El diputado provincial Leandro Busatto presentó en la Cámara baja de la Legislatura un proyecto que busca crear una empresa estatal de cannabis. La iniciativa propone que por medio de “Cannabisfe Sociedad del Estado” en la provincia se cultive, produzca y comercialice el cannabis con fines científicos y medicinales. El dirigente peronista destacó que la propuesta no solo permitiría al Estado “controlar la calidad” de las producciones, sino que también generaría puestos de trabajos y entrada de divisas. “Es una oportunidad en términos económicos”, aseguró.
Santa Fe es una de las provincias que más ha avanzado en la materia de flexibilizar y posibilitar el uso de cannabis. En octubre de 2021 el gobernador Omar Perotti presentó el primer lote de aceite de cannabis medicinal elaborado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) para el tratamiento complementario de pacientes con epilepsia refractaria. Ahora, un proyecto plantea ir más allá: no solamente promover la fabricación de aceites, sino acaparar las diversas instancias de su elaboración por medio de una empresa estatal. “Queremos que intervenga en todo el proceso productivo del cáñamo y el cannabis”, describió Busatto en declaraciones a Suma Política.
Los lineamientos del proyecto definen a Cannabisfe como una entidad autárquica con plena capacidad jurídica dentro del campo del derecho privado. Entre sus atribuciones, la empresa podrá cultivar, producir, industrializar y comerciar cannabis “con fines científicos, medicinales o terapéuticos”, así como también elaborar y adquirir “aceites y otros productos derivados del cannabis” que tengan los mismos fines.
Además establece que los medicamentos que surjan de la producción estatal se destinarán al abastecimiento de servicios de salud pública de los distintos niveles del Estado y de organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la prestación de salud. “La comercialización en casos será a título oneroso y a los precios que se establezcan, los que se fijarán siguiendo las premisas de calidad y economicidad”, agrega la normativa.
En otro de los apartados del proyecto se indica que la empresa venderá sus productos por medio de agencias de comercialización que podrán ser públicas o privadas con licencia gubernamental correspondiente, con la aclaración de que las agencias no podrán tener más del 15% del total de licencias. El texto de la ley también establece una serie de restricciones como la de vender a menores de 18 años, salvo prescripción médica; la venta de más de 30 gramos de cannabis en todas sus variantes en un solo día; la ubicación de agencias de comercialización a menos de 200 metros de escuelas, clubes o instituciones de salud pública, y la promoción del cannabis entre niños y adolescentes.
Tres pilares
Busatto explicó que la idea se sustenta en tres pilares: la intervención del Estado en el proceso productivo, la regulación y el control de calidad de los productos que se elaboren. A nivel nacional existe un proyecto que propone crear la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Esa iniciativa cuenta con media sanción en el Senado, pero viene frenada en la Cámara de Diputados.
No obstante, el legislador recordó que la reglamentación de la ley 27.350, que promueve la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis, impulsó proyectos de cultivos en diversas provincias, como el caso de Jujuy, donde las farmacias locales ya venden aceite de cannabis hecho en esa jurisdicción.
Ante ese contexto, si bien Busatto manifestó que la legislación nacional va a aportar “un marco regulatorio apropiado” para la creación de Cannabisfe, consideró que hay maneras de ir avanzando en el mientras tanto: “Nosotros somos optimistas tanto en la sanción de la ley que impulsa el gobierno nacional, como también en la idea de que tengamos una empresa de capital provincial que permita mejorar notablemente el proceso de investigación y obviamente de cobertura en términos de salud”.
Beneficios económicos
El proyecto de Busatto impulsa que el Estado tenga injerencia en el mercado del cannabis bajo una mirada que apunta a la salud, algo que un sector de la sociedad viene reclamando hace tiempo. Pero tampoco esconde la otra pata: el potencial económico y productivo del mercado del cannabis. Entre los considerandos del proyecto se pone énfasis en la “crisis social y económica” que atraviesa el país y la importancia de generar un mayor ingreso de divisas “para que nuestra economía se estabilice”.
“Pensamos que este proyecto de producción, industrialización y comercialización del cannabis permitirá generar fuentes de trabajo de calidad y tecnología de punta. Además posibilitará a la población contar con un medicamento de estándar internacional y a un precio accesible. Que la empresa sea pública, como lo establece este proyecto, no solo reduce el precio del producto, haciéndolo accesible a todos los sectores, sino que también permite generar divisas por su exportación”, según se argumenta en los fundamentos de los norma.
La iniciativa también aporta algunos números que pueden servir para graficar el posible impacto económico de esta industria en auge. Según las estimaciones de la empresa New Frontier Data, especializada en la materia, el mercado legal del cannabis mueve unos 150 mil millones de dólares en todo el mundo. A su vez, los informes de Muisca Capital Group, que apunta a la industria legal emergente del cannabis medicinal en las Américas, sostiene que el mercado viene creciendo en la región con una tendencia que permitiría superar los 100 mil millones de dólares en beneficios económicos para 2024.
Pero para tener un ejemplo más cercano, Busatto recordó el caso de Uruguay, que en 2013 reguló el mercado de cannabis legalizando su consumo con fines recreativos: “Con volúmenes y proporciones similares al de nuestra provincia, Uruguay ha registrado ingresos en su balanza comercial por 45 mil millones de dólares en ocho años”.
“Para nosotros es naturalmente también una oportunidad en términos económicos y en fuentes de trabajo”, expresó el jefe del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia. Y agregó: “Esto genera una serie de valores agregados al cultivo que te permite pensar en fábricas y en trabajadores. Sabemos que va a generar muchas fuentes de trabajo tanto en forma directa como indirecta”.
Diferencia con el Ejecutivo
Busatto también recordó que desde 2016 viene siguiendo de cerca el reclamo de las organizaciones de madres y padres que cultivan con fines medicinales, cuando impulsó un proyecto para que IAPOS (la obra social de los empleados públicos provinciales) incorporara el aceite de cannabis en sus tratamientos médicos. Hoy en día el reclamo primordial de las organizaciones cannábicas —y sobre todo las de madres y padres— pasa porque se libere la planta para uso terapéutico, dejando de penalizar el cultivo personal con el que muchas familias preparan los aceites para aliviar la sintomatología de patologías severas, como la epilepsia refractaria, entre otras.
Esta semana, en una serie de audiencias públicas claves, la organización de Madres del Cannabis Medicinal (Macame) de Santa Fe compareció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exponer sus argumentos sobre la importancia de despenalizar el auto cultivo y con el fin de lograr una resolución a su favor. Las audiencias cobran relevancia teniendo en cuenta que es la primera vez que la Corte abre la discusión sobre la temática del cultivo de cannabis.
Sin embargo, la provincia de Santa Fe, que fue citada a declarar como invitada a través de su Fiscalía de Estado, anunció a través de un escrito su decisión de no acompañar el reclamo de las madres. El argumento que planteó es que con la aplicación del Reprocann (Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales o terapéuticos) el pedido de Macame dejó de tener efecto. Desde la organización cuestionaron la postura del Ejecutivo, señalando que esa premisa supone seguir impulsando a las familias a comprar el aceite en los laboratorios y penalizando a quienes elaboren los preparados en forma casera. No es la primera vez que el Estado provincial se pronuncia en contra de Macame.
Ante la consulta de este medio sobre la posible creación de Cannabisfe, desde Macame recordaron que el objetivo final de la organización está puesto en la despenalización del auto cultivo. Por su parte, Busatto tomó distancia de la postura del gobierno provincial y consideró que se debe acompañar el reclamo de las madres en la Justicia.
“Creo que las posiciones que toman a veces determinados sectores de la política son probablemente cargadas de prejuicios o poco audaces en términos políticos”, expresó el diputado. “Yo prefiero en este caso tener una mirada un poco más condescendiente con lo que han hecho las organizaciones, con una pelea férrea para defender el derecho a cultivar y con la posibilidad de darle un relieve a esas organizaciones en lo que ha sido una lucha histórica para todas ellas por conseguir un medicamento, o poder fabricarlo, en el tratamiento de enfermedades de patologías de ellos o de sus hijos”, añadió.
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