Ordenan atentados contra jueces y competidores, controlan la venta de drogas, administran y cuidan el dinero. Desde Patricia Celestina Contreras, la madre de Claudio y Guille Cantero, hasta Daniela Ungaro, integrante de un clan archirrival de Los Monos, y desde Olga “Tata” Medina, transera histórica de zona norte, hasta Lucía Uberti, imputada como organizadora de las balaceras contra edificios de la Justicia, las mujeres ocupan un lugar de creciente importancia en el ambiente del crimen rosarino. Con los principales capos en prisión o caídos en los enfrentamientos entre bandas, el manejo de la calle corre por cuenta de sus compañeras, hijas o madres, en el marco de las estrategias que los grupos ligados al narcotráfico desarrollan para sostener su posición en el mercado y maximizar sus beneficios.
El protagonismo de las mujeres en el crimen organizado parece obedecer a razones de fuerza mayor. “El hecho de que los capos más importantes estén presos los lleva a confiar en sus mujeres. Por eso ellas crecen tanto y se van haciendo fuertes en el negocio. Los hombres que tienen penas largas dejan el manejo de la plata a las mujeres, no se lo derivan a otras personas”, dice el fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada.
La fiscal Luciana Vallarella, de la Unidad de Violencia de Género, reconoce la “mayor presencia de las mujeres en el delito organizado” pero destaca que no por eso dejan de estar en “una posición de subordinación” con relación a los hombres. En particular “en estas organizaciones tan jerarquizadas y machistas”, donde las concepciones acerca de los roles que cumplen los hombres y las mujeres reproducen “los estereotipos más tradicionales”.
Un ejército de reserva
En la tradición del hampa, el lugar de las mujeres estaba reducido al del sostén de los hombres, sobre todo cuando caían presos. La infidelidad de la mujer al compañero preso sigue siendo considerada una falta grave. “En cambio, cuando la mujer está presa en general no recibe visitas y el hombre no sostiene ese acompañamiento”, dice la fiscal Vallarella.
Los mitificados códigos del hampa incluyen cláusulas notoriamente machistas, como el mandato de no pensar en amores cuando se está por cometer un asalto o un ilícito en general —supuestamente para mantener la cabeza fría—, o el de que conviene relegar a las mujeres de la acción. El temor a la mujer despechada —aquella dispuesta a la delación por rencor hacia su ex pareja es un fantasma recurrente en el imaginario de la delincuencia, como puede verse en el célebre “robo del siglo” al Banco Río de la localidad de Acassuso. La participación activa de las mujeres era excepcional, y de ahí en parte la atención que provocaron personajes como Ágata Galiffi en los años 30, Nelly Herrera Thompson en los 60 o Margarita Di Tullio, “Pepita la Pistolera”, en los 90. “El mundo del delito es tradicionalmente masculino. Los hombres tienen que disputar su masculinidad y su prestigio a los tiros en el espacio público”, observa la criminóloga Eugenia Cozzi.
Sin embargo, “esa situación no implica que las mujeres no tengan participación, aunque de modo diferente de los varones”, agrega Cozzi. En los últimos años y particularmente en Rosario, las mujeres parecen haber tomado parte del control del delito. El primer juicio contra la banda de Los Monos concluyó el 27 de abril de 2018. Entre los condenados solo hubo una mujer, Silvana Jesica Gorosito, pareja de Ramón Ezequiel Machuca, con prisión condicional. Si el proceso llevó a la cárcel a los líderes del clan Cantero, su lugar fue ocupado de inmediato por las mujeres de la familia. Como un ejército de reserva, Patricia Celestina Contreras, Vanesa Barrios —compañera de Guille Cantero— y Jessica Lloan —pareja de Jorge Chamorro— se encargaron de asegurar la continuidad del comercio de drogas.
En ese esquema, las mujeres cumplían las órdenes que sus maridos les enviaban primero desde la cárcel de Piñero y después desde Ezeiza. “¿Cómo vamos a levantar el negocio?”, le preguntó Cantero a Barrios en una conversación grabada, con el tono del hombre que interpela a la esposa por el sostén del hogar. “Vos tenés que preocuparte y poner gente a trabajar”, agregó. Y en consecuencia Barrios y las otras mujeres terminaron condenadas a prisión, en la causa Los Patrones.
En la misma causa fue imputada Gisella Bocutti, pareja de Leandro Vilches, otro miembro de clan Cantero. En libertad, está sospechada de hacer de enlace en la compleja negociación entre presos de Piñero y Coronda para la venta de drogas en la zona oeste de Rosario, que controla con mano dura y protección policial, según denunciaron en febrero vecinos del Mercado de Concentración de Fisherton y del estadio de Las Leonas.
Lorena Myriam Verdún, la ex esposa de Claudio “Pájaro” Cantero, se convirtió en un personaje mediático por el estilo vehemente y deslenguado con el que arremetía contra los jueces, el periodismo y la policía. Algún periodista confundido la trató como si fuera una especie de madre coraje que venía a denunciar el lado oscuro de las investigaciones, cuando su constante prédica contra el juez Juan Carlos Vienna y la familia Paz se ajustaba, como se vio en el juicio, a la estrategia de defensa de Los Monos. Tenía una obsesión, y era otra mujer: Mercedes Paz, la compañera del “Pájaro” cuando lo asesinaron.
Verdún no parecía tener límite. Podía increpar al juez de sentencia Edgardo Fertitta, abandonar el estrado porque los jueces le llamaban la atención, golpear a un policía en el allanamiento de su casa o irrumpir amenazante en la presentación de Los Monos, el libro de Hernán Lascano y Germán de los Santos. “Me buscan para hacer de seguridad, hasta gente de mucha plata quiere que la proteja”, dijo en una entrevista publicada en Clarín. Claro que el que vende protección, en la clave mafiosa, es el que controla la violencia e inspira miedo, y el seguro que concede es que no aplicará la violencia que está en condiciones de ejercer contra aquel que lo contrata.
Tal vez fue esa fama lo que llevó al operador judicial y falso abogado Marcelo D’Alessio a contactarse con Verdún en enero de 2018 y ofrecerle una campaña para desprestigiar a la justicia santafesina y favorecer la situación del clan Cantero. En el registro que hizo D’Alessio de la conversación, Verdún pareció interesarse en un posible canje de favores (“¿Qué querés vos? ¿Que te averigüemos qué?”) e hizo de nexo para que D’Alessio se reuniera con Ramón Machuca. Una de las tramoyas consideradas en esa mesa de trabajo sucio fue armar lo que se llama “una foto robada”, en la que una funcionaria judicial quedaría registrada en compañía de un narco.
Esa maniobra no se concretó en la Justicia pero sí en la campaña política a la gobernación de la provincia, cuando Verdún se hizo fotografiar junto a un desprevenido Antonio Bonfatti en los festejos del carnaval. Sobreseída en el primer juicio contra Los Monos, donde estaba acusada como testaferro de la banda, en octubre de 2019 Verdún fue condenada a cinco años de prisión por venta de drogas. Sus argumentos de que había ido a tomar mate a la casa de La Granada donde cayó detenida con cocaína, marihuana, plata en efectivo y cheques, y de que sus ingresos provenían de la venta de ropa y de esforzados tours de compras a Buenos Aires, no convencieron entonces a la Justicia.
El miedo y la furia
El 5 de febrero de 2018, Emanuel Avejera asesinó a balazos a Jonathan Funes cuando volvía a Rosario después de visitar a sus dos hermanos presos en Piñero. El impacto del caso se potenció por las imágenes de Brisa Belén Amaral, a quien el sicario le perdonó la vida, junto al cadáver de quien había sido su novio, todavía en el cruce de las rutas 14 y A-012, el sitio de la ejecución.
El apodo de Funes, Bam Bam, sonó entonces como una onomatopeya de los balazos que acabaron con su vida. Pero el miedo y la tristeza de Brisa Amaral se convirtieron poco después en furia y desafío ante los fotógrafos, a los que le sacó la lengua cuando la policía la llevaba con esposas y acusada de narcotráfico, por lo que fue condenada a tres años de prisión. El mismo gesto infantil tuvo Jorgelina “Chipi” Selerpe, condenada en abril de este año junto con Daniela Ungaro, por asociación ilícita y además, en su caso, tenencia de arma de guerra.
A los 18 años, Brisa Amaral había quedado al frente de los negocios del clan Funes. Su ascenso meteórico en el delito fue consecuencia del asesinato de dos de los hermanos Funes y del encarcelamiento de otros dos. Los planes de la familia para evitar la debacle incluyeron también la participación de un tío, con mayor experiencia, como una especie de asesor de la chica.
Las escuchas telefónicas probaron que Brisa Amaral recibió instrucciones específicas, como “ponerle los puntos” al encargado de un búnker o buscar “la tartamuda”, por una ametralladora. En enero de este año, autores todavía desconocidos ejecutaron a su hermano, Matías Amaral, en una casa de Ituzaingó al 100 bis. Si “las mujeres que participaban en los espacios del delito aparecían masculinizadas o acusadas en relación a su orientación sexual”, como dice Cozzi, figuras como Amaral o Selerpe parecen cultivar una imagen más convencional de la mujer joven, aun con el chaleco antibalas que les ponen para los traslados carcelarios.
Legados familiares
“El lugar de la mayoría de las mujeres en estas organizaciones no es autónomo sino heredado: ejecutan órdenes”, destaca la fiscal Vallarella, para quien cada historia debe ser “contextualizada y situada, para saber quiénes son estas mujeres y por qué ocupan esas posiciones: no para exculparlas sino para analizar su responsabilidad”.
En los casos de Ungaro y Selerpe, el vínculo con el crimen y el narcotráfico aparece también como una especie de transmisión familiar. La violencia es una marca constante en sus historias de vida.
Selerpe es pareja de Alan Funes y perdió a su tío, Domingo, acribillado en la zona oeste. Hija y hermana de personajes conocidos en la crónica policial, Daniela Ungaro fue pareja del “empresario” Luis Medina, abatido en otra resonante ejecución, y desde 2002 tiene ese tipo de prontuarios al que los policías califican de abultados. Su hija, Solange, también fue acusada por narcotráfico, como parte de un grupo coordinado desde Piñero por René Ungaro, el Brujo.
Las operaciones del Brujo Ungaro incluían la venta de tickets para el ingreso a la cárcel de Piñero, lo que surgió a la luz en agosto de 2019 cuando las diferencias con otro grupo que pretendía una tajada terminaron en un tiroteo frente a la prisión. El negocio también estaba en manos de mujeres: Ramona Elvira Ávalos, La Gringa (tía del preso Ariel “Teletubi” Acosta), Jésica González (con prisión domiciliaria; compañera de Claudio Javier Mansilla, el Morocho, señalado como autor de un doble homicidio perpetrado en Lima y Cerrito en septiembre de 2018) y María del Rosario Castello “tienen a su cargo el gerenciamiento de la venta ilegal de números para el acceso a la Unidad Penitenciaria N° 11: son encargadas de defender ese negocio, para ello organizaron amenazas y lesiones contra las personas”, según la imputación del Ministerio Público de la Acusación.
Las mujeres con hijos menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria. “Chipi” Selerpe obtuvo el beneficio en mayo de 2017 después de caer en el Operativo Los Miserables, porque estaba a punto de dar a luz al hijo que tiene con Alan Funes. Apenas seis meses después volvió a prisión y en abril la Justicia dispuso que termine de cumplir una condena de tres años en su casa. No se puede decir que esté tranquila: al caer la tarde del 17 de junio, dos hombres pasaron en moto frente al domicilio y descargaron una ráfaga de disparos, con puntería para impactar en una pared, una ventana y una toma de aire.
Lucía Uberti tenía un hijo de 2 años cuando fue detenida y dio a luz a su segundo hijo ya detenida. Vinculada con Daniel “Teletubi” Delgado —uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno, alojado en la cárcel de Coronda— está imputada como organizadora de catorce balaceras perpetradas entre mayo y agosto de 2018 contra edificios de la Justicia y domicilios de jueces.
En el teléfono de Uberti surgió un video —en el que aparece su hijo mayor— que tomó del frente del edificio del Ministerio Público de la Acusación. Tarea de inteligencia para un atentado, se supone. Los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional rechazaron una y otra vez sus reiterados pedidos de prisión domiciliaria por su “peligro procesal extremo” y, entre otras consideraciones, su jactancia de “poder matar a la persona que desee”.
En su descargo, Uberti dijo ignorar “por qué dicen tantas cosas malas” y apenas reconoció que tuvo “malas juntas”. Sin embargo, fue registrada en un diálogo significativo con un tira tiros: “Aplicale mafia y que pague”, ordenó, para apurar a un cliente moroso.
Las prestanombres
La intervención de las mujeres en el crimen organizado también debería ser enfocada con perspectiva de género, dice la fisca Vallarella. “Habría que historizar y contextualizar cada caso —explica—. No abordar su participación aislada, por ejemplo, sino observar cuál es la situación de su pareja y analizar desde cuándo empieza a tomar decisiones o a tener un lugar predominante y en base a qué toma decisiones”.
Además de obedecer a los capos presos, sus mujeres también actúan como testaferros. En julio 2019 la Cámara Federal ordenó en ese sentido la inhibición general de bienes de Vanesa Barrios y de Silvana Gorosito, y de las hermanas Yoana y Macarena Cantero. Una medida similar se aplicó en la causa de Esteban Alvarado, donde la justicia dispuso embargos y la inhibición de los bienes de las mujeres de los imputados.
En los papeles, como se dice, Barrios era dueña de cinco autos y dos propiedades en Granadero Baigorria y al mismo tiempo, como las personas sin ingresos, percibía los planes “Jefe de Hogar” y “Programa Familia”; Gorosito tenía tres autos y tres lotes en el sur de Rosario, y figuraba como beneficiaria del “Programa de Seguridad Alimentaria de Santa Fe”. El contrasentido puede indicar pertenencias según el género: los vehículos y los inmuebles son en realidad de los hombres; los planes familiares, de las mujeres.
Las jefas
Olga Medina tiene un largo historial vinculado con el narcomenudeo en barrios del norte de Rosario. En 2019 fue detenida junto a su hermana y su hija en un procedimiento de la Policía Federal que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich promocionó como una especie de golpe maestro al narcotráfico, aunque recién fue condenada en junio de este año y por un caso menor de 2014.
Tania Rostro cumplía teóricamente prisión domiciliaria por robo calificado, privación de libertad y amenazas cuando la justicia ordenó su detención en julio. Los investigadores la consideran sospechosa por los crímenes de Emanuel Sandoval —“Ema Pimpi”, ejecutado en la casa que le alquilaba a un juez— y de Agustina Thompson —el 10 de febrero, presunta vendetta por la muerte de Daiana Paiva, soldadito de Rostro.
Nahuel Rostro —hermano de Tania, imputado también por robo calificado y amenazas— sostuvo un largo enfrentamiento con Emanuel Sandoval, de barrio Rucci a la casona de Pago Largo al 600 donde “Ema Pimpi” cayó asesinado. La declaración de guerra fueron los asesinatos de Maite Ponce, de 5 años, sobrina de Nahuel Rostro, y de José Cóceres, en distintas balaceras perpetradas en Parque Casas.
Tania Rostro tenía como segunda a otra joven, Sharon Luna, y su mano derecha habría sido su madre, encargada de un merendero y de tareas de inteligencia. Según la investigación judicial, Rostro dirigía puestos de venta y tenía su tropa de soldaditos. La ubicación reservada para las mujeres en la pirámide de su banda señalaría otra novedad en el inagotable reciclaje del crimen rosarino.
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