Fue el ex gobernador Miguel Lifschitz quien pronosticó que tal vez 2022 podía ser el año para discutir una reforma de la Constitución de Santa Fe que rige desde 1962, la más antigua del país. En medio de los homenajes por el primer año de su fallecimiento, ya hay seis proyectos presentados en la Cámara que presidió el socialista, y hasta un pronóstico con la fecha en la que podría aprobarse en ese ámbito legislativo la necesidad de la reforma: octubre. En el Senado son más escépticos y advierten que no la ven tan fácil, que tampoco dan los tiempos y que el humor social no está para ese tipo de debates.
Si los integrantes de todos los bloques en Diputados que ingresaron un proyecto de reforma levantan la mano estarían muy cerca de los dos tercios de los votos que se necesitan para aprobar la posibilidad de una reforma. En el Senado es más misterioso el asunto; por ahora no hay entusiasmo y desde todos los bloques hacen eje en los obstáculos que hay en el camino.
El socialismo volvió a darle impulso a su proyecto de reforma, y sumó por último su voz a otras cinco iniciativas en el mismo sentido impulsadas antes por Rubén Giustiniani, Gabriel Real, Luis Rubeo, Nicolás Mayoraz y Lucila De Ponti.
El bloque de la UCR Evolución, que preside Maximiliano Pullaro y tiene once miembros, no se pronunció públicamente; se reconoce reformista pero duda sobre el momento. Pullaro le dijo a Suma Política que Evolución esperará la decisión del radicalismo santafesino para definir su posición.
Por ahora, el Poder Ejecutivo se ha mantenido en una suerte de prescindencia: coincide en que la Constitución debe actualizarse, recuerda que el peronismo es históricamente reformista pero no lidera ni conduce el proceso que podría terminar con la reforma más veces propiciada en la provincia.
Nadie descarta que si el consenso de bloques impulsa una aprobación, el Gobierno provincial se sume a la movida e incluso la articule a través de una convocatoria a los partidos políticos. No parece ser un mal legado para la gestión de Omar Perotti quedar como el gobernador que pudo reformar la Constitución, algo que intentaron varios de sus antecesores.
Esta vez no está el fantasma de la reelección dando vueltas, ese que impulsó a Lifschitz y el que motivó todas las oposiciones durante su mandato. Esta vez al gobernador de turno no parece interesarle propiciar su reelección, e incluso está bastante claro que nadie imagina darle esa posibilidad. Si la reforma sale con reelección, será para más adelante, para las futuras gestiones. Por lo que hoy no se sabe a quién se beneficia.
Ese y otros detalles serán tarea de discusión de los convencionales constituyentes que se tendrán que elegir junto con la general del 2023, cuando los ciudadanos voten para gobernador y el resto de los cargos provinciales, antes de mitad de año. Se descuenta que las elecciones en Santa Fe serán desdobladas de las nacionales, que tendrán lugar en el segundo semestre del mismo año. En ambos casos con interna previa incluida.
El problema de los tiempos
Para quienes no están tan entusiasmados con poner en agenda una reforma, hay algunas cuestiones clave. La primera es que no hubo reuniones entre todos los presidentes de bloque de ambas cámaras ni con el Ejecutivo para establecer los consensos necesarios; en segundo lugar, sostienen que no dan los tiempos para tratarla antes de que arranque el calendario electoral del año que viene, y finalmente que el humor social no soporta una discusión de este tipo.
Contra eso ya están trabajando los diputados que llevan adelante la idea. Por lo pronto, los proyectos fueron enviados únicamente a la comisión de Asuntos Constitucionales para evitar las demoras que insumiría un tránsito por cuatro o cinco comisiones, como debería ser. En su momento, el proyecto de Lifschitz fue a cinco comisiones.
En el medio habrá que unificar si se plantea un acuerdo mínimo sobre algunos puntos: sí o no a la reelección, y en caso de que se incluya, desde cuándo y por cuántos períodos, tanto del gobernador como de los legisladores, intendentes y presidentes de comuna; la duración de los mandatos de estos últimos, la autonomía, y si se modifica la representación parlamentaria (hay ideas hasta para replantear el criterio de que todos los departamentos tengan un senador por igual, independientemente de la cantidad de habitantes y la superficie territorial).
El proyecto de Giustiniani propone poner bajo un paraguas de protección tres cuestiones que suelen trabar el resto de los cambios: descartar la unicameralidad de la Legislatura, es decir mantener las dos cámaras actuales de diputados y senadores, no plantear la reelección del gobernador ni mencionar la posibilidad de un cambio de la capital provincial, un tema del pasado del que ya no se habla. Rubeo deja el tema de la reelección en manos de los constituyentes pero habilita el tratamiento, mientras que sí la impulsan Real, Mayoraz y De Ponti (en este caso, a partir de 2031).
Qué dicen en el Senado
En el Senado no hay el mismo entusiasmo por la reforma que en Diputados. Nadie presentó ningún proyecto y ni siquiera se sienten aludidos por la ola reformista que se instaló desde hace unos meses en la otra Cámara, con la que incluso esta semana se sentaron a coordinar una agenda legislativa que podría destrabar la ley de Educación y el Código Procesal Juvenil. Pero de reforma, nada.
Aseguran que el Ejecutivo no les habló del tema, pero no se les pasa por alto que varios diputados de distintos partidos están avanzando. Consideran que es una expresión de deseos colectiva, donde nadie quiere quedar afuera del discurso de la reforma, pero que es muy difícil que prospere porque no dan los tiempos.
Un atajo que tienen por ahora desde los dos bloques oficialistas en el Senado es que el Ejecutivo no está impulsando el tema. Un cambio reciente tal vez defina nuevas posibilidades de diálogo entre los legisladores del PJ: el sector de seis senadores que responde al gobernador ya no es conducido por Alcides Calvo sino que ahora lo preside el rosarino Miguel Rabbia, quien asumió en reemplazo de Marcelo Lewandowski. Lo secunda un ex miembro del otro bloque —que sigue liderando Armando Traferri—, el representante del departamento Caseros, Eduardo Rosconi. Las relaciones del bloque perottista con el Ejecutivo parece que tendrán menos verticalismo desde ahora.
El otro argumento de los peronistas que no ven la reforma para este año es que no hay margen para elegir constituyentes, algo que seduce a otros partidos porque ven a esos comicios como una posibilidad para ubicar más dirigentes en esas candidaturas.
Por su lado, el bloque de siete senadores radicales que preside Felipe Michlig tampoco parece sentirse involucrado en la movida de los diputados, y reprocha la falta de diálogo previo para lograr consenso de las dos cámaras.
Si el Senado optara por no facilitar el desenlace de una reforma abriendo el debate a la comunidad, haciendo audiencias públicas, por ejemplo, para el resto de las expresiones políticas de Diputados, sería un error que tendría un alto costo político que los alejaría de la agenda moderna que deberían impulsar.
Por ahora nadie se quiere quedar afuera del tema y cada cual hace su juego. El Ejecutivo puede ordenar todo y liberar humo blanco. Es concreto que la Constitución requiere de cambios en los que coinciden todos. Resta resolver el modo en el que se llevará adelante la negociación política, algo que por ahora es incierto, aunque por primera vez la iniciativa de tratar la reforma parece más cerca de darse.
Se necesitan 34 legisladores en Diputados y 13 en el Senado y hoy ningún bloque tiene ese número. Todos son reformistas pero la mesa del diálogo por ahora no fue tendida.
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