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Cumbre en Tribunales: agenda y plan de trabajo conjunto contra la inseguridad

No fue una reunión de discursos, no hubo relato, no se trató de una mera catarsis para decir que todos están preocupados. Tampoco se adhirió a la idea de que Messi y Di María tienen que hacer campaña para combatir el delito. Ni a las propuestas de soluciones drásticas que se proclaman a diario. Ni siquiera sumaron su voz al pedido a gritos de más policías sin un plan de trabajo que diga cómo tienen que actuar.

Fue un encuentro para aportar soluciones concretas que ayuden a mitigar la crítica situación de inseguridad que atraviesa Rosario, pero que apunta a mejorar con coordinación la eficacia de las investigaciones de los homicidios y también a colaborar en la prevención, para que esos hechos no ocurran con el dramatismo del último tiempo.

En medio de otras propuestas de consenso en torno a la seguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, dio un paso concreto: convocó y concretó el viernes último un encuentro específico en los Tribunales de Rosario, donde se acordó una agenda y un plan de trabajo conjunto para hacer frente con mayor eficacia a la inédita situación de inseguridad que atraviesa la ciudad.


Un plan de acción


Duró dos horas el cónclave y asistió el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni; de quien destacaron su compromiso y predisposición, así como su aporte en coincidencia con el planteo general de la reunión. Además concurrieron el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; la secretaria de Gestión del MPA, Belén Torossi, y funcionarios de las agencias que intervienen en la investigación de homicidios dolosos, con especial foco en Rosario.

Sumaron sus opiniones también el ministro de la Corte Roberto Falistocco; el director de la Agencia de Investigación Criminal, Carlos Zoratti; el subdirector del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloesnik; la directora de Procesos Legales de la OI, María Julia Tonero; la Directora del Laboratorio Sur de la OI, Aldana Tievas; el director del Instituto Médico Legal, Raúl Rodríguez, y el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Gastón Avila.

En paralelo, el próximo jueves se reunirá en Santa Fe la Junta Provincial de Seguridad, un organismo que tiene relevancia política e institucional, pero donde precisamente por eso se tratan cuestiones menos operativas. En cambio, en el encuentro convocado por el presidente de la Corte, todos los participantes son especialistas en materia penal. No ocurre eso en el cónclave que impulsa el gobierno provincial, en el que intervienen legisladores, familiares de víctimas de la inseguridad y autoridades del área judicial que podrían no tener formación penal, ser civilistas o laboralistas por ejemplo, a pesar de representar a entidades que agrupan a magistrados o a la Cámara Federal.

El encuentro de los Tribunales de Rosario se hizo bajo algunas premisas: primó la idea de que no sólo se trata de poner más policías sino de darles una logística para actuar, no tuvo tampoco el atractivo público de otros planteos que propician soluciones drásticas para terminar con la inseguridad sino que puso el acento en abordar un plan concreto para mejorar la tarea pericial, así como la calidad y los resultados de la investigación criminal.

La reunión decidió impulsar un espacio en el que todos los protagonistas puedan plantear sus dificultades y proponer mejoras para optimizar las tareas investigativas. De ahí saldrá un mecanismo para un trabajo coordinado entre las agencias que intervienen en la investigación criminal de homicidios dolosos, en el que se tomará como punto de partida la escena del hecho.

Más concreto: actualmente hay varias cuestiones que no están del todo protocolizadas y que terminan poniendo trabas en la investigación de un hecho. Por ejemplo, saber cuándo deben ser sacadas las prendas del cuerpo de una víctima y cómo eso puede favorecer o entorpecer la toma de rastros para investigar un crimen. Lo que se llama el ADN de contacto.

Fue al advertir eso que el propio presidente de la Corte elaboró un primer listado de seis temas críticos para acordar y resolver. Son estos:

  1. Comunicación entre escena del hecho y el Instituto Médico Legal.
  2. Comunicación entre escena del hecho y laboratorio del Ministerio Público de la Acusación.
  3. Necesidades de insumos y equipamiento.
  4. Necesidades de personal para cubrir la demanda.
  5. Capacitación de operadores, en especial coordinadores de escena del hecho y médicos de la policía.
  6. Revisión de protocolos de actuación a los fines de establecer una guía de trabajo entre las instituciones que intervienen.

Se acordó un trabajo conjunto para la gestión de estas cuestiones y se analizó también la posibilidad de sumar en futuros encuentros a las autoridades del municipio, de entes científicos o universitarios, a representantes del gobierno federal y de otros poderes del Estado provincial para que sumen su cooperación.

Además de esa parte del encuentro referida a la investigación de los homicidios, se puso especial relieve en tratar lo que se consideró lo más relevante en materia de la inseguridad que afecta a Rosario: la prevención y la reducción de los hechos criminales

El accionar de la policía, la necesidad de hacer una reforma policial, los salarios de los agentes, sus condiciones de trabajo y todo lo que contribuya a que los hechos no ocurran, fue otro eje central del encuentro.

Un tema que se analizó también fue la gran cantidad de armas que circulan por la ciudad. En este punto se sugirió armar una base de datos con un registro de armas legítimas y las que se secuestran en los operativos, que permita hacer un comparativo balístico con las vainas servidas.


Una situación única en el país


Erbetta explicó que la situación de Rosario es única en el país, y puso algunos ejemplos: mientras la ciudad registra un índice de 22 homicidios cada cien mil habitantes, en la provincia de Buenos Aires esa misma tasa es del 4.4, en Córdoba (el modelo más comparable a Rosario) del 2.3 y en Capital Federal del 3.4. Otras provincias argentinas como La Pampa tienen índices más parecidos a Finlandia, del orden del 1.4, y la media del país está en 4.6.

A pesar que no es un tema de incumbencia directa de la Corte, el presidente Daniel Erbetta prometió en breve resultados concretos producto de estas reuniones, sobre todo alrededor de algunos aspectos técnicos. Estimó que otras soluciones llevarán más tiempo e incluso adelantó la posibilidad de hacer un reclamo conjunto de recursos a los gobiernos. 

Para dar algunos ejemplos de necesidades y de cierta desigualdad en la propia provincia, se mencionaron estos datos en la reunión: mientras la ciudad de Santa Fe tiene 26 licenciados en criminalística (que son los que coordinan la escena del hecho), Rosario no tiene ninguno y esa tarea queda entonces a cargo de un policía sin la formación necesaria.

Tampoco hay expertos en balística: cuando en Rosario se necesita hacer una pericia hay que recurrir a Santa Fe. Una buena es que el MPA adquirió cierta cantidad de lo que se llama “destripa-celulares”, incluso uno premium, de los que hay pocos en el país, que permite desencriptar todo tipo de teléfonos, hasta los iPhone. El problema es que faltan los recursos humanos suficientes para operar esos equipos: ahora hay más aparatos que personal.

Para Erbetta, es más importante resolver estas cuestiones que llenar a Rosario de policías. Citó como ejemplo de la poca eficacia que tiene sólo sumar policías lo que ocurre a partir de la inauguración del  destacamento policial instalado en Puerto Norte, donde se siguen repitiendo los hechos de violencia a pesar de que diariamente casi una decena de agentes caminan todos juntos en grupo.

En su opinión tampoco es eficaz quedarse solo con los casos de flagrancia, y aseguró que a su criterio el Ministerio Público fiscal tiene, además de atender prioritariamente el problema de la violencia letal en la ciudad, otros dos grandes desafíos: atacar el delito complejo, de guante blanco y su relación con las economías delictivas, y los atracos y arrebatos diarios que sufre la gente por la calle y que en otra escala exasperan masivamente a la ciudadanía. “Hay que dar también una respuesta rápida a eso”, insistió.


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