Los memoriosos de la sala de prensa de la Casa Rosada no recordaban una reunión con asistencia casi perfecta de los 24 gobernadores (cuatro de ellos vicegobernadores, con Gisela Scaglia representando a Maximiliano Pullaro) y que se extendiera por cuatro horas. El gobierno convocó, puso el Salón Eva Perón del primer piso a disposición, todo en cabeza del ministro Guillermo Francos, en un encuentro que se anunció como clave pero que tuvo un resultado difuso, de contornos poco claros.
Cuando la reunión llevaba hora y media, desde la oficina de prensa ya imaginaban el final coronado con una conferencia de prensa amigable. Pero todo se extendió. Todos hablaron, algunos hablaron largo, y la propuesta de reflotar la ley ómnibus fallida en enero quedó apenas como una intención, otra vez, de incierto desenlace.
El ministro del Interior, acompañado de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, explicó: “Entendemos que hay consenso en líneas generales y decidimos avanzar”, con aquello que obtuvo la ley Bases, 140 votos en la Cámara baja en la votación en general, que luego derrapó en la votación en particular.
“Algunos gobernadores estuvieron en contra y otros a favor, pusieron el énfasis en la producción, el desarrollo, los problemas de inflación”, abundó Francos. Al cabo, y sobre la restitución del impuesto a las Ganancias, una llave que podría recaudar y ofrecer una módica ayuda a las economías provinciales, desde la Casa Rosada anunciaron la conformación de una comisión donde participarían los ministros de Economía de cada estado argentino para analizar el detalle.
Una reunión “cordial, positiva, que viabiliza el diálogo”, en línea con la intención de mostrar apertura desde la Casa Rosada con uno de los factores de poder que, según el presidente Milei, habría traicionado el espíritu radicalmente reformista que plantea el nuevo gobierno nacional.
La reflotada Ley Bases este viernes sólo se expresó en dos páginas de resumen que estuvieron a la vista de los mandatarios provinciales. Luego vendría la etapa del articulado, tal vez menos pretenciosa que la presentada en diciembre y enero, pero como resulta obvio, “serán los diputados y senadores” —lo dijo Osvaldo Jaldo— los que tengan la responsabilidad de llevar adelante el debate.
Los mandatarios provinciales tienen su rol pero no necesariamente son decisivos al momento de apretar el botón verde o el rojo al momento de la votación en los recintos.
Francos confirmó que la Casa Rosada avanzará con un proyecto sobre una nueva fórmula de actualización para las diezmadas jubilaciones, así como también para volver a afectar la llamada cuarta categoría (Ganancias de los asalariados). Tanto los gobernadores patagónicos como las tres principales provincias del centro (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) no están en sintonía con esas propuestas, aunque en distintos grados. Por caso, Pullaro hizo saber entre los suyos que “no estamos de acuerdo en sacarle 300 mil pesos a un empleado que gana 1,1 millón, lo cambia de jerarquía social”.
Los gobernadores no esperan nada del gobierno nacional, ni siquiera una supuesta restitución del impuesto a las Ganancias; “eso le hace mal a Santa Fe”, se le escuchó decir al gobernador, que incluso plantea sacar la plata de un impuesto a la riqueza que provenga del decil más alto de la población, de aquellos que tienen bienes e ingresos realmente excedentes y no a la ya castigada clase media.
Tampoco piensa el gobierno nacional restituir fondos para el transporte ni para educación. “Escuchamos la inquietud, pero no está en los planes del gobierno”, se sinceró Francos en la Sala de conferencias del segundo piso de la Casa Rosada. Tampoco hubo mención a incentivos productivos ni de recuperación de los ingresos asalariados devastados por el proceso inflacionario. Al cabo, una reunión con una agenda pequeña, lejos de las muchas preocupaciones que trajeron los gobernadores este viernes a Balcarce 50.
Otro tema ausente: la obra pública, una demanda permanente de los gobernadores a quienes posibilitaría levantar la alicaída actividad económica. La Casa Rosada, todo indica, o alinea a las provincias a sus planes fiscales nacionales o se encamina a chocar otra vez con el Congreso.
Con la mirada en la promesa del “Pacto de Mayo”, el gobierno abrió una instancia de diálogo con los jefes provinciales —¿para ganar tiempo?— pero el contenido no difiere en lo central de los planteos del verano. Mientras tanto, el clima social y económico se enrarece, y los resultados de un programa de ajuste draconiano no muestran, por ahora, una salida que contenga la expectativa mínima de la población.
La reunión, que tuvo por objetivo iniciar el diálogo hacia el Pacto del 25 de Mayo, fue presidida por el jefe de gabinete de Ministros, Nicolás Posse, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos. Los acompañaron el secretario Ejecutivo de Gobierno, José Rolandi; el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Las provincias estuvieron representadas por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Misiones, Hugo Passalacqua; de San Luis, Claudio Poggi; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de San Juan, Marcelo Orrego; de Córdoba, Martín Llaryora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil, de Santa Cruz; Claudio Vidal; las vicegobernadoras de La Rioja, Teresita Madera; de Mendoza, Hebe Casado, y de Santa Fe, Gisela Scaglia; el vicegobernador de Formosa, Eber Solís; y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.
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