La diputada provincial Amalia Granata recibió seis denuncias en la delegación santafesina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por sus dichos transodiantes en distintos canales de televisión. Por su parte, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual —el organismo que recibe reclamos por contenidos emitidos en radio y televisión que promuevan actos discriminatorios o que vulneran derechos— registró 963 reclamos sólo en la última semana a raíz de estos comentarios. “Denunciamos para transformar un discurso de odio en una respuesta cívica”, sostuvo Gora Ortíz, integrante de la Asamblea Trans-No Binarie y Varones Trans y de la Asociación Varones Trans y NB de Santa Fe, entidades que hicieron su denuncia en el Inadi.
Amalia Granata asumió como diputada provincial santafesina en 2019, después de haber obtenido unos 146 mil votos en la lista Somos Vida. La mujer, de fuerte perfil mediático, que anda a los abrazos con grupos evangelistas y liberales como Javier Milei, responde a un discurso muy claro: anti aborto, anti feminista, transodiante, escudándose siempre en su supuesta preocupación por las infancias y los más vulnerados. Fue con ese pretexto que a mediados de mes lanzó en la televisión: “Mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans”. Y desde ahí no paró: ni el circo mediático, ni la lluvia de denuncias.
La delegación santafesina del Inadi lleva recibidas seis denuncias contra la diputada por sus dichos. Según explicó Paula Saini, al frente del Inadi Santa Fe, Granata ya fue notificada de las denuncias recibidas y tiene diez días para contestar. Con o sin respuesta, la central del Inadi se encarga de recibir las pruebas y emitir dictamen. Cabe remarcar que el Instituto no tiene facultad de sanción o multa, sino de dictaminar si hubo o no discriminación y en función de eso emite ciertas recomendaciones. El dictamen sí puede habilitar otras instancias, como denuncias por daños y perjuicios en el Poder Judicial, en función de lo que decida el, la o le denunciante.
“Si el Inadi dictamina que se trata de discursos de odio, es peligroso ver cómo estos relatos se enmascaran en la libertad de expresión”, explicó Saini. En ese sentido, consideró que “la libertad de expresión no es absoluta, tiene consecuencias, lo que una opine o piensa no puede incitar al odio”.
La libertad no es odio
“Denunciamos los dichos discriminatorios y violentos hacia nuestra comunidad porque en sí mismo son la expresión de un paradigma cruento, además de que luego se traducen o extrapolan en nuestros cotidianos, sea a través de prácticas profesionales sin perspectiva de género, con violencia institucional, o a con violencias más subjetivas, como de pronto sentir que no sos un individuo activo en el ámbito laboral solo por cuestiones meritocráticas”, subrayó Gora Ortíz.
Ortiz hizo hincapié en el hartazgo que genera “la impunidad discursiva de las figuras públicas con perfiles ultraliberales y tintes de fundamentalismo religioso en medios masivos de comunicación. Denunciamos para transformar un discurso de odio en una respuesta cívica. Nuestro cotidiano tiene una gran cuota diaria de expulsión social y estos discursos conspiran contra la consecución de la igualdad, respeto y consideración que pretende la legislación vigente”, agregó.
Para Santiago Quizamás, presidente de Varones trans y Nobinaries Santa Fe, denunciar es “un acto de defensa plena ante tanta violencia. No podemos permitir esta escalada de ataques de odio y menos de parte de una legisladora”, remarcó. Quizamás sostuvo que no debe tolerarse que Granata “siga exponiendo gratuitamente a nuestra comunidad a situaciones de violencia que pueden suscitarse, con medios de comunicación que replican y fomentan estos ataques sin tener ninguna consecuencia. Queremos políticos y políticas que mejoren la calidad de vida de las, los y les santafesinos, que hagan de los derechos humanos una bandera y no que hagan una sangría de personas que ya han sufrido bastante. Esto no es libertad de expresión, esto es odio”.
En la Defensoría también
La Defensoría del Público contabilizó en la última semana 963 reclamos por emisiones de violencia mediática contra el colectivo trans a raíz de los comentarios de la diputada provincial Amalia Granata y distintos comunicadores. El organismo nacional recibe denuncias, reclamos o consultas de las audiencias de radio y televisión cada vez que éstas consideren vulnerado un derecho que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos, el respeto a la integridad de las personas.
Como el Inadi, la Defensoría no puede aplicar sanciones, sino actuar judicial, extrajudicial y/o administrativamente para exigir que la Ley se aplique cabalmente. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le asigna a este organismo las facultades de realizar “recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o profesionales de los medios de comunicación social” y “presentaciones administrativas o judiciales en las que se ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico”. Las recomendaciones que la Defensoría presente a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión son de tratamiento obligatorio.
Un Estado para todes
La diputada provincial y presidenta de la comisión de géneros de la Cámara de Diputados de la provincia, Lucila De Ponti, repudió también los dichos de Granata. “Estoy completamente en desacuerdo con cualquier manifestación que busque cancelar derechos que fueron conquistado por la sociedad en la búsqueda de ser más igualitaria”, sostuvo. Y agregó: “Mucho más cuando son expresiones que transmiten un profundo odio hacia quienes tienen elecciones diversas en la vida”.
De Ponti se diferenció también de pensar en que “la asignación de recursos públicos y las acciones políticas sean algunas en detrimento de otras”. “Al contrario, creo en un Estado que pueda proteger a todos los sectores vulnerados, que busque ampliar derechos y reparar las deudas sociales que existen. Nada bueno puede construirse desde el odio ni desconociendo la historia ni faltando el respeto y violentando a miles de personas que luchan por su reconocimiento y visibilidad”.
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