Durante el gobierno de Javier Milei se perdieron casi 276 mil empleos formales, la tasa de desocupación subió al 7,8 % y la informalidad alcanzó al 43,2 % de los trabajadores. El salario privado registrado quedó cinco puntos abajo del nivel de fines de 2023 y el público perdió 19 %. El poder adquisitivo de los jubilados cayó 23 % mientras que la tasa de morosidad de los créditos a las familias saltó del histórico 2 % ó 3 % al récord de 6,2 %.
El último informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) describe en forma descarnada los resultados económicos de la primera mitad de la administración libertaria. A dos semanas de que el experimento sea puesto a prueba en una elección de alcance nacional, el deterioro tiende a acelerarse.
Ya ni el descenso del índice de inflación, uno de los pocos activos del gobierno más allá de las falencias de medición, ayuda a salvar la ropa. El índice de la ciudad de Buenos Aires superó al 2 % en septiembre. El Indec dará a conocer el martes la nueva cifra oficial pero ya los informes de julio y agosto (1,9 %) dieron cuenta de la persistencia del fenómeno. “Es un magro resultado teniendo en cuenta el alto costo social, financiero y productivo al que se sometió a la sociedad argentina”, subrayan los economistas de Mate.
Causa y efecto de ese declive es el deterioro de la actividad económica, que por segunda vez en pocos meses está entrando en un período recesivo. En 2023 también cayó pero como exclusiva consecuencia del efecto de la sequía histórica sobre el sector agropecuario. En 2024, tras el cambio de modelo, se produjo un derrumbe que recién se cortó en julio de ese año. El repunte duró apenas unos meses. En febrero se detuvo y luego empezó una nueva fase de contracción.
Fin de ciclo
Las ilusiones estadísticas, el blanqueo, el atraso cambiario y el juego de expectativas piramidales maquillaron este proceso durante buen tiempo, hasta que la crisis cambiaria y financiera lo repotenció. Otro capítulo del reporte mensual de Mate expone la conexión entre estos cables de la bomba. Señala que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 el Banco Central acumuló reservas por 14.349 millones de dólares. Pero ese saldo se sostuvo por un fuerte endeudamiento público y privado, de 25.569 millones. Con un superávit comercial acumulado de 33.431 millones de dólares, sin este ayudín no se hubiera podido afrontar un consumo de divisas por 44.658 millones, originado en el pago de deuda pública y privada, la fuga de excedentes y la salida de inversiones.
La caballería
La crisis del nuevo ciclo de deuda y fuga, el mecanismo favorito de acumulación de la élite económica argentina, llevó al ministro de Economía, Luis Caputo, y a sus lugartenientes, a montar un prolongado acampe en Estados Unidos para pedir fondos de esa administración pública en el marco de un nuevo rescate a su programa financiero.
Y lo logró. Al menos, la caballería llegó a tiempo para hacer retroceder la cotización del tipo de cambio el día en que el Tesoro agotó los dólares que había juntado durante la maniobra con las agroexportadoras. Su similar estadounidense tomó la posta, con ventas por 100 millones de dólares a través de tres bancos y casas de inversión.
En un nuevo gesto de apoyo, el secretario Scott Bessent confirmó que había intervenido directamente comprando pesos. Una maniobra con antecedentes entre potencias, como el caso de los Acuerdos del Plaza con Japón en 1985, pero inédita frente a un país periférico cuya moneda es de poco valor. El secretario también ratificó que se firmará el swap por 20 mil millones de dólares, prometió “hacer todo lo que sea necesario” para estabilizar a los mercados y aseguró que el actual régimen cambiario “sigue siendo adecuado para su propósito”.
La intervención denota urgencia pero también un compromiso proselitista extraterritorial pocas veces visto. El funcionario lo justificó por la inminencia de las elecciones y por el compromiso del gobierno argentino de “sacarse de encima a China”.
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, reforzó: “Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico, el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”.
En Estados Unidos la demanda de pesos no crece tanto como las sospechas de que el jefe del Tesoro está haciendo algo más que geopolítica. Bajo el poncho de la disputa con el gigante asiático contrabandea el rescate público a fondos de inversión de Wall Street que apostaron en su momento por Caputo.
Distancia de rescate
Estas maniobras se resuelven a prudente distancia del fangoso terreno sobre el que se mueve por estos días el gobierno de La Libertad Avanza, embarrado por la corrupción y embriagado de un frenesí caligulesco que no es distinto al que convirtió a Milei en presidente pero que ahora parece causar menos gracia. Las protestas que cosecha el jefe del Estado cada vez que pisa la calle expresan ese cambio en la mirada.
El temblor de los últimos meses muta en terremoto. La fábrica de electrodomésticos Electrolux informó a principios de semana la suspensión por al menos el mes de octubre de unos 400 trabajadores en su planta rosarina. Un ejemplo del doble impacto del aumento de las importaciones y la caída del consumo. El abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, estimó que se perdieron unos 2 mil empleos de esa rama de actividad en la región desde que comenzó el actual gobierno y que hay 30 empresas que acordaron suspensiones.
Los conflictos relacionados con la caída de la demanda interna se solapan con los que provocan las empresas que aprovechan el clima político para avanzar con despidos y cambios laborales. Más de 40 obreros del frigorífico Euro luchan contra los despidos en ese establecimiento de Villa Gobernador Gálvez. También se reactiva la disputa salarial. Una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo dejó en suspenso una huelga nacional en el complejo oleaginoso, en demanda de aumento.
En el sector del biodiesel, de mucho peso en Santa Fe, las cámaras que agrupan a las pymes que producen para el mercado interno advirtieron sobre la paralización de la actividad. Es consecuencia, denunciaron, del ajuste insuficiente de los precios de ese producto en relación al nivel que corresponde de acuerdo a la ley que regula el mercado del corte obligatorio.
Según la última edición de la encuesta de expectativas empresariales que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en agosto se cruzaron las líneas de respuestas. Por primera vez fueron más los industriales que creen que estarán peor en los próximos tres meses, que los que piensan que estarán mejor.
La urgencia y el cambio de hegemonía en el Congreso nacional abrió una brecha para el tratamiento legislativo de la ley de emergencia pyme, presentada por el diputado Carlos Heller, en diálogo con un grupo de entidades entre las que se encuentra la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). En la última sesión se logró el emplazamiento para discutir en comisiones la iniciativa que dispone alivios impositivos y financieros a un segmento de la actividad económica que ya no tiene salvavidas.
Durante la administración libertaria, las cifras oficiales acusan el cierre de 15.500 empresas. Pero, como señaló Julián Moreno, presidente de Apyme, el número oculta que desde enero de 2024 “se dieron de baja unas 60 mil con antigüedad y personal, y se dieron de alta 45 mil nuevas, muchas de ellas precarias, como canchas de pádel”. Abundó: “No estamos hablando de lo mismo: se pierden industrias que generan trabajo formal y se reemplazan por actividades de muy bajo impacto productivo”.
Liquidación final
El futuro de la actividad productiva, y con ello la supervivencia de un entramado económico que asegure cierto nivel de integración social, está jugado a lo que ocurra después de las elecciones del 26 de octubre. Si las urnas respaldan el modelo en marcha, no habrá que esperar más novedad que la profundización del camino ya transitado. Si lo rechazan, se abre una disputa por el reseteo.
La fuerte apuesta de la administración de Donald Trump y el FMI a la experiencia libertaria se extiende a la tutela sobre el programa de ajuste, desregulación, sometimiento geopolítico, cambio en la estructura productiva y ajuste previsional, fiscal y laboral. Por eso, el “consenso político” que reclama como contrapartida a los sucesivos rescates tiene límites definidos. Quizás apenas entre en esos contornos el programa de ajuste con infraestructura y discurso productivo que promueven los gobernadores no kirchneristas.
“Estamos para aportar a este modelo que le falta un correlato productivo y de empleo”, dijo en una entrevista con LBC el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, de cara al panorama que se abre tras las próximas elecciones legislativas. Y agregó que en Santa Fe “se demuestra una eficiencia no solamente en materia de gasto sino a la hora de la gobernanza de la sociedad”.
Desde los confines del pan oficialismo se hace fuerte un espacio que propone resetear el actual programa económico en base a expertise político, conexión con el territorio y abstinencia de freaks. Desde la oposición más dura, en cambio, las energías están más focalizadas hoy en “frenar a Milei” que en discutir el día después.
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