La vecina desayunaba en su casa de Ayolas al 400 cuando escuchó el sonido inconfundible de varios disparos. Eran las 9.25 del 7 de mayo, según el registro de una cámara de vigilancia emplazada en la esquina. La mujer se asomó por la ventana y observó a dos jovencitos que se pasaban un arma de fuego en la salida del Pasaje Larguía y subían a una bicicleta. En ese momento comenzó a desmoronarse la vertiginosa historia que Norma Estela Acosta, víctima de la supuesta balacera, construyó ante fiscales, periodistas y contactos en redes sociales.
Acosta es una protagonista recurrente en las crónicas desde 2008, cuando denunció la protección policial a un búnker de barrio Tablada y a la vez fue involucrada en una causa por venta de drogas. Su historia reciente, la de un atentado contra su casa que resultó planeado por ella misma, coincidió con quince minutos de fama en la televisión porteña, donde fue entrevistada como testigo en una investigación sobre una red que reclutaría con falsas promesas de trabajo a jóvenes destinadas a la prostitución.
Al mismo tiempo el bluff actualizó otra causa de alto impacto en Rosario: el fraude millonario que montaron ex jefes de la Unidad Regional II y empresarios privados con el dinero que la provincia aporta para el combustible de los patrulleros. Acosta había hecho una publicación en Facebook el 19 de febrero con detalles alusivos a la maniobra, que hasta ese momento era objeto de una investigación secreta dirigida por el fiscal José Luis Caterina; y a la vista de los balazos que el 7 de mayo dejaron hecha un colador la puerta de su casa en pasaje Larguía al 3400, alentó la versión de una represalia policial en su contra por la denuncia.
“La investigación del fraude venía de agosto de 2024. La denuncia de Acosta es posterior y al tomar estado público nos generó complicaciones. Los imputados no cortaron la maniobra, pero dejaron de hablar por teléfono”, dice el fiscal Caterina. La situación actual “no hace mella en la causa, para nada; La investigación sigue y hay más evidencia que antes”. Entre otras novedades, la fiscalía precisó el monto del perjuicio ocasionado a los contribuyentes: de un total de 400 millones de pesos que recibía la Unidad Regional II por mes para el combustible de los patrulleros, los jefes policiales y los propietarios de la empresa Gas Auto Tiferno se habrían quedado con 70 millones, dinero que se distribuían puntualmente cada quincena, “y continuamente pedían más plata”.
Caterina no ocultó su fastidio, en cambio, con la resolución de la camarista Gabriela Sansó que el 29 de julio dejó en libertad a siete de los imputados: “Consideramos que entorpece la investigación. Ellos (los policías) están todos conectados. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Pedimos que la Corte Suprema atienda esta situación: nos dicen que no hay peligrosidad procesal cuando se trata de un desfalco millonario y de una cuestión de gravedad institucional”.
Una película de acción
Si le faltaba un ingrediente a la historia del supuesto atentado, también remite a la barra brava de Newell´s. Acosta encargó la balacera a Juan José Gómez, quien pasó de la barra de Central a la de Newell´s después del asesinato de Andrés Bracamonte, según la investigación del fiscal Pablo Socca. El desembarco de Los Menores en el Gigante de Arroyito y la estela de crímenes que dejó a su paso le impuso un cambio de aires a ese joven de 26 años al que no se asociaría con una estructura criminal por su contextura menuda, lentes y aspecto inofensivo.
La trama alrededor de Acosta comenzó a develarse cuando la vecina llamó al 911 y refirió cómo vestían los atacantes. Una patrulla policial detuvo poco después a un menor de 17 años que llevaba un buzo igual al visualizado por la vecina. En “declaración espontánea” según el acta de procedimiento, el chico dijo que iba a la casa de Nahuel Catriel Depetris, un integrante de la barra de Newell´s que “se encarga de buscar pibes para hacer este tipo de trabajo”. Monta, como le dicen al barra, sería un proveedor de tiratiros y sicarios. Mientras tanto, Acosta describía al supuesto tirador como “un hombre grandote con el pelo corto canoso con un corte así como antes se cortaba la policía” y decía que había escapado con otro a bordo de un Volkswagen Voyage que, se comprendía, “salió arando”.
“Depetris tenía tres antecedentes con distintas armas de fuego, las últimas dos en 2025. Nos llamó la atención. Lo mandamos a detener y no entendemos por qué no estaba preso desde antes. En este caso se ocupó de reclutar a los tiradores”, dice el fiscal Socca.
El barra dejó el trabajo en manos de Nicolás Hernán Robles, de 18 años, hermano de una agente de policía de la Unidad Regional II, y de un menor de 17 años. La misión había sido encargada por Gómez y según la declaración de un testigo el pago se pactó en moneda extranjera: 200 dólares para Depetris, 150 para el tirador y 100 para el acompañante.
Gómez también hizo una previsión para el día después: “ofreció 200.000 pesos para gastos de abogados”, agregó el testigo. Pero en las conversaciones que sostuvo con Depetris a través de Instagram surgió un contratiempo: los profesionales consultados exigieron un monto considerablemente superior. “Voy a ver si consigo uno de los míos”, dijo el ex barra de Central, quien se presentó en la sede de Asuntos Internos el 5 de septiembre ante la orden de captura que libró la fiscalía.
“Los jefes de la barra de Newell´s son un tal Zapa, o Zapatito, un tal Damián y los hermanos Gómez, Juan José y Nicolás Iván, éste apodado Gamuza. Los dos últimos vienen de la barra de Central. Los Monos siguen gobernando la tribuna de Newell’s. Es un grupo vinculado históricamente con Norma Acosta; ella misma reconoce ser amiga de Lorena Verdún, la viuda de Claudio Cantero, desde la infancia, y tener vínculos con familiares directos del clan Cantero”, afirma Socca.
El 5 de mayo la fiscalía de Rosario realizó 34 allanamientos y 16 detenciones de policías de la provincia por el fraude con el Sistema Visa Flota, concebido precisamente para evitar la corruptela histórica en la policía con las cargas de combustible. Daniel Acosta salió eyectado entonces de la jefatura de la UR II, intervenida por el Ministerio de Seguridad de la provincia. “Norma Acosta aprovechó la visibilidad de lo sucedido para posicionarse mediáticamente como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe”, planteó el fiscal en la audiencia donde imputó a Acosta por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor, y por falso testimonio.
Acosta se presenta con múltiples títulos: activista de derechos humanos, asistente de abogados penalistas, testigo contra redes mafiosas. Sus relatos configuran una especie de cambalache donde se mezclan datos comprobables, sospechas verosímiles, rumores, información falsa y reclamos a la Justicia. La verborragia que también la caracteriza a veces desorienta a sus interlocutores, como mostraron los panelistas del programa “A la tarde”, de América TV, que se esforzaron en conjunto para que abreviara las digresiones y fuera al grano contra Elizabeth Rodrigo, la madre de la vedette Ayelén Paleo, el punto que les interesaba.
Pero Acosta recibió información sobre el fraude con los combustibles y la ventiló en un video que publicó en su cuenta de Facebook (ahora cerrada): el 19 de febrero leyó un anónimo que mencionaba a cerca de 50 personas, en su mayoría policías y también funcionarios políticos. Entre otros incluyó a su bestia negra, el comisario Diego Santamaría, jefe del Comando Radioeléctrico con el que cruzó acusaciones en un virulento careo ante la Justicia Federal en 2013 y al que ahora responsabiliza por hostigamiento reiterado a su hijo, de 19 años. Una parte de esa información coincidía con la investigación que llevaba adelante la fiscalía pero también contenía errores sobre nombres de los involucrados, metía en la bolsa a muchos que no están en la investigación y no describía la operatoria de la estafa fuera de decir que seguía “la cadena de mando” desde la cúspide de la Unidad Regional II.
El 3 de abril Acosta denunció que manos también anónimas le habían dejado en la puerta de su casa “un cajón del tamaño de un bebé muerto” con una nota que decía “negra puta, estás muerta” y “saludos al nieto”. Por ese hecho ingresó al sistema de protección a testigos de la provincia, el mismo que tuvo bajo su resguardo a Mariana Ortigala, ahora detenida por una gama de delitos que va de la extorsión al lavado de dinero de Los Monos.
“El fiscal de flagrancia incluyó a Acosta en el sistema de protección de testigos por el protocolo”, explica el fiscal Socca, que indagó también en el antecedente: “El cajón no fue tal sino una caja de cartón común y corriente. Visto en retrospectiva, uno duda de cómo pasó ese hecho que, a diferencia de la balacera, no llamó la atención de los medios”. Socca describe como “una película” la declaración que recibió de Acosta: “Si hay algo de verdad en sus denuncias, es difícil de avanzar en el estado de situación actual. Yo estaba predispuesto a ir a fondo si se trataba de una represalia policial, incluso tomé medidas contra policías del Comando que trabajaron en el lugar del hecho e hice cosas por información que ella me transmitió. Intenté profundizar pero me di cuenta que me había mentido descaradamente”.
El fiscal expuso en la audiencia la evidencia del atentado que no fue: dos testigos presenciales describieron a los autores; mensajes telefónicos y en redes sociales revelaron el plan; un testigo de identidad reservada dio detalles de la trama previa y de las precauciones que tomarían en caso de inconvenientes. En la noche del 6 de mayo Acosta volvió a denunciar en Facebook a jefes policiales “esperando que el ataque se realizara inmediatamente después y así instalar la hipótesis de una supuesta represalia policial”; minutos después intercambió mensajes telefónicos con su pareja, donde se quejó de que los tiradores la habían dejado esperando.
Acosta quería instalar la sospecha de una represalia “por ciertos enconos que tiene ella con jefes policiales”, afirma Socca, “y por la insistencia de sus menciones uno de sus objetivos era que Diego Santamaría, el jefe del Comando Radioeléctrico, cayera en la causa del fraude con combustibles o en cualquier otra causa”. Ahora se encuentra en prisión preventiva por el plazo de seis meses.
El fiscal cree por otra parte que Acosta buscaba reforzar su perfil mediático “como una perseguida, alguien que lucha por los más vulnerables contra el poder” y al mismo tiempo su ocupación laboral: “Ella es asistente de abogados penalistas y esto le servía como propaganda para atrapar clientela, además de la que conoce por estar vinculada al mundo del narcotráfico y a Los Monos. Actuaba como una especie de puntera que llevaba clientes a los abogados penalistas”.
Palos en la rueda
La apelación de las prisiones preventivas dispuestas en primera instancia contra los jefes policiales acusados de estafar a la provincia se resolvió en la audiencia del 29 de julio. La camarista Gabriela Sansó confirmó las prisiones de Rogelio Domínguez —jefe de la secretaría privada y ex mano derecha del exjefe de la Unidad Regional II Daniel Acosta—, Gerardo Ramírez —ex jefe de la sección Garaje, estratégica para la maniobra— y Juan Villordo, de la Brigada Motorizada, sorprendido mientras quemaba documentos inconvenientes en la parrilla de su casa. También siguen detenidos Fabián Fantín, Mario Brest y Jorge Delgado, porque no apelaron, y Juan Manuel Herrera, detenido en el mes de julio.
Sansó dejó en libertad a los policías Sergio Darío López, Nanci Gabriela Plomer, Juan Pablo Pigozzi, Franco Cuesta y Gustavo Adrián Bazán y también a Mónica Juana Bianconi y Daniel Alberto Reynoso, propietaria y encargado de la estación de servicio Puma donde se repartía el dinero de la provincia. Previamente habían sido liberados los policías Javier Arce y Fernando Ceballos y los civiles Oscar Coullery y María Fernanda De Franco.
La fiscalía sostiene que la resolución fue un mazazo para la continuidad de la investigación y exige “una mirada de criminalidad compleja y de delito de corrupción” para analizar los hechos “como valoró en primera instancia el juez Gustavo Pérez de Urrechu”. También se extraña de la ausencia sin aviso de la Fiscalía del Estado en las audiencias: “Han sido notificados. Esperamos que les despierte algún interés, no creo que existan muchas investigaciones que demuestren un daño de esta magnitud a la provincia”, señala el fiscal Caterina.
“Nos exigen pautas concretas y específicas de entorpecimiento por cada imputado para mantenerlos en prisión. El daño patrimonial tiene que ser contemplado como una pauta de peligrosidad”, agrega Caterina, quien destaca los casos del comisario Pigozzi, quien “concurre a su casa sabiendo que estaba siendo allanado con el teléfono recién reseteado”, y de Bianconi y Reynoso, “quienes ensobraban el dinero y daban soporte a toda la maniobra desde el lado civil”, y sin embargo “Sansó no lo toma como pauta de peligrosidad”.
“No dejamos de investigar. Al contrario, estamos engrosando la evidencia. Hay más de cien dispositivos secuestrados y no se terminaron de peritar”, afirma Caterina. En particular, “han aumentado los elementos de cargo en contra de Rodrigo Domínguez, uno de los que gestionaba constantemente partidas adicionales de la policía provincial”. Mientras tanto, “Daniel Acosta no está por fuera de la investigación pero a la fecha no tenemos elementos para imputarlo”.
El recurso de institucionalidad de la fiscalía espera las respuestas de las defensas. “Todos los meses (los policías) pedían más plata. Domínguez era el que más se enojaba y solía justificar los pedidos hablando de contingencias, según su propia expresión. Claro que las contingencias significaban millones de pesos”, detalla Caterina.
En el barro
Norma Acosta declaró ante la fiscalía, hizo más publicaciones en su perfil de Facebook y dio entrevistas a los medios. En esas manifestaciones, se remontó también a la causa de la Justicia Federal “Elba Liliana Cuello y otros”, iniciada en 2008, con la que comenzó su trayectoria como personaje público.
Acosta sostuvo entonces y reiteró ahora que la policía de Drogas controlaba la venta en Tablada y que sus denuncias al respecto ante Asuntos Internos cayeron en oídos sordos. En cambio, ella fue llevada a juicio junto con Cuello, detenida con otras personas por el manejo de dos cocinas de cocaína. Cuello fue condenada a ocho años de prisión en 2021 por narcomenudeo en La Lata; era la madre de Miguel Ángel Saboldi, pareja de Acosta y fallecido en el incendio de la Alcaidía de la Jefatura de Policía en 2012.
Mientras avanzaba la investigación por el supuesto atentado, Acosta se convirtió en denunciante de una red de trata. El caso escaló en los medios nacionales porque involucraba a Elizabeth Rodrigo, madre de la vedette Ayelén Paleo, en el rol de fotógrafa de las mujeres obligadas a prostituirse y, según Acosta, también de reclutadora de las jóvenes.
Acosta resultó un personaje atractivo para los medios: jerarquizada en la condición de testigo, “la que complica a la madre de Ayelén Paleo” como se entusiasmaron los programas de la tarde, dijo que se había infiltrado en la organización criminal haciéndose pasar por prostituta para rescatar a una sobrina de 23 años. Se presentó así en el ciclo “A la tarde” con una remera con la leyenda “ni olvido ni perdón” y pins de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
“Hace 25 años que milito en la APDH. Soy una miembro no convencional, que se mete en todos lados”, afirmó Acosta ante los periodistas. “Ella siempre se presenta así. Nunca la vi en ninguna reunión de la organización”, dice la abogada Gabriela Durruty, integrante del equipo jurídico de la APDH Rosario, consultada al respecto.
Acosta aseguró que trabajaba en un estudio jurídico penal y que además de su sobrina contaba con datos de una tal Natalia, “una chica que tiene privado, que trabaja por su cuenta (como prostituta), no es explotada: se juntan un grupo de pibas y alquilan un departamento”. Los periodistas le pidieron que sintetizara ante sus recurrentes digresiones y entonces afirmó que “esto en Rosario arranca en 2016” y se atribuyó el rescate de cinco mujeres, aunque sin dar detalles.
“La prueba del autoatentado es contundente. Acosta es conocedora de Derecho y está al tanto —apunta el fiscal Socca—. Supongo que seguirá haciendo su show en la medida en que pueda presentarse como víctima. Pero ella y sus abogados saben que fue una ficción. Ahora se tiene que hacer responsable”.
