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Política

La Corte par de Santa Fe, entre fallos contradictorios y desempates al azar

Cuando hay que definir, el empate no cuenta. En el fútbol se ejecutan penales, y en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se designa transitoriamente a un integrante más, nada menos que para resolver la cuestión de fondo. Esa elección debería hacerse por sorteo, aunque no siempre es así. Sólo en los últimos dos años la Corte santafesina estuvo en esta situación de votación igualada 35 veces, con un agravante: en algunos temas, en distintos expedientes, el desempate puede dar como resultado fallos contradictorios; por eso en los casos de fertilización asistida, por ejemplo, se optó porque siempre salga “sorteado” el mismo camarista, en una no admitida elección digitada.

En los orígenes, se preveía que la Corte tuviera cinco miembros, pero desde 1983 tiene seis, un caso único en el mundo, porque precisamente se trata de evitar la posibilidad del empate. Aquel año, en las vísperas del retorno democrático, se amplió para darle un lugar al radicalismo, que designó a Jorge Barraguirre. En el recambio que tuvo la Corte en el 2000, durante el segundo mandato de Reutemann, hubo una oportunidad de corregir el número de poltronas, pero a pesar de la renovación que se produjo por el retiro de cuatro de los seis miembros, se decidió cubrir todos los lugares.

Un integrante de la Corte admite que esta situación puede producir “fallos contradictorios” y rozar la “seguridad jurídica”. Si hay dos resoluciones diferentes sobre un mismo tema, en virtud de cómo termine votando el magistrado convocado para desempatar, “¿cuál de las dos representa la postura de la Corte? ¿Cuál sentará jurisprudencia? ¿Cómo se fija doctrina así?”, se pregunta.

Otro, más templado, sostiene que “esta es una Corte ejemplar” y rescata que en los 37 años que lleva con este funcionamiento no ha tenido mayores problemas. Y niega que el alto tribunal sea el encargado de fijar doctrina.

Un tema que le tocó dirimir a la Corte santafesina por registrarse un 3 a 3 tras el voto de sus miembros fue si las obras sociales debían cubrir tratamientos de fertilización humana asistida. Esos planteos fueron previos a la sanción en 2013 de una ley nacional sobre el tema.

Por planteos contra las obras sociales, la Corte tuvo que sortear a un camarista en cinco oportunidades entre el 2010 y el 2013. Todos los actuales miembros votaron siempre de la misma forma, pero el problema aparece con los camaristas encargados de definir la postura de la Corte, que al ser sorteados pueden ser jueces distintos, con diferentes opiniones y criterios sobre el mismo asunto.

Para evitar esto, se pensó una solución que no parece mejorar las cosas. En el tema fertilización asistida se sorteó la primera vez y después se designó siempre al mismo camarista, Armando Luis Drago, de la ciudad de Santa Fe. Se encontró así un parche para asegurar la previsibilidad de un resultado, pero a costa de violentar los procedimientos. “Se hacen los sorteos, pero son como los de los árbitros de fútbol, o elecciones con la misma suerte de Bonadio cuando le tocaron todas las causas de Cristina Kirchner”, bromea un seguidor de los temas judiciales.

Los empates en la actual Corte de seis miembros son más frecuentes de lo que se supone. Dos ejemplos: el último martes de octubre, la Corte provincial resolvió 35 expedientes; en tres de ellos hubo empate y se debió recurrir a un camarista por sorteo. Peor fue una semana de setiembre, donde de 40 expedientes resueltos, en 13 se registró empate. No siempre se trata de temas de gran impacto, como el de la fertilización in vitro, y la mayoría refiere a cuestiones de materia penal.

Otros asuntos relevantes que se definieron con la integración de un camarista surgido por sorteo fueron el de las franquicias que cubren los seguros a los accidentados en el transporte público, el de los corredores inmobiliarios y la empresa Remax, o el más conocido del descanso dominical para los empleados de comercio.

Pero ni aún en esas situaciones extremas tomó cuerpo la necesidad de elevar a siete el número de miembros de la Corte, que resolvería el problema, y evitaría fallos contrapuestos y designaciones a dedo. O que demasiados temas sean dirimidos por un juez que no fue designado para integrar la Corte.  

La integración del Supremo santafesino está congelada en seis y ese número se reafirmó tras el acuerdo político entre Carlos Reutemann y Horacio Usandizaga de principios de siglo. Tras las elecciones de 1999, el Lole volvió a imponerse al Vasco con la Ley de Lemas y se generó la necesidad de compensar con un acuerdo de gobernabilidad esa situación electoral.

Por ese entonces, en un corto período de tiempo se retiraron cuatro de los seis miembros que tenía la Corte, por lo que se podrían haber cubierto sólo tres vacantes, y dejar la Corte en cinco. Pero como parte de lo que se llamó un pacto político, ingresaron cuatro, para darle lugar al candidato de Usandizaga: Mario Netri.

Dejaron la Corte en el 2000 Decio Carlos Ulla, Casiano Rafael Iribarren y Raúl Ávarez, (antes se había retirado Jorge Barraguirre padre) e ingresaron Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, por Santa Fe, y Mario Netri y María Angélica Gastaldi, por Rosario, dos por cada distrito. Siguieron seis y se mantuvo la posibilidad de los empates, que por su frecuencia a algunos miembros actuales ya empieza a molestarles.

En este punto la solución sería que se amplíe a siete la cantidad de integrantes (algo que nadie impulsa por ahora) o esperar que se produzca la baja de alguno de los seis miembros actuales y que no se cubra esa vacante para que la Corte quede en cinco. O que se designen dos nuevos jueces y se llegue así a siete.

La Constitución establece que la Corte debe tener como mínimo cinco integrantes. No fija techo.


Un problema político


Ninguno de los tres gobernadores del Frente Progresista avanzó con un plan para desequilibrar esta paridad en la Corte, enfrentados a un dilema de difícil solución: como el tema requiere acuerdo legislativo, es indispensable contar con el apoyo de los dos partidos o frentes mayoritarios y eso se consigue proponiendo dos nombres, para que designe uno cada sector.

Cuando los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz quisieron impulsar el proyecto del séptimo integrante, se encontraron con ese problema. Si hubieran querido avanzar, se mantendría el empate y agravado, ya que lo único que se hubiera conseguido (ampliando en dos los miembros y sin retiros) era mantener el empate con un número mayor (ocho). Y nadie se animó a proponer que se nombren tres nuevos ministros para resolver la paridad, por el costo político que eso conlleva: elevar a nueve la cantidad de miembros, algo que siempre pareció exagerado.

Sí hubo en 2017 un proyecto que ingresó a la Legislatura proponiendo la ampliación a siete de los miembros de la Corte, aunque rápidamente fue descartado y perdió estado parlamentario.

Hoy la edad de varios de los ministros excede lo que establece la Constitución: uno de ellos cumplió 79 años (Netri), otro ya suma 78 (Spuler) y hay otros tres entre los 72 y 74 años. “Es Jurassic Park”, comentan graciosos quienes confirman estos datos. El benjamín del grupo es Daniel Erbetta, que ingresó a la Corte en 2007 y tiene 64 años. Mientras, los rumores de renuncia son sólo eso, amagues que quedan en la nada: “De acá no se va nadie”, comentan en los pasillos de los Tribunales.

Desde el gobierno se podría intentar precipitar la jubilación de los dos miembros que exceden los 75 años, pero nada parece indicar que se piense en hacerlo y sumarse un problema en el frente judicial. “No se va a forzar nada, por ahora”, responden desde el oficialismo.

Una salida para los casos de empate sería que el presidente del máximo tribunal pueda hacer uso de su doble voto, una atribución que le ha sido otorgada por la ley orgánica para temas administrativos, pero que no se utiliza.

“En temas jurisdiccionales, que un ministro de la Corte tenga doble voto es insostenible”, reflexiona un estudioso del tema. “¿Cómo el voto de un ministro va a valer más que el de otro, el doble, y encima define un asunto?”, agrega.

Esta Corte se considera prudente en ese sentido, ya que nunca usó el doble voto para temas jurisdiccionales. Por eso la única alternativa a la situación actual es el sorteo de un camarista, con la particularidad mencionada: el cuerpo puede tener que pronunciarse dentro de un cierto tiempo sobre dos casos iguales, y en uno puede salir sorteado alguien que tenga un criterio y en otro el que tenga la opinión contraria. O hay que forzar los sorteos para que siempre vote el mismo.

“No hay ninguna duda que hay que tener una Corte impar. En todo este tiempo se naturalizaron las cosas”, responde uno de los ministros al ser consultado.

Es el mismo que recuerda el caso del empate en 2012 sobre fertilización asistida: “La Corte quedó empatada tres a tres y sale sorteado un camarista de Santa Fe, muy católico, que desempata en favor de la obra social porque está en contra de la fertilización asistida. Pasa un año y llega a la Corte otro caso igual, volvemos a quedar tres a tres. Sale sorteado un camarista del sur, que vota a favor de la fertilización asistida. O sea que la Corte tiene dos precedentes antagónicos sobre ese tema. Un absurdo total. ¿Cuál es el precedente de la Corte en esa cuestión? No sabemos. En un caso tiró para un lado y después para el otro”. Más allá de ese relato, la realidad es que en varios casos de fertilización que llegaron a la Corte siempre desempató el mismo camarista santafesino.

Admite este mismo ministro que si bien no se da con tanta frecuencia, “cuando ocurre el empate es en casos de alto impacto, donde se ponen de manifiesto distintas concepciones, que tienen que ver con cuestiones relevantes que ameritan que la Corte tome posición, como la píldora del día después, por ejemplo”.



Un “Jurassic Park” pero no de película


¿Qué pasa con la edad jubilatoria de los jueces de la Corte? La inamovilidad está establecida por la Constitución provincial y nacional con diferentes edades: 65 años en la provincia y 75 en la Nación, pero hubo casos de apelaciones (Casiano Iribarren en Santa Fe y Carlos Fayt a nivel nacional) donde se cuestionaron esos límites de edad. Con sendos amparos, ambos continuaron en sus cargos contra los deseos del Ejecutivo de hacerlos cesar en sus funciones.

Desde que se reformó la constitución argentina, los jueces supremos —que hasta entonces ocupaban sus cargos en forma vitalicia— están obligados a retirarse a los 75 años. Fayt se retiró a los 97.

En Estados Unidos, donde los cargos siguen siendo vitalicios, hubo en los últimos años tres vacantes (de los nueve integrantes de la Corte): por retiros y fallecimientos, siempre después de los 80 años. 

En Santa Fe no sólo se alteró el número impar desde 1983. También cambió lo que se llamó “Equilibrio territorial” de la Corte, cuando en 2007 Jorge Obeid nombró a Daniel Erbetta, dando lugar a la actual integración de cuatro rosarinos y dos santafesinos. Erbetta reemplazó a Rodolfo Vigo, que junto a Roberto Falistocco habían sido designados durante la gobernación de Víctor Reviglio. Vigo se retiró en medio de un escándalo por una jubilación de privilegio que tramitó posteriormente. Que lo sucediera un rosarino fue también motivo de algunas discusiones.

Una mosca blanca es el caso de Jorge Barraguirre (padre), que había sido nombrado ministro en 1983 y dio lugar al aumento a seis de los miembros de la Corte. Prometió retirarse cuando cumpliera 65 y así lo hizo, favoreciendo la renovación de cuatro que se dio en vísperas del 2000.


Pares Santa Fe, impares Rosario


El tema territorial sigue vigente en un convenio de rotación geográfica que rige desde hace algunos años para el cargo de presidente de la Corte. Según ese acuerdo, la presidencia recae sobre un ministro santafesino en los años pares, y sobre uno rosarino en los impares. También establecía que debían alternarse los nombres en cada oportunidad, aunque esto se respeta parcialmente. 

Gutiérrez fue presidente en 2020 y alcanzó un récord en ocupar ese cargo desde que existe el acuerdo de rotación. Eso se debe a que los ministros santafesinos son sólo dos y Eduardo Spuler viene declinando cuando le toca presidir el tribunal supremo, con lo que año por medio es designado Gutiérrez.

Por el lado rosarino son tres los ministros que rotan en su turno: María Angélica Gastaldi presidió en 2019, Falistocco fue designado para el 2021, y a Daniel Erbetta le toca en 2023. 

Spuler y Netri son los de mayor edad, por lo que a priori se podrían acoger antes que el resto a la jubilación, aunque no han dado precisiones sobre eso todavía, a pesar de que ya tienen los trámites iniciados. Gastaldi, Gutiérrez y Falistocco también por edad estarían en condiciones de pedir el retiro, pero no hay señales de que tengan intenciones de hacerlo. 

Si esto ocurriera durante el mandato de Perotti, el gobernador justicialista podría encarar una reconfiguración de la Corte, ya que estaría en condiciones de proponer de uno a cuatro ministros. Esa situación, por ahora no probable, le permitiría hasta si quisiera patear el tablero en cuanto a la identidad partidaria de los propuestos.

También estaría obligado a atender las nuevas exigencias de paridad de género. Esta novedad dejó con el bolso preparado a varios jueces varones, que ahora tendrán que esperar que se produzca la tercera vacante para aspirar al primer reemplazo en la Corte.

Otro cambio que podría evaluar, -aunque este es más difícil de concretar- es alterar la integración exclusivamente santafesina y rosarina del tribunal, y aspirar a una mejor representatividad territorial que sume a algún juez de Rafaela, Venado Tuerto ó Reconquista.

Crear un séptimo cargo de ministro o restablecer de alguna otra manera una Corte impar, le daría más previsibilidad al tribunal supremo para que los desempates no dependan tanto de las contradictorias posturas de los camaristas -cuando son elegidos por sorteo- o haya que forzar desempates coherentes eligiendo a dedo a los camaristas.


La reunión de Perotti con miembros de la Corte en octubre

La demanda que motivó el primer empate resonante


Hasta el 2013, cuando se sancionó la ley nacional de fertilización humana asistida, existía un vacío legal que llevó a algunas de las más notorias resoluciones divididas de la Corte de Santa Fe. El primer caso que disparó el tema fue el de una pareja que reclamó al Iapos y a la obra social de Amas de Casa que les cubriera un tratamiento in vitro de alta complejidad, ante su imposibilidad de concebir. En 2010, la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe le había dado la razón al matrimonio, pero las obras sociales interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, que anuló ese fallo en octubre de 2012.

El matrimonio había intentado tener hijos con diferentes métodos y técnicas a lo largo de 13 años, pero ante “reiterados fracasos” los especialistas médicos les recomendaron el método de alta complejidad.

En una primera instancia, votaron a favor de la cobertura María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Mario Netri; en tanto coincidieron con la postura de las prestadoras de salud Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler. Ante el empate, fue sorteado un camarista santafesino, Armando Luis Drago, que votó en el mismo sentido que estos últimos.

En su voto, Gastaldi habló de “daño irreparable” para el matrimonio, y resaltó que “se deben cubrir los métodos anticonceptivos y las técnicas que aseguren la concepción. De lo contrario —resaltó— el Estado sólo garantiza la imposibilidad de concebir, pero no la opción por concebir”.

La resolución de la Corte provincial cuestionó que “el amparo no es el mecanismo apto para judicializar” estas situaciones, y pidió a los órganos legislativos que se pronuncien con una ley sobre el tema.

Gastaldi recordó en su voto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la infertilidad es una enfermedad, y señaló que el hecho que no esté incluida en el Plan Médico Obligatorio “no es excusa” para negar la cobertura, porque éste es “un marco de referencia a partir del cual deben cumplirse las normas constitucionales”.

La por entonces presidenta de la Corte opinó que esa pareja que hizo la demanda tenía “una urgencia vital” y señaló que así se le “niega el derecho a la procreación”. Y fundamentó: “Así como se protege y financia la libertad de no concebir, mediante el pago de todo tipo de tratamiento anticonceptivo, debe garantizarse el derecho a concebir cuando ello no es naturalmente posible”.

En otro párrafo del fallo, Gastaldi señaló que si a la pareja estéril no se le brinda la cobertura para el tratamiento de fecundación asistida, “la paternidad y la maternidad quedarían reservadas a quienes cuentan con los medios económicos y sociales que les permitan costear los tratamientos, lo que constituye una limitación al derecho de la vida familiar y a la procreación según las condiciones económicas, lo que resulta arbitrario y jurídicamente inaceptable”.

Por su lado, el ministro Erbetta consideró que “las obras sociales están obligadas a asumir el costo de la práctica”; e indicó que “el Plan Médico Obligatorio no es insusceptible de ser modificado o adecuarlo en el caso. El derecho debe resolver problemas y no imponer modelos, mucho menos en una sociedad multicultural”.

En cambio, el ministro Falistocco —en el primer voto a favor de las obras sociales— citó una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la posibilidad de legislar por “una técnica de fecundación in vitro y transferencia embrionaria que concilie los derechos a la salud, a fundar una familia, tomar decisiones de pareja y procrear respetando el valor de la vida y la dignidad humana'”.

Para el ministro, es “imperiosa una legislación que reglamente minuciosamente las técnicas de fertilización y prevea control de estos métodos”; que compatibilice “el derecho a la vida del embrión con las técnicas que posibilitan dar vida”.

El voto de Falistocco fue criticado por el abogado del matrimonio, Marcos Barceló. “Habla de la dignidad de la persona por nacer, y dice que la Cámara desoyó la cuestión científica de la práctica. Pide un debate más amplio, no acepta la vía del amparo; pero se tomaron dos años para resolver este fallo”, se quejó el letrado. “Lo que dividió a la Corte no es el vacío legal, sino cuestiones ideológico religiosas bien claras”, señaló.

Barceló se preguntó “cómo harán de ahora en más las parejas —a las que no se les cubra el tratamiento—, cuando se dice que la vía correcta no es el amparo. La presentación ya se había declarado admisible; no entiendo por qué la Corte vuelve a ese tema”.

El abogado recordó que el Ministerio de Salud puso en marcha un programa (a través de Iapos) en el que “se comenzó a implementar la fertilización asistida progresivamente”. Todo esto “es desestimado por Falistocco, que habla de la dignidad de la persona por nacer, cuando todavía no hubo práctica. Se mete con la técnica en sí, cuando mis clientes ya tienen 44 y 43 años”, dijo; y agregó que en el fallo “se buscó una impronta de tipo jurídica para ocultar otras cuestiones”.

En esos años hubo otros fallos similares de la Corte santafesina, al menos cinco, con el mismo resultado anterior. Al final, la ley nacional vino a poner claridad sobre el tema y a evitar esas discusiones legales.


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