Luego de una campaña de desprestigio en su contra, el gobierno nacional finalmente desfinanció el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que promovía obras de urbanización en los barrios populares. Esa política, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri y jerarquizada durante la gestión de Alberto Fernández, permitió ejecutar más de 1.300 obras de infraestructura en todo el país que beneficiaron a más de 300 mil familias. En Rosario se iniciaron 25 proyectos de los cuales seis se finalizaron, doce quedaron parados en distintos grados de ejecución y siete en etapas de licitación o adjudicación.
Obras de urbanización emblemáticas de la ciudad, como las de Nuevo Alberdi, se estaban realizando con estos fondos y ahora quedaron frenadas, mientras que en Los Pumitas nunca llegaron a girarse los fondos para su comienzo. Ahora los vecinos, junto a organizaciones sociales y políticas, reclaman que el gobierno municipal y provincial se pongan al frente de los reclamos con Nación para concretar los proyectos.
Hasta ahora, la urbanización de barrios populares tenía la particularidad de ser una de las pocas políticas públicas con consenso en ambos lados de la grieta. La iniciativa comenzó en 2016 con la puesta en marcha del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) que tenía como objetivo conocer la realidad de los barrios y así avanzar con políticas de urbanización y mejora. Según ese registro, en Argentina hay 6.467 barrios populares. Es decir, espacios donde más de la mitad de los vecinos no cuentan con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios como agua corriente, energía eléctrica o red cloacal.
En 2018, el Congreso aprobó la ley 27.453 con el objetivo de promover acciones de urbanización y mejora de los barrios comprendidos en el Renabap, pero el proyecto adquirió financiamiento en 2020, con la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), ya en la gestión de Alberto Fernández. El fondo se nutre, principalmente, del 9 % de lo recaudado por el Impuesto PAIS, que grava la compra de divisas extranjeras. Pero a eso también se le sumó un 15 % de lo recaudado con el aporte extraordinario que se cobró por única vez a las grandes fortunas, además de una serie de recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. Con ese dinero, en cuatro años se financiaron obras que van desde la extensión de servicios hasta proyectos que contemplan centros educativos o deportivos en barrios de todo el país.
Con el envío de la ley ómnibus al Congreso el presidente Javier Milei hizo un primer intento por desfinanciar el FISU. En el artículo 211 se buscaba destinar todo lo recaudado por el Impuesto PAIS al ANSES, mientras que en el artículo 338 proponía fortalecer los recursos del FISU con las multas que se cobren a las organizaciones sociales que se manifiesten mediante el corte de calles. La medida, más cercana a una provocación que a una política de Estado, finalmente naufragó junto con los intentos del oficialismo por aprobar el paquete de leyes. Sin embargo, días atrás el gobierno volvió a la carga y a través del decreto 193/2024 estableció que el FISU pase a recibir solo el 1 % de los fondos recaudados por el Impuesto PAIS.
Tras conocerse la noticia, Fernanda Miño, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) hasta diciembre pasado, denunció en sus redes sociales una “operación berreta” que pretendió sembrar un manto de dudas sobre el funcionamiento del FISU y su transparencia, para venderlo como una caja negra de la política. Lo curioso es que Sebastián Pareja, el funcionario que asumió como nuevo titular de la SISU, reconoció que el área cuenta con controles específicos y que al final de la gestión anterior se había ejecutado el 80 % del presupuesto, además de que no hay registrada ninguna denuncia sobre su funcionamiento.
Las obras realizadas
Desde su implementación, la SISU inició 1.315 obras de integración en barrios populares, que alcanzaron a 338.152 familias de todo el país. Además, se realizaron 58.127 conexiones eléctricas, 75.725 de agua, 37.787 de cloacas y 8.575 de gas. Asimismo, 255.576 familias fueron beneficiadas con el programa Mi Pieza, que da financiamiento a mujeres residentes en los barrios identificados en el Renabap, para que puedan realizar refacciones, mejoras o ampliaciones en sus viviendas. Los datos surgen del Monitor de obras de Integración Socio Urbana, que es público y de libre acceso, y se puede consultar acá.
En la provincia de Santa Fe hay 85 obras de integración en barrios populares que cuentan con distintos grados de avance, con un total de 30.694 familias alcanzadas. Se hicieron 3.712 conexiones eléctricas, 6.770 de agua y 3.106 de cloaca, y 21.467 familias resultaron beneficiadas con Mi Pieza.
En Rosario se iniciaron 25 proyectos de integración, de los cuales seis se finalizaron, doce quedaron en ejecución y siete en etapas licitatorias o de contratación. En total, 13.759 familias fueron alcanzadas por estas obras. En la ciudad se hicieron 2.462 conexiones eléctricas, 4.599 de agua y 1.320 de cloacas, y 13.189 familias fueron alcanzadas por el programa Mi Pieza.
Las obras que ya están finalizadas corresponden a barrio Cullen, donde se construyó un centro comunitario y deportivo; La Lagunita, donde se ejecutaron obras de conexiones eléctricas; Cañaveral, con la construcción de un centro comunitario y de recreación y deportes; Villa Tablada, con una a plaza de las niñas y los niños; Parque Casas, con el mejoramiento y equipamiento de espacio verdes; y Barrio Alvear, con el mejoramiento de viviendas.
Mientras que las obras que se encuentran en ejecución corresponden a Nuevo Alberdi Oeste (81,85 % de avance), donde se realiza la extensión de red de agua potable; Tío Rolo y Bella Vista (77,42 %), donde se puso en marcha un proyecto para dotar de agua al barrio y mejorar las calles; Los Pumitas (70,29 %), donde se realizan conexiones eléctricas; Barrio Alvear (61,68 %), con conexiones a servicios; Las Flores Sur (60 %), donde se hicieron conexiones de agua; Villa Banana (35,13 %), con la realización de veredas y conexiones eléctricas; Santa Rosa (31,82 %) con construcción de veredas; San Francisquito (25,18 %), donde se hicieron veredas y conexiones eléctricas; Saladillo (18 %), con conexiones eléctricas; y La cava (7,22 %) con conexiones de agua. Un segundo proyecto en Los Pumitas, donde se busca levantar un Centro Comunitario, así como también en La Bombacha, donde se realizan conexiones eléctricas, los proyectos fueron aprobados, licitados y adjudicados, pero no se llegó a avanzar con las obras.
En tanto, una serie de obras en los barrios Villa Tablada, Santa Lucía, Nuevo Alberdi, Los Pumitas, San Martín Sur y Ludueña quedaron en etapa de contratación. Entre todos los proyectos —independientemente del estado de avance— la inversión de la SISU en la ciudad supera los 10 mil millones de pesos.
Nuevo Alberdi y Los Pumitas
Entre las obras de urbanización más emblemáticas de la ciudad se encuentra la urbanización de Nuevo Alberdi, en la zona norte de la ciudad. En articulación con la SISU, el barrio hoy cuenta con conexión al agua corriente, algo que hace unos pocos años era impensado. La obra está ejecutada casi en su totalidad, solo resta finalizar la conexión hacia la zona rural del barrio. A la par de esas obras, los vecinos organizados del barrio, acompañados por Ciudad Futura, pusieron en marcha otros tres proyectos que abarcan un sistema de espacios públicos, con plazas, canchas de césped sintético, y toda una reformulación de la entrada al barrio. Las obras fueron licitadas y adjudicadas, pero no llegaron a ponerse en marcha. Según la información que figura en el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, la totalidad de las obras en Nuevo Alberdi prevé una inversión que ronda los 578 millones de pesos.
“Las empresas estaban listas para arrancar, esperando que Nación les mande los fondos. Pero coincidió con el inicio del gobierno de Milei, y eso se frenó”, explicó Juan Monteverde, concejal de Ciudad Futura. Ante ese escenario, los vecinos junto a organizaciones del barrio se reunieron en una asamblea donde decidieron iniciar una serie de gestiones y reclamos para que las obras se concreten. “Se decidió seguir un plan de acción para gestionar que el Municipio y la provincia se hagan cargo de estas tres obras. Ya está todo listo para arrancar y no sería algo que está fuera de su presupuesto. Haremos las presentaciones institucionales como para llevar eso adelante”, sostuvo.
Cuando la agrupación se puso al frente del proceso de urbanización se tomó una decisión: no administrar ninguna de las obras y que la Unidad Ejecutora sea la Municipalidad de Rosario. Es decir que, una vez aprobados los proyectos, los fondos para su ejecución van de la SISU al municipio, que pasa a administrarlos como cualquier obra pública. “Esto lo hicimos así para proteger el proceso de urbanización y la lucha de tantos años y que nadie pueda decir después que administramos miles de millones de pesos, porque sabemos muy bien que estas cosas se utilizan con mezquindad política, que es lo que está pasando a nivel nacional”, explicó Monteverde, y agregó: “Si nosotros hubiésemos optado por hacer estas obras con cooperativas propias, probablemente las obras ya estarían terminadas. El Estado tiene otros tiempos que son muchos más lentos”.
Para el concejal las circunstancias exigen una participación más activa tanto del intendente Pablo Javkin como del gobernador Maximiliano Pullaro, en el reclamo por la continuidad de los proyectos. “Son obras importantes. Pensemos el impacto que tiene en la vida de las personas abrir una canilla y que salga agua. Es tan básico que quizás muchos nunca noten la importancia de ese cambio, pero hay compañeras en Nuevo Alberdi que nos dicen que les cambia la piel a sus hijos porque se pueden bañar todos los días, cosa que antes no podían”, analizó Monteverde. “Por eso es tan grave que los que hoy nos gobiernan no estén diciendo nada de que se haya cortado una política que es de las mejores de los 40 años de democracia”, añadió.
Otra de las obras de magnitud que se gestionaron en Rosario tiene que ver con la urbanización de Los Pumitas, en la zona oeste de la ciudad. La iniciativa consistía en la regularización del tendido de agua y luz en el barrio, apertura de calles y desagües pluviales, entre otros servicios. El proyecto contaba con un presupuesto que, a octubre de 2023, rondaba los 3.800 millones de pesos y tenía a la provincia de Santa Fe como Unidad Ejecutora. El entonces gobernador Omar Perotti, junto a una comitiva de funcionarios provinciales, formaron parte del acto donde se anunciaron las obras.
Sin embargo, durante el proceso de licitación las empresas presentaron ofertas considerablemente por encima del presupuesto oficial. Ante ese panorama, se analizaron distintas opciones: pedir una ampliación de fondos al gobierno nacional, que la provincia asumiera la diferencia, o volver a llamar a licitación para que se mejoren las ofertas. El cambio de gestión dejó todo el proceso trunco.
Previamente, en mayo de 2023, el Centro de Estudios Santafesinos, junto al Centro Comunitario Qadhuoqte, dos organizaciones vinculadas a Los Pumitas, presentaron un Proyecto de Obras Tempranas (POT) para iniciar una serie de mejoras en el barrio que abarcaban la cancha comunitaria, la construcción de una plaza, la ampliación del centro comunitario y el ordenamiento de los desagües pluviales. Todos proyectos que se emplazan en la zona del barrio donde a principios de 2023 asesinaron a Máximo Jerez, el chico de 11 años que quedó en medio de una balacera cuando salía de un cumpleaños. Para esas obras se recibió un primer desembolso que permitió ejecutar solo una parte del proyecto y, con el cambio de gestión, estaban a la espera de los fondos para su finalización. Al día de hoy siguen sin novedades sobre el futuro de las obras.
A mediados de febrero, los vecinos y organizaciones de Los Pumitas hicieron un festival para visibilizar la situación, al mismo tiempo que se iniciaron gestiones para conocer si hay decisión política de continuar la iniciativa. “Mantuvimos reuniones con funcionarios para que pudieran trasladar a Nación la situación en la que se encuentra la obra, siendo que la propia ministra de Seguridad estuvo recorriendo la zona”, explicó la concejala justicialista Julia Iriogoitia. “También evaluamos junto al Municipio la posibilidad de que se continúe con fondos propios; se trata de un número posible para las arcas locales. Con provincia aún no pudimos poner en agenda el tema. Estamos a la espera de que nos respondan los funcionarios a los que contactamos”, añadió.
Para la edil, la continuidad de las obras “implicaría un mejoramiento de calidad de vida en términos concretos”, por la posibilidad de acceder a servicios básicos que hoy no tienen. Pero su concreción también significaría “una reivindicación de la política pública que tiene deudas históricas” con ese sector de la ciudad. En ese sentido, cuestionó el “ataque” del gobierno nacional contra los funcionarios y unidades ejecutoras que llevaron adelante las obras: “Habiendo gestionado esa política pública, puedo dar fe de que el procedimiento administrativo para que se aprueben los proyectos y luego para rendirlos es absolutamente riguroso”.
“Fernanda Miño siempre hizo hincapié en que una política destinada a los sectores populares tenía que ser ejemplo en su ejecución, no solo en la calidad de las obras, sino también en el orden de la documentación. En Rosario, la auditoría está a cargo de equipos de la UNR, una institución de la que nadie cuestiona el prestigio”, evaluó. “La Libertad Avanza busca deslegitimar el trabajo de las organizaciones sociales. Les puso cara, la de Grabois, construyó un enemigo ahí para después meterse con este fondo. Un fondo que es millonario porque saldar la deuda que los distintos gobiernos tienen con los más pobres es de esa magnitud”, consideró.
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