A quién se le cobra impuestos en la provincia y cómo se distribuye esa recaudación. Sobre eso trata cada año la discusión en la Legislatura santafesina del presupuesto de gastos y recursos que envía el gobierno. Y más allá de las mayorías políticas, desde algunos bloques generalmente minoritarios surgen propuestas fundamentadas con datos que sorprenden y que podrían dar lugar a un interesante debate.
En general la idea que atraviesa la discusión es que siempre se le cobra más al ciudadano común y en cambio no se hacen modificaciones de fondo que permitirían mejorar la recaudación por otras vías.
Hay 712 agencias del Estado santafesino que reciben fondos del presupuesto provincial, entre ellos 25 grandes entre ministerios, caja de jubilaciones, lotería. Pero los legisladores sostienen que antes de pelear por una pequeña modificación en los porcentajes que le toca a cada cartera o de subir los impuestos generales, habría que apuntar a una transformación del sistema tributario santafesino.
De eso se habla cuando se menciona el impuesto a la herencia, o a las riquezas acumuladas, que ya fue descartado a nivel provincial por el gobernador Omar Perotti, a pesar de la recomendación que hizo el gobierno nacional de implementarlo en el marco de la firma del nuevo consenso fiscal.
Fue el legislador Rubén Giustiniani quien recordó que históricamente lo impulsó Alfredo Palacios y fue derogado en la época de Martínez de Hoz. “No se trata de ir a cobrarle a los sectores medios o populares. La provincia de Buenos Aires lo tiene hace muchos años y lo paga el 1 por ciento de los contribuyentes”, precisó.
Otro sector apuntado son las diez entidades bancarias que más dinero circulan en la provincia, algunas de las cuales fueron vinculadas al lavado de dinero.
También aparecen en la mira las empresas exportadoras con plantas instaladas en la provincia de Santa Fe. Según datos del diputado Carlos del Frade facturaron en 2020 casi 2.000 millones de dólares, pero no dejaron un peso en impuestos para la provincia, porque las aduanas son nacionales, salvo en las provincias petroleras que pueden cobrar ingresos brutos.
Un cuarto contribuyente según la mirada de algunos diputados santafesinos podrían ser los grandes latifundios. Del Frade reveló que hay 200 explotaciones agropecuarias que poseen 1,6 millón de hectáreas en la provincia, lo que equivale al 20 % de la superficie. “¿Cómo se explica que justamente a los que más tienen se les va a cobrar por debajo de la inflación?”, se preguntaron en la última sesión del año.
De todos modos, en la ley tributaria para 2020 se aprobó un aumento adicional para el impuesto inmobiliario rural destinado a afectar a las grandes superficies. Aunque creen que se debería volver a las cargas tributarias que tenían las grandes extensiones de tierra, que fueron beneficiadas en 2017 con la firma del anterior pacto fiscal. También se subió del 7 al 7,5 % la alícuota a las actividades financieras.
“Son los que menos pagan”, se quejan. Y en eso se basan los reclamos de audacia que le hacen al ministro Walter Agosto.
Para quienes impulsan esta política de cobrarle más al que más tiene, en épocas de mayores dificultades, como este contexto de pandemia, es cuando hay que ser más audaces, y no al revés.
Y como ejemplo de que este es el momento mencionan que en Estados Unidos actualmente el Congreso discute el paquete más fuerte de inversión del Estado desde la Segunda Guerra, y lo van a votar hasta los republicanos.
En contrapartida a esta no afectación a quienes podrían ser grandes contribuyentes en la provincia, ponen de ejemplo los aumentos solicitados por Aguas del 68 % y la Epe, del 47 %, de alto impacto entre la gente.
No se salvaron de la crítica de la oposición los argumentos del oficialista diputado Ricardo Olivera, quien aseguró que el presupuesto 2022 tiene un 64 % de aumento con respecto al del 2021. Le apuntaron que eso solo pasa si se lo mide a nivel nominal, porque si se compara el presupuesto ejecutado, el aumento es del 34 %, con lo que el de este año está por debajo de la inflación que fue del 50 %.
Para aportar claridad al esquema recaudatorio impositivo nacional, Giustiniani sostuvo que es “falso” que la carga tributaria es “insoportable” en Argentina, porque el impuesto que más recauda es el IVA, y lo pagan los sectores populares. “Cada cien pesos en alimentos que gastan, 21 se le retraen de impuesto para el Estado nacional”, recordó.
“Como ese impuesto es coparticipable, nadie dice nada. El IVA del 21 % es intocable y, como es progresivo con la inflación, se ha convertido en un gran negocio para los gobiernos que lo presentan siempre como un hecho positivo. Sin reforma tributaria no hay combate efectivo a la pobreza. No hay otra fórmula en el mundo ni en la historia de la humanidad”.
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