En medio de la investigación más resonante que podría tocarle, una fiscal de la provincia decidió adelantar su jubilación. El trámite, si bien se encuadra en las posibilidades que le otorga la ley, llama la atención por el momento en que se produjo, por la causa a la que afecta -la del supuesto espionaje durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de la provincia- y porque no se conocen otros motivos que indeterminadas razones personales.
Se trata de la fiscal Mariela Jiménez, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien junto a su par Ezequiel Hernández llevaba adelante la causa de supuesto espionaje ilegal durante la controvertida gestión de Sain en la seguridad de la provincia. Presente en todas las instancias de la investigación, se apartó precisamente en el momento en que según se supone la fiscalía comenzó a preparar las demoradas imputaciones contra los ex funcionarios.
Desde el inicio de la causa, los fiscales pusieron una llave a sus procedimientos y evitaron el contacto con la prensa. El trámite de la jubilación anticipada de Jiménez se desarrolló bajo el mismo régimen de secreto en un contexto en el que resultan inevitables las dudas y los interrogantes. La pregunta central gira en torno a la consistencia de las pruebas que tiene la Fiscalía y a los procedimientos con que los fiscales avanzaron en la causa, objeto de impugnaciones reiteradas por parte de las defensas de Sain y de los integrantes de su equipo.
A más de un año de los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad las imputaciones todavía no se concretaron. Mientras tanto, a falta de pruebas sobre el espionaje, se filtraron audios que implicaron el apartamiento del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del proceso de concurso y selección de los futuros fiscales del MPA, y multiplicaron las críticas hacia Sain.
En paralelo, y sin que hubieran trascendido las razones, causó sorpresa que una de las fiscales a cargo de la causa por espionaje no asiste más a la fiscalía porque decidió hacer uso de todos los días de licencia que tenía pendiente y después empalmar con su jubilación anticipada, que le correspondería recién para dentro de dos años y medio.
La fiscal Jiménez tiene 57 años, y si bien no tenía la edad para jubilarse, aprovechó las posibilidades del sistema previsional santafesino que permite la compensación de años, lo que indica una clara decisión de precipitar su salida de la actividad. Se tomó licencia a fines de mayo y en agosto cobró la jubilación por primera vez.
Probablemente se deba a razones particulares que ni siquiera tiene que explicar, pero entre quienes siguen los pasos de la investigación no dejó de sorprender que cuando la fiscal estaba a las puertas de registrar su nombre en una de las causas más importantes seguramente de su actuación profesional, decide dar un paso al costado adelantado.
“No quiso quedar vinculada con la causa contra Sain. Debe haber comprado años para apurar su jubilación”, especuló una fuente que sigue de cerca la causa. Además de la demora en las imputaciones, adjudicadas a la espera por los resultados de las pericias sobre teléfonos secuestrados, el alejamiento de Jiménez coincidió con otros factores que gravitan en la causa y enturbian su desarrollo, como la constitución de varios querellantes. Más que una cancha embarrada, la causa por el llamado espionaje parece un teatro de operaciones en el que el espionaje o las actividades prohibidas por la ley de inteligencia todavía no se configuran desde la Fiscalía.
A diferencia de Hernández, su colega en la Fiscalía de Delitos Complejos, Jiménez no tenía una relación tan estrecha con el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti. Fue notable la distinción que hizo el propio Marcelo Sain al comparecer en una audiencia en la ciudad de Santa Fe, en la que dejó expresamente aparte a Jiménez de lo que describió como una maniobra persecutoria instrumentada por Hernández y ordenada por Arietti, hoy uno de los aspirantes a la Fiscalía General de Santa Fe.
Jiménez estuvo a cargo precisamente de la investigación contra la fiscal Cristina Ferraro por las irregularidades detectadas en torno al crimen del financista Hugo Oldani y el encubrimiento de una presunta mesa de dinero bajo la fachada de una respetable casa de cambios y turismo. Ferraro es también una funcionaria de confianza del fiscal Arietti y el trámite del caso Oldani fue denunciado por Sain y expuesto como ejemplo de “una mirada palaciega de la Justicia, más atenta al poder que a los problemas criminales”.
La fiscal Jiménez parecía lejos de su retiro a fines del año pasado, cuando participó durante nueve horas en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la apertura y digitalización de los documentos secuestrados en los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad. Según el MPA, entonces se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad tanto para la causa por presunto espionaje como para la que investiga la compra de armamento de la que también se lo acusa a Sain.
En aquella ocasión el MPA afirmó que se habían encontrado documentos e información referida a personas físicas y datos de los procesos licitatorios referidos a la compra de armas dirigidas a una empresa. También se llevaron de las oficinas del Ministerio de Seguridad siete bolsas de consorcio con documentación destruida o preparada para su destrucción.
Ahora que toda esa evidencia empieza a conocerse por la prensa, después que los audios fueran entregados por la fiscalía a los querellantes de la causa, y pareciera acercarse el momento de las imputaciones concretas (a un año de los allanamientos), una de las principales investigadoras ya no está en el caso. Antes de conocerse extraoficialmente que ya no trabaja en la fiscalía, la fiscal había sido renuente a hablar con la prensa, especialmente si las preguntas eran sobre la causa del presunto espionaje.
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