mala impresión al declarar en el juicio contra Alvarado —“mucho no me acuerdo”, dijo— y ahora fue citado por el Consejo de la Magistratura.
La investigación fue dirigida en concreto por el comisionado mayor Emilio Maximiliano Lencina, quien presentó catorce informes entre 2013 y 2016. En diciembre de 2013 la PSA ya había constatado la protección policial y, después del asesinato de Medina, cambiado el foco a su sucesor: Alvarado.
La importancia de esta investigación no se comprende sin el contexto histórico. Por entonces Ariel “Guille” Cantero, Ramón Machuca y otros integrantes de Los Monos eran perseguidos por la justicia provincial y la División Judiciales de la policía, que respondía a las órdenes de Alvarado. El 18 de marzo de 2014 Lencina pidió la intervención de los teléfonos del comisario Luis Quevertoque y de los policías que conformaban “un grupo cerrado” de protección del narco y de lobby contra Los Monos, una maniobra en la que la Justicia Federal resultó en última instancia solidaria.
Bailaque rechazó las intervenciones telefónicas el 30 de diciembre de 2014 y el 5 de febrero y el 18 de marzo de 2015. Finalmente las autorizó el 20 de noviembre de 2015, pero entonces resultaron inútiles. “La investigación se mantuvo dentro del ámbito la Justicia Federal y no fue comunicada a la provincial, pese a que estaba en curso el juicio a Los Monos”, dijo el fiscal Matías Edery, también citado por el Consejo de la Magistratura.
En su descargo ante el Consejo de la Magistratura, Bailaque dijo que fue víctima de una campaña del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain —quien lo denunció sin suerte en 2020— y se reivindicó como el juez que procesó a Alvarado y elevó su causa al juicio oral en el que se lo condenó a 15 años de prisión. No obstante, en la Justicia Federal se recuerda que el diligenciamiento de esa causa fue una especie de rebote de la investigación que se desarrollaba en la Justicia provincial y de la captura de Alvarado cuando descansaba en un camping de la provincia de Córdoba.
Bailaque también afirmó como descargo que en su momento rechazó las medidas que no consideraba justificadas y que el Ministerio Público Fiscal no recurrió ninguna de sus decisiones. Al respecto, cuando le pidieron detalles en el juicio contra Alvarado de 2022, el fiscal Degiovanni se excusó diciendo que “teníamos tanta actividad que no estoy seguro, eran 1.600 causas por año”.
Pero no todas son críticas para el juez en los Tribunales. “Nunca oí el nombre del contador que se menciona. En los juicios en que defendí a Alvarado nunca se lo mencionó. Tampoco él ni ninguna persona de su entorno lo mencionó alguna vez”, dice el abogado Pablo Morosano.
El abogado aclara que defiende a Alvarado por la condena en la causa por el cargamento de 493 kilos de marihuana interceptado en 2017 en la provincia de Río Negro —apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y que en causas de lavado de activos y asociación ilícita es asistido por la defensa oficial. “Las pruebas eran muy débiles —dice, sobre la condena que recibió como organizador del transporte de la droga—. De no llamarse Alvarado y de no haber recibido presiones mediáticas, Bailaque no lo hubiera llevado a juicio. Dos jueces, primero Otmar Paulucci y después Ángela Ledesma, en la Cámara de Casación, votaron por la inocencia de Alvarado pese a lo que se ha generado alrededor de su nombre”.
Morosano considera “un poco exagerado” el comentario público sobre Bailaque y lo atribuye a “una caza de brujas”. Concretamente, “veo que hay una necesidad desde el poder político de poner un nombre y apellido al fracaso de décadas enteras en la aplicación de la ley 23737”, la norma que persigue al narcotráfico.
El primer amor
Alvarado tiene otro juicio pendiente por lavado de activos, que se realizará en la segunda mitad del año. La causa es residual de la investigación que hizo la Justicia provincial y suma como acusada a Rosa Capuano, ambos por poner en circulación activos provenientes del narcotráfico entre mayo de 2012 y noviembre de 2019.
En la justicia provincial, al mismo tiempo, está acusado por la tentativa de homicidio y extorsión de la que fueron víctimas dos personas el 11 de mayo de 2022. El mecánico Daniel Virga y Pedro Bertucci fueron atacados a balazos esa tarde en un galpón de calle Bolivia 2380, que al parecer reclamaba Alvarado. En la misma situación están Patricio César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamir Clavero, integrantes de la asociación ilícita a los que procesó Bailaque.
La causa actual investiga maniobras de lavado a través del comercio Carbón Rosario. En realidad se trataría de una fachada para encubrir operaciones con autos robados o mellizos . En el allanamiento de un domicilio de calle Liniers 1859 se secuestraron 40 boletos de compraventa suscriptos entre 2003 y 2019.
En la Justicia Federal observan irónicamente el contenido de la causa “como un retorno al primer amor” de Alvarado. En efecto, en una entrevista que concedió en la cárcel de Ezeiza, Alvarado relata su historia de vida —su crianza con el abuelo de donde le viene el nombre Lindor y sus primeros contactos con la muerte, ya que el hombre trabajaba como sepulturero y él lo acompañaba siendo un niño— y sus orígenes en el delito: del robo a mano armada al levantamiento callejero y desguace de autos y de ahí el salto a su enriquecimiento, que compara despectivamente con la familia Cantero, “que siguieron siendo carreros”. Con nostalgia, evoca sus inicios en el robo de vehículos en los años 90, una época en que no había alarmas ni cámaras de vigilancia: “era subir e irse, a veces iba al centro de Rosario en un colectivo y volvía a mi casa en un auto”.
Según la acusación de los fiscales, Alvarado se mantuvo constantemente activo en la cárcel. Desde Ezeiza, “encargaba distintas actividades ilícitas a personas en particular, ordenando los pagos de sumas de dinero correspondientes y las maniobras financieras a realizar”. Si Carbón Rosario bajó la persiana, ahora se abre otra cuestión para indagar.
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