Había escuchas telefónicas, fotografías, audios, videos y mensajes obtenidos de celulares secuestrados. Si algo faltaba en la investigación de los fraudes con la carga de combustibles en la policía de Rosario, acaba de concretarse: uno de los acusados pidió ser considerado como imputado colaborador en la causa y realizó una extensa declaración como anticipo de prueba, en la que detalla maniobras, aporta cifras sobre el perjuicio económico ocasionado a la provincia de Santa Fe e identifica a los principales responsables, entre ellos el ex jefe de policía Daniel Acosta.
El testimonio de Gerardo Fabián Ramírez, ex jefe de la sección Garage de la policía rosarina, fue presentado por el fiscal José Luis Caterina en la audiencia de imputación contra Acosta y otros trece ex jefes policiales como integrantes de una asociación ilícita que durante dos años se apropió de dinero que el Estado de la provincia destinaba al combustible de los patrulleros. Acosta fue señalado como “el jefe máximo de la organización”.
“La asociación ilícita se valió de un contexto de particular gravedad en materia de seguridad pública en el ámbito de la Unidad Regional II”, dijo el fiscal Caterina al comenzar la lectura de la acusación. Los problemas de seguridad de Rosario y la ley de emergencia en seguridad que dictó la legislatura provincial fueron aprovechados por la organización delictiva para quedarse con un porcentaje del dinero del Estado, desde el primer día en que Acosta asumió el cargo de jefe de la Unidad Regional II.
La acusación profundiza la realizada en mayo de 2025 contra otros policías y además de Acosta y su secretario Rodrigo Sebastián Domínguez compromete a más jefes como integrantes de la asociación ilícita: Adrián Bahl (Caballería y Sección Perros), Fabián Darío Fantín (Caballería y Sección Perros), Fabián Becerra (Grupo Táctico Multipropósito), Roberto Gabriel Blanco (Logística), Nicolás Cuesta (jefe de Policía Adicional), Diego Luna (Guardia de Infantería), Edgardo Roldán (Inspector de Zona), Roberto Sandoval (Interventor en Medicina Legal), Héctor Daniel Saucedo (Policía Motorizada), Diego Alberto Santamaría (Comando Radioeléctrico), Juan Alberto Villordo y Juan Manuel Herrera (ambos de Brigada Motorizada).
“Fuimos de menos a más”, dijo Caterina, y los avances sustentan la imputación por asociación ilícita. En mayo fueron imputados otros nueve jefes policiales y cuatro civiles, entre ellos Mónica Juana Bianconi y Daniel Alberto Reynoso, propietaria y encargado respectivamente de la estación de servicio implicada en el fraude al Estado provincial. Y todavía hay más sospechosos en el radar de la investigación: entre otros, en la audiencia del jueves se mencionó a Ernesto Chamorro, jefe de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II.
La causa comenzó con una denuncia anónima que llegó a través de Correo Argentino. El informante desconocido acusaba a Ramírez, Domínguez y Acosta y dijo que “tienen varios patrulleros fuera de servicio a los cuales le cargan combustible todos los días a tanque lleno, figurando los mismos como si estuvieran patrullando, sin tener GPS”, un punto que se acreditó. Al repasar la historia de la investigación, el fiscal Caterina dijo que esta denuncia no tenía relación con la que Norma Acosta difundió en febrero por Facebook y que puso en alerta a los jefes investigados.
La imputación contra Acosta se produce el mismo año en que recibió el sable corvo del Brigadier López, un reconocimiento del gobierno provincial que entre otros valores reconoce la honestidad de funcionarios policiales. No es la primera decepción en ese sentido: en 2015 el gobernador Antonio Bonfatti se lo concedió a Omar Odriozola y Rafael Grau, condenados este año como jefes de otra asociación ilícita que funcionó durante el mismo año en que recibieron la distinción.
Un esquema piramidal
Acosta asumió la Jefatura de la Unidad Regional el 31 de mayo de 2023. Sin perder tiempo reclamó ese mismo día al gobierno provincial que incrementara la cantidad de patrulleros: “Podemos poner 100 ó 200 móviles y nunca van a ser suficientes. Necesitamos cada vez más”, dijo. Mientras en público hacía esas demandas, en privado ordenó “generar dinero con las cargas de combustible”, reveló el imputado colaborador Ramírez. Con tal fin convocó a su despacho “uno por uno” a los jefes de secciones de la Agrupación Cuerpos y les planteó la exigencia como una especie de condición sine qua non para conservar el cargo.
Las entrevistas contaban con la presencia del jefe de la Secretaría Privada de Acosta, comisario supervisor Rodrigo Sebastián Domínguez, considerado organizador de la asociación ilícita. Ramírez declaró el 25 de octubre ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu y su relato fue corroborado con pruebas y otros testimonios registrados en la causa.
—¿Hubo algún jefe, o si no fuera jefe, algún funcionario policial del rango que sea que hubiera tenido que tener intervención y que no accedió? ¿Alguien que usted recuerde que diga no accedió a esto? —preguntó Caterina.
—No, no, no —respondió el ex jefe de Garage—. Todos con los que hablaron todos accedieron. Sea jefe de secciones o administradores, o encargados de carga.
El “encargado de carga” era una persona por sección que se encargaba de pagar la carga de combustible de la totalidad de la flota de su sección. Esta figura hace presente un problema de fondo: el recurso de que se valió la policía de Rosario para burlar los controles sobre el dinero asignado al combustible de los móviles policiales, contando con la indolencia o la vista gorda de los funcionarios encargados de las supervisiones.
La adopción de las tarjetas de débito Visa Flota en agosto de 2015 fue un primer intento de acotar la sangría permanente de recursos del Estado a los bolsillos de los jefes de la policía santafesina. El siguiente fue el protocolo impuesto por resolución del 5 de septiembre de 2018, por el cual las tarjetas deben quedar en cada móvil y a disposición del chofer para facturar en el momento de la carga de combustible. Pero el “encargado de carga” resistió las normas y siguió siendo de práctica.
“Eso (el protocolo) acá en la unidad regional nunca se hizo, sobre todo en las secciones de cuerpo —relató Ramírez—. Y de esto tenía conocimiento todo el mundo, porque tuvimos muchísimas auditorías, inspecciones por parte de Asuntos Internos, por parte del Ministerio de Seguridad, y todo el mundo tenía conocimiento que la Unidad Regional 2 trabajaba con la figura del encargado de carga. Nunca las tarjetas estuvieron arriba de los móviles, solas. Siempre estuvo a cargo de una persona”.
La misión de “generar dinero” fue tratada en varias reuniones realizadas en el comedor de la Jefatura de Policía y con la presencia de Acosta. El subinspector Sergio López, dijo Ramírez, propuso el método: sobrefacturar dos o tres litros por cada carga. Con el transcurso del tiempo, la organización delictiva agregó al menos otras dos maniobras, la carga fantasma (en móviles fuera de uso, algo que Acosta había prohibido al parecer en función de posibles inspecciones) y el cobro de nafta Premium por carga de nafta común.
El porcentaje sobrefacturado no era irrisorio. En mayo de 2023 el Comando Radioeléctrico de Rosario contaba con 60 móviles; en mayo de 2025, la flota se había incrementado a 280, como consecuencia de la preocupación pública por la seguridad y de las demandas del propio Acosta, junto con el reclamo de partidas adicionales de dinero, supuestamente para reforzar el patrullaje.
El sistema requería una estación de servicio que se asociara. Gas Auto Tiferno, en Ovidio Lagos al 3900, “era la única estación que estaba dispuesta a hacer la maniobra”, reveló Ramírez. En cambio, “la YPF que está frente a la Jefatura no te daba ni el café, nada; entonces siempre se centró todo con Tiferno”.
La vinculación entre los policías investigados y la estación de servicio es anterior a la gestión de Acosta en la Unidad Regional II. La fiscalía acreditó que el subinspector Gustavo Adrián Bazán —“encargado de carga” adscripto a Logística y después a Garage, secciones clave en el armado— y Daniel Reynoso —encargado de la estación y de los pagos quincenales— estaban en contacto desde 2018. Bazán “fue encargado de cargas muchos años con otros jefes (de la UR II), manejaba todo lo que era tarjetas y estaba empapado con el tema”. La fiscalía también halló registros que vinculan a Mónica Bianconi —propietaria de Tiferno— con la inspectora Nancy Plomer —señalada como auxiliar de López en el dibujo de planillas de carga— desde 2019. Estos vínculos sugieren que los fraudes con las cargas de combustible habrían precedido a la gestión de Acosta y que el problema no consiste en las personas que ocupan los cargos dentro de la policía sino en la permanencia de prácticas de corrupción consolidadas.
El sistema generaba pagos quincenales que los jefes retiraban en las oficinas de Tiferno. “Filas hacían. Esperaban sentados e iban entrando de a uno. Siempre los mismos. No digo todos los días, pero era muy seguido”, evocó la empleada María Fernanda De Franco ante los investigadores.
Los jefes tributaban a su vez ante la Jefatura de Policía de Rosario, previo descuento de su porción de la torta. Un detalle de la declaración de Ramírez muestra el modo en que estaba naturalizada la corrupción: el ex jefe de Garage se refirió al porcentaje que recibía cada quincena como “mi sueldo”.
Domínguez recolectaba el dinero que recibía la Jefatura y controlaba puntillosamente que el beneficio se correspondiera con las cargas asentadas en las planillas, una obsesión que ahora se vuelve en contra de la organización delictiva y aporta pruebas a la fiscalía. “Generar dinero y subirlo” era la orden insistente, según Ramírez.
—¿Hasta dónde subía el dinero? —preguntó Caterina.
—¿Hasta dónde yo sé? Hasta el jefe de unidad.
Mano dura para recaudar
Como parte del control de la organización, Acosta y Domínguez habrían impuesto un orden coercitivo que aplicaba sanciones a los jefes policiales y los disciplinaba en aras de la recaudación clandestina: “Si te atrasabas con un pago, (Domínguez) te cobraba una multa. Si encontraba un error en un vale te cobraba una multa. Si pedías un permiso, te cobraba una multa”, detalló Ramírez. En la jerga interna la práctica fue naturalizada como “oficina de gestión de multas”, una frase en clave que sonaba como un chiste pero que se verificaba en obligaciones como pagar un asado para diez personas o comprar una caja de vino Luigi Bosca o bien de whisky Johnnie Walker etiqueta azul.
Los jefes de sección pagaban además una especie de canon a la Jefatura por el cargo que ocupaban, como si las secciones de la Agrupación Cuerpos estuvieran concesionadas. Así lo declaró Ramírez: “Yo tenía que pagar una cuota por el solo hecho de trabajar en Garage. Lamentablemente a mí me servía trabajar en Garage, porque tenía la libertad de poder llevar y traer a mi hija, de manejarlo todo a través del celular, de poder asistir a mis padres. Entonces yo pagaba. Pagaba 25 mil pesos por mes, era como un seguro. Yo lo pagaba”. Los que rechazaban las exigencias perdían el puesto, como le habría ocurrido al subcomisario Damián Martín, desplazado de la Sección Perros por no entregar un bulldog de su criadero privado, y a Adrián Bahl, reemplazado en Caballería a causa de “una diferencia de plata”.
“Era una presión permanente donde él (Domínguez) quería que aumentemos lo que se generaba, que subamos más plata y no se podía”, declaró Ramírez. Las tensiones aumentaron ante inspecciones de la subsecretaría de Control Policial y exigencias de informes; estos movimientos encendieron alarmas en la organización delictiva —aunque Domínguez comentó con displicencia las averiguaciones de Asuntos Internos— y provocaron un conato de insubordinación del inspector López, que rumió su indignación hacia Acosta y Santamaría en extensas conversaciones telefónicas con Plomer.
En mayo de 2025, cuando la primera serie de allanamientos concluyó con las actividades de la organización, el Comando Radioeléctrico aportaba 1.200.000 pesos cada quincena a la Jefatura; la Brigada Motorizada, 600 mil; Caballería y Perros, 500 mil. El fiscal Caterina puntualizó la situación de tres móviles que explotaban Blanco y Sandoval, dos de los cuales fueron incendiados para borrar evidencia incriminatoria.
El análisis de las conversaciones y mensajes telefónicos reveló además que los policías multiplicaban los eufemismos para significar el pago de las cuotas: “necesito entrevistarte”, “¿vas a andar por garage?”, “¿vas a andar por jefatura?”, “¿estás en jefatura?”, “¿estás en la unidad?”, “¿estás en la oficina?” y otras. En cambio, “el asado es el asado”, especificó Ramírez, para referirse a los costillares que se exigían como “multa”.
Domínguez y Blanco también fueron imputados por peculado, en alusión al robo de cuatro cubiertas provistas para patrulleros y halladas en la casa del ex secretario privado de Acosta. Los mensajes recuperados de celulares revelaron una trama insólita alrededor de una orden perentoria de Domínguez y de las gestiones para satisfacer su demanda.
Ramírez ocupaba un lugar central en la organización, ya que como jefe de Garage recibía las partidas de dinero destinadas a combustible de Administración y Finanzas de la Unidad Regional II y al mismo tiempo distribuía el dinero proveniente de un total de treinta y dos subcentros operativos con las cargas. Su testimonio es entonces crucial para la investigación, pero no el único con el que cuenta la fiscalía.
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