Rosario se convirtió finalmente en la primera ciudad santafesina en avanzar con la autonomía municipal, habilitada por la reciente reforma de Constitución de la provincia. El Concejo Municipal aprobó el jueves pasado el mensaje del Ejecutivo que le da al municipio competencia inmediata en una serie de cuestiones administrativas, económicas o financieras que antes dependían de una autorización provincial. Al mismo tiempo, deja sentadas las bases para que la Convención Estatuyente redacte la Carta Orgánica municipal, un proceso que iniciará en 2027 con la elección de los convencionales, en simultáneo a los comicios locales. La norma se aprobó por unanimidad en general pero tuvo objeciones puntuales de distintas bancadas de la oposición. Las críticas se centraron en la parte resolutiva aunque también hubo cuestionamientos sobre el proceso legislativo y la intención del municipio de “direccionar” cómo debe ser la Carta Orgánica.
La autonomía de Rosario se aprobó en el marco de un proceso iniciado un mes y medio atrás. El martes 7 de octubre, durante el acto conmemorativo por el Día de Rosario, el intendente Pablo Javkin hizo la entrega formal del proyecto de ordenanza a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. El ámbito de debate fue la comisión de Gobierno, donde la oposición pudo introducir una serie de modificaciones: no las necesarias para que el proyecto salga sin reparos pero las suficientes como para que todos los concejales acompañaran la autonomía de forma unánime, que era el objetivo de la intendencia.
Las discusiones se dieron hasta último momento. Recién el miércoles a la tarde la ordenanza tuvo despacho. Así y todo, las discusiones y modificaciones siguieron durante la tarde del jueves, por eso la sesión comenzó pasadas las 19.30, varias horas después de lo previsto. Pasadas las nueve de la noche, la ordenanza fue aprobada en general por todos los bloques, aunque con abstenciones y negativas de la oposición en diversas partes del articulado. El acompañamiento en general fue celebrado por el intendente Pablo Javkin, a través de un mensaje en redes sociales: “Empieza una nueva era de progreso y desarrollo para la ciudad más pujante de la Argentina”.
Qué se aprobó
La normativa aprobada quedó con 101 artículos, divididos en tres grandes títulos. En términos políticos, Rosario declara la autonomía consagrada en la reciente Constitucional provincial “en las dimensiones institucional, política, administrativa, económica y financiera”, asumiendo competencias propias en coordinación con órganos estatales provinciales y nacionales.
En términos prácticos, con la entrada en vigencia de la ordenanza el municipio podrá ejercer —por sí— una serie de facultades que antes requerían de autorizaciones provinciales o nacionales. Esa parte “resolutiva” fue la que generó diferentes disensos con la oposición y puso en tensión la idea de que las normativas locales prevalezcan por sobre normas superiores. En esa línea se encolumnaron los bloques de Ciudad Futura, el bloque Justicialista y el espacio Justicia Social. También los concejales libertarios y el Frente Amplio por la Soberanía votaron en contra y se abstuvieron en distintos tramos de la norma.
El listado es amplio y abarca potestades económicas, administrativas y financieras, como la posibilidad de tomar deuda sin permiso del gobierno provincial, contar con un régimen propio de compras o impulsar gestiones vinculadas a la desburocratización del Estado. También ambientales, como la regulación del propio arbolado público, o de planificación urbana, como la facultad para intervenir en terrenos baldíos. La habilitación de una paritaria local para trabajadores municipales también forma parte de esas atribuciones.
La tercera parte de la ordenanza establece las normas y criterios sobre la convocatoria a la Convención que deberá elaborar la Carta Orgánica. El cuerpo estará conformado por 28 estatuyentes —la misma cantidad de ediles que tiene el Concejo— que serán elegidos en conjunto con las elecciones locales del 2027. El mensaje original del Ejecutivo hablaba de “elecciones generales”, pero se modificó por pedido del peronismo, abriendo la posibilidad de que haya primarias, en caso de que los comicios locales también las incorporen. “Que sea el mismo formato”, resumieron.
La Convención tendrá 180 días corridos para constituirse y unos 40 —prorrogables por 20 más— para la sanción de la Carta Orgánica. El mensaje del intendente también incorporaba una serie de “temáticas prioritarias” a abordar en la Convención, como el régimen de administración financiera y tributaria, o los mecanismos locales de resolución de conflictos. Eso generó ruido en la oposición, que lo entiende como una forma de “direccionar” el debate por parte de la intendencia, cuando es una atribución reservada a los futuros convencionales. Finalmente, esos aspectos quedaron en la redacción, pero mencionados como “sugerencias”.
Debate jurídico
El encargado de defender la ordenanza del oficialismo fue el concejal Fabrizio Fiatti, quien afirmó que la ciudad está en condiciones “de empezar a plasmar ya mismo en el andamiaje normativo local un derecho que la ciudad reclama desde hace tiempo”. Y se anticipó a las críticas que luego vendrían de la oposición: “No puede haber excusa ahora. Que la iniciativa sea del intendente municipal no puede usarse para descalificar este momento histórico donde se avanza en decisiones que son absolutamente trascendentes para el presente y el futuro de la ciudad”, evaluó.
Es cierto que hubo críticas y algunos pasajes calientes a lo largo del debate. Pero en líneas generales reinó el consenso entre los espacios. Parte de los cuestionamientos vinieron de Ciudad Futura, que acompañó en general, pero votó en contra de todo el capítulo dos de la ordenanza. “Jurídicamente este mensaje pretende avanzar sobre materias, competencias y facultades que aún no fueron acordadas ni delegadas por el gobierno provincial y nacional”, describió Tepp. “Pone en riesgo la seguridad jurídica de todos los rosarinos y rosarinas de que se esté avanzando y legislando sin el proceso estatuyente”, completó.
La exposición de Tepp generó la respuesta de la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, que bajó del estrado para exponer desde una banca. La dirigente del radicalismo enfatizó en que la autonomía “no es un tema de abogados” sino un debate político. “¿Cuál es la delegación de facultades que tiene que dar la provincia? ¿Si soy autónomo voy a seguir esperando que haya otro nivel del Estado que me diga lo que tengo que hacer? Eso es un error tremendo. Si estamos esperando que nos delegue la provincia una facultad estamos en contra de la autonomía”, describió.
Críticas
Desde el peronismo profundizaron en algunos de los reparos planteados a la normativa. Entre ellos, que la elaboración de la carta orgánica no tenga “ningún tipo de condicionamiento”. Para Mariano Romero, eso se trunca con el artículo 87 de la ordenanza. “Lo que hizo Javkin fue no solamente decir qué temas hay que tratar, sino también dar su opinión acerca de las políticas a implementar con respecto a esos temas”, cuestionó. “Si el intendente quiere incidir en la estatuyente tiene la posibilidad de presentarse a elecciones y, si es elegido, plantearlo en el marco que corresponde”, explicó a Suma Política.
Respecto al debate sobre la preeminencia de ordenanzas locales por sobre normativas provinciales, junto a su bloque Justicia Social acompañaron una parte del título dos, y en otra votaron en contra. “Nuestra objeción es que en algunos tramos buscan incorporar cosas que no tienen nada que ver con la autonomía en sí misma. Son valoraciones políticas que tendrían que haber ido en una ordenanza aparte”, explicó y agregó: “Por ejemplo, no hay ningún impedimento para que el municipio avance en la digitalización. Simplemente quieren incluirlo para mostrar una política pública”.
En línea similar se pronunció Julia Irigoitia, quien reconoció a la Convención Estatuyente como “un órgano soberano”. Esa definición también refiere a las temáticas incorporadas en el artículo 87: para la concejala, el artículo 155 de la Constitución provincial ya marca una hoja de ruta a seguir en ese sentido. “Uno puede hacer sugerencias, invitar a la ciudadanía a participar e ir construyendo el proceso para llegar con algunas temáticas priorizadas, pero de ninguna manera le puede marcar la cancha a la estatuyente para decirle sobre qué tiene que avanzar”, planteó a Suma Política.
Desde el bloque Justicialista también acompañaron la declaración de autonomía y la convocatoria a la Convención, pero se opusieron en distintos tramos del articulado que aborda las competencias a asumir desde el municipio: “Tomaron una decisión de dejar explicitada la inaplicabilidad de normas provinciales por sobre ordenanzas locales. Nosotros en eso decimos que la autonomía no es una emancipación, sino que tiene que estar enmarcada en un orden jurídico normativo que no puede pasar por encima de Provincia y Nación. Ser respetuosos, sin que eso vaya en detrimento de avanzar en determinadas competencias. Por eso nos opusimos en todos los artículos que planteaban una preeminencia de la ordenanza local por sobre lo provincial”.
Para Irigoitia, esos aspectos se engloban dentro de lo que entiende como un “error político” del intendente al enviar todo en una misma ordenanza. “Terminó siendo una ensalada. Nosotros pedíamos que hubiera una ordenanza sencilla, con la declaratoria de autonomía y la convocatoria estatuyente. Nadie se iba a oponer a eso”, expresó y agregó: “Después, que en cada uno de los aspectos sobre los que se quisiera avanzar se envíen como normas independientes, que permita un trabajo serio en cada una de las temáticas. Eso no pasó”.
Desprolijo
Con sus idas y vueltas, el mes y medio de trabajo en la comisión de Gobierno fue virtuoso. Sin embargo, la última semana se generó algo de ruido político con la aparición de una serie de dictámenes presentados por la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y algunos integrantes del Colegio de Abogados de Rosario. Con matices, ambos informes plantean una crítica similar: que una ordenanza no puede definir como “inaplicables” leyes provinciales que están por encima en el ordenamiento normativo.
El argumento con el que se defiende el municipio es que la Constitución, donde se consagra la autonomía municipal, está por encima de las leyes provinciales. Este miércoles, antes de darle despacho a la norma, la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti descartó cualquier irregularidad en ese sentido y se encargó de responder los informes. Todos menos uno: el de Norberto Martínez Delfa. “No me voy a expedir por razones de público conocimiento. No hay una acusación de ilegalidad pero tampoco aceptaría una apreciación de ilegalidad del doctor”, sostuvo. En diversas oportunidades, el académico fue señalado por organismos de derechos humanos por su participación en cargos públicos durante la última dictadura militar.
Los planteos de los dictámenes, sobre todo el confeccionado por diversos institutos dependientes del Colegio de Abogados de Rosario, fueron criticados incluso por algunos dirigentes de la oposición que apuntaron diversas “falencias técnicas”. Sin embargo, la jornada del miércoles dejó otra particularidad: esos mismos dictámenes que habían ingresado al Concejo después fueron retirados. Eso no impidió que los documentos formen parte del debate pero sí generó asombro dentro de la comisión. Por lo bajo, algunos sectores leen la maniobra —cuanto menos desprolija— como una posible grieta dentro de Unidos. Es que quien remitió los dictámenes fue Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, pero también uno de los convencionales que reformó la Constitución provincial como integrante de la coalición oficialista.
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