Preocupados por las cuentas pero aún con el aval del número de diputados y senadores que hace a Javier Milei dependiente de ellos, los gobernadores volverán a reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sin distinciones partidarias y con un denominador común: conseguir recursos del Estado nacional. La última palabra la tiene Luis “Toto” Caputo que suele dar una respuesta negativa aunque ahora está más complicado porque empiezan a rebelarse cuando el presidente necesita consensuar proyectos de ley en el Congreso. Para contrarrestar la cumbre, el Ejecutivo convocó por primera vez a una reunión del Consejo de Mayo.
Los mandatarios conversan en privado más de lo que admiten y dos semanas atrás hicieron visible sus reclamos. Eso sí, lo hicieron sin estridencias.
El próximo lunes volverán a encontrarse bajo el paraguas del CFI en la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de los 24 distritos ya confirmó asistencia presencial, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro. En Casa Rosada dicen que les pidieron una tregua, algunos días más para analizar una respuesta a sus demandas más urgentes.
Según pudo saber Suma Política, Guillermo Francos fue quien mandó el mensaje para que posterguen el encuentro, al menos hasta mitad de semana, para que el Ministerio de Economía estudie los números de sus propuestas. Como no lo logró, Francos apuró el debut del Consejo de Mayo donde no están los gobernadores peronistas más opositores sino sólo amigos y aliados y donde se discutirían, en caso de activarse, una reforma laboral, una reforma tributaria y otras leyes. En esa mesa los mandatarios estarán representados por el mendocino Alfredo Cornejo y por el Congreso estarán el diputado Cristian Ritondo (PRO) y la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada.
La cita del lunes en el CFI es una continuidad a las gestiones de las últimas semanas. Tras el encuentro que la totalidad de los mandatarios —a excepción del correntino radical Gustavo Valdés— tuvieron el 3 de junio en el CFI, una comisión de gobernadores pidió audiencia y diez días después, el viernes 13, esa representación se reunió con el jefe de Gabinete y con el vicejefe del Interior. Además de Francos y de Lisandro Catalán, por el Ejecutivo participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En nombre de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires fueron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, es decir peronistas aliados y opositores, representantes de partidos provinciales y del PRO. Sorprendió que no hubiera radicales.
El grupo transmitió lo conversado en el CFI, en aquella reunión de inicio de mes que sólo por la amplitud y contundencia de la asistencia constituyó un hecho político para que la Rosada prestara atención. Además, los jefes provinciales acordaron tener reuniones mensuales. La próxima será el lunes 23 a las 11.
La lista de demandas que presentaron tiene como primer ítem el incremento del porcentaje coparticipable del impuesto a los combustibles líquidos. En segundo lugar, que una parte de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) se distribuyan más allá de las justificaciones que habitualmente les pide Economía a las provincias como una emergencia climática, ígnea, hídrica o agropecuaria.
Con la promesa de respetar el equilibrio fiscal y atentos a la fuerte caída en la recaudación (20 %), los jefes provinciales pidieron un aumento del 50 % de las partidas que se distribuyen hoy conforme a la Ley 23966. Según lo establecido en la norma sancionada en 1991, el 10 % de esa recaudación por el impuesto a los combustibles va al Tesoro; el 15.07 % al Fonavi; el 28.69 % al Sistema único de Seguridad Social; el 28.58 % a un Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; el 4.31 % para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y 2.55 % al Fondo de Compensación del transporte público. Sólo un 10.40 % se transfiere a las provincias a pesar de que la mayoría de las estructuras financieras como fideicomisos y fondos fueron eliminados por el Gobierno nacional.
El artículo 20 de la misma ley establece cómo se distribuye entre las provincias ese 10.40 %: el 60 % debe destinarse al área de vialidad; el 30 % para obras de infraestructura de energía eléctrica o bien para obras públicas y el restante 10 % para un Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.
La mayoría de los gobernadores acordaron pedir parte de ese impuesto con el argumento de que la carga de combustible se les incrementó a los usuarios en un 5.8 %. El destino sería retomar y finalizar o iniciar obras viales que abandonó el gobierno nacional. “El mismo usuario que paga el impuesto transita por rutas nacionales en estado crítico que necesitamos sean mantenidas y reparadas”, apuntó el ministro de Economía santafesino Pablo Olivares. En virtud del buen vínculo que mantiene Maximiliano Pullaro con la Rosada el funcionario aclaró que se trata de “un reclamo respetuoso”.
Además del incremento de hasta un 50 % de esas partidas, los gobernadores pidieron un cambio en el reparto de los ATN que en 2024 se subejecutaron. En el año 2023 Alberto Fernández distribuyó 179.000 millones de pesos mientras que durante el 2024 Javier Milei sólo habilitó 49.800 millones y dejó sin distribuir otros 811.000 millones. Con un presupuesto prorrogado y sin ley del Congreso en lo que va del año 2025 la gestión libertaria adjudicó otros 84.000 millones. Aún restan ejecutar 194.000 millones.
El otro argumento de los mandatarios para exigir una respuesta y confrontar con el discurso libertario es que a contramano de lo que se pregona, la presión tributaria subió a nivel nacional y en cambio bajó en las provincias.
Además señalaron que el Estado nacional viene recortando partidas y transfiriendo responsabilidades a las provincias sin los recursos necesarios. Sí habilitó un plan canje para pasar a los distintos distritos obras a terminar a cambio de deudas.
Ese incremento de funciones, más la caída de la coparticipación y de la recaudación, la parálisis de obra pública —y de obras en rutas— empujaron a los gobernadores a estudiar una alternativa viable para el gobierno nacional.
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