Catorce millones y medio de escuchas en Spotify en 24 horas y más de 100 millones de visualizaciones en Youtube en dos días, y más espacio en los grandes medios y en las redes sociales que todas las calamidades del mundo juntas —exagerando un poco—. Está claro que Shakira lo hizo de nuevo: con ayuda del ultrajoven productor argentino Bizarrap, la colombiana se dio el gusto de ajustarle las cuentas en público a su ex Gerard Piqué y al mismo tiempo crear otro mega éxito fulminante, de una lista ya larga, y para beneficio directo o indirecto de todos los involucrados: 80,2 millones de seguidores de la colombiana, más 21,7 millones del futbolista y los 17 millones del DJ suman 118 millones de personas —dos veces y media la población de la Argentina— impactadas en su sensibilidad y movidas a expresarse al respecto.
En el otro extremo de la humildad pueblerina, por lo que se empieza a ver, a alguien en el gobierno provincial le pareció buena idea sumar a la publicidad oficial, en avisos y cartelería de obra pública cuando menos, la imagen de la campaña electoral 2019 del gobernador Omar Perotti.
No se trata de forzar un paralelo entre el flujo real de la comunicación contemporánea y el mundo más bien ideático en el que prefiere pasar sus días la dirigencia política (y sus publicistas); entre millones de personas reaccionando minuto a minuto al vaivén sentimental de una estrella pop y las que podrían llegar a registrar en el mismo lapso un cartel en la calle Salta 2141 de Rosario, por grande que sea, o en medio del campo. Es sabido que no se pueden trasladar de manera lineal las lógicas y estrategias de las celebridades y las redes sociales a las figuras políticas —salvo que también sean celebridades—, y es difícil estimar el beneficio que pueda obtener el gobernador por poner su marca en el anuncio de una obra tan sentida como el memorial de la calle Salta (por poner un ejemplo).
Antes que el anacronismo y la incierta eficacia de la operación, el punto es que en Santa Fe “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Lo dice el artículo 18 de la Ley provincial 13230 de Ética en la Función Pública, sancionada en 2011. Y lo mismo dicen la Ley nacional 25188 y del Decreto 41, ambos de 1999, en sus respectivos artículos número 42. Tal cual, con idéntico ánimo y redacción.
No todas las provincias argentinas adhirieron a la ley nacional de Ética Pública y así es posible atravesarlas encontrando a cada pozo que han tapado en el camino un cartel con el nombre y hasta la foto de algún gobernador. Lo mismo pasa en muchos pueblos y comunas, donde los dirigentes locales suelen recurrir a leyendas del tipo “Gestión Fulano” o “Gestión Fulana”, al pie de los anuncios o en los vehículos oficiales, como para disimular un poco.
Santa Fe sí adhirió, por lo que en todo el territorio provincial la inclusión de “nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades” en “la publicidad de los actos, obras, servicios y campañas de los órganos públicos”, en tanto falta de ética en el ejercicio de la función, está prohibida.
¿Pero quién lo controla?
Tanto la ley nacional de 1999 como la provincial de 2013 crean comisiones de Ética Pública como autoridad de aplicación en cada jurisdicción. Ni la comisión nacional ni la provincial llegaron a constituirse nunca. Con algunas diferencias en su conformación, en los dos casos se las imaginó como organismos independientes “de los poderes estatales” y con cierta autonomía funcional. En el caso de Santa Fe debía tener “cinco miembros elegidos y designados por concurso por el Poder Ejecutivo de la provincia, con acuerdo de la Asamblea Legislativa”. Con el tiempo en las dos jurisdicciones se crearon oficinas dependientes del Ejecutivo para entender en el tema: a nivel nacional la zigzagueante Oficina Anticorrupción (OA) y en la provincia, según se informa en el sitio de gobierno, la Dirección de Anticorrupción y Transparencia (creada en 2008) “cuenta en su estructura orgánica con un Departamento de Ética, el cual posee la misión de entender en el cumplimiento de normas de ética de la administración pública (…) regulados por la Ley 13230”. Las oficinas mencionadas dependen del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Celia Arena desde fines de 2021.
Una cosa segura y dos que no
Según la revista estadounidense Forbes Shakira es una de las artistas que más dinero han ganado en la historia y una de las cien mujeres más influyentes. Es seguro que por estos días aumentarán tanto su fortuna como su influencia, y que no va a ser candidata, por ejemplo, a senadora de Colombia.
Es poco probable pero quién sabe: quizás algún funcionario, alguna asociación civil, algún legislador o legisladora se interese en observar si se está transgrediendo alguna disposición legal con la nueva imagen de la publicidad oficial.
Lo que no debería sorprender es si para las próximas elecciones, ya recontra gastadas las melodías más populares de Los Palmeras, a alguien se le ocurre convocar a Bizarrap para su jingle de campaña. Sería cuestión de precio.
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