La economía financiera derrotó a la real en las elecciones de octubre y afirmó la idea de una consolidación del nuevo régimen. Esta expectativa disparó reacciones inmediatas. En la política, estalló la penosa competencia de garrocha. En la industria, se masificaron los cierres y despidos. La mecánica de socialización del ajuste garantizará que este escenario tenso se extienda hasta entrado el año próximo.
“En el primer semestre se verán las consecuencias de esta derrota de la economía real”, advirtió el economista Cristián Módolo cuando presentó su informe de cierre de 2025 en la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Rosario.
Analizó en ese encuentro cómo la intervención inédita de Estados Unidos en la campaña le permitió a la administración Milei sortear la última crisis cambiaria y rearmar una ingeniería orientada a adentrarse en 2026 sin modificar sustancialmente el tipo de cambio. La caja de herramientas incluye Repo, rolleo, emisiones de deuda corporativa y provincial (Santa Fe colocó el jueves un bono por 800 millones de dólares) y una cosecha 2025/26 con clima a favor. Las recientes amonestaciones del FMI y los bancos de inversión sobre la pereza en sumar reservas pueden tensionar ese “equilibrio” pero, mientras se sostenga, la economía “ajustará por cantidades”. Esto asegura “más desempleo, más informalidad laboral, menos demanda interna y menos actividad”.
Es probable que este derrape no sea captado en toda su dimensión ni por el Indec ni por la clase política. En el primer caso, por los milagros estadísticos que viene obrando Marco Lavagna. En el segundo, porque la gimnasia de casta la empuja a huir en masa de esta realidad y buscar refugio entre los ganadores.
Las reformas
Con la primera minoría asegurada en Diputados y el látigo moldeando a los gobernadores, el Ejecutivo nacional espera bajar el precio de los votos a favor de su paquete legislativo, que incluye el presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. Confía en eludir los reclamos más onerosos de las provincias que tienen cierta autonomía y exprimir al máximo las urgencias en los distritos más asfixiados. Habría ya media docena con problemas para pagar el medio aguinaldo en diciembre.
La recaudación nacional bajó 8,5 % interanual en noviembre, por el jubileo a los grandes contribuyentes y la caída de la actividad. Como el año que viene hay que pagar 9 mil millones de dólares en intereses de deuda, habrá otra vuelta de tuerca de ajuste fiscal para cerrar los números. Módolo estima que Javier Milei tendrá al final su primer presupuesto aprobado por el Congreso, con aval político para recortar gastos sociales (incluida la desindexación de la Asignación Universal por Hijo), tomar nueva deuda o refinanciar la existente en peores condiciones, acelerar los despidos en el Estado y reducir subsidios a las tarifas de servicios públicos, lo cual significa subirlas.
Entrado el verano avanzará con la reforma laboral, en busca de garantizar un marco jurídico a la demolición del mercado de trabajo, y la tributaria, que además de poner más carga a los trabajadores, avanzará sobre las provincias. En ese doble aspecto cobra alguna relevancia la foto de la última semana entre la nueva conducción de la CGT y los gobernadores de Provincias Unidas.
En términos de federalismo fiscal, desde la Nación sueñan con ver una lucha en el barro entre las provincias con alícuotas diferenciales de un súper IVA a las ventas que reemplace a Ingresos Brutos. Un paso hacia la “balcanización”, como lo advirtió el ex secretario de Ingresos Públicos de Santa Fe Jorge Simón, uno de los economistas que más estudió este sistema también llamado “IVA mochila”.
La coparticipación de acá
De avanzar, esta discusión quizás se solape en Santa Fe con los debates derivados de la reciente reforma de la Constitución. Mientras Rosario consagraba su autonomía, el senador nacional Marcelo Lewandowski presentaba una iniciativa para poner límites a futuras subas en las tasas municipales, exigiendo mayorías especiales y atando los ajustes a los de los impuestos provinciales. Su intención es ingresarla en el Concejo a través del reagrupado bloque peronista.
Pero también se avecina una discusión por los pisos de ingresos de municipios y comunas. Será cuando se empiece a hablar de una nueva ley de coparticipación provincial. La demanda política de bajar tributo tendrá su pulseada con la demanda social que presiona sobre el gasto público, luego del abandono de territorio que emprendió el Ejecutivo central.
La idea de eliminar el monotributo, que el gobierno nacional pule a través de versiones y globos de ensayo, se ubica en la intersección de las reformas laboral y tributaria. En su informe de fin de año, Módolo estimó que los contribuyentes inducidos a pasar al régimen general podrían ver multiplicada por cuatro su actual carga. Aunque se trata de un universo de más de 2,5 millones de personas, el economista especuló que el objetivo oficial sería, en una primera etapa, ir por unos 700 mil, que son los que tienen empleados. En su opinión, estos cambios incrementarían la informalidad.
Estrés económico
La regresión fiscal atiza un fenómeno por el cual el ajuste del sector público para obtener superávit traslada el déficit de los actores de la economía real, fundamentalmente de los hogares. El reporte de coyuntura del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) destacó que el Estado nacional “ahorró” 93,4 billones de pesos desde que gobierna Milei. Entre los principales recortes destacan la obra pública, los salarios y las jubilaciones, la educación, el conjunto de programas sociales y los subsidios a la energía.
En paralelo, bajó la recaudación, impactada en los últimos meses por la menor actividad económica y por el costo fiscal de los dólares que adelantó la agroexportación en el famoso “soja monday” de octubre. Ese mes se recaudó por derechos de exportación “menos de la mitad que durante la extraordinaria sequía de 2023”, apuntó el estudio.
La necesidad de divisas nace de la creciente demanda para dolarizarse y pagar intereses de la deuda pública y privada, fundamentalmente. Mate la calculó en 55.813 millones de dólares en el período que va entre noviembre de 2023 a octubre de 2025. Como la economía material sólo dejó un saldo de 38.919 millones para abastecerla, el ministro de Economía, Luis Caputo, acudió a distintos mecanismos financieros para cerrar la brecha.
Módolo agregó que entre abril y octubre de 2025 la magnitud de la dolarización fue histórica: 29.700 millones. No solo se llevó la cosecha y el superávit de Vaca Muerta sino que la compra de esas divisas provocó “la desaparición de una base monetaria en pesos”. Esa escasez se siente en la calle y por eso el gobierno nacional indujo una baja de tasas, aún en niveles muy altos, para “remonetizar” la economía.
Pero el plan encuentra un límite en la capacidad de endeudamiento. Desde Mate explicaron que el crecimiento de la deuda de las familias llevó la morosidad a “niveles inéditos”, de 9,1 % en préstamos personales y de 7,4 % en tarjetas de crédito.
Sofía Botto, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (Isepci) en Santa Fe, contó al programa radial La Banda Cambiaria, cómo se viven esos números en el terreno. En octubre pasado presentaron la segunda encuesta sobre el endeudamiento de los hogares que llevan adelante mujeres, a partir de un enfoque que toma en cuenta la creciente feminización de la pobreza.
“Hace dos meses preguntamos si se endeudaban para poder comprar productos básicos y el 68 por ciento contestó que sí, cuando el año pasado esa proporción había sido del 34 por ciento”, explicó. Las vías de endeudamiento son las billeteras virtuales, los préstamos bancarios, los préstamos barriales informales y las tarjetas de crédito. El destino son los gastos diarios, desde la compra de alimentos en el almacén hasta la carga de la Sube. El 85 % de las consultadas en la encuesta dijo que habían ajustado el consumo. El principal recorte fue en alimentos.
La reducción del poder adquisitivo confluye con la pérdida de puestos laborales y a la vez con la sobrecarga laboral, cuando eso es posible. “Estamos viendo una situación de muchísima precariedad, un panorama horrible en un mes, como el de diciembre, que es muy sensible en los barrios populares”.
El Observatorio de la Deuda Social (Odsa) de la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó el jueves su encuesta sobre el “estrés económico, social y psicológico en una Argentina en transición”. El trabajo sintetiza en un índice la percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas. Si bien disminuyó entre 2024 y 2025, está por encima de 2022/23. El último año afectó al 47 % de la población. Una de cada dos personas vive en un hogar con estrés económico.
Partidos al medio
El deterioro que el investigador de la UCA Agustín Salvia asocia a una “transición” entre “un modelo neopopulista agotado” y un “modelo neolibertario” que todavía no mostró sus frutos, puede resignificarse, en rigor, desde una mirada menos amable con la actual política económica.
Para el economista Carlos Leyba, por caso, es consecuencia de la derrota que sufrió el “partido de la producción”, corriente histórica que asocia el desarrollo a la preocupación por el pleno empleo. El ex viceministro de Economía de José Ber Gelbard y redactor del pacto social de 1973 expuso en el último webinar organizado por el Foro de Reflexión que coordina Cristian Desideri. Rememoró allí el marco de políticas de desarrollo que llevó a la Argentina a sus mejores momentos de industrialización e integración social. “La década de 1964 a 1974 fue la segunda de mayor crecimiento per cápita de la historia argentina”, subrayó.
Luego, la derrota de ese paradigma llevó a su fin “a la Argentina pensada, en la que libros como El Estatuto del Subdesarrollo, de Rogelio Frigerio, estaban en las mesas del poder”, añoró. El resultado: los servicios se impusieron a la industria, los sindicatos se volvieron empresas y la política se volvió una gestoría de recursos y urgencias. “La deserción de la visión productiva de la vida llevó a que hablar de industria hoy sea mala palabra”, dijo. A contramano, subrayó, con lo que pasa en China, que acaba de presentar su decimoquinto plan quinquenal, Japón, Vietnam, Corea del Sur y más recientemente, desde el primer gobierno de Trump, también en Estados Unidos.
Sobre esa derrota se alzó el triunfo de lo que llama “el partido de la naturaleza”, que desborda entusiasmo por el modelo de crecimiento basado casi exclusivamente en la minería, el gas y el petróleo. “Hoy muchos disfrutan de la idea de que el futuro está en la Cordillera, en actividades extractivas cuya cuota de empleo ya está completa, de modo que no va a absorber a los trabajadores despedidos de los conurbanos de Buenos Aires, Rosario o Córdoba”, advirtió.
Mapa del conflicto
Mientras prueban suerte en esa nueva frontera, los industriales de la región despliegan estrategias de resistencia que incluyen la importación y el ajuste. La utilización al mango del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que permite acordar suspensiones y pagos no remunerativos con la representación sindical, muestra vocación por administrar la crisis y amortiguar su impacto.
Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señaló que esa articulación hace la diferencia con casos como el de la multinacional Whirlpool, que cerró la planta de Pilar sin cortapisas. En el polo de línea blanca y refrigeración de Rosario, las fábricas achicaron, suspendieron y se sumaron a la importación pero no bajaron las persianas. Hay una memoria en juego. “Muchas de estas empresas estaban en 2002, cuando casi todas las heladeras se importaban pero también en 2015, cuando el 95 por ciento era de producción nacional”, describió.
Con vasta experiencia en conflictos colectivos, al representante legal de los metalúrgicos no deja de sorprenderle la calma con la que se transita la actual debacle. “Por mucho menos, en otro momento el Ministerio de Trabajo ya sería un caos”, reflexionó.
Cambios culturales, transformaciones económicas, síndromes emocionales y una depresión salarial que le baja el precio al estatus de trabajador podrían contribuir a encontrar una explicación. En el conversatorio durante el que se presentó el informe de estrés económico y social, investigadores de la UCA se refirieron puntualmente al fenómeno de las ciudades santafesinas, como Firmat, en las que las crisis de fábricas emblemáticas conviven con el voto masivo al oficialismo.
Lo hicieron a la luz de los resultados que arrojó un capítulo de la encuesta referido a la percepción de movilidad intergeneracional. El 42,4 % de los encuestados señaló que su situación actual era peor a la de sus padres pero un 82,6 % opinó que sus hijos o nietos tendrían más oportunidades que las suyas. Para Salvia, “la compra de expectativas ayuda a evitar tensiones sobre el modelo”.
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