Los principales partidos que conforman Unidos decidieron presentar proyectos por separado en el debate sobre la reforma constitucional. Así las cosas, la posibilidad de blindar la gestión estatal provincial sobre la Caja de Jubilaciones de la Santa Fe y la posibilidad de incorporar un ministro coordinador dentro del Ejecutivo santafesino son algunos de los temas que parten aguas dentro de la coalición oficialista, con el radicalismo buscando conciliar entre los dos polos opuestos que representan el socialismo y el PRO. En el peronismo adhieren al concepto de intransferibilidad de la Caja, pero no se convencen con la idea del ministro coordinador, al igual que en Activemos y el Frente de la Esperanza. Tanto La Libertad Avanza como Somos Vida comparten posición: consideran que no son temas que deban tratarse en la reforma.
En la sesión del último jueves, el presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, anticipó que ya habían ingresado alrededor de 600 proyectos con aportes para el debate reformista. Con el correr de los días, el número fue creciendo. La mayoría de los proyectos corresponden a particulares y organizaciones de la sociedad civil, algunos presentan sugerencias a incorporar y otros exponen articulados ya elaborados para que se tengan en cuenta en el debate. Hasta ese día, de las siete fuerzas que forman parte de la Convención, solo los partidos de Unidos habían ingresado sus proyectos de reforma.
En la coalición oficialista decidieron hacer el ingreso conjunto el pasado lunes. Los documentos corresponden al Partido Socialista (PS), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el Partido Demócrata Progresista (PDP), UNO y Encuentro Republicano Federal. La acción quedó plasmada con una foto conjunta en las escalinatas de la Legislatura que, de todos modos, no logró tapar las especulaciones respecto de las diferencias que priman en la alianza provincial. Con el correr de la semana, se fueron sumando otros proyectos como el de la Ucedé y el GEN.
Las iniciativas coinciden en puntos centrales como la reelección del gobernador y la limitación de mandatos ejecutivos y legislativos. Incluso hay acuerdos en aspectos que prometen debates acalorados, como el capítulo judicial: todos plantean la necesidad de una Corte Suprema de siete miembros, con paridad de género y equilibrio territorial. Sin embargo, las diferencias aparecen, como se señaló antes, en referencia al sistema previsional y a la posibilidad de incorporar un ministro coordinador.
En el resto de los espacios políticos, la confección de los proyectos tuvo sus demoras. Somos Vida y Familia ingresó su proyecto el jueves pasado, mientras que en el peronismo las negociaciones entre el espacio que conforman los senadores con la pata que encabeza Juan Monteverde y el Movimiento Evita, dilataron las cosas. Pese a eso, el viernes por la noche los doce convencionales del espacio firmaron un proyecto único de 58 páginas, que fue ingresado de forma oficial. La presentación a los medios de comunicación se hizo este lunes.
Por su parte, La Libertad Avanza, el Frente de la Esperanza y Activemos afinaron los detalles de la redacción e ingresaron sus iniciativas durante el fin de semana, sobre el filo de la campana. El plazo para la presentación de proyectos venció este domingo. El conteo final superó las 700 propuestas ingresadas por parte de la ciudadanía.
La demora en el ingreso de proyectos por parte de los espacios políticos no pasó por el alto en la sesión del jueves, la tercera desde el inicio de la Convención. Fue Joaquín Blanco quien instó a los partidos a presentar sus propuestas, agitando el fantasma de la especulación. “No vaya a ser cuestión que la estrategia sea que no surjan dictámenes por falta de acuerdo en las comisiones y que, en definitiva, la Convención fracase”, sostuvo el dirigente del socialismo, llamando a no promover “actitudes dilatorias que no quieren que se avance en el trabajo en comisiones”.
Desde el peronismo, el encargado de responder a esas acusaciones fue el presidente del bloque, Rubén Pirola. “Hay un solo convencional que no está en ninguna de las comisiones. ¿Y nos quieren mandar a laburar a nosotros?”, dijo, en alusión al gobernador Maximiliano Pullaro.
Sobre la Caja
La cuestión previsional quedó sujeta a cambios a partir de la incorporación del artículo 21 en la ley de necesidad de reforma. Allí se establece que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales “sean atendidas por medio de un régimen público de reparto, basado en la solidaridad, a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones”.
El debate principal gira en torno al futuro que pueda tener ese organismo, según cómo se defina la redacción final de la Carta Magna. Dentro de Unidos, el socialismo propone dejar asentado el carácter estatal “intransferible” del organismo estatal; es decir, blindar la gestión estatal a cargo de la Caja. La postura va en sintonía con el pedido de algunos gremios estatales, como el docente, que buscan proteger la posibilidad de que la Caja a la que aportan desde hace años pueda ser transferida a Ansés, como ocurrió en otras provincias durante los años 90 del siglo pasado.
Daiana Gallo Ambrosis, del socialismo, explicó que el objetivo es blindar el organismo a futuro: “Para nosotros es clave que sea un organismo estatal e intransferible, sobre una base de aportes y contribuciones. Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo a nivel nacional con Ansés, nos parece importante poder dejar eso en claro en nuestro proyecto”.
En tanto, en el proyecto del PRO el tema previsional aparece atado a la idea de la “sustentabilidad”. Desde el espacio explican que están de acuerdo con que la Caja de Jubilaciones siga siendo provincial, pero ponen reparos a la idea de fijar su intransferibilidad en la Constitución, en un país con oscilaciones económicas frecuentes. El proyecto de la UCR tampoco menciona la intransferibilidad, pero remarca que la Provincia hará “todas las acciones tendientes a la preservación de la institución pública de administración del sistema de jubilaciones y pensiones”.
“Nosotros no queremos que se pase a la Nación. Lo que sí queremos es que sea sustentable y que se vaya monitoreando. El año pasado, el déficit de la Caja significó diez veces la obra del tercer carril en la autopista Rosario-Santa Fe. Si se pone intransferible, va a haber mucho menos compromiso en los gobiernos que vengan para lograr un equilibrio entre aquellos activos y beneficiarios”, explicó Cristian Cunha, del PRO. Desde el radicalismo, por lo bajo, reconocen que apuntan a lograr una posición común entre los dos espacios.
Por su parte, el proyecto del peronismo categoriza los organismos de seguridad social como “intangibles, intransferibles, indelegables e irreductibles”, y le da a los trabajadores activos y pasivos “participación” en la administración estatal. “Son los recursos que garantizan la dignidad de los trabajadores pasivos, quienes además tienen que formar parte de la dirección de la Caja junto a los trabajadores activos. Nuestro proyecto contempla estas cláusulas y propone que las jubilaciones sean móviles y garanticen el 82%”, remarcó Lucila De Ponti.
De igual manera se posicionó Giustiniani: “La Caja para nosotros debe seguir siendo pública e intransferible, garantizando el 82% móvil”. En el proyecto de reforma ingresado durante el fin de semana desde el bloque Activemos queda ratificado su carácter “intransferible” a otras jurisdicciones.
En tanto, el proyecto de Somos Vida y Libertad no propone modificaciones en el artículo 21. “No es un tema que deba estar en la Constitución”, resumió Silvia Malfesi, del Partido Libertario. En La Libertad Avanza, tampoco se refieren a ese tema. “La intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones estatal no puede tener rango constitucional. Tampoco el régimen de reparto y la solidaridad. Son temas a resolver por la Legislatura”, señaló Beatriz Brouwer.
En la iniciativa del Frente para la Esperanza se señala que las jubilaciones y pensiones serán atendidas por medio de un régimen público, de reparto, basado en la solidaridad con un sistema “de carácter intransferible” a otras jurisdicciones. Como particularidad, la iniciativa plantea integrar a la Constitución provincial la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El ministro coordinador
La ley de necesidad de reforma aprobada a finales del año pasado también habilita la modificación del artículo 73, contemplando la posibilidad de que la ley de ministerios prevea, por lo menos, “un ministro con competencias para articular las relaciones con los otros poderes del Estado”. Desde algunos espacios lo grafican como una suerte de “jefe de gabinete”, pero a la santafesina.
El punto que abre discordias es la posibilidad de que su designación requiera acuerdo legislativo, pero que su remoción esté a cargo del gobernador. Así lo propone el socialismo en su proyecto: “Los ministros son designados por el gobernador y el ministro coordinador además debe contar con acuerdo de la Asamblea Legislativa”. Y agrega: “A los efectos de la remoción, renuncia y sometimiento a juicio político, el ministro coordinador es considerado un ministro”.
“Lo que planteamos en ese artículo es la necesidad de que haya un ministro que tenga un perfil democrático, con el consenso de todos los actores políticos. Pensamos en una figura que hable con los municipios, que lleve informes sobre la marcha del gobierno y que dialogue con los distintos poderes del Estado”, evaluó Gallo Ambrosis.
El proyecto del socialismo también describe las atribuciones que tendrá esta nueva figura, entre las que se destaca la coordinación con los municipios; convocar y coordinar las reuniones de gabinete de ministros; y concurrir “al menos una vez por mes, alternadamente a cada una de las cámaras legislativas para informar acerca de la marcha del gobierno”, entre otras. Hasta el momento, el socialismo fue el único espacio que se explayó en ese sentido.
En el PRO también habilitan la figura de un ministro “con facultades para articular las actividades de los ministerios y coordinar las reuniones de gabinete en su ausencia”. Sin embargo, no comulgan con la idea de que la Legislatura tenga injerencia en su designación. “El equipo de gobierno lo arma el gobernador y su vice. Aquel legislador que tenga ganas de tener incumbencia en el Poder Ejecutivo, que se postule para gobernador”, sentenció Cunha.
El proyecto del radicalismo también habilita su figura, pero no profundiza en detalles respecto de su designación. En el espacio reconocen que es un articulado que hace ruido, pero adelantan que están trabajando en buscar consensos. Desde otra de las tribus que forman parte de la coalición oficialista especulan con la idea de que éstos son aspectos introducidos por el socialismo para negociar después por otros puntos.
Por su parte, la iniciativa presentada por el peronismo no contempla la figura del ministro coordinador. “Pareciera que es un rol extrapolado de los sistemas parlamentarios europeos, pero no vemos su conveniencia para el Estado santafesino”, resumió De Ponti. “Es ridículo que se lo proponga con acuerdo de la Legislatura y que el gobernador lo pueda remover por su sola decisión. Nosotros creemos que hay que fortalecer el equilibrio de poderes y que para eso hay que fortalecer al Poder Legislativo y además institucionalizar la participación con la creación de un Poder Ciudadano”, añadió la dirigente del Movimiento Evita.
El resto de las fuerzas tampoco se mostró muy de acuerdo con la idea. En el proyecto del bloque Activemos no se incorpora la figura del ministro coordinador. Para Giustiniani, la experiencia nacional marca que la figura de un ministro con esas atribuciones, como podría ser el jefe de gabinete, “no le redujo ningún poder al hiperpresidencialismo”.
En La Libertad Avanza también adelantaron que no acompañarán esa idea. “Es crear una figura innecesaria que implicaría el entrometimiento del Poder Ejecutivo en los otros, además de generar más cargos y gastos para el Estado”, sintetizó Brouwer. Así también quedó referenciado en el proyecto: “No contemplamos en nuestra propuesta la constitucionalización de una figura de ministro coordinador o jefe de gabinete, en razón de que la ley de ministerios bien puede regular estas competencias y funciones sin necesidad de darle rango o jerarquía constitucional, algo que siempre, invariablemente, se traduce en mayor burocracia y gasto público”.
Una mirada similar comparten desde Somos Vida y Libertad, mientras que desde el Frente de la Esperanza abren la posibilidad de designar un ministro coordinador entre las atribuciones del gobernador, pero sin fijar luego los alcances de esa nueva figura.
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