El árbol no dejó ver el bosque. Lautaro Ghiselli focalizó la atención pública y mediática y en el debate alrededor de su situación pareció perderse de vista la causa que lo llevó con otros nueve jóvenes al Centro de Justicia Penal: el modo en que la banda de Los Menores organizó —o más bien, organiza— “recursos humanos y materiales para dominar distintos territorios de Rosario para negocios de narcomenudeo”, como lo planteó la fiscalía. Una nueva configuración del crimen que emergió en la ciudad hace cinco años y consolidó a través de la violencia y también de alianzas estratégicas una posición dominante en el negocio, según las investigaciones en curso.
Las audiencias comenzaron el 1° de septiembre y concluyeron el miércoles pasado con más de un cuarto intermedio en el transcurso. El juez Fernando Sosa resolvió que Ghiselli continúe detenido por el plazo de ley, imputado como organizador de la banda junto con Ezequiel Sebastián Dilascio, Matías Guerra y Alejandro Miguel Leguizamón y bajo las órdenes del prófugo Matías Ignacio Gazzani. También seguirán presos Diego Andrea Aguirre, Dylan Maximiliano Bartozzeti, Mirko Nicolás Benítez, Kevin Tomás De Los Santos, Germán Matías Hermosín y Lucas Ezequiel Medina, acusados por distintos delitos en su carácter de integrantes de Los Menores.
Los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra describieron una estructura criminal que copó la barra de Rosario Central para explotar negocios vinculados históricamente con los partidos de fútbol, desde el manejo de entradas al control de puestos de venta y estacionamiento en los alrededores del estadio. El asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo se inscribió en ese plan, junto con el crimen precedente de Samuel Medina —yerno de Ariel “Guille” Cantero— y los siguientes de Juan Domingo Maximiliano Ferreyra y Juan Domingo Ramírez.
Ghiselli no cayó en paracaídas en la tribuna de Central pero tampoco integraba la primera línea de la barra y “no tenía ningún tipo de legitimación como para ser el jefe”, afirmó un testigo de identidad reservada. Su ascenso fue impulsado por el crimen de Bracamonte —primero como integrante de una especie de triunvirato, después como nuevo jefe— y no se produjo por votación en una choripaneada celebrada en el estadio de Central, como afirmó una versión. El único elector fue Gazzani, según la acusación.
La defensa sostuvo en cambio que Ghiselli fue ungido para llevar paz a la tribuna y cuestionó el valor de fotos que lo muestran en malas compañías, como el prófugo Alan Insaurralde, vocero en nombre de Gazzani de una propuesta de sociedad que Bracamonte no aceptó. También recusó testimonios recuperados de teléfonos incautados, como un mensaje donde Luis Palavecino —miembro de la barra y de Los Menores, prófugo— lo describe como una especie de llave para los manejos de la banda en la cancha y otro de autor anónimo que lo identifica como jefe junto a Alejandro Zamudio y Alejandro Vázquez, estos imputados por el asesinato de Bracamonte.
El progreso a través del crimen
Las audiencias realizadas en el Centro de Justicia Penal, con los acusados conectados por zoom desde la cárcel de Piñero, fueron el segundo acto de la investigación del Ministerio Público de la Acusación alrededor de Los Menores. El primero tuvo como protagonistas a Lisandro Damián Contreras, Ornella Dipietri, Jorge Andrés Fleitas y Emanuel Sebastián Cáceres, imputados en diciembre de 2024 por conformar otro estamento de actividades criminales. El punto en común entre ambos es la presencia de Gazzani, articulador de la organización.
Gazzani muestra un crecimiento económico notable en la última década. De un humilde hogar en el barrio 7 de Septiembre pasó a vivir en el barrio de Puerto Madero, aunque los pedidos de captura lo forzaron a la clandestinidad. Hasta ahora se mantiene un paso delante de los lugares donde lo fueron a buscar: el barrio porteño de Caballito, la zona noroeste de Rosario, las sierras de Córdoba.
El líder de Los Menores también incrementó vertiginosamente su estatus en el ambiente: de ratero, como se registró su primer conflicto con la ley, se elevó hasta ser el más buscado en la provincia. En octubre de 2023, mientras sus soldados provocaban conmoción con balaceras y asesinatos en el barrio Stella Maris, transmitía las órdenes desde un hotel cinco estrellas de Pinamar, donde pasó unos días lejos del ruido en compañía de Contreras y del policía Jonatan Garraza.
Según la acusación de la fiscalía, Los Menores surgieron en 7 de Septiembre y se extendieron a Stella Maris, Emaús y La Bombacha. Más allá de ese radio, tramaron relaciones de buena vecindad con otras bandas. Cada referente administra una estructura propia, con armas y personal disponible, y las alianzas son ocasionales y específicas. El entendimiento tiene un límite: Los Monos quedan afuera.
Gazzani y Contreras aparecen en el centro de ese nudo. Según un investigador, ambos están en pie de igualdad en cuanto a jerarquía y sus diferentes perfiles se complementan: “Uno tiene calle, controla los territorios y provee servicios de violencia; el otro hace inteligencia de negocios e inversiones y maneja recursos económicos”. La diversidad quedó expuesta en las imputaciones: narcomenudeo y violencia asociada (crímenes, usurpaciones de inmuebles, extorsiones) y delitos económicos (estafa, juego clandestino, lavado de dinero), respectivamente.
El tercero en cuestión es Jonatan Garraza. Este policía que se entregó el 17 de marzo revistaba en la comisaría de Acebal y había tenido un paso por la Policía de Investigaciones. Seguía como informante de brigadistas en este organismo, aunque según se sospecha era más lo que se llevaba que lo que traía: específicamente, información sobre allanamientos y procedimientos que comprometieran a sus socios en el delito. Datos que, por caso, le permitieron llegar a tiempo cuando Contreras fue detenido con Jonatan Riquelme —hermano de Francisco Riquelme, conocido por atentar contra Mariana Ortigala y por lanzar amenazas desaforadas a políticos y fiscales desde la cárcel— e interceder ante sus colegas de la comisaría 12ª.
Garraza está considerado como uno de los integrantes policiales de la banda. Los restantes son desconocidos. Pero hay una pista en la precaución que toman los investigadores al ordenar procedimientos: no se los piden a la policía de la provincia. Fernando Andrés Cappelletti, sindicado como parte de la estructura de Contreras, fue capturado el jueves por Gendarmería; Ghiselli, el 13 de agosto, por la Policía Federal; el allanamiento de un departamento en Rodríguez al 1000, donde se almacenaban fusiles de asalto y hubo otros cuatro detenidos, fue confiado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Las investigaciones también parecen despejar el fantasma de un retorno de la violencia en los términos del pasado reciente. Los Menores aparecen como una banda que se desarrolla en el tránsito de ese pasado hasta el presente y que termina por instalarse en un contexto diferente al que contribuyó al estado de caos en la seguridad pública. Los rasgos salientes de la etapa actual en Rosario son la recuperación del control de la calle por parte de la policía, la intensificación de los controles en las cárceles federales y provinciales —aunque la comunicación con el exterior no se interrumpió, como muestran diversos episodios— y el descenso de los hechos de violencia. El problema no es que vuelva a pasar lo que ya sucedió sino cómo se intenta gestionar la continuidad de actividades criminales.
Lo nuevo que nace, lo viejo que muere
Los hechos que distinguen la nueva configuración criminal de la etapa anterior son notorios: el ascenso de Matías Gazzani y la consolidación de un liderazgo que no está anclado en el territorio; el ostracismo de Los Monos, sin capacidad de respuesta ante la sangría que le infligen sus enemigos desde hace más de un año y a la vez en jaque por la multiplicación de condenas y el encarcelamiento casi en bloque de la familia Cantero; la emergencia de una segunda generación de nombres notables (Alvarado, Mansilla, Riquelme), todavía precoz y en una posición periférica, vinculados con Los Menores; el recurso a adolescentes como recambio de los muertos y los caídos en prisión.
La banda de Los Menores enuncia en su nombre el recambio generacional provocado en la calle. Como expuso la fiscalía en las audiencias, el grupo fue organizado por jóvenes de entre 20 y 30 años que reclutaron con plena conciencia a menores de edad para la venta de droga y para balaceras y crímenes. “Buscaban a pibitos de 14, 15 años”, dijo un testigo. El fiscal Franco Carbone planteó que en 7 de Septiembre y en Nuevo Alberdi la droga circula en “mercados abiertos”, a la luz del día, integrados plenamente a la vida cotidiana de esos barrios y con conocimiento público; es decir que el problema en esos puntos de la ciudad no se reduce a la actuación de la policía.
Los diálogos entre Alejandro Leguizamón y otro integrante de Los Menores apodado Cabe muestran que Gazzani impartía las órdenes y en particular las directivas para avanzar contra otras bandas. Esa habría sido la mecánica con Bracamonte: primero en son de paz, después la declaración de guerra. Los Menores recurren entonces a la violencia como las bandas que las precedieron: en el término de cinco años perpetraron por lo menos 29 asesinatos, y se sospecha que el número es mayor, según la fiscalía.
La violencia tiene un sentido ya explicado en las bandas criminales: es el instrumento para imponerse en la competencia por el mercado narco y la expresión de un poder que exige reconocimiento. Brian Joel Grosso murió baleado solo porque Los Menores interpretaron que le faltaba el respeto a Ezequiel Dilascio. Para vender droga en determinadas zonas de Rosario, además, había —o hay— que “pagar la zona” a Los Menores y los que se niegan se exponen a represalias devastadoras, como Marcos Caminos, asesinado junto a su pareja y a su hijo de un año.
Pero el uso de la violencia tiene un precio, el de volverse visibles. Los Menores surgieron a la luz después del asesinato de Ángel Acuña y de aterrorizar a los vecinos del barrio Stella Maris, a fines de 2023. Fue entonces cuando algunos vecinos empezaron a pronunciar en voz alta el nombre de Matías Gazzani. Y el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Attardo el 9 de noviembre de 2024 terminó por darles el cartel de una banda en ascenso. Los Menores mostraron entonces que no recurren a la violencia de forma improvisada sino que también son capaces de desarrollar planes en el mediano plazo y de sentarse a ver pasar los cadáveres de sus enemigos, para lo que concertan recursos: al menos tres autos y dos motos participaron en el doble crimen de Arroyito, cuyo punto de partida habría sido la casa de Zamudio en el barrio 7 de Septiembre.
Gazzani parece haber priorizado la vía pacífica, sin embargo, para entablar alianzas con referentes criminales que están en prisión y todavía tienen voz de mando en zonas de Rosario. “Cuando se acerca a Riquelme no le saca el negocio, sino que comparten el manejo. Eso fue lo que no aceptó Bracamonte”, apunta el investigador. Los contactos con integrantes de fuerzas de seguridad, en cambio, conforman el aspecto más opaco y al parecer el menos investigado hasta ahora, aunque quedó reiteradamente expuesto en allanamientos que no dieron resultados y prófugos que escaparon un rato antes de que llegaran a detenerlos.
En marzo de 2024, Los Menores fueron mencionados de modo lateral en relación a los asesinatos de trabajadores. Según una versión, proveyeron el arma —o la compraron— con que fue cometido uno de los crímenes. Pero no fueron involucrados en esa causa, cuya resolución puede condensar el cierre de la etapa anterior de la criminalidad en Rosario, la embanderada con la mafia. A pesar de su extrema violencia y a diferencia de Los Monos, que balearon edificios de la Justicia, Los Menores no enfrentan al Estado; por el contrario, se sirvieron de carteles y banderas colocados en lugares públicos en un intento de direccionar la persecución del Estado contra sus enemigos.
El juez Fernando Sosa dispuso además la inactivación del inmueble de Solís 3127. El lugar fue mencionado en relación a Alexis Emanuel Mendoza, otro prófugo de Los Menores, con pedido de captura por hechos de extorsión y usurpación de inmueble. Sebastián Vázquez, de 44 años, también vecino de 7 de Septiembre y vinculado con la banda, forma parte a su vez de los buscados. Y en la cúspide de la nómina, como en la de la banda, se encuentra Gazzani.
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