El gobierno nacional promulgó la ley de emergencia en discapacidad pero suspendió su ejecución. Por eso, esta semana las organizaciones del sector en Rosario acudieron a la Defensoría del Pueblo a pedir que interceda para el cumplimiento de la ley. La situación se da en medio del reclamo por la mala realización de las auditorías, sobre las que aún no hay datos oficiales relacionados con Santa Fe: actualmente, la Defensoría santafesina tiene iniciadas alrededor de 40 gestiones ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por pacientes que reclaman la suspensión de sus pensiones. Algunos prestadores, como los relacionados al transporte, hablan de una situación “límite” en el sector. Para el próximo miércoles, distintas entidades preparan una marcha que, en la ciudad, tendrá su réplica en la Plaza San Martín.
Luego de que el Congreso rechazara el veto a la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno nacional publicó este lunes el decreto que promulga la normativa, aunque aclarando que “queda suspendida en su ejecución” hasta que los legisladores determinen “las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”. La decisión del gobierno suma un episodio más a un debate salpicado por las sospechas de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran al entorno presidencial.
Ante ese escenario, diversas organizaciones vinculadas a discapacidad se presentaron en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con un reclamo puntual: que el organismo interceda ante el gobierno nacional para exigir el cumplimiento de la ley y su inmediata reglamentación. Además, las organizaciones confirmaron una movilización “en todas las plazas del país”, el próximo miércoles 1º de octubre. En Rosario, la actividad se realizará en la Plaza San Martín, que viene siendo el escenario elegido para visibilizar la lucha del sector.
Sin números
Al momento no hay datos oficiales sobre el resultado de las auditorías realizadas por el gobierno nacional en Santa Fe. Desde el gobierno provincial confirmaron la solicitud de esa información a Nación pero indicaron que aún no fue aportada. El único número que se conoce es nacional y fue informado por el propio gobierno: a principios de agosto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa la baja de 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad laboral. En términos usados por el propio gobierno, eso significa “un ahorro” para el Estado de 35 mil millones de pesos mensuales.
No obstante, las organizaciones denunciaron los casos conocidos hasta ahora en la provincia de personas a las que les suspendieron las pensiones. El reclamo más repetido es de aquellos que nunca recibieron la notificación para presentarse en tiempo y forma para ser auditados. Según pudo averiguar Suma Política, en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe tramitan más de 40 reclamos frente al Andis por suspensión de pensiones. De ese universo, unas 24 corresponden a la ciudad de Santa Fe y al menos 15 a Rosario, pero también se suman otros reclamos puntuales de distintas localidades.
“Lo que hemos visto son suspensiones de pensiones que no habían cumplido con la presencia durante la auditoría. En general ocurre que los domicilios fueron tomados de las bases de Anses y no siempre están actualizados”, explicó el defensor provincial, Arístides Lasarte. “Nosotros tramitamos algunos reclamos ante la Andis, pero no representan el universo de pensiones que se dieron de baja. Tuvimos respuesta de tres que se estarían reactivando, porque se logró presentar parte de la documentación que se requería”, añadió.
El funcionario también remarcó que el organismo se puso a disposición de las organizaciones, ante el pedido realizado el miércoles. “Propusimos interactuar por medio de la Defensoría nacional, que lamentablemente hoy no tiene defensor pero sí un organismo que sigue trabajando, para ser nexo con el resto de los organismos nacionales”, explicó y agregó: “Nosotros estamos trabajando para darle una solución a la ciudadanía desde la gestión de los buenos oficios, porque no es un tema de competencia directa nuestra”.
En Rosario
Maximiliano Marc, director de discapacidad de Rosario, confirmó que en la ciudad se dieron situaciones en las que beneficiarios se acercaron a los efectores de salud, reclamando por la suspensión de sus pensiones. “Es muy difícil saber cuál es el universo total, o llegar a un número concreto. Tenemos registros de personas que se acercaron con ese planteo puntual. Pero pensemos que en Rosario se citaron a 12.900 personas y se presentaron poco más de siete mil, porque el resto no había recibido las notificaciones”, explicó.
El funcionario local evaluó que las auditorías de Nación se realizaron de forma “desprolija”. Por eso, por medio de la Secretaría de Salud municipal se trabajó en el acompañamiento de la población, difundiendo los días y horarios en que se realizaban las auditorías, que en la ciudad se concentraron en el Hospital Italiano. También, con un abordaje puntual sobre la población que se encuentra en situación de calle, o que acude a los refugios que dependen del municipio.
“A partir del DNI, nosotros nos encargábamos de consultar con Nación si esas personas estaban citadas, porque no nos pasaban los padrones de personas que debían acudir. Cuando detectábamos que estaban citados, nos poníamos a trabajar para tratar de que esa persona asista a la auditoría con la documentación requerida”, explicó. “Ahora estamos como en una segunda etapa, trabajando con las personas que detectamos que se les cortó la pensión. Lo que hacemos es acompañarlos en el reclamo”, añadió.
Marc también aclaró que las bajas de las pensiones no vienen acompañadas de un detalle específico, por lo que se hace difícil establecer un patrón del universo de personas a quienes quitaron el beneficio: “El documento que reciben las personas solo dice que no reúne los requisitos para seguir cobrando la pensión. Nosotros intentamos trazar un perfil de esos recortes, pero son variados. Lo mismo con las citaciones a las auditorías. En un principio pensábamos que podían estar más relacionadas a padecimientos subjetivos, pero después fuimos viendo que el abanico de citados fue muy amplio”.
Organizaciones
Por cómo se dieron los acontecimientos, desde el anuncio de las auditorías hasta la no ejecución de una ley aprobada y ratificada en el Congreso, entre las organizaciones rosarinas sacan una conclusión: desde un principio la intención fue ajustar en el sector de discapacidad.
“El año pasado, cuando se conocieron los números del presupuesto para 2025, las organizaciones salimos a denunciar que se estaba planificando un recorte de 180 mil pensiones. Recién después de eso se inició con las auditorías”, recordó Mariel Chapero, referente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis). La dirigente denunció que las auditorías se realizaron de un modo “irregular”, sin cruzar datos de los beneficiarios para las notificaciones y dando de baja las pensiones de las personas que no asistieron por no enterarse.
“Se notificó a todo el mundo sin cruzar datos, porque el objetivo era recortar. Entendemos que hay muchos mecanismos que hubiesen aportado transparencia y prolijidad al proceso. Para el gobierno nacional no puede ser difícil cruzar la información necesaria en lugar de citar a todo el mundo”, explicó y agregó: “Eso significó someter a muchas personas a tener que trasladarse en algunos casos hasta 500 kilómetros para demostrar que tienen una discapacidad. Es gente que cobra 280 mil pesos por mes. Había formas de hacer un proceso humano y evitando que los beneficiarios pierdan, en muchos casos, el único ingreso que tienen”.
A todo ese proceso, se le suma una dificultad: la intervención de la Andis, en medio del escándalo por presunto cobro de coimas a proveedores de la agencia, que derivó en la salida de su exdirector, Diego Spagnuolo, y salpicó a altos funcionarios del gobierno. “La mayoría de las personas a las que suspendieron sus pensiones es porque no fueron notificadas y están iniciando el proceso para volver a cobrarlas. El problema es que han removido a las autoridades de la Andis y del programa Incluir Salud. Por eso, nuestro planteo es que las auditorías queden sin efecto y se restituyan todas las pensiones”, remarcó Chapero.
Prestadores
Pablo Bolego, de la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes), definió como “un proceso nefasto” el realizado con las auditorías. “Esto claramente fue un plan sistemático que no buscaba auditar, sino quitarle la pensión a las personas con discapacidad”, expresó y agregó: “Sabemos que no responde a otra cosa que a un mecanismo de ajuste. Han citado a las personas a lugares que no están adecuados, que no son accesibles, todas juntas en un mismo lugar. Han hecho un verdadero desastre mientras veíamos cómo Spagnuolo, encargado de esas auditorías, quedaba involucrado en medio de un escándalo de corrupción”.
El dirigente remarcó que la situación de los prestadores llegó a un punto “límite” hace tiempo. Según explicó, el arancel de los transportistas se encuentra congelado en los 540 pesos por kilómetro. Eso, sumado al aumento constante de los combustibles, genera un combo imposible de sostener para los trabajadores: “Ya nadie quiere hacer los traslados cortos. Una persona con movilidad reducida, que necesita un traslado de 15 ó 20 cuadras, se le hace cada vez más difícil conseguir. Muchos lo seguimos haciendo porque amamos este laburo y tenemos un compromiso con las personas con discapacidad. Pero con eso no se para la olla en casa”.
El referente de Atraes confirmó que en los últimos años se fueron bajando trabajadores del rubro y la situación es similar en la mayoría de los prestadores del sector discapacidad. “No podemos seguir trabajando. Se están cayendo a pedazos las camionetas, se está reduciendo la cantidad de días de trabajo, y muchos directamente dejaron de brindar servicios. Nosotros exigimos el cumplimiento de la ley porque en definitiva es la que viene a recomponer los aranceles, pero incluso así va a ser difícil”, evaluó. “Es evidente y el gobierno nacional decidió ajustar por los más débiles”, cuestionó.
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