Había una recompensa millonaria para quienes ofrecieran datos que pudieran localizarlo y sobre su nombre pesaba una notificación roja, la solicitud que envía Interpol a las fuerzas del orden de todo el mundo a fin de localizar y detener a requeridos por la Justicia en espera de su extradición o entrega. Pero resultó bastante más simple de lo que se imaginaba: Brian Walter Bilbao no estaba en otros países, no se ocultaba en algún refugio inaccesible, apenas se había dejado la barba y fue detenido inesperadamente cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) buscaba a otro acusado por narcotráfico.
Los investigadores fueron de una sorpresa a otra en la mañana del 11 de noviembre, día del procedimiento en el peaje Larena de la ruta nacional 8, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires: porque el llamado Gustavo Conde, como se presentó con un documento falso ante una patrulla de gendarmes, resultó ser Bilbao, porque el más buscado estaba al volante de una camioneta que llevaba 960 kilos de cocaína y porque nadie pensaba que el jefe de “una organización narcocriminal de alcance transnacional”, como se lo considera, estaría expuesto en el transporte de la droga como si fuera un peón.
¿Dónde iba Bilbao con casi una tonelada de cocaína prolijamente empaquetada? No se sabe; los investigadores descuentan que el cargamento tenía destino de exportación y suponen que los sellos impresos en los panes, “El Rey del Sur” y “Chanel”, tienen valor fuera del territorio argentino para identificar a proveedores y compradores.
La Procuraduría de Narcocriminalidad seguía los pasos de un presunto cómplice en el narcotráfico, Pablo José Aranda. Pero la detención de Bilbao no se debió al azar sino a una investigación prolongada durante más de un año y a los avances logrados en la identificación de distintos actores. La trama permite además articular una secuencia de envíos aéreos de cocaína hacia distintos campos de Santa Fe y Buenos Aires y observar la práctica de un negocio que, según dice un investigador, sigue la lógica de cualquier empresa y se aggiorna con los criterios de la economía neoliberal.
Claro que el operativo en el peaje Larena no fue ciento por ciento exitoso, ya que los gendarmes no pudieron apresar al acompañante de Bilbao, identificado como Mauro Alejandro Cisterna. La circunstancia de que unos resultan detenidos y otros dejan desairadas a las fuerzas de seguridad se produjo también en procedimientos relacionados: el 30 de octubre de 2024, los ocupantes de las camionetas que esperaban en Andino el aterrizaje del narcopiloto boliviano Oscar Armando Caba Hurtado huyeron a pesar de que Gendarmería estaba en el lugar; y en la noche del 1° de julio de 2025, cuando el Comando Radioeléctrico de Funes detuvo a Carlos Eduardo Equioiz, otras cuatro personas escaparon a pie y se perdieron, pareció, en la oscuridad.
No obstante, la caída de Caba Hurtado y los 475 kilos de cocaína que transportaba fueron un hilo conductor para la investigación que llevó a la detención de Bilbao. La camioneta Toyota Hilux color blanca y la Ford Ranger color oscuro que esperaban al piloto boliviano al sur del río Carcarañá huyeron a toda velocidad, pero la Procunar siguió la ruta de escape a través de cámaras de vigilancia. El rastro de los vehículos condujo hasta la esquina de Oroño y Garibaldi, en Rosario, y el análisis de antenas detectó una línea telefónica activada en el mismo trayecto. Esa línea permitió identificar a Carlos Eduardo Equioiz.
El guiso del narcotráfico
Equioiz no era un desconocido. En junio de 2024 fue vinculado con una organización que intentó contrabandear 785 kilos de cocaína desde Neuquén hacia Chile; su participación habría sido alquilar la cabaña en Caviahue utilizada como depósito de la droga. Este procedimiento, también de la Procunar, resultó de la investigación sobre otra organización transnacional, distinta a la de Bilbao; integrada por argentinos, esta organización era investigada desde 2020 y además fue observada en septiembre de 2022 en la costa de Cabo Verde por el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) con sede en Lisboa.
Según la investigación actual, el 29 de octubre de 2024 Equioiz salió de su casa en la provincia de Buenos Aires para llegar a Andino, en Santa Fe, a las 6:49 a.m., y volvió al punto de partida después del aterrizaje que debió hacer Caba Hurtado escoltado por aviones de la Fuerza Aérea. El análisis de los impactos de la línea y de los IMEI (código que transmite un dispositivo móvil al conectarse a una red y señala su ubicación) reveló que Equioiz hizo varias veces la misma ruta en 2024 y 2025 y en particular que los viajes coincidieron con el ingreso irregular de cuatro avionetas al cielo de Santa Fe entre febrero y abril de este año y con otras tres avionetas detectadas entre el 1° y el 2 de junio de 2025 por los radares del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica) ubicados en Santiago del Estero y Tostado. La última, un Cessna 182 Sklyne, aterrizó por problemas mecánicos en un campo de Estación Díaz, departamento San Jerónimo, y la detención de sus ocupantes sumó más datos a la investigación conducida por la Regional NEA de la Procunar, a cargo del fiscal Matías Scilabra.
Las avionetas y los viajes de Equioiz coinciden a la vez, según los investigadores, en un campo ubicado en jurisdicción de Peyrano. El dueño del campo, Eduardo Delpiano, está detenido y con prisión preventiva por 180 días confirmada por la Cámara de Apelaciones pese a sus protestas de inocencia. Una conversación telefónica interceptada entre Equioiz y Aranda, donde aparece mencionado Delpiano y la proximidad de un bombardeo de cocaína con un hangar de su propiedad, en Estación Maguire, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, sustentaron entre otros datos la resolución por unanimidad de los camaristas.
El 1° de julio, cuando el Comando Radioeléctrico de Funes le ordenó que detuviera la camioneta Volkswagen Amarok que conducía en las afueras de esa ciudad, Equioiz llevaba 23 mil dólares, 200 mil pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, tres armas de fuego y una bomba portátil para carga de combustible. Demasiada cosa para que fuera convincente su versión de que venía de un asado en casa de amigos y acababa de vender un auto. Y en uno de los teléfonos almacenaba imágenes de camionetas cargadas con bultos, de los mismos bultos dentro de viviendas no identificadas y de avionetas fotografiadas en horario nocturno en pistas de aterrizaje improvisadas en campos.
El peruano Milton Carlos Arévalo Estada y el boliviano Mikjail Zabala, detenidos en Estación Díaz, aceptaron por su parte un acuerdo propuesto por la fiscalía y fueron condenados a 5 años de prisión. Siguieron la opción de Caba Hurtado, condenado a 7 años y 2 meses. Pero lo más significativo surgió de los datos sobre vuelos y puntos de aterrizaje (otro elemento de sospecha contra Delpiano) obtenidos del teléfono secuestrado al boliviano, en un grupo de WhasApp llamado Los lunes de Pato, como se llama a un plato tradicional de la gastronomía de Santa Cruz de la Sierra, el guiso de pato con guarnición de arroz y/o fideo, papa y zanahoria.
El mismo teléfono expuso a Pablo José Aranda, quien contaba con su propia notificación roja de Interpol. En este caso, el pedido de captura provenía de la justicia de Uruguay. Aranda fue uno de los tres ciudadanos argentinos que cayeron detenidos en Montevideo en enero de 2024 con 31 kilos de cocaína. Se trató de la Operación Cleon, que también puso tras las rejas a un empresario de la ciudad de Villa María, Córdoba; Aranda obtuvo la prisión domiciliaria y se fugó, para regresar al país y al parecer a los embarques de cocaína. “El puerto uruguayo está sacando mucha droga en los últimos años; a partir del incremento de controles en Brasil y en Argentina, hay más salidas de estupefacientes a través de Uruguay y su correlato es el aumento de la tasa de homicidios que registra el país”, afirma el investigador.
Aranda utilizaba un celular a nombre de su pareja y su domicilio, en Olivos, provincia de Buenos Aires, fue puesto bajo vigilancia. El paso del prófugo por Santa Fe quedó registrado por una infracción de tránsito en la ruta 18, a la altura de Santa Teresa y en coincidencia con el vuelo de otra avioneta divisada en la misma zona con rumbo hacia el norte de Buenos Aires. La multa fue aplicada a una camioneta Ford Ranger, la misma que Gendarmería interceptó el 11 de noviembre sin saber que su conductor era Brian Walter Bilbao.
Capitalismo en redes
Nacido el 12 de octubre de 1977, Bilbao fue un vecino más de Pellegrini y Mitre, en Rosario, hasta octubre de 2023. En esa fecha, a la luz del operativo Cosecha Blanca, se convirtió en una celebridad del crimen organizado como jefe de una organización que “bajaba” cocaína proveniente de Bolivia en campos de Santa Fe y había invertido sus beneficios en una decena de empresas de diversos rubros. El dinero del narcotráfico fue inyectado así en la economía de Rosario; y también en esparcimiento, ya que según publicaciones en Instagram la familia Bilbao viajó en el mismo período a Bahamas, EEUU, Brasil, la Costa Atlántica, Cuyo, la Patagonia y hasta las Islas Malvinas.
“Históricamente uno piensa la estructura del crimen organizado como una cadena, donde el mismo dueño de la droga hacía el transporte y la ponía en plaza —comenta el investigador—. Hoy el narcotráfico es un ejemplo de capitalismo en redes, donde cada parte de la cadena tiene un encargado independiente. Por eso ya no se trata de pensar de manera lineal: están los productores, los encargados de logística, los compradores, los distribuidores”.
En ese marco, proveer la logística de aviones es una especialidad y sus prestadores son autónomos. “Jorge Adalid Granier Ruiz no pertenecía a la organización de Fabián Pelozo, no era su empleado ni su socio”, ejemplifica el investigador a propósito de otros actores prominentes del negocio, hoy reunidos en la cárcel de Ezeiza: “tenían una relación comercial: uno transportaba la droga y el otro la bajaba en tierra y la entregaba, no a una organización determinada sino al comprador que se presentara”.
Brian Bilbao está acusado de cumplir el servicio de “bajar” la cocaína y trasladarla hasta un punto de exportación o de distribución. Se descuenta que no es el propietario de los 960 kilos de cocaína que transportaba; sorprende que estuviera al volante del vehículo. La organización que lideraba comenzó a ser investigada en 2020; se desconoce la fecha de origen de sus actividades.
En el operativo Cosecha Blanca se descubrió que la organización contaba con aviones propios, disponían de un hangar en Oliveros y de una pista de aterrizaje en un campo de Carrizales; ahora se sabe que tenía otros campos a disposición. La investigación actual sugiere que Bilbao no pareció tan preocupado por ocultarse como por mantenerse activo durante el año y medio en que permaneció prófugo.
Otra revelación lateral de la causa es la composición misma de la organización. No se trata de los jóvenes, mujeres y menores que suelen ser apresados en la periferia del centro de Rosario con gramos de marihuana y bochitas de cocaína y que encuentran en el narcomenudeo un modo de subsistencia. Tampoco de los ranchos y edificaciones precarias que el Ministerio Público de la Acusación exhibe como búnkers. La organización liderada por Bilbao estuvo integrada por empresarios y profesionales que viven en barrios cerrados, como Juan Pablo Raynaud, propietario rural y titular de una empresa dedicada a la importación y venta de agroquímicos, o el abogado Pablo Stradiotto, nuevamente detenido, sospechado de ser una especie de consiglieri al estilo de las auténticas empresas mafiosas.
“Este tipo de causas suele tener un lado A y un lado B —explica el investigador—. El lado A consiste en identificar cómo llega el estupefaciente al país y cómo se acopia; el lado B es establecer la ubicación en un puerto, en un contenedor, en un buque. A veces se trata de la misma organización, a veces de organizaciones diferentes”. Un ejemplo sería el frustrado embarque de 1.500 kilos de cocaína, descubiertos en Empalme Graneros, una red en la que se concertaron tres ciudadanos de nacionalidad colombiana “que trajeron la droga y la tenían vendida en Europa”; un contacto local que se encargó de la recepción y de contaminar un cargamento de pellets con la droga; y otro que hizo los preparativos en Rosario y presentó la documentación en la Aduana para encubrir la operación.
“Detuvimos a Bilbao y al día siguiente cayó otra avioneta en medio de un campo de trigo, en Curupayti (departamento San Cristóbal) —dice el investigador—. Hablamos de un negocio que mueve 7.800 millones de dólares anuales y representa el 1,5 del PBI mundial. Este año las organizaciones perdieron seis avionetas solo en Santa Fe y sigue siendo redituable”.
Lo que dicen los mercados exime de explicaciones: “El kilo de cocaína en Bolivia sale mil dólares; en Rosario, entre 5 y 7 mil dólares; puesto en Europa, entre 25 y 40 mil dólares; en Oceanía, entre 150 y 200 mil dólares. Obviamente tiene costos de por medio, entre ellos la corrupción de funcionarios, pero los valores son exponenciales”, agrega el investigador. Para los organizaciones narcocriminales, como para cualquier empresa, no hay ganancia sin riesgo: el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial registra más de doscientos transportes aéreos irregulares, como se denomina a los que transportan droga, en lo que va del año.
Autor
