La cuenta que hizo el gobierno santafesino al terminar la agotadora jornada del jueves 24 en la Legislatura fue muy sencilla: luego de un mes en el que se sembraron fuertes dudas y se cuestionó con todo tipo de sospechas sus procesos de selección y los concursos del Consejo de la Magistratura, se aprobaron 75 pliegos de los 79 que antes habían sido evaluados.
En ese número están los 36 envíos para jueces comunitarios de causas menores, donde solo tres fueron bochados por la mayoría en la Asamblea Legislativa y uno por un fallo judicial que impidió que ese cuerpo se exprese, cuentan todos los postulados a jueces penales (18), a tribunales de familia (3) y uno para un juzgado de menores, otro laboral (los dos para Rafaela) y juez del fuero civil y comercial de Rosario. Además, por si fuera poco, salieron con el pulgar para arriba todos los candidatos a fiscales (19). Y más allá de que haya sido tenso e intenso el debate sobre el ascenso del fiscal Matías Edery de adjunto a titular, no hubo en su contra ningún voto. Sólo 5 abstenciones del bloque del peronismo en el Senado que encabeza el senador Armando Traferri al que (junto al fiscal Schiappa Pietra) Eddery pretendió imputar en 2020.
A esos resultados sobre concursantes seleccionados por el gobernador y finalmente aprobados se suma el pliego que más interesaba asegurar: el de Marcelo Terenzio, un abogado que ha sido asesor de Omar Perotti en las dos oportunidades en las que el rafaelino fue al Congreso de la Nación. Últimamente, Terenzio asesoró en temas jurídicos al Ente Administrador del Puerto de Rosario y ahora el abogado fue consagrado vocal del Tribunal de Cuentas. Hubo apenas —siguiendo con los números— cinco votos en contra y unas pocas abstenciones. Cómoda mayoría.
Su pliego y los otros dos del Enress, que también fueron aprobados, no requieren de un proceso de selección por concursos. En este último par se destaca que por apenas 32 votos afirmativos sobre 30 negativos es ahora director del ente regulador del agua y las cloacas el ex ministro de Seguridad Jorge Lagna. Fue clave que dos senadores radicales se abstuvieran en lugar de oponerse como sucedió con sus correligionarios de Evolución: Lisandro Enrico (General López) y Leonardo Diana (San Gerónimo) pidieron permiso para no votar.
Pero todas esas cifras, por cierto muy comentadas, fueron apenas la superficie del resultado que el jueves maratónico en la Legislatura celebró la Casa Gris. Lo que se ve con especial interés también es el efecto que ha tenido de cara a 2023 la novedosa enemistad entre radicales y socialistas, que tenían la llave de cualquier asamblea de diputados y senadores o sesión conjunta de ambas cámaras.
“Los vimos votar juntos, se terminó la incomodidad o la doble moral… ¿qué festejan?”, tuiteó no tan críptico el diputado provincial Fabián Bastía. Quienes hayan pasado las 10 horas que duraron la sesión conjunta y la asamblea legislativa del jueves 24 con su avalancha de pliegos sabrán que el mensaje está dirigido a sus pares diputados del socialismo, que acompañó en casi todos los casos las posiciones del oficialismo.
Otra manera de decirlo estuvo a cargo de Julián Galdeano, el radical de Juntos por el Cambio que es nombrado como el hacedor del armado electoral para que Carolina Losada haya ganado la elección de senador nacional por Santa Fe. En su banca, expresó que “la negociación no es mala, es necesaria”, incluso “es insuficiente si se piensa en que no hemos logrado la provincia que todos queremos”.
Aún con ese convite de alta política, el presidente de la bancada del socialismo Joaquín Blanco negó cualquier acuerdo con el Ejecutivo para con los nombres de los pliegos y rechazó las acusaciones que consideró agraviantes desde el radicalismo. Subrayó que “los 14” del PS que “llegamos con Miguel Lifschitz” vamos a votar de la misma manera todos los pliegos y así fue. En la UCR, por cierto, no se pudo decir lo mismo. Y tampoco en el PJ ya que a la hora de que se apruebe el pliego del fiscal Edery se notaron las diferencias a nivel de las abstenciones. Y cuando se aprobaron 32 de los 36 pliegos de juzgados de pequeñas causas se abstuvo, en todos los casos, Miguel Rabbia, el senador justicialista que reemplazó a Marcelo Lewandowski en la Cámara alta santafesina cuando el ex periodista deportivo logró su banca en el Congreso nacional. Ahora el médico Rabbia tiene además un bloque unipersonal y se abrió del oficialista “Lealtad”.
Discutir el reglamento
Los concursos llevados a cabo por el Consejo de la Magistratura que encabeza la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, fueron legitimados por los resultados. No por los discursos de todo el arco opositor ubicado en la izquierda: el radical frentista Fabián Palo Oliver que fue el primero en señalarlos como “amañados”, su par del socialismo también díscolo con su partido, Rubén Giustiniani y la diputada de ese bloque Agustina Donnet, y la bancada del ex periodista Carlos del Frade del Frente Social y Popular. Desde el centro, lo mismo hizo Evolución radical, cuya figura principal, Maximiliano Pullaro, ya postulado a precandidato a gobernador, eligió no confrontar personalmente en el debate. Evidentemente, porque el Frente de Frentes todavía buscará sumar al PS, pese a tantas diferencias públicas.
El jueves de los 82 pliegos (la sesión fue realmente agotadora) nadie le cerró la puerta a cualquier posibilidad en la oposición, pero el peronismo gozó de las peleas entre los dirigentes de la vereda de enfrente. A la hora de argumentar a favor de los pliegos, sobre todo para los discutidos juzgados de pequeñas causas, hubo tanto explicaciones desde el peronismo como del PRO y del socialismo.
La discusión giró en torno a un asunto que no debería ser materia de debate: las reglas de juego en el proceso de preselección de postulantes a esos cargos.
Más allá del atraso en el andamiaje institucional propio de una Constitución que ha pasado el medio siglo, ya son demasiados años en los que —gracias a acuerdos políticos plasmados en decretos de autolimitación del Poder Ejecutivo—, se debería saber qué puede y qué no puede hacer la Casa Gris antes del envío de quienes aprobaron los concursos.
A juzgar por buena parte de los discursos, Santa Fe no tiene un Consejo de la Magistratura a la altura de lo que pretenden sus legisladores. Pero no se ha avanzado, al tema siempre se lo menciona como lo que es, “una deuda con la ciudadanía”, según lo dicho por el justicialista de tantos mandatos en Diputados, Luis Rubeo (h).
Las calificaciones
Las críticas a los concursos que llevó a cabo el Gobierno con el respaldo de las instituciones que forman parte del Consejo de la Magistratura se centraron en la existencia de un orden de mérito, del puntaje de las calificaciones del primer examen (escrito y por múltiple choice) que implicó el proceso de selección del que, tras otras instancias, se formaron las ternas con las que el gobernador eligió finalmente los nombres a elevar al Poder Legislativo.
El oficialismo, en cambio, lo mismo que el PS y JxC entendieron que en ese primer examen lo que importaba era sacar al menos 60 sobre 100 puntos posibles. Se insistió en que hubo más de mil quinientos abogados que participaron de las pruebas que luego pasaron a una entrevista con un jurado.
Así, mientras el diputado radical Juan Cruz Cándido advirtió que el radicalismo no podría rechazar ningún pliego de alguien con el mejor o los mejores puntajes en esa evaluación, desde el justicialismo Leandro Busatto, también ya lanzado a una posible candidatura a gobernador, le recordó que la idea de terminar con el citado orden de méritos finalizó durante el gobierno de Antonio Bonfatti cuando, con las dos cámaras en manos de la oposición peronista, era difícil conciliar nombres y urgía nombrar fiscales y defensores para hacer realidad la reforma penal. Quico Busatto fue incluso autocrítico con el rigor que por entonces se le reclamaba al Ejecutivo. Ahora lo ve desde el otro lado del mostrador. Cándido había defendido con ese argumento el apoyo de su bloque a la hija del senador radical Orfilio Marcón, que es ahora jueza de pequeñas causas tras lograr “el máximo puntaje” (el aludido pidió la abstención).
Bastia, dueño de un tono irónico, provocador pero cuidadoso con los términos, advirtió que para todo en la justicia se rinde y se pone un puntaje. Hasta para coser expedientes, pero un rato más tarde, con igual sentido del humor la kirchnerista Matilde Bruera le contestó: “sabe qué pasa diputado Bastia, se ve que a los hijos de los jueces les hacen coser expedientes en su casa desde chiquitos… porque siempre ganan”, dijo no tan en broma.
Tensión
Fuera de cualquier posibilidad para el buen clima, ocupó la última parte de la sesión el tratamiento del pliego del fiscal Edery. El duro intercambio de acusaciones entre Armando Traferri y Carlos del Frade (quien asumió con mayor protagonismo la defensa de ese fiscal y de Schiappa Pietra) incluyó la parte de la acusación contra el senador provincial que hasta aquí poco se ha mencionado. La que toca al titular de la Casa Gris.
El ex periodista recordó que en la declaración ante la justicia del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti, el llamado zar de las apuestas, involucró en un pedido de coima por doscientos mil dólares pagados a Traferri “para la campaña del gobernador Omar Perotti”.
El representante por San Lorenzo lo negó enfáticamente y aseguró que el gobernador debió haber retirado el pliego ya que tres personas investigadas por Edery, que otra investigación del MPA ha considerado víctimas en otra causa, formularon impugnaciones contra el pliego. Se preguntó cómo es que las dos Cámaras por unanimidad sancionaron la Ley de Víctimas y ahora las desoyen.
El senador acusó a los dos fiscales (aunque solo se trataba el ascenso de uno de ellos) de haber mentido en su exposición para pedir que el Senado le retirase los fueros, de fraguar pruebas, de agregar deliberadamente datos en una desgrabación para engañar a un juez y obtener un pedido de allanamiento, y hasta mostró la carátula y algunas hojas de su carpeta de “perfilamiento” de los tiempos en que Marcelo Sain era ministro de Seguridad y mantenía bajo licencia sin goce de sueldo también su cargo en el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
Del Frade le reclamó que se presente a la justicia, que rinda cuentas como cualquier ciudadano y que no se ampare en esas prerrogativas que ya están limitadas en el orden nacional. Traferri dijo que no tiene garantías “con estos fiscales”. Y acusó al dirigente de izquierda de algo que habrá que dilucidar. Dijo que lo defiende a Edery porque defiende a Sain, porque “en el fondo piensa como Sain”.
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