Aprovechando el espíritu de época, el gobierno de Maximiliano Pullaro avanza a paso firme para instalar el debate sobre una reforma integral del sistema previsional de la provincia.
La abultada deuda que mantiene la Nación con Santa Fe por el déficit de la Caja de Jubilaciones y un contexto de fuertes recortes de las partidas nacionales a las provincias, sirven como escenario para agitar las aguas en ese sentido. Una decisión que tomó Córdoba el año pasado cuando modificó su régimen, rebajando beneficios a los haberes más altos y armonizando criterios del sistema provincial con el nacional.
El tema era parte de la agenda de trabajo que se planteó el gobernador al asumir su gestión, pero se transformó en un planteo cada vez más urgente a medida que el ajuste del gobierno de Milei fue desfinanciando las arcas provinciales. El último golpe al sistema previsional provincial fue el decreto 280/2024, que eliminó los anticipos que realiza la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional.
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social santafesino, Roald Báscolo, lo puso en contexto. Explicó que el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe fue en febrero pasado de 23.000 millones de pesos. De todos modos, es 25 veces más lo que la Nación le debe a Santa Fe por el financiamiento del rojo en los últimos cuatro años.
“La gestión anterior inició un reclamo el 30 de noviembre y en el momento de la presentación judicial eran 400.000 millones de pesos, ese valor actualizado al día de hoy supera los 600.000 lo que la Nación no giró a la provincia de Santa Fe en los últimos cuatro años”, dijo el funcionario en la apertura de la IV Semana de la Seguridad Social que se realizó en Rosario, una serie de encuentros que apuntan a abrir el debate sobre el sistema de Seguridad Social de la provincia.
En este contexto, a Pullaro lo desvela “la sustentabilidad” del sistema, que en los hechos representa poder afrontar las jubilaciones sin afectar seriamente las cuentas públicas. Sin embargo, esta reingeniería exige necesariamente revisar la estructura del régimen actual, analizar detenidamente los 14 subsectores que tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, algunos de los cuales tienen un haber previsional promedio de 400 mil pesos y otros cercanos a los 4 millones. Así como los aportes que cada uno realiza en función de la prestación, según datos que aportó Jorge Boasso, actual secretario de Seguridad Social de Santa Fe.
Pero también la revisión de la edad jubilatoria y la búsqueda de una paridad entre varones y mujeres. “Una Caja no puede ser sustentable cuando tiene un promedio de edad de jubilación de 59 años pero que en algunos casos es más baja porque hay quienes se jubilan con 53 ó 54 años ya que hay un artículo que permite compensar sus años de servicio por uno de edad”, indicó Boasso, quien consideró “oportuno” y “necesario” este debate que ya instalaron los legisladores mediante un proyecto de ley que los senadores oficialistas presentaron para conformar una comisión que analice el sistema previsional provincial.
“En una época en que la expectativa de vida supera con creces los 73 o 75 años una persona no se puede jubilar a los 53, 54 ó 57 años”, opinó Boasso y consideró oportuno cambiar la actual disparidad de la edad jubilatoria entre el hombre y la mujer. “Son temas que seguramente se van a debatir para llegar a consensuar un proyecto que satisfaga a todos”, dijo.
La idea que se baraja en el Ejecutivo provincial es, a priori, subir y unificar la edad jubilatoria gradualmente en 67 años y establecer como tope de haber una unidad de medida que estaría en el nivel 2 de la administración pública y convertirlo en unos 10 de esos haberes. Hoy en Santa Fe el tope jubilatorio es 80 % del sueldo del presidente de la Corte con 30 años de antigüedad, que va sumando 2 % anualmente.
La Caja tiene 100 mil beneficiarios, de los cuales el 70 % son mujeres que en promedio se jubilan a los 60 años, aunque los docentes se jubilan a los 57 y, en el régimen del 2 por 1, pueden hacerlo a los 55 años.
Por otra parte, en algunos de los regímenes los aportes en porcentaje no compensan los haberes como el caso del Poder Judicial que, ley de enganche mediante, tiene una masa de haberes de 4.000 millones de pesos, pero sólo recibe aportes de ese sector por 2.000 millones.
Al instalar en paralelo el abultado déficit previsional y los recortes de fondos por parte de la Nación como justificaciones para debatir el tema, el gobierno provincial se garantiza cierta legitimidad. Sin embargo, para los gremios del sector público, es parte de una avanzada similar a la de los años 90 durante las gestiones de Jorge Obeid y Carlos Reutemann con la que “se busca enfrentar la crisis cargándosela a las y los trabajadores”, planteó Gustavo Terés, secretario general de la CTAA Rosario.
“Hay una política desquiciada y brutal a nivel nacional que nos plantea una modificación estructural que pocos dimensionan, una reconfiguración política, económica, social y cultural” que tendrá “consecuencias gravísimas en relación a los derechos —dijo—. Es en ese contexto en el cual en la provincia quieren ir sobre la jubilación, modificar la edad jubilatoria”.
Si bien coincidió con Boasso en que es una discusión que se está dando en América latina y otros países como Francia o Grecia, es clave “discutir con los sectores involucrados”. Pero “acá lo primero que hacen es buscar atajos”, agregó.
La amenaza de un sistema colapsado también opera como un disciplinador de voluntades. “Queremos que el sistema sea sustentable y que los beneficiarios actuales puedan tener garantizado el pago de sus haberes previsionales y los futuros exactamente lo mismo”, planteó Boasso.
Ese es el planteo que viene realizando Pullaro frente a los cuestionamientos sobre la oportunidad de este debate. De todos modos, aclaró “eso no significa necesariamente que se le va a quitar el derecho a ninguna persona”.
De todos modos, al interior del frente gobernante (Unidos para Cambiar Santa Fe) plantean algunos reparos, como el que sutilmente expresó la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, quien en el mismo foro en Rosario dijo que la Caja de Jubilaciones de Santa Fe “ha sido dirigida de manera prudente, austera, sin excesos, y tiene un déficit como todas las Cajas lo tienen”. Con lo cual “si se cumpliera la ley vigente, los números serían absolutamente distintos”, afirmó para poner énfasis en que una salida más virtuosa pasaría por reclamar la deuda que la Nación tiene con Santa Fe.
De hecho, la Comisión Intersindical del Sector Público provincial, integrada por el conjunto de organizaciones sindicales y sus respectivas centrales, se reunió la semana pasada con el bloque de senadores justicialistas para conocer la posición del cuerpo en torno a este tema, pero además porque no consideran que sea el tiempo para discutir este tema. En cambio, piden evitar “cualquier debate reformador que pueda derivar en diversos perjuicios sobre activos y jubilados”. Y plantean que se lleven adelante “acciones administrativas y judiciales para cobrar la deuda que mantiene la administración nacional con la caja provincial”.
En febrero de este año, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, mantuvo una reunión con funcionarios nacionales para plantear la deuda que la Nación, a través de la Ansés, tiene con Santa Fe. “La deuda es por el déficit de los años 2020, 2021,2022”, señalaba entonces el funcionario sin incluir aún 2023 que aún no tenía vencido los plazos de pago. En ese lapso, fue el Tesoro provincial el que financió la Caja.
Consultado sobre algún tipo de reformas en el régimen de jubilaciones, en ese momento Olivares lo descartó. “La Caja es un tema que ocupa porque es una cuestión de descalce por temas actuariales y financieras, pero principalmente tratamos de poner el foco en que la Nación cubra esa diferencia que tiene que cubrir por ley”, dijo en referencia a las transferencias que está obligada a hacer Ansés a las 13 provincias que no transfirieron sus Cajas previsionales a la Nación.
Sin embargo, el escenario se endureció y la posición provincial fue mutando.
En paralelo, los gremios se movilizaron. ATE y Amsafé Rosario repudiaron el proyecto de modificación de la caja provincial. La referenta del sector de adultos mayores de los estatales, Ines Cozzi, planteó que debatir una reforma “significa una avanzada sobre los derechos de los trabajadores” y consideró que “bajo el argumento de que la Caja no es sustentable se va a atacar el 82 % móvil, la edad jubilatoria, entre otros temas”
Pese a todo, este jueves el Senado provincial dio media sanción al proyecto presentado por el legislador Raúl Gramajo y respaldado por todo el bloque oficialista que propone “crear una comisión que tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un proyecto de reforma del régimen previsional vigente en Santa Fe”.
Para la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, el debate no debe esquivar una mirada sobre el mundo del trabajo. “Hay que analizar la posible brecha entre activos y jubilados frente a la reducción de aportes patronales y multas por contratación de manera precaria impulsados por el gobierno de Milei”, advirtió, para señalar que “este tema generará una crisis no solo jubilatoria sino también laboral e institucional”.
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